SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

 

En fecha 25 de febrero de 2000, fue recibido en esta Sala Constitucional, anexo a oficio número 00-247, proveniente de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, copias de las actuaciones contenidas en el expediente número 17.802 de la nomenclatura de dicho tribunal, a los fines de la consulta de ley de la sentencia dictada por la referida Corte el 04 de agosto de 1999, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Leonidas Quintero Morón y Elevan Quintero Liscano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 13.772 y 49.746, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano GAETANO DEL ROSSO FALLACARA, representante de la firma unipersonal BARBERIA LA ROSA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes.             

 

En igual fecha, se dio cuenta en esta Sala Constitucional y se designó Ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

 

I

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

 

El 28 de marzo de 1996, los abogados Leonidas Quintero Morón y Elevan Quintero Liscano, actuando como apoderados judiciales de la parte actora, interpusieron acción de amparo constitucional ante la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, sobre la base de los siguientes argumentos:

 

1.- En fecha 28 de septiembre de 1993, el ciudadano Roberto Casanova Lauria, titular de la Cédula de Identidad número E-400.475, solicitó por ante la Alcaldía del Municipio Barinas, Unidad de Inquilinato del Estado Barinas, el desalojo del local número 7-38, ciudad de Barinas, donde funcionaba el establecimiento mercantil propiedad de su representado, denominado BARBERIA LA ROSA.

 

2.- Mediante Resolución número 009/93, de fecha 08 de noviembre de 1993, emanada de dicha Alcaldía, declaró con lugar la solicitud de desalojo, por lo que en fecha 15 de abril de 1994, fue interpuesto recurso de nulidad en contra de dicha resolución por ante el Juzgado del Distrito Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

 

3.- En fecha 07 de junio de 1994, fue admitido el recurso de nulidad interpuesto, pero debido a supuestos inconvenientes en cuanto a la citación por cartel, en fecha 30 de noviembre de 1994, el referido Juzgado dictó sentencia interlocutoria declarando la nulidad de todo lo actuado en el referido juicio, por lo cual fue interpuesto recurso de apelación, para ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes.

 

4.- El Juzgado Superior, en el primer punto de su decisión, declaró con lugar la apelación, revocando y anulando la sentencia interlocutoria de fecha 30 de noviembre de 1994. Pero “...la sentencia de este Tribunal Superior tenía que remitir el expediente ante el Juzgado del Distrito Barinas, para que éste dictará la sentencia  definitiva en la presente causa y de esta manera, las partes si por cualquier circunstancia no estaban de acuerdo con la referida sentencia podían perfectamente ejercer el recurso de apelación pertinente y todo estaría ajustado a derecho.”

 

5.- Alega la parte actora que el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, usurpó las funciones del Juzgado del Distrito de Barinas ya que procedió a sentenciar respecto de la decisión interlocutoria y además sobre el fondo del asunto, dejando en estado de indefensión a su mandante; que debido a la usurpación, dicha sentencia es definitiva y no puede ser apelada, lo que significa la violación de varios derechos o garantías constitucionales, como son los previstos en los artículos 68, 49 y 46  de la Constitución de 1961; fundamenta además su acción en los artículos 15, 244, 288 y 209 del Código de Procedimiento Civil. 

 

II

       DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

Plantea la decisión proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada en fecha 21 de diciembre de 1995, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, que declaró con lugar la apelación ejercida por el representante de la firma unipersonal BARBERIA LA ROSA, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado del Distrito Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

 

Estima el a quo en amparo que ciertamente se violentó el derecho a la defensa del accionante previsto en el artículo 68 de la Constitución de 1961, argumentando al efecto lo siguiente:

 

”Al respecto, esta Corte observa que la alegada indefensión se fundamenta en la consideración de que la sentencia dictada por el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION DE LOS ANDES, no se limitó a pronunciarse sobre la sentencia interlocutoria sometida a su consideración, emanada del Juzgado de Distrito del Estado Barinas, sino que, además, resolvió  el fondo de la cuestión debatida, declarando sin lugar el recurso contencioso-administrativo de anulación interpuesto, lo cual -a decir del accionante- le cercenó su derecho a ejercer el recurso de apelación correspondiente.

 

Ahora bien, en el presente caso, el ciudadano GAETANO DEL ROSSO FALLACARA, en su condición de representante de la sociedad mercantil BARBERIA LA ROSA, interpuso por ante el Juzgado de Distrito del Estado Barinas recurso contencioso administrativo de anulación contra la Resolución nº  009/93 de fecha 8 de noviembre de 1993, mediante la cual se ordenó el desalojo del local comercial donde funciona la referida sociedad mercantil. En el transcurso del proceso, el mencionado Juzgado de Distrito dictó una sentencia interlocutoria, a través de la cual declaró la nulidad de lo actuado y, en consecuencia, ordenó la reposición de la causa al estado de librar un nuevo cartel de emplazamiento. Dicha decisión fue objeto de apelación, razón por la cual fueron remitidos los autos al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION DE LOS ANDES, el cual declaró con lugar la apelación interpuesta y procedió a decidir el fondo del asunto planteado, declarando sin lugar el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto.

