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SALA CONSTITUCIONAL

                                           

MagistradA Ponente: Carmen Zuleta de Merchán

El 7 de noviembre de 2005, el abogado José Luis Rodríguez Macías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.961, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad número 4.818.146, solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada, el 14 de octubre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada, el 26 de agosto del mismo año, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó, de conformidad con el numeral 1 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude.

El 8 de noviembre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

            Señaló el solicitante como fundamentos de su solicitud, lo siguiente:

1.1. Que la sentencia de la cual solicita la revisión incurrió en un error grotesco de interpretación constitucional, al atribuirle a su mandante, víctima en la causa seguida contra los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude, el hecho de no haber demostrado los alegatos de su denuncia con las respectivas pruebas, siendo ésta, según lo establecido en el numeral 3 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una atribución del Ministerio Público.

1.2. Que su mandante consignó pruebas suficientes y toda la documentación relevante para fundamentar su denuncia, sin embargo, el Ministerio Público no cumplió su facultad constitucional de ordenar y dirigir la investigación criminal, “…situación ésta que no fue advertida por la colegiada (Ponente Abogado Dulce Mar Montero Vivas), miembro de la Corte de Apelaciones de Barquisimeto al efectuar el análisis lógico y racional de los hechos sometidos a investigación criminal y penal…”.

1.3. Que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en la sentencia cuya revisión se solicita, violó las reglas de valoración de la prueba “…al no pronunciarse sobre aspectos importantes probados en la causa que constituyen plurales y concordantes elementos de prueba, que se revierten en contra de los imputados…”.

1.4. Que “…La victima (sic) tal como consta en autos, consignó toda la documentación relevante para fundamentar su denuncia, pero el Ministerio Público no cumplió su facultad constitucional de ordenar y dirigir la investigación criminal, situación esta solamente acotada por la Jueza de Control I Abogada Carmen López al negar la solicitud de sobreseimiento, porque se debía profundizar la investigación, tal como consta el folio 350 del expediente principal KP-01-S-2002-000552, que anexo marcado con la letra (C), por lo que la CORTE DE APELACIONES, al no percatarse de la omisión en la actuación del Ministerio Público, violó los Derechos y Principios Constitucionales contenido (sic) en los artículos 26 y 49 del texto constitucional, es decir el de la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y el del debido proceso y además pretende que la víctima sea la que ordene y dirija la investigación penal lo que es un Error Grotesco de interpretación del texto constitucional, la victima (sic) consignó las pruebas suficientes para fundamentar su denuncia, a las que podía tener acceso pero la colegiada no se percato (sic) de analizar las declaraciones de los imputados de donde surge (sic) evidentes indicios plurales y concordantes que se revierten en contra de los imputados (Folios 111 Declaración de Otis Rodríguez, Folio 118 Declaración del imputado José Antonio Farnataro Herrera, Folio 119 Declaración de Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Sin Foliatura la declaración de Carmen Venidle Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnanataro); dentro del análisis lógico y racional para dictar la sentencia no se valoró lo relacionado con el Registro Mercantil de F.H. INVERSIONES C.A., cuyos accionistas son los imputados, así como tampoco se valoró el hecho cierto y probado que el librado aceptante de la letra de cambio por DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000,00), JOSÉ ALTAGRACIO DÍAZ era un obrero de los imputados, configurándose con todo ello una violación expresa de los principios y derechos constitucionales de la víctima, mi poderdante OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ (TUTELA EFECTIVA, DEBIDO PROCESO) y por consiguiente sus derechos humanos contenidos en tratados y convenios internacionales especialmente en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, suscrita y ratificada por Venezuela según Gaceta Oficial Número 31.526 de fecha 14 de junio de 1977, en su artículo 8, numerales 1 y 2, que tienen Jerarquía Constitucional razón por la cual los mismos prevalecen al orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicios a las establecidas en la Constitución vigente y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás Órganos del Poder Público…”.  

1.5. Que en definitiva, era mas fácil para la referida Corte de Apelaciones “…acoger la solicitud fiscal de sobreseimiento que aplicar las reglas de valoración de la prueba, haciendo un análisis lógico y racional ajustado a derecho sin menoscabar los derechos constitucionales de OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ…”.

Por tales motivos, indicó que la decisión del 14 de octubre de 2003, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, transgredió los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la que peticionó que se revise y se anule la citada decisión y, se dicte una nueva sentencia “…consecuencia directa  e inmediata de la revisión que se haga a dicho fallo…”.

