SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 11-0068

 

 

 

Magistrado Ponente: JUan José Mendoza Jover

Exp. 11-0068

 

El 13 de enero de 2011, el ciudadano FABIO ALBERTO OCHOA ARROYAVE, titular de la cédula de identidad Nro. V- 15.242.653, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°: 35.140, actuando en nombre y representación de AGROPECUARIA EL PAGUEY C.A., inscrita el 04 de mayo de 2001, en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Nro. 96, Tomo: 5-A, presentó ante esta Sala Constitucional solicitud de revisión de la sentencia N°: 310, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 20 de abril de 2010, publicada el 21 del mismo mes y año.

 

Constituida esta Sala Constitucional el 09 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión celebrada el día martes 07 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 08 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

 

El 19 de enero de 2011, se dio cuenta en Sala del expediente, designándose como ponente al Magistrado quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

 

         El solicitante de la revisión señaló en su escrito, entre otros aspectos, los siguientes:

 

         Que Agropecuaria El Paguey C.A., el 31 de julio de 2003, interpuso recurso de nulidad conjuntamente con amparo, y solicitud de medida cautelar innominada y suspensión de efectos, contra el Decreto Presidencial Nro. 2.292, del 4 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.627, de esa misma fecha; la Resolución Nro. 177, del 05 de febrero de 2003, dictada por el Instituto Nacional de Tierras, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro. 37.629, de fecha 11 de febrero de 2003, así como, contra los actos dictados por el mencionado ente administrativo del 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nro. 0203, de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de territorio denominado “Hato El Lechozote II”.

 

         Refirió que el 13 de abril de 2004, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso de nulidad y declaró inadmisible el amparo cautelar, siendo que el 20 de abril de 2010, en sentencia definitiva, dicha Sala declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el Decreto Presidencial Nro. 2292, sin lugar el recurso de nulidad contra la Resolución Nro.177, así como declaró que no tenía materia sobre la cual decidir con relación al recurso de nulidad, contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión Directiva Nro. 0203, de fecha 05 de febrero de 2003.

 

         Señaló que la Agropecuaria disponía tan sólo de seis (06) meses para ejercer el recurso de nulidad contra los actos del Instituto Nacional de Tierras, siendo que la Sala Político Administrativa después de siete (07) años, declaró que no tenía materia sobre la cual decidir, por lo que resultaba demasiado tarde para ejercer el recurso de nulidad contra el acto administrativo del referido Instituto, porque transcurrió con creces el tiempo de caducidad para hacerlo, con lo cual dicha Sala incurrió en una clara y flagrante violación del derecho de acción y de la tutela judicial efectiva, ya que no decidir configura una “antisentencia”.

 

         Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, debió haberse pronunciado de entrada “in limine litis”, sobre la incompetencia, en el auto de providencia para la admisión a trámite o no del recurso, en lugar de hacerlo (7) siete años después, por lo que debió declinar la competencia para decidir el recurso de nulidad al órgano que decidiera era competente, para que se pronunciara al fondo sobre esa pretensión.    

 

         En virtud de lo expuesto consideró que se infringieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como invocó el artículo 336, numeral 10 “eiusdem”, y el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando se declarara la nulidad parcial de la mencionada sentencia, en lo que respecta a lo decidido en el punto Nro. 3, respecto a la nulidad contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada “Hato El Lechozote II”, decline la competencia y remita oficiosamente al Tribunal que estime es competente, a los fines, de que éste decida el fondo del asunto planteado. 

 

 

 

 

 

II

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

 

         El fallo objeto de revisión es la sentencia N° 310, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de abril de 2010, publicada el 21 del mismo mes y año, en cuyo contenido se expresa lo siguiente:

 

Que el Decreto Presidencial N° 2.929, de fecha 4 de febrero de 2003, impugnado, pretende concentrar en manos del Instituto Agrario Nacional las tierras propiedad de la República, Institutos Autónomos, Empresas del Estado y demás personas en las cuales dichos entes tengan una participación superior al 50% del capital social, así como las Fundaciones del Estado, para luego otorgarlas a través de cartas agrarias a organizaciones campesinas, a fin de desarrollar una actividad agrícola productiva. En tal sentido citó el artículo 1 del mencionado Decreto, así como la Resolución N° 177 del Instituto Agrario Nacional que fue dictada en cumplimiento del mismo, a fin de pautar la forma en la cual se autorizaría la ocupación de las organizaciones campesinas en las tierras propiedad de los entes antes señalados.

