SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Mediante oficio n° 9870 de 22 de mayo de 2002, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas envió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia copia certificada del auto que dictó el 20 de mayo de 2002, a través del cual ese Tribunal declinó –en el Juzgado de Primera Instancia de esa misma Circunscripción Judicial con funciones de distribuidor- la competencia para el conocimiento del procedimiento incidental de estimación e intimación de honorarios profesionales que el abogado Germán Macero Beltrán interpuso contra sus representados en juicio, los ciudadanos Pablo Zulli y Antonio Vasallo.

En dicho auto, el mencionado Juzgado Superior ejerció un control incidental de constitucionalidad y desaplicó, en consecuencia, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados, en razón de que consideró que dicho artículo 21 colide con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el doble grado de jurisdicción como una garantía constitucional para la defensa judicial.

Luego de la recepción de la referida copia certificada, se dio cuenta en Sala por auto del 31 de mayo de 2002 y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DEL CONTROL INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDAD

Mediante el auto de 20 de mayo de 2002 objeto de revisión, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas estableció lo siguiente:

 

“El presente caso trata de un cobro intimatorio de honorarios al propio cliente o mandante, promovida en segunda instancia, por ser este Tribunal el que conoce en grado superior (...).

(omissis)

De lo anterior se desprende que, nuestro Texto Constitucional [artículo 23], además de referir los principios fundamentales y los valores de libertad, igualdad y justicia, consolida el respeto a los derechos esenciales del hombre, inspirado en el valor de la solidaridad humana, esto es, los derechos humanos, ampliando su régimen de protección al consagrarlos como derechos constitucionales.

En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela (...), en su artículo 8, numerales 1 y 2, establece lo siguiente: ‘1- toda (sic) persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra de ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...’

Asimismo, establece dicho artículo en su literal h), el derecho que, en plena igualdad y durante el proceso, tiene toda persona ‘a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior’.

(omissis)

Considera quien decide, atendiendo a las particularidades del presente caso, que dichas disposiciones legales (artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados y 167 del Código de Procedimiento Civil) resultan incompatibles con el artículo 8, numeral 1 y 2, literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es de aplicación inmediata y directa, conforme al citado artículo 23 de nuestro Texto Fundamental, ya que al proponerse la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales, en este grado del proceso, impide que el fallo que se dicte al respecto pueda contar con una instancia superior (principio de doble instancia).

Más aún, si bien el derecho a recurrir del fallo forma parte del derecho a la defensa, y si bien éste es inviolable en cualquier estado y grado del proceso, lo procedente en este caso es (...) en atención a la facultad prevista en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y a la potestad establecida en el primer aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplicar el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados, solo en lo que respecta al grado en que deba proponerse la demanda de estimación e intimación de honorarios y así se decide. En consecuencia, este Juzgado Superior declina la competencia para el conocimiento y decisión del presente asunto, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, al cual se le asigne la presente causa, previo el cumplimiento del trámite de distribución”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El artículo 336, cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la potestad de esta Sala Constitucional para la revisión de las sentencias de control incidental de la constitucionalidad que dicten los tribunales de la República, en los términos siguientes:

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(...)

10 Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

En relación con la potestad de revisión de esta Sala Constitucional respecto de tales decisiones de control de constitucionalidad, la misma señaló, en sentencia n° 1400 del 8 de agosto de 2001, lo siguiente:

 

“...el juez constitucional debe hacer saber al Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión adoptada, a los efectos del ejercicio de la revisión discrecional atribuida a la Sala Constitucional conforme lo disponen los artículos 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

En consecuencia, con fundamento en los artículos 335 y 336, cardinal 10, del Texto Fundamental, y por cuanto se trata de una decisión de un Juzgado Superior no sujeta a apelación, corresponde a esta Sala la competencia para la revisión de la decisión de 20 de mayo de 2002 que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual dicho Tribunal desaplicó el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados. Así se decide.

