SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

            Mediante oficio n° KP02-O-2005-000311 del 13 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente contentivo de la decisión dictada el 7 de diciembre de 2005, por el mencionado órgano jurisdiccional, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ ALBERTO PINTO OROZCO, titular de la cédula de identidad n° 7.385.367, asistido por el abogado Rafael González Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 24.882, contra las sentencias dictadas el 1 de noviembre de 2004 y 15 de junio de 2005, por los Juzgados Tercero del Municipio Iribarren del Estado Lara y Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva) intentado por la Junta de Condominio de Residencias Parque Barquisimeto contra el accionante “...mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda ...”.

 

            Dicha remisión obedece al recurso de apelación interpuesto el 12 de diciembre de 2005, por el accionante, parte demandada en el juicio originario.

 

El 13 de enero 2005, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, y con tal carácter suscribe este fallo.

 

El 13 de febrero de 2004, el apoderado judicial del accionante presentó escrito de fundamentación de la apelación ejercida.

 

            Efectuado el análisis del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

            1.- El 17 de octubre de 2002, el Condominio de Residencias Parque Barquisimeto intentó demanda por cobro de bolívares (vía ejecutiva) contra el ciudadano José Antonio Pinto Orozco. El 28 de noviembre de ese mismo año, el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, admitió dicha demanda.

 

            2.- El 31 de marzo de 2003, la actora solicitó al juzgado de la causa librara la respectiva boleta de citación al demandado, lo cual fue acordado por auto del 14 de abril de ese mismo año.

 

            3.- El 28 de abril de 2003, el alguacil del juzgado consignó, mediante diligencia boleta de citación sin firmar por el ciudadano José Antonio Pinto Orozco, expresando en dicha ocasión haberse trasladado “...en tres (3) oportunidades en ´RESIDENCIAS PARQUE BARQUISIMETO´(...) y no logré conseguirlo...”.

 

            4.- El 5 de mayo de 2003, la parte actora solicitó se librara cartel de citación de conformidad con lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, vista la imposibilidad de citar al demandado y, por auto del 8 de mayo de 2003, el juzgado de la causa se abstuvo de acordar lo solicitado, por improcedente. El 16 de ese mismo mes y año, la actora solicitó nuevamente se librara cartel de intimación vista la incomparecencia del demandado, lo cual se acordó por auto del 30 de junio de ese mismo año.

 

            5.-El 11 de agosto de 2003, el juzgado de la causa dejó constancia de haberse trasladado, a través del secretario accidental de dicho órgano jurisdiccional, a la morada del demandado en la que procedió a fijar el cartel respectivo (folio 83).

 

            6.- El 16 de septiembre de 2003, la actora solicitó la designación del defensor ad-litem, visto el lapso transcurrido sin que la demandada se diere por citada y, en virtud de ello, se designó como defensora ad litem a la abogada Naylet Gómez, designación que se dejó sin efecto y vista la imposibilidad de localizarla, designó en su lugar, a solicitud de la actora, a la abogada Yoselyn Sandrea, quien se dio por notificada el 22 de octubre de 2003 (folio 90), el 28 de ese mismo mes y año aceptó dicho nombramiento y, el 24 de noviembre de 2003, se dio por citada (folio 92).

 

            7.- El 2 de diciembre de 2003, la defensora ad litem dio contestación a la demanda.

 

            8.- El 18 de diciembre de 2003, la defensora ad litem consignó recibo del telegrama enviado a su defendido (vía Ipostel), a efectos de informarle de su designación, y al folio 100 cursa copia del referido telegrama, el cual fuera “...ENTREGADO EL 02 12 03 FIRMO JUAN BENCOMO...”.

 

            9.- El 29 de enero de 2004 el demandado asistido de la abogada Edurne Murua Taberna, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 30.488, solicitó se dejara sin efecto la contestación dada por la defensora ad litem el 2 de diciembre de 2003 y, en esa misma ocasión, consignó escrito contentivo de cuestiones previas, concretamente las relativas a los cardinales 3 y 8 del artículo 346 del Código Adjetivo Civil.

