SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N° 09-0113

 

El 29 de enero de 2009, el abogado Alexi Coa Estanga, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.777, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Maestro Técnico de Segunda de la Aviación Militar Bolivariana FRANK EDUARDO LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.244.288, interpuso acción de amparo constitucional contra la “(…) AMENAZA DE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE MI REPRESENTADO POR PARTE DEL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA MOISÉS ESLAIN LONGA TIRADO (…) Comandante de la Base Aérea Libertador, Palo Negro, Estado Aragua (…).

 

El 16 de febrero de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

 

La parte accionante planteó la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:

Que “(…) mi representado en cumplimiento de su deber para con el país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así también como con su Comandante Jefe Hugo Chávez Frías, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el 11 de abril de 2002, durante el fallido golpe de estado denunció la presencia de naves militares norteamericanas en la rampa del Aeropuerto de Maiquetía y a los oficiales que pretendieron tomar este aeropuerto. Igualmente, en el 2006 como Jefe de Servicios ATM de Maiquetía se opuso aprobar las pruebas sobre el funcionamiento del Sistema de Radar de Control de Tránsito Aéreo RAYTHEON por el Instituto Autónomo Aeropuerto de Maiquetía. El 2 de abril de 2007, extrañamente es transferido a la Escuela de Tropas Aeronáuticas (ETA) en la Base Aérea Libertador, Palo Negro, Estado Aragua y una vez destacado allí, el ciudadano General de Brigada (AMNB) Moisés Eslain Longa Tirado (Comandante de la Base), el 26 de abril de 2007, por causas desconocidas ordenó al personal de guardia y de seguridad retenerlo a su entrada y salida en la alcabala principal de dicha instalación hasta que el Oficial Jefe de Servicio de Guardia le revisara minuciosamente su vehículo, exponiendo en peligro su vida, llegándose al extremo de que en una oportunidad se presentó un efectivo militar profesional apuntándoles con un fusil mientras le revisan su vehículo; este acto de menosprecio público se realizaba en presencia del personal militar y civil, orgánico y visitante a dicha aérea, hecho que materializa una lesión constante a su honra y buena reputación (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

 

Que “(…) por estos hechos solicitó audiencia con el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa y denuncia la actitud de este alto oficial contra su persona en entrevista que se le realiza el 14 de noviembre de 2007, en la División de Investigaciones Especiales de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo esto consta en formato de mensaje, y en notificación N° de Archivo 50-02 de fecha 08 de agosto de 2007, formato de mensaje N° NOCLAS 1238 de fecha 20 de agosto de 2007 y en solicitud de audiencia de fecha 03 de septiembre de 2007 (…)”.

 

Que “(…) en fecha aproximada al 25 de abril de 2008, fue llamado por dicha División para ampliar la denuncia que en años anteriores había hecho sobre las irregularidades operativas y administrativas que detectó en el funcionamiento y posible adquisición del Sistema de Radar de Control de Tránsito Aéreo (…) por el Instituto de Aeropuerto de Maiquetía (…). En esa oportunidad le pidió al funcionario receptor (…) que se le permitiera el acceso al respectivo expediente administrativo, lo cual le fue negado, no pudiéndose enterar de los alegatos que en su contra el denunciado pudo haber hecho”.

 

Que denuncia “(…) la amenaza de violación a la integridad personal. El General de Brigada Moisés Eslain Longa Tirado, a quien el Estado Venezolano le ha conferido una autoridad y un alto cargo, somete física, psicológica y moralmente a un subordinado sin que existan motivos conocidos. (…) esta extraña actitud no acorde con la cultura, la autoridad y el cargo que desempeña este Oficial General, fue denunciada el 14 de noviembre de 2007, a través de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional (…), ante el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa (…)”.

 

Que “(…) el hecho que motiva este recurso es que este alto Oficial continúa por causas desconocidas dándole un trato denigrante a mi representado, como si tratara de un delincuente, y le niega el acceso a los instrumentos probatorios a los fines de soportar la denuncia interpuesta (…)”.