 

         Asimismo indicó que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, ha asentado criterio respecto a la constitucionalidad del Decreto impugnado y a la potestad que para otorgar cartas agrarias sobre las tierras propiedad de los entes administrativos señalados en el referido artículo 1°, tiene atribuida el Instituto Nacional de Tierras, señalado en la sentencia Nro. 456, de fecha 25 de marzo de 2004, caso: Álvaro Rodríguez Sigala, fallo del cual se presume la constitucionalidad del Decreto recurrido.

 

         Que en el aludido Decreto, en el artículo 2 se dispone que las enajenaciones a que se refiere el artículo 1: (…) “deberán efectuarse conforme a lo previsto en la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas” (…); asimismo, indicó que en refuerzo de ello la referida Sala Constitucional estableció, mediante decisión de fecha 05 de abril de 2005, que por tratarse el Instituto Nacional de Tierras de un ante descentralizado de la Administración Pública Nacional (…) “resulta aplicable el procedimiento ordinario pautado en los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, atendiendo lo dispuesto en los artículos 1 y 47 eiusdem” (…).

 

Por otra parte, expresó que el Presidente de la República emitió el referido acto administrativo en el ejercicio de la atribución prevista en el artículo 236 constitucional, numeral 11, y el artículo 1 de la Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 305, 306 y 307 de la Carta Magna y 1, 2, 3, 8, 36 y 123, numeral 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de cuyo contenido, es claro que el Presidente de la República dictó el Decreto cuya nulidad se pretende, con base en atribuciones que la Constitución y las Leyes le confieren.

 

Asimismo, señaló que el artículo 9 del Decreto Presidencial Nro. 2292, debe ser entendido a la luz del enunciado de tutela judicial efectiva y de la previsión constitucional que consagra el alcance de la jurisdicción contencioso administrativa, la cual podrá controlar cualquier actuación administrativa que lesione situaciones jurídicas subjetivas.

 

En este sentido estableció que debe entenderse que el mencionado artículo está referido a actos de perturbación sin respaldo jurídico de autoridades administrativas, contra la posesión que sobre los bienes a que se refiere el artículo 1 del Decreto Presidencial, detenten los beneficiarios de cartas agrarias, sin que ello implique la imposibilidad de que un particular, afectado en su esfera de derechos por la emisión de las aludidas cartas agrarias, pueda acceder a la jurisdicción constitucional o contencioso administrativa para impugnar la validez de dichos actos.

 

De igual manera, señaló que existían numerosas causas ventiladas ante los tribunales competentes, según el caso, en los cuales particulares que se han sentido afectados por la emisión de alguna carta agraria han acudido para impugnar su validez o para obtener protección constitucional de sus derechos e intereses, habiendo satisfecho su pretensión en no pocas oportunidades.

 

En cuanto a la nulidad de los actos administrativos particulares impugnados, esto es, las cartas agrarias otorgadas por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 06 de febrero de 2003, mediante las cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada "Hato El Lechozote II", estableció lo siguiente:

 

Que la recurrente, sostuvo que era dueña de un lote de terreno distinguido con el N° 2 y las bienhechurías allí construidas, que formaban parte de mayor extensión del “Hato Lechozote”, ubicado en jurisdicción del Municipio Ciudad Bolivia, Distrito Pedraza del Estado Barinas, según constaba de instrumento protocolizado el 25 de mayo de 2001 en la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios Autónomos Pedraza y Sucre del Estado Barinas, el cual quedó anotado bajo el N° 25, siguiente al Protocolo Primero, Tomo IV, Segundo Trimestre de 2001.

 

Indicó asimismo, que la parte recurrente alegó que existía una transacción judicial homologada y registrada, suscrita entre el entonces Instituto Agrario Nacional y la hoy demandante, en la cual se le reconoce su propiedad sobre el inmueble descrito “supra” y, que el desconocimiento del contrato de transacción celebrado, homologado y registrado, por parte del Instituto Agrario Nacional, al otorgar cartas agrarias sobre el referido Hato, violaba la garantía de cosa juzgada y el derecho al debido proceso.

 

Por otra parte, solicitó la nulidad de las cartas agrarias, en razón de que, a su decir, fueron otorgadas sin seguir el debido procedimiento administrativo, para ocupar una porción de tierra de propiedad privada y en plena producción, supuesto totalmente opuesto al previsto en el artículo 1 del Decreto Presidencial 2292; en razón de considerar que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, así como en violación del derecho de propiedad.