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

Mediante decisión del 14 de octubre de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Leonardo Sciscioli Labrador, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Otis Coromoto Rodríguez, contra la decisión dictada el 26 de agosto del mismo año, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude, teniendo como fundamento para ello, lo siguiente:

“…La sentencia recurrida, se fundamenta, en primer lugar, en la solicitud que hace el Fiscal del Ministerio Público, al Tribunal de Primera instancia, para que sea decretado el sobreseimiento, el cual procede a decretarlo, basado en el artículo 318 ordinal 1° (sic), del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, al respecto observa esta Alzada, que si bien es cierto que la víctima fue desalojada del inmueble que ocupaba, no es menos cierto, que lo ocupaba en condición de arrendataria, por lo que el Tribunal Ad-Quo, valoró esta fundamental condición al momento de decidir, y de declarar procedente el sobreseimiento de la causa, valoración ésta, que es compartida por esta Corte, en vista de que la misma configura la premisa que encuadra, en el ordinal 1° (sic) del artículo 318 referido supra, ya que de los autos, no puede concluirse, el hecho que funge como objeto del proceso, y de ninguna manera entonces, podría atribuírsele algún hecho a los imputados en este caso. En este sentido, cabe destacar que, cuando el legislador expresa que ‘el hecho no se realizó’, hay que entender, a todo evento que se trata, tanto del supuesto de que se haya acreditado la falsedad del hecho imputado, como de que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre por lo que respecta a que el hecho ‘no pueda atribuírsele al imputado’, pues ello comprende tanto el caso de que el imputado haya probado su no participación, como que no se haya podido probar su participación. En este sentido, puede observar esta Alzada, del análisis exhaustivo, del presente asunto, que es evidente, que de las actuaciones respectivas, no se prueba, la existencia del hecho objeto del proceso, por lo que no puede atribuírsele a los imputados hecho alguno, todo lo cual, además de haber sido considerado de esta forma por el Ministerio Público, fue ratificado por el Tribunal que decretó el referido sobreseimiento de la causa. Y ASI SE DECLARA.

Sin embargo es imperante que esta Alzada, en aras de la debida valoración, del recurso de apelación respectivo, debe hacer un análisis del mismo, y en tal sentido procede a hacerlo en los siguientes términos:

El recurrente, fundamenta el recurso de apelación, en:
’…/ Fraude Procesal,…/ con elementos simulados,…/ partiendo de una supuesta deuda…/ la firma mercantil F.H INVERSIONES, C.A beneficiaria y demandante…/ no existía jurídicamente, lo que hacía nula de pleno derecho el instrumento cambiario…’.

Al respecto, esta colegiada, debe destacar, que cada una de estas denuncias, deben ser lógicamente respaldadas, con las pruebas respectivas, sin las cuales se hace imposible, comprobar los hechos en los que se fundamenta el recurrente, es por lo que, el mismo no logra, desvirtuar la decisión recurrida, en virtud de que, es evidente que nada puede probarse, es decir no existe hecho alguno, y por supuesto, no puede existir atribución de hecho alguno, por lo que, no tienen asidero los principios constitucionales, que pretende denunciar el recurrente, como violados por la sentencia recurrida. Siendo entonces, que esta Alzada forzosamente, debe compartir el criterio del tribunal Ad-Quo. Y ASÍ SE DECLARA.
En virtud de que el sobreseimiento procede, cuando el hecho que motivó la apertura de la averiguación resulte ser inexistente, no aparezca suficientemente probado, o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad o encubrimiento previstos por la ley sustantiva, y encuadrando el presente asunto, como supuesto incurso en el ordinal 1°
(sic) del artículo 318, que al respecto estipula lo conducente, y que no es otra cosa que la procedencia en este caso, de la declaración del sobreseimiento, es por lo que es forzoso para esta Alzada, confirmar en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quo. Y ASÍ SE DECIDE…”.(Subrayado y destacado de la Corte de Apelaciones).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala determinar previamente su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, a tal efecto, observa:

En fallos anteriores se ha determinado la facultad que detenta la Sala Constitucional para revisar las actuaciones judiciales que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como de las decisiones que se opongan a las interpretaciones que sobre los mismos haya realizado esta Sala en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el Texto Constitucional, partiendo de lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 eiusdem, en el que se establece la competencia de este órgano judicial para “Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”, cuyo desarrollo fue configurándose por la doctrina de esta misma Sala (vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001), hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de mayo de 2004, donde se delimitó de manera más específica esta competencia.

Siendo ello así, observa esta Sala que la solicitud de revisión de autos fue interpuesta contra la sentencia dictada, el 14 de octubre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, respecto a la cual se alegó la violación de los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva.  

En virtud de lo anterior, y en atención a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala considera pertinente asumir su competencia para conocer y decidir la revisión solicitada, advirtiendo que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o inexcusable en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas y principios constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también de algún tipo de violación constitucional en la que, por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional.  Así se declara.