 

Que “(…) esta situación constituye una amenaza inminente que de no interrumpirse podría lesionar gravemente la integridad personal de mi representado, ya que como se aprecia en los diferentes medios probatorios señalados, la misma es inmediata porque existe una relación de subordinación entre mi representado y el agraviante, derivada del grado militar; es posible y realizable porque para mi representado existe un deber de disciplina y una obligación de obediencia para con el agraviante quien disfruta de una facultad discrecional que le otorga el grado y el cargo que ocupa como Comandante de la Base Aérea Libertador y Comandante de la Tercera Zona Aérea. Todo esto, aunado al nivel de formación profesional del agraviante que hace presumir que tiene pleno conocimiento en referencia a que su proceder está fuera del marco constitucional, por lo tanto su actuación es premeditada, circunstancia que infunde temor ya que goza de suficiente poder para lesionar la integridad personal de mi representado, sin que medie un procedimiento sancionador previo, tal como ha venido ocurriendo desde el 26 de abril de 2006 hasta la presente fecha”.

 

Que “(…) actualmente cursa ante el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa un recurso de revisión contra el acto de efectos particulares dictado por la Junta Permanente de Evaluación del Componente Aviación, mediante el cual resolvió no considerar para ascenso a mi representado. (…) el hecho que motiva el mencionado recurso es que el 5 de agosto de 2008, mediante Acta de Notificación de No Ascenso emitida por esa Junta (…), la mencionada Junta erróneamente resolvió no considerar a mi representado para ascenso al grado inmediato superior por encontrarse dentro del primer supuesto del artículo 155 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales (sic), vigente para ese entonces (…)”.

 

Que “(…) durante todo el proceso de ascenso del año 2008, mi representado revisó varias veces su Historial Personal que se encontraba en resguardo de la respectiva Junta de Apreciación para el grado de Maestro Técnico de Primera, y hasta el 5 de julio de 2008, no había ni fue notificado sobre la existencia de alguna investigación administrativa o judicial abierta por parte de la Inspectoría General de la FAN o por algún otro órgano por la presunta comisión del delito de simulación de un hecho punible previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal Venezolano o por algún otro hecho judicial, administrativo, fiscal, cuestión muy particular recurrida en vía administrativa que deja en evidencia que estamos ante una presunción grave de violación al debido proceso. Ahora bien, si contra esta presunción de graves lesiones a sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia, se ha recurrido oportunamente en vía administrativa, en esta oportunidad se expone debido a la estrecha relación probatoria con respecto a la actuación dolosa del oficial contra la cual aquí se recurre” (Negrillas de la parte accionante).

 

Que “(…) solicito a este alto tribunal que oficie al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa a los fines que remita a este tribunal constitucional copia del respectivo expediente administrativo sustanciado con respecto a la denuncia que hiciere el ciudadano MT2: Frank Eduardo López(…). Igualmente, solicito que se oficie al ciudadano Ministro a los fines que remita (…) copia del folio del Libro de Guardia del Sub-Oficial Profesional de Carrera Supervisor de Alcabala Principal de la Base Aérea Libertador, correspondiente al día 26 de abril de 2007, así como también copia del expediente administrativo con respecto al retardo  para ascenso del recurrente. Todo esto con el objeto de probar como es cierto que el General de Brigada (AMNB) Moisés Eslain Longa Tirado, amenaza de violar gravemente la integridad personal de mi representado sometiéndolo directa e indirectamente a un constante maltrato personal por motivos desconocidos y sin que se apertura proceso alguno”.

 

Finalmente, solicitó que “(…) se ordene al ciudadano General de Brigada (AMNB) Moisés Eslain Longa Tirado, cesar con la persecución y hostigamiento contra el ciudadano MT2 (AVMB) FRANK EDUARDO LÓPEZ (…)” (Mayúsculas de la parte accionante).

 

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer de la presente solicitud y, en tal sentido, observa lo siguiente:

 

La competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas de forma autónoma viene determinada conforme lo dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por dos criterios, uno material y otro de orden orgánico. El criterio material, previsto en el artículo 7 de la referida Ley, se establece utilizando la afinidad entre la competencia natural del juez -de primera instancia- y los derechos y garantías presuntamente lesionados. Este criterio constituye el elemento primordial para dilucidar la competencia en materia de amparo. Por otra parte, el criterio orgánico viene dado por la jerarquía o autoridad del órgano del cual emana el acto u omisión que generan la lesión a los derechos constitucionales.

 

Así las cosas, esta Sala observa que la presente acción de amparo fue interpuesta por el abogado Alexi Coa Estanga, actuando como apoderado judicial del Maestro Técnico de Segunda, adscrito al Componente Aviación, Frank Eduardo López, contra la “(…) AMENAZA DE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE MI REPRESENTADO POR PARTE DEL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA MOISÉS ESLAIN LONGA TIRADO (…) Comandante de la Base Aérea Libertador, Palo Negro, Estado Aragua (…)”.