 

         Respecto a lo señalado, el Instituto Nacional de Tierras arguyó en sentido contrario a lo señalado por la recurrente, que las tierras objeto de las cartas agrarias eran de su propiedad, conforme a lo establecido en el Decreto Presidencial N° 706, de fecha 14 de enero de 1975, publicado en la Gaceta Oficial N° 30.602, de fecha 20 de enero de ese mismo año.

 

         Así, la Sala Política Administrativa estableció que, en principio, correspondía a la Sala conocer de la solicitud de nulidad de los actos de aplicación del Decreto Presidencial N° 2292 y de la Resolución N° 177 del Instituto Nacional de Tierras; no obstante, en el caso sometido a su conocimiento, era evidente que cualquier consideración respecto a la validez de los referidos actos administrativos particulares implicaba necesariamente un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho de propiedad de las tierras afectadas por dicha decisión, toda vez, que no había consenso al respecto entre las partes involucradas; asunto que escapaba de la competencia de la Sala, por cuanto precisar quién poseía el dominio de las tierras sobre las cuales se otorgaron las aludidas cartas agrarias, era una tarea que correspondía a los Tribunales Superiores con competencia Agraria de la Jurisdicción donde se encontraba el bien inmueble, de conformidad con la normativa especial aplicable a la materia.

 

Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, la Sala declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por la sociedad de comercio AGROPECUARIA EL PAGUEY, C.A., contra el DECRETO PRESIDENCIAL Nº 2.292, de fecha 04 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.624, de esa misma fecha; SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido contra la RESOLUCIÓN Nº 177, de fecha 05 de febrero de 2003, dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.629, de fecha 11 de febrero de 2003, y; asimismo declaró como punto tercero lo siguiente:

 

 

3. NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR con relación al recurso de nulidad ejercido por la sociedad de comercio AGROPECUARIA EL PAGUEY, C.A., contra los actos administrativos dictados por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en fecha 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nº 0203, de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada "Hato El Lechozote II", en virtud de la incompetencia indicada.

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

 

El artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva.

 

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al artículo 25, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás tribunales de la República, de acuerdo a lo expresado en el artículo 25 numeral 10 “eiusdem”, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

 

Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia N°: 310, dictada el 21 de abril de 2010, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

         Esta Sala Constitucional pasa a decidir, previos los siguientes razonamientos:

 

         En el presente caso, el actor solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25, numerales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la sentencia N° 310, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 21 de abril de 2010, con respecto a la declaratoria contenida en el punto Nro. 3 de dicha sentencia, en el cual se estableció: 3. NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR” (Negrillas y mayúscula de la Sala Político Administrativa) con relación al recurso de nulidad ejercido por la sociedad de comercio Agropecuaria El Paguey, C.A., contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nº 0203, de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada "Hato El Lechozote II".

 

         En este sentido el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su letra lo siguiente:

 

 

 El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación.

Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. (Subrayado nuestro).

 

 

De la norma transcrita, se desprende que esta Sala posee la máxima potestad de interpretación de la Constitución y que sus decisiones son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República. Así las cosas, el resto de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales y juzgados de la República están obligados a decidir con base en el criterio interpretativo que esta Sala tenga de las normas constitucionales.

 

De allí que, en las ocasiones, en que, otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia o los demás tribunales de la República cometan errores graves y grotescos en cuanto a la interpretación de la Constitución o no acojan las interpretaciones ya establecidas por esta Sala, pueden generar, además de una violación e irrespeto a la Constitución una distorsión de la certeza jurídica y, por lo tanto, un quebrantamiento del Estado de Derecho. Por ello, la norma contenida en el artículo 335 de la Constitución establece un control concentrado de la constitucionalidad por parte de esta Sala, en lo que respecta a la unificación de los criterios relativos a la interpretación de la Constitución.

 

En este orden de ideas, en la sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO), se señaló con relación a la potestad establecida en el artículo 336, cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

 

(…) En cuanto a la potestad de esta Sala para revisar de oficio las sentencias definitivamente firmes en los mismos términos expuestos en la presente decisión, esta Sala posee la potestad discrecional de hacerlo siempre y cuando lo considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la interpretación de la Constitución en todas las decisiones judiciales emanadas de los órganos de administración de justicia (…)

Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

1.Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional…”.

