SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 28 de julio de 2003, se recibió en esta Sala, procedente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, el expediente que contiene la demanda de nulidad, conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, que intentó el ciudadano Alberto Segundo Sulbarán, titular de la cédula de identidad nº 1.669.372, Presidente de “TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS SULBARÁN C.A. (TRADHIS C.A.)”, con la asistencia de los abogados Francisco Sulbarán Paz y Amalia Sánchez Gamarra, con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 90.474 y 90.473, respectivamente, respecto de los códigos de actividades nos. 11.627 y 11.628 del “...Anexo ‘A’ denominado ‘Clasificador de Actividades Económicas, Comerciales- Industriales o Similares’, de la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, sancionada por el Concejo Municipal del Municipio Girardot del Estado Aragua en fecha 30 de agosto del año 1998, publicada en la Gaceta Municipal Número: 615, Extraordinario...”.

El 6 de agosto de 2003, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad, ordenó la realización de las notificaciones a que se refiere la Ley y, una vez constaran en autos dichas notificaciones, la remisión del expediente a la Sala para la decisión relativa a la solicitud de urgencia y mero derecho. Asimismo se acordó la formación de cuaderno separado para la decisión de la solicitud de amparo cautelar.

El 16 de septiembre de 2003, se recibió el expediente del Juzgado de Sustanciación y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz para la decisión de la solicitud de declaratoria de mero derecho.

Mediante diligencia de 3 de diciembre de 2003, la parte actora solicitó decisión en esta causa.

 

I

DE LA DEMANDA DE NULIDAD

1.           Señala la parte actora que, mediante la Ordenanza objeto de la pretensión de nulidad, se establecieron normas relativas a la materia impositiva del régimen de los hidrocarburos. Concretamente, alegó que esta normativa creó un tributo “...a las actividades de comercialización interior de los productos derivados de los mismos (...) para lo cual estableció una alícuota del Diez por ciento (10%) sobre los ingresos brutos provenientes de la actividad de expendio de los productos derivados de los hidrocarburos, con un mínimo tributario de Veintidós unidades tributarias”.

2.           Que, con tal proceder, la Ordenanza violó los artículos 18, 117, 118, 119 y 137 de la Constitución vigente para el momento de la sanción de la Ordenanza, violación que se mantiene respecto de los artículos 136, 137, 156, cardinales 12 y 32, 174, 175, 179, 183 y 317 de la Constitución de 1999, pues implica una invasión, por parte del Poder Municipal, de una competencia exclusiva del Poder Nacional, como lo es la potestad tributaria en materia de hidrocarburos. En síntesis, respecto de tales violaciones expuso lo siguiente:

2.1         Que se violó el principio de reserva legal. En este sentido, señalan que los artículos 156, cardinales 12 y 32, de la Constitución de 1999, en concordancia con los artículos 179 y 183 eiusdem, establecen, como competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, la legislación en todas las materias de competencia nacional, en las que se incluyen la creación, recaudación, administración y control de los impuestos a los hidrocarburos y minas, lo cual constituye una limitación primaria a la capacidad tributaria e ingresos del Poder Municipal.

                        2.2            Que se violó el principio tributario de no confiscatoriedad que preceptúa el artículo 317 de la Constitución de 1999, pues el impuesto que crea la Ordenanza que se impugnó “incrementa de manera excesiva la carga impositiva de mi representada, lo cual, no sólo el referido impuesto local es inflacionario sino confiscatorio (sic)”.

                        2.3            Que se violaron también varias normas legales, a saber, los artículos 56, 59 y 61 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, pues “...el legislador nacional no exigía ni exige la cancelación de ningún Tributo Municipal, así como tampoco delega en los órganos legislativos municipales la facultad de crear impuestos a las actividades de importación, de transportación, suministro, almacenamiento, distribución, comercialización y expendios de los mencionados productos derivados de los hidrocarburos en el Territorio Nacional y que comprende un servicio de interés público reservado al Estado por la Ley”.

2.4         Que la Ordenanza cuya nulidad se solicitó “está viciada de nulidad relativa por cuanto vulnera lo previsto en el artículo 138 de la Constitución de 1999, debido a que el Concejo Municipal al crear un impuesto en materia de Hidrocarburos ‘...está usurpando una autoridad no delegada...’ pues si bien es cierto que los municipios constitucionalmente cuentan con la potestad de establecer impuestos, tal facultad no puede gravar actividades cuya regulación y tributación se encuentran reservadas al Poder nacional..”.

3.           En consecuencia, pidió se declare la nulidad de la norma que se impugnó, que estableció los códigos de actividades nos. 11.627 y 11.628 “...del Anexo ‘A’ denominado ‘Clasificador de Actividades Económicas, Comerciales- Industriales o Similares’, de la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, sancionada por el Concejo Municipal del Municipio Girardot del Estado Aragua (...) que se refieren a la distribución de lubricantes y/o combustibles (al mayor) y distribución de lubricantes y/o combustibles (al detal) excepto bombas, respectivamente, relativo a las empresas de servicios personales con o sin suministro de materiales, estaciones de gasolina y distribución de hidrocarburos”.

                        Asimismo, solicitó amparo cautelar para que, mientras se dicte sentencia definitiva, se suspendan los efectos de la norma que se impugnó, ante la presunción de violación de “los derechos invocados en el presente escrito”.

