SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERO ROMERO

 

El 4 de junio de 2001, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por el abogado Juan J. Barrios Padrón, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 71.290, actuando en su carácter de defensor del ciudadano RAMÓN VILORIA, titular de la cédula de identidad Nº 3.411.771, acción de amparo constitucional contra la sentencia del 20 de abril de 2001, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que decidió las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el 18 de diciembre de 2000, en la que se sentenció que no había materia sobre la cual decidir, y el 22 de enero de 2001, con la cual se negó la solicitud de nulidad del proceso, formulada por el accionante.

 

En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado, que con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 14 de febrero de 2002, la parte accionante consignó copia del expediente del caso penal.

 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El 4 de junio de 2001, el abogado Juan B. Barrios Padrón presentó escrito contentivo de acción de amparo en contra de la decisión del 20 de abril de 2001 emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, alegando que con dicha sentencia se le violó a su defendido el derecho al debido proceso, por cuanto al emitir el Juzgado Cuarto en Función de Control, una orden de registro, había establecido además de lo usual en una orden de registro, que una vez aprehendidos los ciudadanos Ramón Viloria y Antonio Salazar, debían ser puestos a la orden del Ministerio Público, para que éste a su vez los presentara al Juzgado para ser oídos. Estima el accionante que con este proceder el Tribunal crea “...un nuevo procedimiento establecido por el referido Juzgado, con competencia legislativa, o definitivamente, se trata este caso en particular, de una aplicación inquisitiva de creer hacer Justicia...”.

 

Que, la creación referida se basó en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, pero que por ninguna parte se observa la motivación que dicha norma establece.

 

El accionante eleva a la consideración del Tribunal, el acta del 26 de octubre de 2000, en el cual se dice que los ciudadanos comparecientes, están “...sin juramento alguno, libre de todo apremio, coacción y prisión...”, pero no señala concretamente qué es lo que quiere que el Tribunal considere.

 

Argumenta que, si bien la acumulación en materia penal puede hacerse en cualquier caso en que el criterio judicial dependa de la relación que guarden entre sí los hechos enjuiciados, ese criterio no puede violentar  principios constitucionales como el debido proceso.

 

Alega también, que se obvió el control de la constitucionalidad  contenido en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, que determina que corresponde a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución y cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, deben aplicar la norma constitucional. Por lo que existiendo todas esas irregularidades, solicitó la nulidad del proceso ante el Juzgado Cuarto en Función de Juicio del Circuito Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el cual fue declarado sin lugar, por lo que apeló de dicha decisión, apelación que motivó la decisión de la Corte de Apelaciones que impugna mediante esta acción de amparo.

 

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas decidió la apelación considerando:

 

1.- Que, en cuanto a la medida sustitutiva solicitada, la misma no era procedente, porque sólo se aplica cuando el delito imputado contempla una pena privativa de libertad que en su límite máximo no exceda de cinco (5) años y el imputado carezca de antecedentes penales, conforme a lo establecido en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal; y, que la calificación jurídica del delito presentada por el Ministerio Público y acogida por el Tribunal de Primera Instancia, correspondía al “Transporte ilícito de materias primas, precursores de productos esenciales destinados  o utilizados en la elaboración de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”, el cual estaba sancionado con prisión de quince (15) a veinticinco (25) años. Razón por la cual, la Corte no tenía materia sobre la cual decidir, por considerar ajustada a derecho la decisión del tribunal.

 

2.- En cuanto a la solicitud de nulidad del proceso, por la presunta violación del debido proceso, encuentra la Corte que en la decisión del 26 de octubre de 2000, emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante la cual se motiva la acumulación realizada, existían elementos suficientes para acordarla y considerar a los ciudadanos Ramón Viloria y Antonio Salazar, como imputados en el delito que señalara el Ministerio Público y el cual había sido considerado como flagrante, tanto por dicho Ministerio, como por el Juzgado Primero de Control de ese mismo circuito judicial penal, por lo que se ordenó la remisión de las actuaciones al respectivo juez unipersonal de juicio para velar por el principio de la unidad del proceso.

 

Estima la Corte de Apelaciones, que la decisión estuvo ajustada a derecho, que no adolece de falta de motivación como alega el accionante y que en cuanto al procedimiento elegido, habiéndose hecho previamente la calificación del delito por el Fiscal del Ministerio Público como in fraganti, y también adoptado el procedimiento breve establecido en el Titulo II del Libro Tercero del  Código Orgánico Procesal Penal por el respectivo Juez Primero de Control, lo considera procedente por cuanto encuadra con la circunstancia de modo, tiempo y lugar en que fueron aprehendidos los imputados, y en este tipo de procedimiento se pasa directamente a las partes para la audiencia oral y pública.

 

Por todo ello, considero la apelación improcedente.

 

Leído el expediente la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer lugar, pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción de amparo ejercida contra la decisión del 20 de abril de 2001 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En tal sentido reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja); del 14 de marzo de 2000 (Caso: ELECENTRO); y del 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer de la presente causa y así se declara.

 

Pasa ahora a pronunciarse sobre la admisión de la acción ejercida y al respecto observa:

 

Debe la Sala poner de manifiesto, que la parte accionante señala en su escrito que la sentencia impugnada es del 22 de abril de 2001, pero acompañó a su escrito, copia certificada de la sentencia de la Corte de Apelaciones, la cual corresponde al 20 de abril de 2001, siendo ésta la única decisión anexada al escrito presentado y que evidentemente se corresponde con los argumentos expuestos por el accionante.

