SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

Mediante oficio No. 01-136, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el conocimiento de la causa contentiva de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Miguel Angel González Negrete, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 58.455, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa PDVSA PETROLEO Y GAS S.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar del 23 de enero de 2000.

 

Tal remisión obedece a la apelación ejercida por el representante judicial de la empresa accionante de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 29 de marzo de 2001 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

 

Narra el apoderado judicial de PDVSA, Petróleo y Gas S.A, como fundamento de la acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

Que el ciudadano Nehil Urabac Quijada demandó a su representada por cobro de diferencia de prestaciones sociales, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

 

Que dicho Juzgado de Primera Instancia designó, a favor de su representada, como defensor ad litem al ciudadano Stefan Jorge Jambazian Tovar.

 

Que, la parte actora, en su libelo, demandó la suma de trescientos millones de bolívares (Bs.300.000.000,oo), por concepto de daños e indemnizaciones, sin embargo dichos montos no fueron correctamente especificados, razón por la cual el defensor ad litem alegó, a favor de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A., la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida al defecto de forma del libelo por falta de estimación de la demanda.

 

Que dicha cuestión previa fue declarada con lugar y en consecuencia se ordenó a la parte actora la corrección del libelo de la demanda. No obstante, el demandante no subsanó el defecto de forma opuesto, razón por la cual se declaró extinguido el procedimiento.

 

Que el defensor ad litem solicitó al tribunal de la causa la estimación de sus honorarios. Que dicho tribunal procedió, a fin de fijar los honorarios, a consultar dos expertos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil.

 

Que el referido Juzgado de Primera Instancia, el 30 de noviembre de 2000, estimó los honorarios del defensor ad litem en cuarenta y cinco millones de bolívares (Bs.45.000.000,oo), tomando como fundamento la cantidad de trescientos millones de bolívares (Bs.300.000.000,oo), señalada en el libelo de la demanda, suma esta que no había sido correctamente especificada y que había dado lugar a la terminación del procedimiento.

 

Que el 22 de enero de 2001, presentó escrito ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual apeló de la decisión que fijó los honorarios al defensor ad litem y por otra parte, solicitó que dicho tribunal acordare el derecho a retasa, toda vez que su representada es una empresa del Estado. Asimismo solicitó se notificare al Procurador General de la República conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

Que el 23 de enero de 2001 dicho Juzgado de Primera Instancia dictó auto por el cual negó la apelación ejercida contra el auto que fijó los honorarios del referido defensor. En esa misma oportunidad decretó medida de embargo sobre los bienes de su representada por la suma de noventa y dos millones doscientos cincuenta mil bolívares (Bs.92.250.000,oo), y libró mandamiento de ejecución, haciendo caso omiso de los planteamientos de su representada sobre la notificación al Procurador General de la República.

 

Que, en virtud de que se encontraba en tiempo hábil para ello, el 30 de enero de 2001 ejerció el recurso de apelación contra la anterior decisión y alegó que la misma no había cumplido con las formalidades de la ley, por cuanto no se notificó debidamente al Procurador General de la República.

 

Que, al día siguiente -el 1 de febrero de 2001- interpuso acción de amparo constitucional por considerar que el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar violentó los derechos a la defensa y al debido proceso de su representada, toda vez que dicho tribunal no expuso razones que fundamentaran la determinación del monto de los honorarios del defensor ad litem.

 

Asimismo consideró que el referido Juzgado violentó los derechos de su representado por cuanto “...no debió intimar a mi (su) poderdante sin haber acordado previamente la retasa de oficio”.

 

Por otra parte alegó que el referido Tribunal, para decretar medida de embargo ejecutivo, debió notificar al Procurador General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

            En razón de lo anterior solicitó “...se declare nulo el auto de fecha 23 de enero de 2000, que ordena librar un mandamiento de ejecución contra PDVSA, Petróleo y Gas, S.A.”, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

 

            El 28 de febrero de 2001, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar declaró parcialmente con lugar la presente acción de amparo constitucional.

 

            El 6 de marzo de 2001, la representación judicial de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A. apeló de la anterior decisión. En virtud de lo cual, fue remitido el presente expediente a esta Sala Constitucional a los fines de decidir la presente apelación.

 

 

II

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:

Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, caso Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer todas las sentencias por vía de apelación o consulta que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, cuando actúen en esa jurisdicción), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación de una sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional interpuesta contra una decisión emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.

III

DEL FALLO APELADO

 

El fallo objeto de la presente apelación declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por la representación de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A. contra la decisión dictada el 23 de enero de 2001 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con base en los siguientes argumentos:

 

Consideró el a quo que en el presente caso constaba en autos que el apoderado judicial de la accionante ejerció el recurso de apelación contra la decisión del 23 de enero de 2001 dictada por el Juzgado de Primera Instancia, situación ésta que hace inadmisible la acción de amparo a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. No obstante consideró que, en vista de que el Juzgado de Primera Instancia no se pronunció sobre la apelación, se configuró la violación del derecho a la defensa y al debido proceso de la parte accionante.