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

            Llevado a cabo un estudio individual del expediente, corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de la solicitud de revisión presentada por la ciudadana Otis Coromoto Rodríguez y, en tal sentido, observa:

Tal como se dejó sentado en sentencia del 6 de febrero de 2001, caso: “CORPOTURISMO”, la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que puede ser ejercida por la Sala de manera discrecional, no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes, esto es, decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en ese mismo fallo, la Sala está facultada para desestimar la revisión sin motivación alguna, cuando considere que la decisión judicial que ha de revisarse, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios establecidos en el referido Texto Fundamental ni constituye una deliberada violación de sus preceptos.

En tal sentido, esta Sala, luego de un detallado análisis de las actas que conforman el presente expediente, constata que la sentencia objeto de examen se encuentra definitivamente firme, tal y como se desprende del auto dictado el 2 de junio de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (folio 485 del anexo 2) y que la presente solicitud de revisión, no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le resultan aplicables a las solicitudes de revisión, dado su carácter extraordinario.

Ahora bien, en el caso bajo examen, la actuación judicial sometida a la  revisión de esta Sala es el fallo emitido el 14 de octubre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada el 26 de agosto del mismo año, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó, de conformidad con el numeral 1 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude.

La solicitante denunció que tal decisión incurrió en un error grotesco de interpretación constitucional, al atribuirle, en su condición de víctima en la causa seguida contra los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude, el hecho de no haber demostrado los alegatos de su denuncia con las respectivas pruebas, “…siendo ésta una Atribución del Ministerio Público…” y que vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no pronunciarse “…sobre aspectos importantes probados en la causa que constituyen plurales y concordantes elementos de prueba, que se revierten en contra de los imputados…”.

Ahora bien, esta Sala constata, que tanto el citado Juzgado de Control como la referida Corte de Apelaciones consideraron que no existe el fraude alegado por la hoy accionante, ni el perjuicio y detrimento en el que fundamentó su acusación, al valorar el hecho de que su condición era de arrendataria y no de propietaria, al momento de ser desalojada del inmueble que ocupaba, por cuanto el mismo fue objeto de un embargo y en consecuencia, de un remate judicial, en el juicio que se originó por demanda de intimación al pago, intentada contra la propietaria de dicho inmueble ciudadana Carmen Benilde Herrera. En tal sentido, consideraron que no se podía probar la existencia del hecho objeto del proceso y en consecuencia, no podía atribuírsele a los imputados hecho alguno, decretando el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el numeral 1 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.

            En tal sentido, de la lectura de la causal invocada por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y confirmada por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, se desprende que la misma está referida a cuando “el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado”, en el entendido de que el hecho que motivó la apertura de la investigación resulte ser inexistente, no aparezca suficientemente probado o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad o encubrimiento previstos por la ley penal sustantiva. (vid. Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal de Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Cuarta Edición. Pág. 351).

            Por ello, esta Sala considera que la decisión recurrida en esta oportunidad, se encuentra ajustada a derecho, por cuanto al ser la hoy accionante arrendataria mas no propietaria del inmueble que fue desalojada -por las razones ya expuestas- no se le ocasionó en forma alguna un perjuicio a su patrimonio, por lo que mal se podría hablar de fraude, cuando la finalidad última de esta conducta dolosa no es otra que obtener un provecho injusto en detrimento del patrimonio de un sujeto pasivo, razón por la cual, procedía la conclusión del proceso a través de la figura del sobreseimiento, de conformidad -con la casual invocada.

Por otra parte, esta Sala observa, que la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, el 14 de octubre de 2003, no contraría en modo alguno la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, por cuanto no se evidencia que exista un grotesco error de interpretación de la norma constitucional o que se hubiese sostenido un criterio contrario a una jurisprudencia previamente establecida, por el contrario, al momento de decidir, lo hizo bajo su autonomía de valoración, decidiendo dentro de los límites establecidos para ello por la ley penal adjetiva. Resolvió el mérito en segunda instancia, señalando, entre otros aspectos, que el hecho que motivó la apertura del proceso no existe, lo que lo conllevó a confirmar el sobreseimiento de la causa. Por último, a juicio de esta Sala no se manifiestan violaciones de preceptos y principios constitucionales contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denunciados por la parte quejosa.

             Ante la situación planteada se impone para la Sala reiterar una vez más que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su  interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancias o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia. Y si bien, en el caso de autos, se advirtieron algunas inexactitudes, ello no configura ninguna de las causales del referido catálogo de opciones que hace procedente la revisión. (Vid. sentencia N° 231 del 17 de febrero de 2006, Caso: Franklin Añez).

En atención a lo expuesto, considera esta Sala que, en el presente caso, no existen los elementos necesarios para la revisión solicitada y, visto que la misma en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, se declara no ha lugar dicha revisión.  Así se decide.

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión formulada por el abogado José Luís Rodríguez Macías, apoderado judicial de la ciudadana OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ, de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de marzo   de dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Francisco A. Carrasquero López

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 05-2204

CZdeM/