 

III

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Según anteriormente se señaló, corresponde a esta Sala la revisión del auto de 20 de mayo de 2002, que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual, en el curso de un procedimiento incidental de estimación e intimación de honorarios profesionales, se desaplicó el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados; desaplicación que se realizó en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de normas jurídicas que corresponde a todos los jueces de la República, con fundamento en el artículo 334 de la Constitución de 1999, en concordancia con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

En criterio de dicho Tribunal, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados es “incompatible” con el artículo 8, cardinales 1 y 2, literal h, de la Convención Americana de Derechos Humanos -norma de jerarquía constitucional de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de 1999-. Tal incompatibilidad sería consecuencia de que el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales debe plantearse, de conformidad con dicha norma reglamentaria, como una incidencia en cualquier estado y grado de la causa antes de que se dicte sentencia definitiva y, en caso de que el planteamiento se realice, como sucedió en el caso concreto, ante un Juzgado Superior, se impediría “que el fallo que se dicte al respecto pueda contar con una instancia superior (principio de doble instancia)”.

En consecuencia, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas desaplicó el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados “sólo en lo que respecta al grado en que deba proponerse la demanda de estimación e intimación de honorarios” y de allí que declinó la competencia en un Juzgado de Primera Instancia de la misma Circunscripción Judicial.

Ahora bien, considera la Sala, en reiteración de su jurisprudencia al respecto, que la norma que se desaplicó –artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados- no resulta contraria a las normas constitucionales que se invocaron como fundamento de su desaplicación, esto es, no resulta contraria al derecho al doble grado de jurisdicción ni al derecho a la defensa.

Así, mediante sentencia de 25 de octubre de 2002 (caso Thais Gloria Molina Casanova), que se reiteró en sentencia de 21 de agosto de 2003 (Leonardo Gargano Lombardo) la Sala señaló:

 

“...el literal H del numeral 2 del artículo 8 del Pacto de San José, establece, para toda persona inculpada de delito, durante el proceso, el ‘Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior’.

La segunda de las normas transcritas, es, como lo señaló la accionante, efectivamente más favorable que la primera, en cuanto no contempla expresamente excepciones legales. Ahora bien, tales garantías se circunscriben al proceso penal, pues así expresamente lo señala el encabezamiento del numeral 2 del artículo 8 del Pacto de San José y, así se desprende del propio texto constitucional cuando garantiza ese derecho, no irrestricto, a ‘toda persona declarada culpable’ (Subrayado de la Sala).

Asimismo el artículo 14  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 5, consagra la garantía de revisión de la sentencia o el derecho a la doble instancia,  no en el proceso civil sino en el proceso penal.

No obstante, esta Sala, tal como lo señala la accionante, en diversos de sus fallos, en aplicación del principio de interpretar a favor del goce y del  ejercicio de los derechos fundamentales, ha extendido, en muchos casos, al proceso civil y al contencioso administrativo tal garantía, lo cual es posible al juez constitucional siempre que con ello no se esté lesionando otro derecho fundamental u otro interés de mayor jerarquía, como, en principio, es la aplicación por el juez del ordenamiento procesal predeterminado por la ley, que, salvo inconstitucionalidad declarada legítimamente o manifiesta, deberá ser aplicado en aras de la seguridad jurídica y cuya falta de aplicación, en algunos casos, constituirá infracción de otros derechos constitucionales. Ha señalado la Sala como excepción al ejercicio del derecho a la doble instancia, a los procesos para los que la ley adjetiva circunscribe la competencia de su conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia y, asimismo, señala  ahora esta Sala, que constituyen otras excepciones no excluyentes, muchas decisiones dictadas, de acuerdo con la ley procesal aplicable, por tribunales colegiados, ello en atención a que, con la doble instancia se pretende reforzar la idoneidad y justeza de la decisión dictada, lo que también puede lograrse, en principio, cuando es un tribunal colegiado quien la dicta.

