SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA-PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

            Mediante Oficio Nº 922-06, del 22 de septiembre de 2006, recibido en esta Sala el 2 de octubre de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Daniel González Medina e Isabel Cristina Castillo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.446 y 63.128, respectivamente, en su carácter de defensores de los ciudadanos ALBERTO RAFAEL MARTÍNEZ ARAGUAYAN, JHONNY JOSÉ MARTÍNEZ ARAGUAYAN y ÁNGEL GIOVANNI HERNÁNDEZ ANTUAREZ, titulares de las cédulas de identidad números 19.362.162, 19.630.004 y 14.188.546, respectivamente, contra la decisión proferida, el 13 de julio de 2006, por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión El Tigre, para cuya fundamentación alegó la violación de los derechos a “la tutela judicial eficaz, el debido (sic) y el derecho a la defensa”.

Tal remisión obedece a la apelación que intentó el abogado Daniel González Medina, contra la decisión dictada, el 14 de septiembre de 2006, por la mencionada Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta.

El 5 de octubre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTO DEL AMPARO

            Los abogados accionantes fundamentaron su acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

            Alegaron que el Ministerio Público acusó a los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez por la comisión de los delitos de robo agravado, violación, lesiones personales menos graves y lesiones personales leves.

Sostuvieron que, en su condición de defensores, “le opusieron al acto conclusivo (Acusación) presentado por la Vindicta Pública, las excepciones u obstáculos (02)  (sic) de conformidad con los artículos 28, numeral 4, literal e, 30 y 328, numeral 1”, del Código Orgánico Procesal Penal, “por una parte, por haber tomado experticias, inspecciones técnicas y entrevistas practicadas por la Policía Municipal de El Tigre (Municipio Simón Rodríguez, Estado Anzoátegui) (…) y por la otra, por cuanto; quien ejerce la titularidad o monopolio de la acción penal en Nombre del Estado Venezolano, no se pronunció sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por el juicio Oral (sic)”.

Que las excepciones opuestas “fueron declaradas sin lugar por el ciudadano Juez de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui–Extensión El Tigre, para el momento de Celebrarse la Audiencia Preliminar con data 13-07-06, en el asunto Principal (…), sin emitir pronunciamiento alguno en relación con la doctrina invocada por los suscritos”.

Arguyeron que “la ciudadana representante de la Vindicta pública, apreció para sustentar su acto conclusivo (Acusación), entre otras actuaciones, Inspección Técnica; practicada a un vehiculo (sic) Chevrolet silverado, por la Policía Municipal, El Tigre; inspección Técnica, efectuada por la Policía, El Tigre, en el sitio de aprehensión de los imputados; entrevistas llevadas a los funcionarios Ricardo Álvarez, José Sánchez, y José Guilarte, rendidas ante la Policía Municipal, El Tigre; Experticia de Avaluó (sic) real practicada por los expertos adscritos a la Policía Municipal El Tigre, en la cual se deja constancia del valor real de los objetos recuperados e incautados presuntamente en poder de los acusados; y Experiencia (sic) de avaluó (sic) Prudencial efectuada por expertos adscritos a la Policía Municipal, El Tigre, en la cual se deja constancia del valor Prudencial de los objetos robados a las Victimas (sic) y no recuperados”.

Que “para la oportunidad de celebrarse Audiencia Preliminar, en el acta levantada al efecto, se dejó asentado, que el ciudadano Juez de Control n° 03, le permitió a la Ciudadana Fiscal Cuarto del Ministerio Publico (sic), que de manera verbal, subsanara el error, en relación a la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el Juicio oral y publico (sic); y en definitiva, sin pronunciarse sobre la procedibilidad o no de la doctrina de la Sala Constitucional y Sala de Casación Penal, donde se establece coincidencialmente, que no le doble (sic) al Ministerio Publico (sic), determinar en la Audiencia Preliminar, cual fue la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el Juicio Oral, si no hasta cinco (5) días antes de la verificación de la dicha Audiencia Preliminar”.