 

            10.- Por auto del 9 de febrero de 2004, vista la solicitud del demandado el Juzgado de la causa acordó dejar sin efecto la contestación efectuada por la defensora ad litem, y, seguidamente, en esa misma fecha, por auto separado, declaró extemporánea la contestación del 29 de enero de 2001, por cuanto “...le correspondía contestar la demanda en fecha 28-01-04, no habiendo efectuado la misma, ni por si ni por medio de apoderado....”. Dicha decisión fue objeto de apelación por el demandado, el 17 de febrero de 2004, la cual fue oída en un solo efecto el 25 de igual mes y año.

 

11.- El 25 de febrero de 2004, la parte actora consignó escrito de pruebas, y en esa misma oportunidad el demandado consignó las relativas a su defensa, ambas admitidas el 5 de marzo de 2004.

12.- El 11 de marzo de 2004, tuvo lugar el acto de exhibición promovido por el demandado el cual fuera impugnado en ese mismo acto por la actora. El 2 de abril de 2004, la actora consignó escrito contentivo de informes.

 

            13.- El 29 de junio de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, declaró con lugar la apelación ejercida por la demandada “...contra el auto dictado en fecha 09/11/04 (..), quedando en consecuencia revocado el mismo y SIN LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la parte demandada contra el auto dictado en fecha 09/02/04 (...) confirmándose el mismo...”.

 

            14.- El 1 de noviembre de 2004, el Juzgado de la causa declaró con lugar la demanda, ordenando a la parte demandada cancelar las cantidades demandadas y condenando a la misma en costas, decisión de la que apeló el demandado el 8 de noviembre de 2004, recurso que fue oído en un solo efecto el 11 de ese mismo mes y año.

 

            15.- El 15 de junio de 2005, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial mencionada declaró sin lugar la apelación, y con lugar la demanda, condenando a la parte demandada al pago de cantidades de dinero debidas.

 

            16.- El 20 de octubre de 2005, el demandado asistido por el abogado Rafael González Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 24.882, interpuso acción de amparo constitucional contra las sentencias del 1 de noviembre de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Municipio Urbanos y, del 15 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de igual Circunscripción Judicial.

 

            17.- El 30 de noviembre de 2005, tuvo lugar la audiencia constitucional, dejando constancia el a quo de la comparecencia a dicho acto de la parte accionante, y del tercero interesado, no así del representante del Ministerio Público como de los supuestos agraviantes.

            18.- El 7 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la referida Circunscripción Judicial, declaró improcedente la tutela constitucional invocada, decisión de la cual apeló la accionante, el 12 de diciembre de 2005, recurso oído en un solo efecto por auto del 13 de diciembre de ese mismo año, oportunidad en que ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional, recibida el 9 de enero de 2006.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            Expuso el accionante como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, las siguientes argumentaciones:

 

            Que, el 28 de noviembre de 2002, el Tribunal Tercero del Municipio Iribarren del Estado Lara “...admitió una demanda en mi contra por la Junta de Condominio de Residencia Parque Barquisimeto, en dicho auto de admisión, se ordenó mi emplazamiento para que compareciera a dar contestación a la demanda dentro de los 20 días siguientes a mi citación”.

 

            Que “...dicha citación no fue efectuada de manera personal, sino que se recurrió a la citación por carteles, prosiguiéndose el proceso citatorio con la designación de un defensor Ad-Lítem, el cual recayó en la abogada (...), librándose en consecuencia la respectiva boleta de citación en fecha 19 de septiembre del mismo año...”.

 

            Que, “...sin que el Alguacil del tribunal hiciera ninguna diligencia encaminada a localizar a la abogada designada como defensora Ad-Lítem, los abogados actores estamparon una diligencia en el expediente el día 3 de octubre del año 2003, en la cual expresaron que por cuanto no les había sido posible localizar a la defensora designada solicitaban se designaran (sic) otro defensor o defensora...”.

 

            Que, frente a “...esta insólita manifestación y pedimento formulada por la parte actora, el juez de la causa en vez de negar tan absurdo pedimento, procedió a designar a la abogada Yoselyn Sandrea Para (sic) que asumiera mi defensa en sustitución de la abogada ...”.