 

En tal sentido, se desprende que el sujeto pasivo del amparo es el Comandante de la Base Aérea Libertador, ubicada en Palo Negro, Estado Aragua, pues sería el funcionario a quien, en definitiva, correspondería el cese de la amenaza o el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente ha sido infringida, ya que todas las denuncias tienen su origen en el hecho de que “(…) este alto Oficial continúa por causas desconocidas dándole un trato denigrante a mi representado, como si tratara de un delincuente, y le niega el acceso a los instrumentos probatorios a los fines de soportar la denuncia interpuesta (…)”.

 

En el caso bajo análisis, se ejerció la presente acción de amparo por la supuesta amenaza de violación de los derechos constitucionales del quejoso a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues a decir de su representación, “(…) la misma es inmediata porque existe una relación de subordinación entre mi representado y el agraviante, derivada del grado militar; es posible y realizable porque para mi representado existe un deber de disciplina y una obligación de obediencia para con el agraviante quien disfruta de una facultad discrecional que le otorga el grado y el cargo que ocupa como Comandante de la Base Aérea Libertador y Comandante de la Tercera Zona Aérea (…)”.

 

Ello así, advierte esta Sala que la amenaza de violación alegada deriva de la relación de empleo público y de subordinación entre el hoy quejoso y la Fuerza Armada Nacional, motivo por el cual resulta oportuno precisar que ésta es una institución profesional que está organizada por el Estado para la independencia y soberanía de la Nación y para el aseguramiento de la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, el mantenimiento del orden interno, la cooperación con el mismo y la participación activa en el desarrollo nacional de acuerdo con la Constitución y la Ley, cuya suprema autoridad jerárquica es el Presidente de la República (Vid. Sentencia de la Sala N° 179 del 8 de febrero de 2007).

 

Ahora bien, la relación jurídica que vincula a las partes, actora y accionada, en este proceso es la relación funcionarial que existe entre la Fuerza Armada Nacional y quienes la integran y, respecto de las denuncias del quejoso, el vínculo directo se encuentra en la relación de subordinación a través del órgano competente. Por tanto, el conocimiento del caso bajo análisis corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en lo contencioso administrativo, por cuanto son los que conocen de materia afín a la de la relación jurídica que vincula a las partes del proceso constitucional.

 

Al respecto, en materia administrativa, la competencia para conocer de las causas originadas por actuaciones de autoridades administrativas está atribuida a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, en atención a que, por excepción, la competencia por la materia está determinada por la naturaleza del órgano del cual emana el acto o cuya actuación se reputa como lesiva y no por la naturaleza de los efectos que la actuación pueda producir o haya producido (Vid. Sentencia de la Sala N° 1.845 del 20 de octubre de 2006).

 

Ahora bien, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra la norma rectora que fija la competencia, per gradum, ratione materiae y ratione loci, para conocer de las acciones de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma. En tal sentido, la misma expresa lo siguiente:

 

“Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.

 

De lo anterior se desprende, que en materia de amparo el principio general es que la competencia para conocer de la acción corresponde a un Tribunal de Primera Instancia competente para conocer en la materia afín con la naturaleza del derecho violado, que tenga competencia territorial en el lugar donde se realizaron los hechos constitutivos de la presunta lesión, ello en razón de la urgencia en la necesidad del restablecimiento de la situación jurídica que se dice infringida, y en cumplimiento de los principios de brevedad, gratuidad, celeridad y no sujeción a formalidad que caracterizan el procedimiento de la acción de amparo, conforme al artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Congruente con lo expuesto, en sentencia N° 1.700 del 7 de agosto de 2007 (caso: “Carla Mariela Colmenares Ereú”) esta Sala estableció el siguiente criterio vinculante:

 

“(…) la competencia en materia de amparo se encuentra regida por los criterios material y orgánico, siendo este último el que prepondera en el supuesto de los agravios provenientes de la Administración, con algunas particularidades de competencia funcional (vgr. Tributaria o funcionarial).

La aplicación del criterio orgánico frente a la Administración, u otros entes distintos de ella que ejercen función administrativa, tiene por finalidad equiparar el grado del tribunal con base en la jerarquía del ente u órgano accionado, estableciendo una relación de elevación de la instancia dependiendo de la jerarquía, y su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública.