Alegaron que la Sala Constitucional, mediante sentencia n° 2023, del 19-08-02, (…), al analizar el articulado del Código Orgánico Procesal Penal, relacionados con las atribuciones con los órganos de la Policía; y los artículos 14 y 15 de la Ley de los órganos de Investigación Científicos, Penales y Criminalisticos (sic); por una parte, ratifico (sic), que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es el órgano principal en materia de investigaciones penales, y que los órganos de apoyo a la investigación penal (entre los cuales se encuentran, los policías estadales y municipales), solo podrán apoyar para impedir que la evidencias del hecho delictivo, rastros y materialidades desaparezcan y proteger al Estado de los casos de tal forma que no se modifiquen hasta que lleguen al lugar de la autoridad competente. En tal sentido se hace necesario adicionar, que el legilado (sic) patrio Prohibió; que los Policías del Estado, Municipales las Mancomunidades de Policía brinden asesoría técnica al Ministerio Público”.

Que esa Corte de Apelaciones, en oportunidades anteriores, “a través de las decisiones fechadas 19-03-03 y 24-04-03 (…) anuló la acusación presentada por el Ministerio Público, por haber tomado en consideración entrevistas practicadas por la Policía Municipal, aduciendo que ello escapaba de la competencia reconocidale (sic) por el Legislador Patrio en el artículo 15 de la Ley Orgánica (sic) de los Órganos de Investigación Científicos, Penales y Criminalistico (sic), a los órganos de apoyo a la investigación Penal, e instaron al Ministerio Publico (sic), a tener a la hora de ordenar el inicio de la investigación que estén cubiertos los extremos de la Ley que garanticen las resultas del proceso, y no estar realizando actos mecánicos que ocasionan retrasos y daños que no se puedan cuantificar”.

Arguyeron que la Sala Constitucional, a través del fallo fechado 28-11-02 (sic) así como la Sala de Casación Penal, a través del fallo n° 606, del 20-10-05 (…) fueron coincidentes al señalar, entre otras cosas, que el Ministerio Público, en su escrito de acusación o para la oportunidad indicada en el artículo 328 del COPP, debe pronunciarse sobre la pertinencia y necesidad de la prueba, vale decir que tiene que señalar expresamente, para que son llevadas a juicio oral, y cual es el hecho a acreditarse, y que el no señalarse la pertinencia y necesidad de la prueba, no se le permite a la parte contraria ejercer su derecho a la defensa, y además, el juez no podrá hacer el análisis, una vez que se haya esclarecido, en caso de existir alguna excepción, sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral, abriéndose la posibilidad cierto (sic), que ante esa falta de Ministerio Público (el no señalamiento de la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral) que la parte afectada pueda oponerle la excepción establecida en el artículo 328 del COPP”.

Que “en el caso de autos, la ciudadana Fiscal Cuarta del Ministerio Público, permitió, que la Policía Municipal de El Tigre, bajo su dirección funcional, practicara una serie de actuaciones, que están fuera de la competencia, que como órgano de apoyo a la investigación penal, le reconoce el legislador patrio en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 15 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y así mismo la vindicta pública permitió que le brindara asesoria (sic) técnica (toda vez que la Policía Municipal, efectuó Inspecciones Técnicas y Avaluos (sic), contrariando la prohibición expresa establecida en el numeral 6 del artículo 15 Ibidem”.

Alegaron que “en el caso de autos, para la oportunidad establecida en el artículo 328 del COPP, como mecanismo de defensa, se le opuso al acto conclusivo fiscal, la excepción u obstáculo, establecido en el artículo 28, numeral 4; literal E [del Código Orgánico Procesal Penal], por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad (…) llegada la oportunidad de celebrarse la Audiencia Preliminar con data 13-07-06, en el asunto principal (…) sin emitir pronunciamiento alguno en relación a los precedentes judiciales de la Sala Constitucional citados, declaró sin lugar la dicha excepción, e igual suerte corrió el obstáculo opuesto a la acusación del Ministerio Público por no haberse pronunciado para el momento de presentar su acto conclusivo (acusación) sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral y público, contrariando, lo establecido en el numeral 5 del artículo 326 de nuestro Código Penal Adjetivo”.