            Que, la defensora mencionada fue juramentada el 28 de octubre de 2003 y citada el 24 de noviembre de ese mismo año, la cual, en forma “...por demás harto diligente, al contestar la demanda el segundo día del (sic) despacho siguiente a su citación y consignación de la boleta respectiva en autos procedió a dar respuesta a la misma, en una forma, que por decir lo menos, evidencia que dicha abogada no se tomó la molestia de revisar el expediente toda vez que afirmó en la señalada contestación que mi persona no era el propietario del mueble deudor de lo demandado en ese juicio, propiedad que se encontraba suficientemente acreditada en autos, sin molestarse por averiguar lo más mínimo en relación a los pormenores del caso, los cuales le hubieren permitido ejercer una eficaz defensa de mi persona...”.

 

            Que, posteriormente “...a la comisión de este desaguisado, de manera totalmente inútil, dicha defensora me envía un telegrama de fecha 02 de diciembre del año 2003, habiendo ya contestado la demanda, impidiéndome con esta actitud irregular suministrarle los datos relativos a mi defensa, que hubieran podido enervar los argumentos de la demanda”.

 

            Que, con posterioridad a dicha situación “...me presenté con mi abogada dentro del lapso de emplazamiento, contestando la demanda y dejando sin efecto la irregular contestación efectuada por la defensora Ad-Lítem...”.

 

            Que, “...dicha írrita contestación, quedó en definitiva como mi único argumento defensivo, toda vez que en fecha 29 de junio del año 2004, el tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Lara, decidió que tal contestación era la única válida...” y, en base a tal defensa, los juzgados supuestos agraviantes declararon con lugar la referida demanda.

 

            Solicitó, como medida cautelar, se suspenda la ejecución de los referidos fallos hasta tanto esta Sala dicte su pronunciamiento.

 

            Solicitó, la nulidad de las sentencias del 1 de noviembre de 2004 y 15 de junio de 2005, dictadas por los Juzgados Tercero del Municipio Iribarren del Estado Lara y Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, las cuales se encuentran en estado de ejecución.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

            La sentencia objeto de apelación dictada el 7 de diciembre de 2005, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró improcedente la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

 

“En el presente caso, estamos en presencia de una relación procesal, según la cual, ante la imposibilidad de cumplir con la citación personal de la parte demandada se procedió al nombramiento del defensor ad-litem. Realizado el mismo, como consta al (folio 88) de las actuaciones, nombramiento recaído en la abogada YOSELYN SANDREA, esta previa notificación, aceptó el cargo y juró cumplir fielmente con sus deberes, contestando la demanda en fecha 02/12/2003, en tiempo útil, luego aparece otra contestación de demanda realizada extemporáneamente por parte del demandado. Así las cosas, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia del 28/10/2004, exp. 01-1973) que la persona que se designa como defensor ad-litem juega el rol de representante del ausente, tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, ya que su mandato proviene de la Ley, y con la excepción, prevista en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, y una vez que el defensor cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, la notificación, aceptación y juramentación de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Juramento, se hace efectiva la garantía de la defensa del demandado, independientemente a que el mencionado defensor ad-litem, no haya ejercido una buena defensa en el juicio, lo que hace censurable su conducta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano de que él abogado servirá a sus asistidos o patrocinados con eficacia y diligencia para hacer valer sus derechos, pero en modo alguno puede indicarse que el recurrente no tuvo la oportunidad de ejercer todos sus alegatos y defensas, puesto que siempre estuvo representado en el proceso por la defensora ad-litem (...), razón por la cual la presente acción Constitucional de amparo debe ser declarada improcedente, así se decide”.

 

IV

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

 

            Señaló el apoderado judicial del accionante como fundamento de la apelación ejercida, lo siguiente:

 

            Que señalaron y describieron al juez constitucional todas las irregularidades cometidas en la tramitación del referido proceso “...especialmente la conducta cumplida por parte de la defensora ad-litem, la cual en abierta violación a los principios que rigen la conducta de tales defensores en el proceso, omitió flagrantemente el comportamiento procesal que de manera preceptiva ha establecido la Jurisprudencia de esta Sala Constitucional...”.

 

            Que, “...pese a que constaba fehacientemente en autos la dirección exacta de mi representado, la referida defensora ad-litem, no se preocupó en absoluto por ubicar a mi representado, limitándose solamente a enviar a este un telegrama totalmente extemporáneo, en el cual le informaba que había sido designada como su defensora ad-litem en el juicio de marras, exactamente el mismo día en que contestó la demanda en representación de mi poderdante, pretermitiendo la necesaria y obligatoria comunicación con mi patrocinado a los fines de que este la suministrase y le trasmitiese, los datos necesarios y las pruebas pertinentes para ejercer cabalmente y con absoluto conocimiento de causa la defensa de mi poderdante....

