SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

            Mediante Oficio Nº 157-02 del 25 de junio de 2002, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, remitió a esta Sala Constitucional, el conocimiento de la causa contentiva de la decisión que emitió el 28 de septiembre de 2001, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Ramón Andrés Barradas Rivero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 10.972, actuando como defensor de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO MARÍN CARREÑO y MANUEL ALEJANDRO DÍAZ ARAUJO, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.034.167 y 13.633.550, respectivamente, contra el retardo procesal del Juzgado Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal y su privación de libertad.

La causa fue remitida a fin de que esta Sala se pronuncie en torno a la apelación que ejerció la parte accionante, contra la mencionada decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo


35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 8 de julio de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES

El 1 de marzo de 2001, fueron detenidos los ciudadanos José Gregorio Marín Carreño y Manuel Alejandro Díaz Araujo, por la presunta comisión del delito de robo de vehículo y uso indebido de arma de fuego.

El 4 de marzo de 2001, el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, decretó que el procedimiento a seguir sería el ordinario y ordenó la privación judicial preventiva de libertad contra los imputados.  El 7 de marzo del mismo año ratificó dicha medida cautelar.

El 23 de marzo de 2001, la Fiscalía Novena del Ministerio Público presentó formal acusación contra los ciudadanos José Gregorio Marín Carreño y Manuel Alejandro Díaz Araujo.

El 27 de marzo de 2001, el referido Juzgado de Control, acordó fijar la audiencia preliminar para el 20 de abril del mismo año.

El 6 de abril de 2001, la defensa impugnó todo el escrito de acusación fiscal.

El 20 de abril de 2001, se llevó a cabo la audiencia preliminar.

El 15 de mayo de 2001, el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, admitió en su totalidad la acusación fiscal y dictó auto de apertura a juicio oral y público, por lo que ordenó remitir el expediente a un tribunal de primera instancia en funciones de juicio.

El 3 de julio de 2001, el Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fijó el día 12 del mismo mes y año para celebrar el sorteo de escabinos.

El 4 de julio de 2001, los imputados cambiaron a su defensor por su actual representante, quien fue juramentado el 9 de julio de 2001.

El 12 de julio de 2001, la defensa de los imputados ejerció acción de amparo constitucional contra el retardo procesal incurrido por el Juzgado antes mencionado y como consecuencia de ello solicitó su libertad.

El 17 de julio de 2001, el Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, se declaró incompetente para conocer de la anterior acción por ser de la misma jerarquía que el presunto agraviante, por lo que declinó la competencia en una Corte de Apelaciones.

El 13 de agosto de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, solicitó a los accionantes copia certificada de la decisión impugnada de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.  Dichos recaudos fueron consignados el 15 de agosto de 2001.

El 28 de septiembre de 2001, la mencionada Corte de Apelaciones declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional.

El 19 de octubre de 2001, la parte accionante ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión, por lo que la presente causa fue remitida a esta Sala Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

II

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:

Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, caso Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer mediante apelación o consulta, de todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación de una sentencia emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional incoada contra las actuaciones de un Juzgado inferior, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

            La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declaró improcedente la acción de amparo por considerar que no existía el retardo procesal denunciado por los accionantes, puesto que a diferencia de lo que éstos mencionaban la calificación de flagrancia había sido declarada sin lugar por el Juzgado Cuarto de Control, por lo que era procedente seguir el procedimiento ordinario y no el breve.

Así las cosas, nombró todos los actos procesales tramitados y sus respectivas fechas y señaló que la causa se encontraba en espera del nombramiento de los escabinos, sin los cuales no podía llevarse a cabo el juicio oral y público.

Finalmente, concluyó que al no verificarse retardo alguno en la tramitación de la causa, tampoco resultaba ilegítima la privación de libertad de los accionantes.

 

IV

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte accionante señaló que el Juzgado de Control  había fijado para el 4 de marzo de 2001 la “audiencia de flagrancia” por lo que mal podía considerarse que ésta no estaba calificada. 

Asimismo, manifestó que los folios indicados por la Corte de Apelaciones no guardaban relación con lo que supuestamente debían fundamentar, por lo que consideró que ésta no se había leído detenidamente el contenido de los referidos folios.  Por otra parte, denunció que el expediente estaba mal foliado.

Finalmente, la parte accionante señaló que “tampoco entendemos que quiso decir la Corte de Apelaciones, en la Dispositiva, en lo referente a la frase latina ‘in limine litis’”.

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Una vez explanados los motivos destacados por la parte accionante como fundamentos de su apelación contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, respecto de la acción de amparo constitucional incoada contra el Juzgado Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal, resulta de extrema necesidad que la Sala proceda a instruir al representante de los accionantes respecto de diversos puntos de derecho que debería conocer en su condición de abogado, pero cuya ignorancia demuestra a lo largo de su escrito de apelación.