Que “el ciudadano Juez Tercero de Control, al momento de celebrarse la audiencia preliminar, en el Asunto Principal (…), el 13-07-06, sin emitir pronunciamiento alguno en relación con la posición doctrinal de la Sala Constitucional, no solo le permitió a la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, que en el desarrollo de la audiencia preliminar se pronunciara sobre la pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral (o por lo menos eso pretendió), sino que además declaró sin lugar la excepción”.

Pidieron que “se proceda a restaurar en el caso de autos, la certeza jurídica, la tutela judicial eficaz, el debido (sic) y el derecho a la defensa, para la cual se requiere, se la decrete nulidad (sic) absoluta de la acusación presentada, mediante escrito fechado 22-09-05, por la ciudadana Marieta Salazar Ortega, en su condición de Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui (El Tigre) (…) y en definitiva, se ordene la libertad plena e inmediata de los mencionados acusados, quienes se encuentran recluidos en la Zona Policial n° 05 de la Policía del Estado Anzoátegui”.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

            El 14 de septiembre de 2006, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:

“…en el presente caso el accionante, dirige su acción contra la decisión emanada del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, mediante la cual durante la audiencia preliminar le declaró sin lugar las excepciones opuestas contra la acusación fiscal, de conformidad con lo previsto en el numeral 4, literal e del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, se observa que las excepciones que hayan sido declaradas sin lugar por el Juez de Control, durante la fase intermedia, concretamente al finalizar la audiencia preliminar, pueden oponerse nuevamente en fase de juicio oral, a tenor de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que la norma antes citada le abre la posibilidad a la parte a quien se le haya declarado sin lugar las excepciones formuladas en la audiencia preliminar, que la situación jurídica sea nuevamente propuesta al examen y posterior pronunciamiento del juzgador de primera instancia, pero esta vez en fase de juicio oral.

(…)

A juicio de este Tribunal Colegiado, que actúa hoy como Tribunal Constitucional, el accionante en amparo cuenta con la vía procesal ordinaria prevista en el numeral 4 del artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es además, idóneo y efectivo para alcanzar el resarcimiento de la situación jurídica infringida que considera lesionada por la decisión del Tribunal de Control N° 03 de este Circuito Judicial Penal, de fecha 13 de Julio de 2006.

(…)

De todo lo anterior, es preciso concluir que lo correcto y ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE, de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto el justiciable cuanta con la vía procesal ordinaria prevista en el numeral 4 del artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide”.

 

Por su parte, el abogado Javier Villarroel Rodríguez, en su carácter de Juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, salvó su voto respecto de lo decidido anteriormente, el cual es del siguiente tenor:

 

“Las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deben ser revisadas en el momento en que el tribunal se pronuncie acerca de la admisión de la acción propuesta, ya que tal y como lo ha sostenido la Sala Constitucional en reiteradas jurisprudencia, la declaratoria de inadmisibilidad, una vez realizada la Audiencia Constitucional, solo es precedente cuando alguno de los supuestos de hecho contenidos en el referido articulo (sic) 6 de la citada ley especial, se presenten con posterioridad al auto de admisión, vale decir, debe poseer las características o condiciones de causa sobrevenida.

En la presente Acción de Amparo el motivo por el cual se declara inadmisible la misma, no fue alegado o invocado por las otras partes que intervienen en esta acción y existía para el momento en que ésta Corte admitió dicha acción de amparo, en consecuencia, dada la excepcionalidad de la situación que se presenta a causa del receso judicial decretado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, considera quien aquí diciente (sic) que este Tribunal debió emitir un pronunciamiento con respecto al objeto de la acción invocada, es decir, por tratarse de una acción contra una decisión judicial, y habiendo sido admitida, a tenor de lo previsto en el articulo (sic) 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debió expresarse si el presunto agraviante actuó fuera de la esfera de su competencia; entendida ésta como extralimitación de funciones y/o abuso de poder”.

 

 

III

DE LA APELACIÓN INTENTADA

El abogado Daniel González Medina, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada, el 14 de septiembre de 2006, por la Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible la demanda de amparo. Como fundamento de su apelación, señaló los mismos alegatos que esgrimió en la demanda de amparo, adicionando que la Corte de Apelaciones, no tomó en cuenta la doctrina asentada en las sentencias dictadas por esta Sala Constitucional, el 28 de noviembre de 2002, así como la N° 2023, del 19 de agosto de 2002, como la proferida por la Sala de Casación Penal, a través del fallo n° 606, del 20 de octubre de 2005.