 

Denuncia el accionante la violación del derecho constitucional relativo al debido proceso, por considerar que, con la decisión tomada por la Corte de Apelaciones, se violentó tal derecho, al declararse improcedente la apelación ejercida, con la cual se confirmó las actuaciones que habían realizado los tribunales penales en el juicio que se sigue a su defendido Ramón Viloria y se negó su solicitud de nulidad del proceso.

 

Del examen de los recaudos remitidos, la Sala observa que el imputado estaba sindicado por un delito cuya pena es superior a los cinco (5) años, y el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, establece para la aplicación de medidas cautelares sustitutivas, un limite de pena menor a cinco (5) años en su límite máximo, razón por la cual se negó la medida solicitada por el defensor, con lo cual se está acogiendo la decisión a lo dispuesto en la norma citada.

 

Que, por otra parte, el procedimiento seguido por el delito indicado en el expediente, y que abarcaba a otros implicados, a saber Wilfredo José Navarro, Jaime Rafael Cardozo, Yodelve Delgado Yépez, Richard Rómulo Coello, había sido calificado por el Ministerio Público como flagrante y acordado el procedimiento de flagrancia por el Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, razón por la cual se ordenó la remisión de las actuaciones al respectivo Juez Unipersonal de Juicio de la misma Circunscripción Judicial, por haber considerado dicho Juzgado, la necesidad de que se acumularan las causas, para guardar el principio de la unidad del proceso. Decisión que fue tomada con fundamento en los artículos 63 y 70 del Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual no ve esta Sala ninguna violación constitucional en el proceso seguido.

Por otra parte, la solicitud de nulidad del proceso que presentó el accionante y que le fue negada, se basa en el procedimiento breve aplicado y que él estima le viola normas legales y constitucionales.

 

Encuentra la Sala que, las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal son claras y precisas, el procedimiento breve establecido en el Titulo II del Libro Tercero del Código Orgánico Procesal Penal, salvaguarda, además, los derechos de las partes en el proceso, permitiéndole actuar y alegar las defensas que consideren procedentes, dentro de un período mas breve que el del juicio ordinario, con lo cual no se está violando ninguna garantía o derecho constitucional.

 

En efecto, los artículos 373 y 374 eiusdem, señalan cuando procede la aplicación del procedimiento breve, citando entre otros los delitos flagrantes, y contemplan también que el juez de control al estimar que concurren las circunstancias previstas en el artículo 257 (delitos flagrantes) remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público, en un breve lapso y en este caso, tanto el fiscal como la víctima presentarán la acusación directamente, para seguirse luego las reglas del proceso ordinario.

 

Conforme a los artículos 63 y 70 eiusdem, que señala la decisión de la Corte, y se refiere, el primero, a la acumulación penal, la cual puede efectuarse en cualquier caso en que el criterio judicial lo decida tomando en cuenta la relación que guarden entre sí los hechos enjuiciados, y en cuanto al artículo 70, que se refiere al principio de la unidad del proceso, es un principio de doble naturaleza, sustantiva y procesal, y que tiene como finalidad la de juzgar en un mismo proceso todos los delitos que pueda haber cometido una persona, aún cuando no guarden relación, pero que va a permitir un solo resultado, así como también guardar la integridad objetiva de la causa, cuando se juzga a todas las personas a quienes se les atribuya participación en un hecho punible, en un solo proceso. La actuación judicial en este proceso, se ha atenido a todas las disposiciones legales comentadas, por lo cual no puede considerarse su proceder como violatoria de algún derecho o garantía constitucional y así se declara.

 

Por otra parte, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 71 vigente para la época de la decisión, contempla las excepciones que permiten ordenar la separación cuando se ha acumulado diversas causas, a saber :

 

“Artículo 71.-Excepciones. El tribunal que conozca del proceso en el cual se han acumulado diversas causas podrá ordenar la separación de ellas, en los siguientes casos:

  Cuando alguna o algunas de las imputaciones que se han formulado contra el imputado, o contra alguno o algunos de los imputados por el mismo delito, sea posible decidirlas con prontitud en vista de las circunstancias del caso, mientras que la decisión de las otras imputaciones acumuladas requiera diligencias especiales;

  Cuando respecto de alguna de las causas acumuladas se decida la suspensión condicional del proceso”.

 

No siendo estos los supuestos del caso en estudio, aunque la parte accionante no ha alegado tal defensa, y estando la actuación de la Corte de Apelaciones y de los otros Tribunales Penales, que han intervenido en el juicio seguido a Ramón Viloria, ajustadas a derecho, no encuentra la Sala ningún motivo para admitir la presente acción de amparo, por lo cual la declara improcedente in limine litis.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara Improcedente in limine litis, la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano RAMÓN VILORIA contra la sentencia dictada, el 20 de abril de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 26 días del mes de MARZO dos mil dos. Años: 191º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

                                                             El Vice-Presidente,

 

 

                                             JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

                                                                     Ponente

 

Los Magistrados,

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

                                                           

     ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAZZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. 01-1169 a.a.

JECR/