Por otra parte, esta Sala considera pertinente precisar que el derecho a recurrir supone, necesariamente, la previa previsión legal de un recurso o medio procesal destinado a la impugnación del acto. No toda decisión judicial dentro del proceso puede ser recurrida. Ello atentaría, también, contra la garantía de celeridad procesal y contra la seguridad jurídica y las posibilidades de defensa que implica el conocimiento previo por los litigantes de las reglas procesales. El derecho a la doble instancia requiere entonces del preestablecimiento legal  de la segunda instancia, así como del cumplimiento por quien pretende el acceso a ella, de los requisitos y presupuestos procesales previstos en la ley aplicable”.

 

De allí que esta Sala ha sostenido, en relación con el alcance del derecho a la doble instancia, que se trata de una garantía que deriva del derecho fundamental a la defensa, cuyo reconocimiento en nuestro ordenamiento constitucional –como consecuencia de su previsión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos- es especialmente referido al proceso penal, aun cuando la jurisprudencia lo haya extendido en ocasiones a la materia civil e incluso contencioso-administrativa. De manera que, salvo su exigibilidad irrestricta en materia penal, no se trata de un derecho absoluto, sino de una garantía procesal exigible en la medida en que así lo prevea la Ley.  

En consecuencia, y en reiteración de tal criterio, considera la Sala que la ausencia de previsión de la segunda instancia respecto de ciertas decisiones judiciales –no penales- no implica, per se, una inconstitucionalidad de la norma, sino que habrá que revisar en cada caso si esa negación deriva en violación del derecho a la defensa.

En el caso de autos, la norma cuya desaplicación acordó el auto objeto de revisión, no niega, en modo alguno, el derecho a la doble instancia respecto de la sentencia que se pronuncie sobre la pretensión de estimación e intimación de honorarios; antes por el contrario, de su contexto, concordado con los artículos 22 de la Ley de Abogados y 607 del Código de Procedimiento Civil, lo que se desprende es que el reglamentista optó por tratarlo como una incidencia, que puede plantearse en cualquier estado y grado de la causa antes de que se dicte sentencia definitiva y por vía de consecuencia, si dicha incidencia se plantea ante un Juez Superior, es evidente que no estaría sujeta a recurso de apelación.

En efecto, del texto del artículo 21 Reglamento Ley de Abogados esa norma se desprende:

 

“Lo señalado en el segundo aparte del artículo 22 de la Ley, debe entenderse sin perjuicio de que el Abogado pueda estimar sus honorarios en cualquier estado y grado de la causa, antes de sentencia y pedir que se le intimen a su cliente, quien podrá ejercer el derecho de retasa de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 24 y siguientes de la Ley.”

 

Por su parte, el segundo aparte del artículo 22 de la Ley de abogados dispone:

 

“La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 (ahora 607) del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”.

 

En consecuencia, considera la Sala que en el caso concreto no era procedente la desaplicación, a través del control difuso de la constitucionalidad, del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Abogados ni el consecuente desvío de la competencia natural para el conocimiento de la incidencia de estimación e intimación de honorarios que se estableció en el fallo objeto de revisión, pues esa norma reglamentaria no resulta incompatible con el precepto de rango constitucional que se invocó, es decir, con el artículo 8, cardinales 1 y 2, literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos. De allí que esta Sala acuerde, por vía de revisión, la anulación de ese fallo. Así se decide.  

 

IV

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ANULA el auto del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de 20 de mayo de 2002, en el curso de la tramitación del expediente n° 8128 nomenclatura de ese Tribunal Superior y repone la incidencia al estado de que se tramite y decida por el Juzgado Superior, de conformidad con la doctrina de esta Sala a que se hizo referencia en el capítulo precedente.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Envíese copia de esta sentencia, con oficio al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de marzo de dos mil cuatro Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

     Magistrado            

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 02-1314