 

            Señaló, que no obstante haber expuesto con claridad los supuestos de hecho y de derecho de la acción de amparo intentada, y de las violaciones constitucionales que la sentencia impugnada comportaba, el tribunal de la primera instancia constitucional “...erró en la comprensión del problema jurídico planteado a su conocimiento y decisión, incurriendo en una palmaria incongruencia, en relación a lo señalado y peticionado en querella de Amparo, al entender el Juez Aquo que se interponía el Amparo de autos, motivado ´a una defensa deficiente´ de la defensora...”.

 

            Que, el juez de la causa “...no se preocupó para nada de apreciar y constatar la conducta desplegada en el proceso impugnado por la tantas veces mencionada defensora ad-litem y, contrastar esa conducta con la Doctrina de esta Sala en relación a los defensores ad-lítem...” y, al no observar tal conducta, dicho funcionario incurrió en un error judicial, que “...determina a su vez una nueva injuria constitucional...”.

 

V

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación ejercida, y a tal efecto, conforme a lo señalado en las decisiones del 20 de enero de 2000, (casos: Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán), le corresponde conocer de la apelación de todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo contencioso administrativo), de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

 

En el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerció el recurso de apelación fue decidida en primera instancia por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por lo que corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de dicho recurso, de conformidad con las sentencias señaladas supra y con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

 

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

            Observa la Sala que la presente acción de amparo fue interpuesta contra las sentencias dictadas el 1 de noviembre de 2004 y 15 de junio de 2005, por los Juzgados Tercero del Municipio Iribarren del Estado Lara y Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva) intentado por la Junta de Condominio de Residencias Parque Barquisimeto contra el accionante “...mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda ...”.

 

            Se desprende de autos, que los hechos denunciados como presuntamente violatorios de los derechos constitucionales, esto es el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 Constitucional, están constituidos por una serie de actuaciones judiciales, que culminaron con una sentencia que es en definitiva contra la cual se recurre, esto es, la dictada el 15 de junio de 2005, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, confirmatoria de la decisión dictada por el juzgado de la causa.

            Señala el accionante que la defensora ad litem designada, fue juramentada el 28 de octubre de 2003 y citada el 24 de noviembre de ese mismo año, la cual, “...al contestar la demanda el segundo día del (sic) despacho siguiente a su citación y consignación de la boleta respectiva en autos procedió a dar respuesta a la misma, en una forma, que por decir lo menos, evidencia que dicha abogada no se tomó la molestia de revisar el expediente toda vez que afirmó en la señalada contestación que mi persona no era el propietario del mueble deudor de lo demandado en ese juicio, propiedad que se encontraba suficientemente acreditada en autos, sin molestarse por averiguar lo más mínimo en relación a los pormenores del caso, los cuales le hubieren permitido ejercer una eficaz defensa de mi persona...”.

 

            Afirma el accionante, que la defensora ad litem le envió un telegrama manifestándole de su nombramiento pero “...habiendo ya contestado la demanda, impidiéndome con esta actitud irregular suministrarle los datos relativos a mi defensa, que hubieran podido enervar los argumentos de la demanda...”, y que con posterioridad a dicha situación se presentó con su abogada “...dentro del lapso de emplazamiento, contestando la demanda y dejando sin efecto la irregular contestación efectuada por la defensora Ad-Lítem...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Tal como lo señala el accionante, la función del defensor ad litem es el de defender a aquel que no pudo ser citado personalmente, quien queda emplazado a través de dicha defensa, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido, lo que constituye uno de los propósitos de dicha institución jurídica.

 

En el caso de autos, el accionante se permitió señalar parte de la doctrina de esta Sala Constitucional, en concreto, la sentencia n° 33 del 26 de enero de 2004, cuyo criterio ha sido ratificado por esta misma Sala en sentencias recientes como las del 20 y 28 de octubre de 2005 (casos: M.P. Torres y C.A. Vencemos), pues, efectivamente, es deber del defensor ad litem acudir en defensa de aquel que no se encuentra presente y, por ende, en un estado de indefensión.