 

Por otra parte, estimó que al constar en autos oficio No. 168 del 9 de enero de 2001, mediante el cual la Directora General Sectorial de Asuntos Laborales de la Procuraduría General de la República informó al tribunal de la causa que la notificación recibida el 30 de noviembre de 2000, por la cual se informa que la sentencia que fijó los honorarios del defensor ad litem se consideraba defectuosa, toda vez que no se remitió copia de la demanda que dio origen al juicio por cobro de prestaciones sociales, el tribunal de la causa debió pronunciarse ordenando la suspensión o continuación de la ejecución de sentencia, razón por la cual “...hasta tanto el Tribunal de la Causa, no se pronuncie en relación al defecto de notificación alegado por la Procuraduría, la lesión no es inmediata, en consecuencia, de conformidad con el ordinal 2 (sic) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales... este (ese) Tribunal declara inadmisible la acción de amparo interpuesta”. 

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir sobre la apelación sometida a su conocimiento, previas las siguientes consideraciones:

 

            Evidencia esta Sala que la presente acción de amparo se originó por la fijación de los honorarios profesionales del defensor ad litem designado a favor de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A. en el juicio por cobro de prestaciones sociales incoado en su contra por el ciudadano Nehil Urabac Quijada.

           

            Al respecto se evidencia de las actas del expediente que, el 18 de septiembre de 2000, el defensor ad litem designado para defender a la empresa accionante consignó escrito por el cual solicitó al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la estimación y el cobro de sus honorarios profesionales.

 

            Igualmente se advierte que, por auto del 21 de septiembre de 2000, el referido Juzgado de Primera Instancia designó a los abogados Isolina Londón y Antonio Morales para determinar los honorarios profesionales del mencionado defensor y el 30 de noviembre dicho Tribunal dictó decisión (folio 421) mediante la cual fijó los honorarios del defensor ad litem en cuarenta y cinco millones de bolívares (Bs.45.000.000,oo), ordenó a PDVSA, Petróleo y Gas el pago de dichos honorarios y ordenó la notificación del Procurador General de la República de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

            Asimismo se observa que el 23 de enero de 2001, el referido Juzgado de Primera Instancia ordenó librar mandamiento de ejecución contra los bienes de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A. y el 30 del mismo mes y año la representación judicial de la empresa intimada apeló de dicha decisión por considerar que no se habían cumplido con las formalidades de la ley, por cuanto no se notificó debidamente al Procurador General de la República

 

            El 1 de febrero de 2001, la empresa accionante interpuso acción de amparo constitucional contra el mismo auto apelado, es decir, el del 23 de enero de 2001, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar  y alegó, entre otras razones, que la violación a sus derechos constitucionales provino de la defectuosa notificación al Procurador General de la República, tal como sostuvo en el escrito que dio lugar a su apelación.

 

            Ahora bien, establece en numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:

 No se admitirá la acción de amparo:

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;

 

En este sentido considera esta Sala que al haber ejercido el recurso de apelación contra la decisión del 23 de enero de 2001, donde la representación de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A. expuso los mismos argumentos explanados en la presente acción de amparo, la empresa accionante optó por utilizar la vía ordinaria de la que disponía para impugnar el fallo adverso, en consecuencia estima esta Sala que la presente acción de amparo resultaba inadmisible de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

 

En atención a las consideraciones expuestas ut supra, esta Sala estima que la acción de amparo interpuesta por la representación judicial de PDVSA, Petróleo y Gas, S.A. debió declararse inadmisible, razón por la cual se revoca la decisión objeto de apelación y así se decide.

 

No obstante lo anterior, esta Sala observa que la apelación ejercida por la representación de PDVSA, Petróleo y Gas S.A. operaba a un solo efecto, razón por la cual, este alto Tribunal ordena la suspensión de todo acto de ejecución contra los bienes de la accionante hasta tanto sea resuelto el fondo de la apelación ejercida el 30 de enero de 2001, y así se declara.

 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la apelación ejercida por el ciudadano Miguel Angel González Negrete, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa PDVSA PETROLEO Y GAS S.A. contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

   REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que declaró parcialmente con lugar la presente acción de amparo constitucional.

3º INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Miguel Ángel González, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa PDVSA PETROLEO Y GAS S.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar del 23 de enero de 2000.

 

ORDENA la suspensión de la ejecución contra los bienes de PDVSA PETROLEO Y GAS S.A, hasta tanto sea resuelta el fondo de la apelación ejercida el 30 de enero de 2001.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 06 días del mes de  MARZO  del dos mil dos. Años: 191º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente - Ponente

Iván Rincón Urdaneta

El Vicepresidente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Antonio José García García

       Magistrado

 

José Manuel Delgado Ocando

Magistrado

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

Magistrado

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 01-0634

IRU