 

 

Ahora, en el caso bajo examen, la solicitud de revisión fue formulada con relación a una decisión dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró, en el punto tercero de la decisión, no tener materia sobre la cual decidir, en virtud de considerar su incompetencia para conocer del asunto planteado, con lo cual incurrió según alega el solicitante de la revisión constitucional en violación del derecho de acción y a la garantía de la tutela judicial efectiva, por cuanto después de siete (7) años de haberse interpuesto el recurso de nulidad se pronuncia en esos términos, siendo (…) “demasiado tarde para la agropecuaria ejercer el recurso de nulidad contra el acto administrativo del INTI” (…).

 

         Puede apreciarse de las actas del expediente que la referida decisión fue dictada con ocasión al recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo, solicitud de medida cautelar innominada y suspensión de efectos contra el Decreto Presidencial Nro. 2292, del 4 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.627, de esa misma fecha; la Resolución Nro. 177, del 05 de febrero de 2003, dictada por el Instituto Nacional de Tierras, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro. 37.629, de fecha 11 de febrero de 2003; así como, contra los actos dictados por el mencionado ente administrativo del 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nro. 0203, de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de territorio denominado “Hato El Lechozote II”.

 

 En la referida decisión, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en las páginas 26, 27 y 28, del fallo objeto de revisión, sentenció lo siguiente: (…) “3. Corresponde a la Sala pronunciarse en cuanto a la nulidad de los actos administrativos particulares impugnados, esto es, las cartas agrarias otorgadas por el Instituto Nacional de Tierras” (…), en fecha 06 de febrero de 2003, mediante las cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada "Hato El Lechozote II"; respecto a lo cual, expresamente se estableció que:

 

 

Ahora bien, en principio, corresponde a la Sala conocer de la solicitud de nulidad de los actos de aplicación del Decreto Presidencial N° 2.292 y de la Resolución N° 177 del Instituto Nacional de Tierras; no obstante, juzga la Sala que en el presente caso, es evidente que cualquier consideración respecto a la validez de los referidos actos administrativos particulares implica necesariamente un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho de propiedad de las tierras afectadas por dicha decisión, toda vez que no hay consenso al respecto entre las partes involucradas; asunto que escapa de la competencia de la Sala, por cuanto precisar quién posee el dominio de las tierras sobre las cuales se otorgaron las aludidas cartas agrarias, es una tarea que corresponde a los Tribunales Superiores con competencia Agraria de la Jurisdicción donde se halle el bien inmueble, de conformidad con la normativa especial aplicable a la materia.

En tal virtud, esta Sala declara no tener materia sobre la cual decidir en el caso bajo examen, respecto a la solicitada declaratoria de nulidad de los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras, (…).Negritas del fallo.

 

 

 

Finalmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la página 29 de su fallo, declaró: sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por la sociedad de comercio Agropecuaria El Paguey, C.A., contra el Decreto Presidencial Nº 2,292, de fecha 04 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.624, de esa misma fecha; sin lugar el recurso de nulidad ejercido contra la Resolución Nº 177, de fecha 05 de febrero de 2003, dictada por el Instituto Nacional de Tierras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.629, de fecha 11 de febrero de 2003, y; asimismo, declaró como punto tercero lo siguiente:

 

 

3. NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR con relación al recurso de nulidad ejercido por la sociedad de comercio AGROPECUARIA EL PAGUEY, C.A., contra los actos administrativos dictados por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en fecha 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nº 0203, de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada "Hato El Lechozote II", en virtud de la incompetencia indicada (Negritas y mayúscula del fallo).   

 

 

De esta forma, analizadas las consideraciones expuestas en el fallo objeto de la solicitud de revisión, esta Sala considera que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al establecer como punto Nro. 3 en la decisión que el asunto señalado escapaba de su competencia, debido a que cualquier pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad respecto al mencionado acto administrativo (carta agraria) implicaba un pronunciamiento sobre la titularidad de las tierras afectadas, lo cual, en su entendido, no era materia de su competencia, sino de los Juzgados Superiores con Competencia Agraria de la Jurisdicción donde se encuentra ubicado el inmueble. No obstante, esta Sala es del entendido que, como consecuencia de esta declaratoria, y a los fines evitar cualquier vulneración en la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, la Sala Político Administrativa debió remitir el asunto al Juzgado Superior que consideró competente, mas no simplemente declarar “NO TENER MATERIA SOBRE  LA CUAL DECIDIR”.