 

Asimismo, la Sala ha dicho que tal ineficiencia “...deviene en una vulneración al orden público constitucional por cuanto el defensor ad litem no ha sido previsto por la ley para que desmejore el derecho a la defensa de aquel que debe proteger, sino por el contrario, para que defienda a quien no pudo ser emplazado en el juicio, y en el caso de autos ha debido el órgano jurisdiccional vigilar en todo momento la evidente deficiencia en la actuación de dicho defensor, con lo cual infringió la norma constitucional consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (vid. sentencia n° 531 del 14 de abril de 2005, caso: Jesús Rafael Gil).

 

Ahora bien, no obstante el criterio sostenido por esta Sala Constitucional y sin que ello se considere contrariando el criterio sostenido, en el presente caso observa la Sala que inmediatamente de haber dado contestación a la demanda la defensora ad litem manifestó al accionante, parte demandada en el juicio originario, de su nombramiento a través de correo (Ipostel), y así lo señaló al juzgado de la causa, lo cual consta al folio 99, del cual se desprende que dicho correo fue entregado el 2 de diciembre de 2003, fecha ésta en que se dio contestación a la demanda.

 

De manera, que siendo citada la defensora ad litem el 24 de noviembre de 2003, la misma dio contestación a la acción judicial el 2 de diciembre de 2003, cuando aun no había transcurrido el lapso de veinte (20) días otorgados por el legislador para dar contestación a la demanda. Constata la Sala, que es el 29 de enero de 2004, cuando el demandado asistido de abogada solicitó al juzgado de la causa dejara sin efecto el escrito de contestación presentado por la defensora ad litem, exponiendo además “...en este mismo acto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo (...) me impongo personalmente y estoy a derecho en el presente procedimiento, y estando en tiempo útil para ello, CONSIGNO en tres (3) folios útiles, escrito de promoción de cuestiones previas para insertar a la demanda...”. (resaltado de la Sala)

 

Visto así, el demandado optó porque se desechara la contestación que oportunamente había dado en su nombre la defensora ad litem, lo cual se acordó por auto del 9 de febrero de 2004. No obstante, por auto de igual fecha el mencionado órgano jurisdiccional declaró extemporáneo el escrito de oposición de cuestiones previas promovido por el demandado, decisión de la cual apeló correspondiendo el conociendo de dicho recurso al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, recurso que declaró con lugar, el 29 de junio de 2004, señalando en dicha decisión que la contestación efectuada por la defensora ad litem debía ser considerada como tal “...en la forma y oportunidad en que ha quedado expuesta...”, fundamentando su decisión en lo siguiente:

 

“En el presente caso, se presenta la particular circunstancia que el propio demandado solicita se deje sin efecto el escrito de contestación de la demanda que presentó la Defensor Ad-Lítem para que se diera curso al presentado por él, sin advertir que ya el lapso había precluido para contestar la demanda, en atención a lo cual, estima este Juzgado a pesar que así lo hubiere solicitado la parte, debió establecerse que precluído como se encontraba el lapso ordinario del emplazamiento, la actuación del Defensor Judicial fue válida, y en todo caso quedaba relevado de sus funciones desde el 29/01/04 fecha en la que se presentó el demandado, y dado que dentro del lapso del emplazamiento sólo fue presentado el escrito de contestación de la demanda, por la Defensora Judicial, en aras de preservar la garantía del derecho a la defensa, debe dársele la tramitación correspondiente. Lo solicitado por el demandado fue un contrasentido, y el auto dictado acordándolo inadvirtió la validez de la contestación oportuna, única por demás, que presentó la Defensor Ad-Lítem, por lo cual es procedente la apelación ejercida en este sentido. Así se declara”.

 

Tal como observara el juzgador de alzada, con la cual esta Sala está en perfecto acuerdo, el demandado (accionante en amparo), sin advertir que ya el lapso había precluido para contestar la demanda, solicitó se dejara sin efecto el escrito de contestación de la demanda presentado por la defensora ad-Lítem, y se diera así curso al escrito presentado por él, el 29 de enero de 2004, a partir de la cual la defensora quedaba relevada de sus funciones, como en efecto así fue, pues de autos se evidencia que, posterior a dicha fecha, el 25 de febrero de 2004 la parte demandada consignó escrito contentivo de pruebas, asumiendo su defensa.