En relación a su argumento de que se había fijado la audiencia de flagrancia y por ello se debían seguir los trámites del procedimiento abreviado, debe la Sala aclararle que la sola fijación de una fecha para la celebración de dicho acto procesal no prejuzga sobre sus resultados.  El solo nombre con que fue señalada esta audiencia, no acarrea que el Juzgado de Control haya determinado la flagrancia; antes por el contrario, lo que refleja es la intención de escuchar a las partes para crearse un criterio sobre la forma en que se desarrolló el delito y la aprehensión y entonces poder proceder a calificar o no dicha flagrancia.

Es evidente que como consecuencia de lo anterior, es preciso esperar la celebración de dicho acto procesal y la decisión que sobre él realice el juez de control para tener conocimiento de si se ha calificado o no de flagrante el delito imputado.  Ahora bien, de las actas que conforman el presente expediente, se observa claramente que en la audiencia celebrada el 4 de marzo de 2001, el Juzgado decretó que se seguiría el procedimiento ordinario, por lo que ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público a fin de que realizara las averiguaciones que considerare pertinentes para acusar, archivar o sobreseer la causa.

Así las cosas, siendo que el proceso adecuado para la tramitación de la causa es el ordinario y no el abreviado, y vistos los antecedentes del caso narrados en el primer capítulo del presente fallo, la Sala no observa el retardo procesal injustificado planteado por la parte accionante y así se declara.

Respecto de la denuncia del error de foliatura que presenta el expediente contentivo de la acción de amparo, la Sala considera que ello no constituye un motivo de apelación de la sentencia aquí recurrida, puesto que aún cuando forma parte de la actuación del tribunal en la causa, no emana directamente de la decisión impugnada y resulta a todas luces irrelevante.

En este mismo orden de ideas, aduce la parte apelante que la Corte de Apelaciones al fundamentar su decisión citaba documentos que no correspondían a los folios por ella indicados.  En este sentido, debe reiterar la Sala que considera totalmente impertinente este alegato, puesto que ello constituye un error material que en nada vicia la sentencia recurrida, puesto que al hacer referencia a dichos documentos, la Corte de Apelaciones citaba el acto procesal, el tribunal del cual emanó y la fecha de su publicación, lo cual permite a cualquier lector medianamente diligente verificar la existencia de dichos fundamentos.  Siendo esto así, resulta manifiestamente fuera de lugar cualquier otra consideración realizada por la parte apelante al respecto.

Finalmente, asombra a la Sala la ignorancia demostrada por el abogado representante de la parte accionante, al sostener que desconoce que quiso decir la sentencia objeto de la presente apelación al utilizar la frase latina “in limine litis”.   No obstante, en aras de la correcta administración de justicia y en beneficio de los justiciables, la Sala pasa a instruir nuevamente a este abogado y explicarle el significado y uso de dicha expresión.

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, In limine litis es una expresión traducible por “en los preliminares del juicio”. 

En materia de amparo, esta Sala mediante decisión del 7 de marzo de 2002, Caso Aura Helena Herrera, admitió la posibilidad de: “...evaluar la procedencia de la pretensión, in limine litis; esto es, atendiendo los principios de economía y celeridad procesal, verificar las posibilidades de éxito de la pretensión y negar el examen de aquélla cuando se evidencie que no puede prosperar en la definitiva”.

Este criterio ha sido aplicado en cantidad de casos y se ha reiterado que, cuando “...no se ha constatado la violación alegada por el accionante, esta Sala juzga que resulta innecesario abrir el contradictorio cuando in limine litis se ha verificado que la acción es manifiestamente improcedente...”. (Decisión del 05 de junio de 2002, Caso Joffre Armando Nuñez Cova).

Todo lo anterior significa que la declaratoria de improcedencia in limine litis es una resolución que adopta un tribunal cuando de un estudio inicial del expediente constata que la acción propuesta resultará evidentemente sin lugar, pudiendo así prescindir de realizar todos los trámites procesales para conocer el fondo de la misma, en aras de la celeridad procesal y de la mejor administración de la justicia al ocupar a los órganos juzgadores en asuntos que sí ameriten un profundo estudio.

En este orden de ideas, la expresión in limine litis utilizada por la Corte de Apelaciones en el presente caso, pretendió señalar a las partes que, encontrándose en la fase inicial del proceso, sin conocer del fondo del asunto, era previsible que la acción de amparo era manifiestamente improcedente, por lo cual resultaba innecesario agotar todo el procedimiento, y como consecuencia, dio fin a la causa. 

DECISION

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO MARÍN CARREÑO y MANUEL ALEJANDRO DÍAZ ARAUJO, contra la decisión dictada el 28 de septiembre de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.  En consecuencia, se CONFIRMA dicho fallo en los términos expuestos en la presente sentencia y se declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta contra las actuaciones del Juzgado Cuarto de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  27 días del mes de  mayo de dos mil tres.  Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

El Vicepresidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Antonio José García García

            Magistrado

 

José Manuel Delgado Ocando

Magistrado

 

Carmen Zuleta de Merchán

             Magistrada

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.: 02-1632

IRU.-