                        Por último, requirió se declare la causa como de mero derecho y, en consecuencia, se acuerde la reducción de los lapsos procesales.

 

II

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En este estado del proceso, corresponde a la Sala la decisión previa con relación a la petición de la parte demandante de que se tramite la causa como de mero derecho. En tal sentido se observa:

El artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone lo siguiente:

 

“A solicitud de parte y aun de oficio, la Corte podrá reducir los plazos establecidos en las dos Secciones anteriores, si lo exige la urgencia del caso, y procederá a sentenciar sin más trámites.

Se considerarán de urgente decisión los conflictos que se susciten entre funcionarios u órganos del Poder Público.

La Corte podrá dictar sentencia definitiva, sin relación ni informes, cuando el asunto fuere de mero derecho. De igual modo se procederá en el caso a que se refiere el ordinal 6° del artículo 42 de esta Ley.”

 

La norma en cuestión acogió, en su encabezamiento, un supuesto según el cual podrá reducirse el plazo para la tramitación; esto es, para la sustanciación y relación de los juicios de nulidad, cuando lo exige la urgencia del caso. Asimismo, el segundo aparte de la norma que fue transcrita agrega dos hipótesis en las que procede la reducción de trámites procesales, concretamente a través de la supresión de la relación de la causa y de informes, a saber, los asuntos de mero derecho y aquellos de colisión entre leyes.

Sobre la naturaleza del procedimiento de mero derecho, la jurisprudencia de esta Sala dejó sentado que “...sólo procede cuando la controversia esté circunscrita a cuestiones de mera doctrina, a la interpretación de un texto legal o de una cláusula contractual o de otro instrumento público o privado. Ello viene a significar que la decisión podría ser tomada con el examen de la situación planteada y la correspondiente interpretación de la normativa aplicable al mismo [sin que por ello sea menoscabado el principio de la contradicción en materia probatoria].” (s.S.C. nº 89 de 14 de marzo de 2000, caso: Estatuto Electoral del Poder Público; y s.S.C. nº 591 de 20 de junio de 2000, caso: Régimen de Transición del Poder Público).

En el caso concreto, la demanda se fundamenta en la nulidad por razones de inconstitucionalidad de un precepto de la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, del Municipio Girardot del Estado Aragua, de 30 de agosto del año 1998, que fue reformada el 31 de agosto de 2000 y publicada en la Gaceta Municipal n° 944, Extraordinario, de esa misma fecha. En concreto, se solicitó la nulidad de los códigos de actividades nos. 11.627 y 11.628 del “Clasificador de Actividades Económicas, Comerciales- Industriales o Similares’” de dicha Ordenanza Municipal (identificado como Anexo “A” de la misma), códigos “...que se refieren a la distribución de lubricantes y/o combustibles (al mayor) y distribución de lubricantes y/o combustibles (al detal) excepto bombas, respectivamente, relativo a las empresas de servicios personales con o sin suministro de materiales, estaciones de gasolina y distribución de hidrocarburos”, en razón de la supuesta contradicción que existiría entre dicha norma y los artículos 136, 137, 156, cardinales 12 y 32, 174, 175, 179, 183 y 317 de la Constitución de 1999, porque implicaría una violación de la potestad legislativa que el constituyente reservó al Poder Nacional en materia impositiva de hidrocarburos y minas y, asimismo, violación de los principios de usurpación de autoridad y de no confiscatoriedad.

En atención a la interpretación que otorga la jurisprudencia que se invocó respecto del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el caso de autos se erige como un juicio de mero derecho, ya que el debate se circunscribe a la determinación de si una norma legal municipal –de la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, del Municipio Girardot-, cuando grava la distribución de productos derivados de hidrocarburos, invadió o no las competencias exclusivas del legislador nacional en materia de creación, recaudación, administración y control de los impuestos a los hidrocarburos y minas de lo cual derivaría, además, la supuesta violación de los demás principios constitucionales que se invocaron.

A pesar de ello, la Sala Constitucional estima necesaria la recepción de las opiniones e informes de las partes y de las autoridades nacionales y municipales que han sido notificadas de la interposición y admisión de la demanda, con preservación, además, de esa oportunidad procesal para que cualquier otra persona, que tenga interés, presente sus informes antes de que se sentencie. Por tanto, de conformidad con la facultad que otorga a la Sala el tercer parágrafo del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia cuando la causa es de mero derecho, se acuerda la supresión de la etapa probatoria y de la relación de la causa y se mantiene el acto de informes. Así se declara.

 

III

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la declaratoria de mero derecho que se solicitó en el curso de la demanda de nulidad que intentó el ciudadano Alberto Segundo Sulbarán, Presidente de “TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS SULBARÁN C.A. (TRADHIS C.A.)”, con la asistencia de los abogados Francisco Sulbarán Paz y Amalia Sánchez Gamarra, contra parte del “contenido del Anexo ‘A’ denominado ‘Clasificador de Actividades Económicas, Comerciales- Industriales o Similares’, de la Ordenanza Municipal de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, sancionada por el Concejo Municipal del Municipio Girardot del Estado Aragua en fecha 30 de agosto del año 1998, publicada en la Gaceta Municipal Número: 615, Extraordinario...”.

Remítase el expediente a la Secretaría de la Sala para que prosiga la tramitación del proceso principal de nulidad según lo que se ha pautado en esta decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado                 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 03-1914