 

            Ahora bien, debe la Sala señalar que los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra sentencias judiciales se encuentran previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, la jurisprudencia reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado que para ello es necesario que: a) el juez de quien emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional y, c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado.

 

Así, en diversas oportunidades la Sala ha establecido que en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos que ejercen el poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales, específicamente en sentencia del 27 de julio de 2000 (caso: Segucorp) y 4 de abril de 2001 (caso: Cilo Antonio Anuel Morales). También ha señalado la Sala que “...en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución”.

 

Asimismo, ha precisado la Sala en decisión del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca), ratificada el 2 de marzo de 2001 (caso: Genadio Alfonso Moreno), que en materia de amparo constitucional las sentencias que dicten en última instancia los tribunales distintos a la Sala Constitucional “...sólo podrán ser objeto de amparo si ellas contienen infracciones a derechos y garantías constitucionales de las partes, que versen sobre un agravio no juzgado en dichas causas (...)”.

 

En tal virtud, la Sala ha advertido que el amparo contra sentencias no es un medio idóneo para plantear nuevamente ante un Tribunal el asunto que ya fue resuelto por otro mediante sentencia firme, ya que no actúa el juez de amparo como una segunda o tercera instancia sino como un tribunal de la constitucionalidad del fallo judicial, y que, como corolario, en caso de que lo que se cuestione al fallo no sean las vulneraciones constitucionales de suma gravedad, como la usurpación de funciones o el abuso de poder, lo cual no se configura en el caso sub lite, y así lo expresó el a quo, sino la apreciación o criterio del juzgador sobre los hechos controvertidos o el derecho aplicable, por lo que la acción deberá ser desestimada por el Juez.

 

Insiste la Sala, en que la acción de amparo procede cuando se produce de alguna forma un menoscabo del goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, lo cual puede provenir del desconocimiento, de la errónea aplicación, o de la falsa interpretación de la ley, que atenta contra un derecho o garantía constitucional. Sin embargo, la incorrecta aplicación de una norma o los errores en su interpretación no constituyen per se una infracción constitucional, al igual que las respectivas valoraciones de las pruebas que realice el juez de la causa, ya que es del ámbito del juzgamiento de los jueces corregir los errores que puedan producir nulidades.

 

Es indudable, que en el presente caso el accionante trata de acceder a una nueva instancia judicial, y no de la reafirmación de los valores constitucionales que en ninguna forma le han sido violentados como así lo denuncia, pues relevada como fue la defensora ad litem de la causa, corría por cuenta del demandado, como en efecto así fue, su defensa. Así, en cuanto a lo señalado por la defensora en el escrito de contestación, relativo a que el demandado “...no era el propietario del mueble deudor de lo demandado en ese juicio, propiedad que se encontraba suficientemente acreditada en autos...”, según se desprende de la parte motiva de la sentencia supuesta agraviante, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida Circunscripción Judicial, señaló que “...el demandado no atacó el documento de propiedad que evidencia el vínculo obligacional ...”, destacó además, “...que el mismo reconoció la existencia de la deuda que se le reclama judicialmente...”.

 

Observa la Sala que, el Juzgado supuesto agraviante actuó ajustado a derecho, lo que se evidencia es una disconformidad del quejoso con la decisión impugnada, que le fuera adversa.

 

De conformidad con lo expuesto y visto que con la decisión del Juzgado presunto agraviante no se están violando alguno de los derechos denunciados por el accionante, resulta forzoso para esta Sala Constitucional confirmar en los términos aquí expuestos, la decisión objeto de apelación dictada el 7 de diciembre de 2005, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró improcedente la tutela constitucional invocada, y así se declara.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JOSÉ ALBERTO PINTO OROZCO, asistido por el abogado en ejercicio Rafael González Rivas, ya identificados, contra la decisión dictada el 7 de diciembre de 2005, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, confirma el fallo apelado, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional ejercida por el mencionado ciudadano contra la sentencia del 15 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial mencionada.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de MARZO dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                           

 

 

                                                                       LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

                                                                  MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. N° 06-0037