SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

El  19 de diciembre de 2002, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el abogado Juan Nepomuceno Garrido Mendoza, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 3.686, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA (IMCAS), erigido mediante Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento de dicho Instituto, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Chacao N° 699, del 23 de mayo de 1995, modificada posteriormente mediante Ordenanza de reforma parcial, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1.738, del 25 de septiembre de 1997, a fin de solicitar aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el 18 de diciembre de 2002, en la que se declaró inadmisible, conforme lo señalado en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo que interpuso el referido Instituto, contra la decisión dictada el 23 de abril de 2001, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

La referida aclaratoria fue solicitada en los siguientes términos:

“Solicito muy respetuosamente a esta Sala la ACLARATORIA de la fecha de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, la cual aparece en dicha sentencia como dictada el 23 de abril de 2001, no obstante que fue dictada en el mismo mes de abril de 2002 como lo comprobaremos oportunamente y como se evidencia de todas (sic) la secuencia de actuaciones que constan en el expediente de Primera y de Segunda Instancia ya que el supuesto de hecho que aparece en la sentencia sobre la fecha es totalmente falso y así lo comprobaremos; por lo cual estábamos dentro del lapso legal para ejercer la presente acción de amparo” (subrayado propio).

 

DE LA SENTENCIA CUYA ACLARATORIA SE SOLICITA

 

La sentencia cuya aclaratoria se solicita fue dictada con ocasión de la acción de amparo interpuesta por el abogado Juan Nepomuceno Garrido Mendoza, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Municipal de Cooperación y atención a la Salud del Municipio Chacao del Estado Miranda (IMCAS). En dicha sentencia, se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, conforme lo señalado en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al observar la Sala que la decisión que se impugnó, dictada por el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue publicada el 23 de abril de 2001, por lo que con base a ese hecho y al observarse que la demanda de amparo fue interpuesta el 12 de septiembre de 2002, se precisó que había transcurrido holgadamente el lapso de caducidad de seis meses.  

Asimismo, se indicó en la decisión que no se encontraba involucrado alguna alteración del orden público o las buenas costumbres, para que fuese inoperable la consecuencia jurídica de la caducidad prevista en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

a) De la admisibilidad de la  solicitud.

La materia con relación a la cual debe resolver la Sala Constitucional en esta oportunidad, versa sobre la solicitud de aclaratoria del fallo antes mencionado, dictado por esta Sala el 18 de diciembre de 2002. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, en el tenor siguiente:

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.   

 

Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en la sentencia del 20 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.), donde se señaló: “...que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar...”.

Sin embargo, es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y que no amerite, por tanto, que la misma sea notificada, dado que en el caso en que dicho pronunciamiento sea publicado fuera de ese lapso, los tres días señalados en el citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, deben contarse una vez que es efectuada la respectiva notificación.

En ese sentido, esta Sala estableció en la sentencia del 9 de marzo de 2001 (caso: Simón Araque), lo siguiente:

“Sin embargo es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido y que no amerite por tanto que la misma sea notificada.  De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, los términos indicados en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado.”

 

Así las cosas, se observa en el caso sub examine que el apoderado judicial del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud del Municipio Chacao del Estado Miranda (IMCAS), solicitó, el 19 de diciembre de 2002, la aclaratoria de la decisión dictada por esta Sala el 18 de diciembre de 2002, por lo que se precisa que dicha petición fue interpuesta tempestivamente, por haberse efectuado dentro del lapso legal correspondiente. Así se declara.

 

b) Del objeto de la solicitud de aclaratoria.

El instituto de la aclaratoria del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquél contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que debe acotarse que la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a fin de su correcta comprensión y ejecución,  o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia.

Así pues, se observa que el apoderado judicial del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud del Municipio Chacao del Estado Miranda (IMCAS) alegó que la fecha de la publicación de la sentencia que impugnó mediante la interposición del amparo, no correspondía  al 23 de abril de 2001, sino al 23 de abril de 2002, aduciendo, en tal virtud, que existía un falso supuesto de hecho en la decisión dictada por esta Sala respecto a la oportunidad en que fue publicada la decisión. Asimismo, el abogado solicitante acompañó copias certificadas de varios recaudos, para demostrar su fundamento de la solicitud de aclaratoria.

Ahora bien, esta Sala hace notar que en la oportunidad en que el abogado de Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud del Municipio Chacao del Estado Miranda (IMCAS) interpuso la acción de amparo, consignó, entre otros recaudos, copia certificada de la decisión dictada por el  Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de donde se evidencia que dicho pronunciamiento fue publicado el 23 de abril de 2001.

Igualmente, esta Sala destaca que el abogado solicitante no precisó en la demanda de amparo, la oportunidad en que fue dictada la sentencia que impugna, es decir, la proferida por el referido Tribunal Superior Tercero del Trabajo, ni tampoco se evidenciaba de los hechos narrados por la parte actora, que antecedieron a la sentencia impugnada, la oportunidad en que fue dictada ese pronunciamiento objetado.

Es por ello, que esta Sala al pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo, observó que la data cierta del pronunciamiento objetado era el 23 de abril de 2001, lo que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad de la acción, conforme lo señalado en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber transcurrido el lapso de caducidad de seis meses.

En ese sentido, se destaca que esta Sala se pronunció en relación a los hechos establecidos en el libelo del amparo y de los recaudos acompañados, por lo que al no precisarse en esa oportunidad, ni antes de que se produjera el pronunciamiento de este Máximo Tribunal, que existía un error en la publicación de la sentencia que se objetaba, determinó que la Sala tomara como cierto que la sentencia del Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue publicada el 23 de abril de 2001.

Por tanto, con base en ese hecho cierto, no desvirtuado por el accionante en su debida oportunidad, la Sala declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, por lo que solicitar una aclaratoria de la decisión con fundamento en un error que no es atribuible a esta Sala, es  pretender conseguir un nuevo pronunciamiento respecto a la admisibilidad del amparo, lo cual desborda la finalidad de la figura de la aclaratoria de la sentencia que fue dictada por este Máximo Tribunal.

En efecto, se evidencia de la solicitud de la aclaratoria la pretensión de un reexamen de lo controvertido, lo cual no se corresponde con lo señalado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que sólo permite aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la sentencia, y no para revocar o reformar la decisión.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala debe declarar resuelta la solicitud de aclaratoria interpuesta por el apoderado judicial del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud  del Municipio Chacao del Estado Miranda (IMCAS), de la sentencia dictada por esta Sala el 12 de diciembre de 2002, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional  conforme lo señalado en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide. 

 

DECISIÓN

Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, declara RESUELTA la solicitud de aclaratoria interpuesta por el apoderado judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD  DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA (IMCAS), de la sentencia dictada por esta Sala el 18 de diciembre de 2002, que declaró inadmisible la acción de amparo que interpuso dicho Instituto, conforme lo señalado en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia antes mencionada.

Publíquese, regístrese y comuníquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas a los 05 días del mes de mayo    del año 2003. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                                                El Vicepresidente,           

                                      

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                       Ponente

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO 

 

Exp. N°: 02-2210

AGG/jarm