 

De allí que la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal de la República al no declinar el conocimiento del recurso de nulidad ejercido por la sociedad de comercio Agropecuaria El Paguey, C.A., contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nº 0203, de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada "Hato El Lechozote II", en virtud de la incompetencia que indicó, ésta vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva del solicitante, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   

         A este respecto, sobre la declaratoria de no tener materia sobre la cual decidir, se ha pronunciado esta Sala Constitucional en la sentencia Nro. 1327 del 19 de junio de 2002, caso: Farmacia Selene C.A. y en sentencia Nro. 382, del 12 de mayo de 2010, caso: Virgilio Teresen, así como en esta perspectiva, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil en la sentencia del 29 de julio de 2003, caso: Aserradero Industrial El Rodeo, S.A., en la cual se estableció lo siguiente:

 

 

(…) la Sala, en ejercicio de la función pedagógica que le corresponde desarrollar, advierte sobre la inadecuada utilización en las sentencias, en la expresión: no tiene materia sobre la cual decidir. En ese sentido, estima que tal dispositivo es contradictorio en sí mismo, en razón a que siendo producto de un análisis y conclusión devenida del ejercicio de la función exhaustiva que corresponde al Jurisdicente para tomar su decisión; mal puede hablarse al final de dicho análisis que dentro del contexto de los supuestos estudiados no existe en lo absoluto materia para resolver, y por mala praxis gramatical  concluir en una antinomia dispositiva, ajena al contenido y alcance del artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona la abstención de decidir y que bien pudiera traducirse o interpretarse como una expresión vaga u oscura a  la cual se contrae el legislador en el infine del artículo 254 eiusdem, y en una indeterminación de la cosa u objeto de decisión .

De allí que es necesario arraigar dicha expresión que bien pudiera ser sustituida para  considerar  como materia dispositiva, los supuestos entretejidos en las motivaciones y argumentos utilizados para estructurar la sentencia y que en definitiva limitan un pronunciamiento más allá de las sujeciones contenidas en la sentencia que toca proferir, por un parte y, por la otra, que la lógica jurídica nos enseña  que siempre habrá algo sobre lo cual emitir un pronunciamiento o decidir; lo contrario equivale a que los jueces eludan el cumplimiento de sus funciones, por lo que es de impretermitible necesidad abandonar esta viciosa práctica, dejar de utilizar como dispositivo en los fallos tal expresión, y en cumplimiento de la función pública jurisdiccional del juez o jueza, en el desempeño de la labor que le corresponde desarrollar cuando procede a cumplir con su deber de administrar justicia, debe declarar algún derecho.  Por lo expuesto, se recomienda a los jueces o juezas de instancia, procurar acoger el presente criterio, para garantizar la sindéresis, cuando se proceda a dictar la máxima decisión procesal de la jurisdicción. En consecuencia, se declara que en lo sucesivo y a partir de la publicación de la presente decisión,  deberá procederse conforme lo aquí expresado. Así queda establecido (…) Subrayado y negritas del fallo.

 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, esta Sala Constitucional declara que ha lugar la solicitud de revisión interpuesta por el ciudadano Fabio Alberto Ochoa Arroyave, actuando en nombre y representación de “Agropecuaria El Paguey, C.A.”, en consecuencia, se anula parcialmente la sentencia Nro. 00310, del 21 de abril de 2010, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que respecta al punto Nro. 3 de dicho fallo y, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, siendo éste un asunto de mero derecho, y en aras de evitar dilaciones indebidas. esta Sala ordena a la Sala Político Administrativa remitir las actuaciones correspondientes al recurso de nulidad respecto al cual declaró no tener materia sobre la cual decidir, al Juzgado que, congruente con la motivación contenida en ese fallo, señaló como competente para conocer de los actos administrativos recurridos por AGROPECUARIA EL PAGUEY, C.A.. Así se declara.

 

 

 

 

V

DECISIÓN

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.- HA LUGAR la solicitud de revisión efectuada por el ciudadano FABIO ALBERTO OCHOA ARROYAVE, actuando en nombre y representación de AGROPECUARIA EL PAGUEY C.A.;

2.- Se ANULA PARCIALMENTE la decisión Nro. 310 del 21 de abril de 2010, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y; en consecuencia,

3.- Se ORDENA a la Sala Político Administrativa remitir las actuaciones correspondientes al recurso de nulidad respecto al cual declaró no tener materia sobre la cual decidir, al Juzgado que, congruente con la motivación contenida en ese fallo, señaló como competente para conocer de los actos administrativos recurridos por AGROPECUARIA EL PAGUEY, C.A.