 

De lo anterior se evidencia que, efectivamente, la actuación del Juzgado accionado cercenó el derecho a la defensa del quejoso, al hacer un pronunciamiento de fondo en evidente extralimitación de funciones, puesto que ha debido sólo pronunciarse acerca de la sentencia interlocutoria sometida a su consideración, por virtud de la apelación, y no dictar una decisión definitiva en el presente recurso, actuando como Juzgado de primera instancia, mas no como Alzada que era lo que le correspondería, dado que el recurso no había sido tramitado completamente por el Tribunal de instancia, lo cual se traduce en una evidente violación del derecho a la defensa, previsto en el artículo 68 de la Constitución de la República.

 

Siendo ello así, debe esta Corte dejar sin efecto el fallo objeto de la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, se ordena al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION DE LOS ANDES  pronunciarse sólo acerca de la sentencia interlocutoria sometida a su consideración, conforme a derecho. Así se decide.”                                                                                                                                                                                       

 

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala Constitucional decidir acerca de la consulta, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, del 21 de diciembre de 1995, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

Con carácter previo, debe esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer y decidir la apelación que cursa en autos y a tales fines observa:

 

Establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

 

“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

 

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” 

 

 

En el caso de autos, dado el objeto de la acción de amparo incoada -cual es una decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, que conoció en alzada de un recurso de nulidad- debía tomarse en consideración la hipótesis que contempla el artículo 4 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que resultaba en efecto competente para conocer de la acción de amparo constitucional la Corte Primera  de lo Contencioso Administrativo y así se declara.

           

Decidida como fue la acción de amparo interpuesta, no habiendo sido apelado el fallo que la declaró con lugar, corresponde la revisión de dicha sentencia en virtud de la consulta obligatoria, a la instancia superior respectiva. Por tanto, como viene señalando esta Sala, ciertamente compete dicha revisión a este Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido se pronunció esta Sala Constitucional en decisiones de fecha 20 de enero de 2000, al señalar que le corresponde conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia. (Vid. caso Emery Mata Millán vs. los ciudadanos Ministro y Vice-Ministro del Interior y Justicia;  y caso Domingo Gustavo Ramírez Monja vs. los Ministerios de Justicia, Relaciones Interiores, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Presidencia, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público).

 

Por tanto, dilucidado el aspecto de competencia procesal a favor de esta Sala, entra al conocimiento en consulta del presente caso, y a tal efecto observa que sólo han sido remitidos como elementos para la revisión en cuestión, la solicitud presentada por la parte actora y la sentencia proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 4 de agosto de 1999. No consta en autos copia del fallo accionado por la vía del amparo constitucional, ni las resultas del procedimiento que debió tener lugar luego de admitida la presente acción. Ante la necesidad de examinar tales elementos a los fines de emitir el correspondiente pronunciamiento, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ordena a su Secretaría oficiar a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que se sirva remitir dentro de los cinco (5) días continuos contados a partir de la notificación que de la presente decisión se haga a dicho órgano jurisdiccional, el expediente nº 96/17.802, contentivo de las actuaciones relacionadas con la acción de amparo cuya decisión de fecha 4 de agosto de 1999 fue enviada a los fines de la consulta obligatoria.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los       23    días del mes de mayo

del año dos mil. Años: 189° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                  

                                                                                                                     El  Vicepresidente,

                                                                         

 

                                                                          JESÚS EDUARDO CABRERA  

 

Magistrados,

 

 

 

HÉCTOR PEÑA TORRELLES                                                                          JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                                                Ponente

MOISÉS A. TROCONIS V.

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/gr.

Exp. n° 00-0785, SENTENCIA 446 DE 23-5-00

 

            Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que decidió la consulta de una sentencia dictada en materia de amparo constitucional.

Las razones por las cuales me aparto de la sentencia aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la Constitución. A tal efecto, indiqué:

 “(…) quien suscribe considera que la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 336 no es asimilable a la consulta o apelación prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto esta Sala no es un tribunal de alzada ni superior materialmente de ningún tribunal de la República. La aludida competencia de revisión, debe interpretarse como una potestad extraordinaria de revisión de sentencias dictadas por el resto de los tribunales cuando éstos conozcan como jueces constitucionales de amparo o cuando ejerzan el control difuso de la constitucionalidad de las normas, para verificar cuestiones de derecho relativas a la interpretación de las normas y principios constitucionales, a los fines de lograr una uniformidad de criterios”.

 

En mi criterio, una correcta interpretación en materia de competencias para conocer del amparo debió dejar incólumes las normas atributivas de competencia previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de acuerdo con la evolución jurisprudencial que hasta entonces habían mantenido de forma reiterada tanto la Corte Suprema de Justicia como el resto de los tribunales de la República. La Sala Constitucional solamente debió asumir la competencia prevista en el artículo 3 eiusdem, y en el caso del artículo 8 del mismo texto legal, cuando los actos lesivos fuesen de ejecución directa de la Constitución o tuviesen rango de ley. 

En el caso concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 Por las razones anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional  no debió conocer en consulta la decisión de amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                  El Vice-Presidente,

 

                                                                          Jesús Eduardo Cabrera  

 

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

 

                                                                                  José M. Delgado Ocando

 

 

Moisés A. Troconis V.

 

                                                                       El Secretario,

 

 

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

 

HPT/mcm

Exp. N°: 00-0785