Esta interacción criterio-jerarquía permite señalar la siguiente conclusión: el régimen de competencias en amparo contra la Administración ha estado subordinado directamente a la estructura de la organización administrativa, por lo que la situación jurídica del particular accionante no determina el conocimiento de los amparos en esta materia.

Al respecto, la aplicación del criterio orgánico siempre se ha ceñido al régimen general de competencias del contencioso administrativo, estableciéndose una análoga equiparación en el conocimiento de los recursos contencioso administrativos y la acción de amparo constitucional.

En los términos en que ha sido empleado el criterio orgánico tiene cierta ilogicidad, toda vez que no se está frente a un control objetivo de los actos de la Administración (aunque esto incida en la esfera subjetiva de los particulares) sino frente a la protección de situaciones jurídicas subjetivas constitucionales. De modo que si la aplicación del criterio orgánico delimita la competencia en un tribunal cuya ubicación aleje al afectado de la posibilidad de accionar en amparo se está en presencia de una conclusión que obstaculiza al justiciable el acceso a la justicia.

Este último señalamiento se hace en consideración al supuesto de la competencia residual de las Cortes de lo Contencioso Administrativo -proveniente de la competencia que en su momento la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia le atribuía a la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- que asignaba en esta instancia el conocimiento del contencioso administrativo de los órganos de inferior instancia de la Administración Central, sin importar el domicilio del acto o la ubicación geográfica de la dependencia. En este caso, el control del acto basado en la jerarquía del ente u órgano para una asignación residual de competencia podría ser un determinante de atribución de competencia dentro del ámbito de asignación para los tribunales contencioso administrativos; sin embargo, la aplicación del criterio de la competencia residual de las Cortes en materia de amparo constitucional resulta un obstáculo para el ejercicio de la acción de amparo, propia de la tutela de situaciones jurídicas fundamentales constitucionalmente garantizadas.

En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas –vgr. Inspectorías del Trabajo- o que su ubicación sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en amparo, como ocurre en áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la protección en amparo en áreas particulares como en el caso de los servicios públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa.

En conclusión, considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de ‘disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’.

Lo expuesto ya ha sido advertido por este Alto Tribunal, al establecer que la distribución competencial en amparo constitucional debe realizarse atendiendo no sólo a la naturaleza de los derechos lesionados, conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino además salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, señalándose como competente al Tribunal de mayor proximidad para el justiciable. Verbigracia, ha sido el criterio que imperó en la sentencia de esta Sala N° 1333/2002; así también la sentencia de la Sala Plena N° 9/2005 que citó a la primera. Inclusive, respecto a la distribución competencial para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, esta Sala, en la sentencia N° 3517/2005, indicó que el conocimiento de tales recursos ‘corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia (…)’, extracto que resume la clara intención del Máximo Tribunal de darle mayor amplitud al derecho al acceso a la justicia que estatuye el artículo 26 de la Constitución.

Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.

En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Por último, en caso de apelación, la competencia en este supuesto sí corresponderá a las Cortes, quienes decidirán en segunda y última instancia en materia de amparo (…)”.

 

 

Con base en el anterior criterio, esta Sala declina el conocimiento de la presente acción de amparo ejercida por la representación judicial del Maestro Técnico de Segunda, adscrito al Componente Aviación, Frank Eduardo López, contra la “(…) AMENAZA DE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE MI REPRESENTADO POR PARTE DEL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA MOISÉS ESLAIN LONGA TIRADO (…) Comandante de la Base Aérea Libertador, Palo Negro, Estado Aragua (…)”, en el Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, para el examen de la admisibilidad del amparo propuesto atendiendo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y se configure la primera instancia constitucional. Así se decide.

 

 

V

DECISIÓN

 

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara INCOMPETENTE para conocer el amparo interpuesto por el abogado Alexi Coa Estanga, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.777, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Maestro Técnico de Segunda de la Aviación Militar Bolivariana FRANK EDUARDO LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.244.288, contra la “(…) AMENAZA DE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE MI REPRESENTADO POR PARTE DEL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA MOISÉS ESLAIN LONGA TIRADO (…) Comandante de la Base Aérea Libertador, Palo Negro, Estado Aragua (…). En consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del amparo ejercido al Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, razón por la cual ordena la remisión inmediata del presente expediente.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el presente expediente al Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de marzo de dos mil nueve (2009). Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

             La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                      Ponente

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

                                                      

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. Nº 09-0113

LEML/b