Publíquese, regístrese y remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para el cumplimiento de lo establecido en este fallo. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  29  días del mes de  marzo de dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                                            

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

                                                                             

 

 

Juan José Mendoza Jover

                                                                                             Ponente

 

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

 

 

Exp. 11-0068

JJMJ/

 

 

Quien suscribe, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, presenta el voto concurrente que sigue respecto del fallo que antecede, en el cual la mayoría sentenciadora de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara ha lugar la solicitud de revisión efectuada por el ciudadano Fabio Alberto Ochoa Arroyave, actuando en nombre y representación de la empresa Agropecuaria El Paguey, C.A.; anula parcialmente la decisión Nº 310 del 21 de abril de 2010 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y se ordena a dicha Sala dictar nueva decisión conforme lo establecido en el presente fallo, con fundamento en las razones que se señalan a continuación:

 

1.- La presente solicitud de revisión fue interpuesta contra el fallo Nº 310 del 20 de abril de 2010, publicado el 21 del mismo mes año, por la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con respecto al pronunciamiento contenido en el punto Nº 3 de dicha sentencia “3. NO TENER MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR” con relación al recurso de nulidad ejercido por la sociedad de comercio Agropecuaria El Paguey, C.A. contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Tierras, el 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nº 0203 del 5 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada “Hato El Lechozote II”.

 

2.- En tal sentido, el fallo concurrido declaró “1.- HA LUGAR la solicitud de revisión efectuada por el ciudadano Fabio Alberto Ochoa Arroyave, actuando en nombre y representación de la empresa Agropecuaria El Paguey, C.A.; 2.- Se ANULA PARCIALMENTE la decisión Nº 310 del 21 de abril de 2010 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y 3. Se ORDENA a dicha Sala dictar nueva decisión conforme lo establecido en el presente fallo”.

 

3.- En efecto, el fallo objeto de revisión declara no tener materia sobre la cual decidir respecto a los actos administrativos particulares impugnados, esto es, las cartas agrarias otorgadas por el Instituto Nacional de Tierras, pues -según señala - ello conllevaría a un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho de propiedad de las tierras afectadas por dicha decisión “ (…)que escapa de la competencia de la Sala por cuanto precisar quién posee el dominio de las tierras (…) es una tarea que corresponde a los Tribunales Superiores con competencia Agraria de la Jurisdicción donde se halle el bien inmueble, de conformidad con la normativa especial aplicable a la materia (…)”.

 

4.- Al respecto, la mayoría sentenciadora señala que “la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal de la República al no declinar el conocimiento del recurso de nulidad ejercido por la sociedad de comercio Agropecuaria El Paguey, C.A., contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional del Tierras, en fecha 06 de febrero de 2003, aprobados en Sesión de Directiva Nº 0203 de fecha 05 de febrero de 2003, mediante los cuales se autorizó a un grupo de personas para ocupar una extensión de terreno denominada ‘Hato El Lechozote II’, en virtud de la incompetencia que indicó, ésta vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva del solicitante, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

5.- En tal sentido, considera quien concurre que, precisamente al haberse declarado competente la Sala Político Administrativa para conocer del Decreto Presidencial Nº 2.292 del 4 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.627 de la misma fecha y de la Resolución Nº 177 del 05 de febrero de 2003, dictada por el Presidente del Instituto Nacional de Tierras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela        Nº 37.629, el 11 de febrero de 2003 (que regula el otorgamiento de las Cartas Agrarias citadas por el aludido Decreto Presidencial) -conforme lo establecía el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia-, debió la referida Sala pronunciarse respecto a la nulidad de los actos administrativos de efectos particulares demandados, pues constituyó una escogencia del demandante interponer la demanda de nulidad ante la referida Sala, la cual debió realizar un pronunciamiento -en virtud del fuero atrayente de competencia- sobre los actos impugnados dictados por el Instituto Nacional de Tierras.

 

6.- Por ello, se considera que el fallo concurrido debió ordenar dictar una nueva decisión sobre el fondo del controvertido, que incluyera los actos administrativos de efectos particulares dictados con ocasión del acto general primigenio y no ordenar dictar una nueva decisión que provea respecto a la declinatoria de competencia y la remisión correspondiente de los referidos actos a los juzgados con competencia agraria.

 

Queda así expresado el criterio de la concurrente.

 

                                                                                                                                           

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

            Magistrada Concurrente

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

                                                                                Ponente                

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIERREZ ALVARADO

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. Nº 11-0068

LEML/ c