IV

COMPETENCIA

            Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

            En tal sentido, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (a excepción de los competentes en materia contenciosa administrativa), cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

            En el caso sub iudice, la sentencia apelada ha sido dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, actuando como Tribunal en funciones constitucionales, en primera instancia. Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre este aspecto, resulta competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            Determinada la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse en el presente amparo y a tal efecto, observa, en primer lugar, que el recurso de apelación intentado por la parte accionante, fue interpuesto dentro del lapso de tres días previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por lo tanto, esta Sala, conforme a la doctrina señalada en la sentencia N° 3027, del 14 de octubre de 2005, declara admisible el recurso de apelación interpuesto por el abogado Daniel González Medina, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez.

            Precisado lo anterior, esta Sala hace notar que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la decisión dictada, el 13 de julio de 2006,  por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión El Tigre, que declaró, sin lugar, dos excepciones que opuso la defensa técnica de los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez, contra la acusación propuesta por el Ministerio Público, mediante la cual, le imputó a los referidos ciudadanos, la comisión de los delitos de robo agravado, violación, lesiones personales menos graves y lesiones personales leves.

En efecto, sostuvieron los abogados accionantes que en la fase de investigación del juicio penal que se le sigue a los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Antuare Hernández, la Policía Municipal de El Tigre realizó una serie de entrevistas que sirvieron de base a la acusación planteada por el Ministerio Público, lo cual, a juicio de la parte actora, contrariaba la doctrina asentada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, referida que sólo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas podía practicar las entrevistas a los imputados, por ser un órgano principal, conforme a lo señalado en el artículo 15 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En tal sentido, precisaron, que opusieron contra la acusación fiscal la excepción prevista en el literal e numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue declarada sin lugar, por el Tribunal  Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión El Tigre, en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar.

Asimismo, alegó la parte actora que el Ministerio Público, en su escrito de acusación, no señaló la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofreció para que fueran evacuados en el juicio oral y público, los que lo motivó a interponer, igualmente, la excepción prevista en el literal e numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue declarada, también, sin lugar durante la celebración de la audiencia preliminar.

Respecto a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas, los abogados accionantes señalaron que ese pronunciamiento ocasionaba la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa y a obtener una tutela judicial efectiva, de sus defendidos, toda vez que no se tomó en cuenta la doctrina asentada por este máximo Tribunal, en sus sentencias dictadas el 28 de noviembre de 2002 (Sala Constitucional) y  la N° 2023, del 19 de agosto de 2002 (Sala de Casación Penal).

Ahora bien, esta Sala observa, tal como lo consideró el tribunal a quo, que, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal, la parte accionante puede, antes de acudir a la vía del amparo, oponer en la fase de juicio del proceso penal las excepciones que fueron declaradas sin lugar en la audiencia preliminar, toda vez que esa es la vía más idónea, que le ofrece el Código Penal Adjetivo a la parte actora, para tratar de conseguir lo que pretende con el amparo.

Al tener esa posibilidad la defensa técnica de los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez, la acción de amparo deviene inadmisible, conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conforme a la doctrina asentada por esta Sala en la sentencias N° 963, del 5 de junio de 2001 (caso: José Ángel Guía), y N° 2369, del 23 de noviembre de 2001 (caso: Mario Téllez García y otro), entre otras.

Por lo tanto, al ser las causales de inadmisibilidad de orden público (vid. sentencia del 26 de enero de 2001, caso: Belkis Astrid González Guerrero y otros), en el caso bajo estudio se debía declarar, aún iniciado el procedimiento de amparo, la inadmisibilidad de la acción, como lo hizo adecuadamente el Tribunal a quo, por cuanto el Código Orgánico Procesal Penal le ofrecía a los quejosos la posibilidad de oponer, nuevamente, en la fase de juicio, las excepciones que fueron declaradas sin lugar durante la celebración de la audiencia preliminar.

Además, esta Sala observa, respecto al alegato referido a que le acuerde a los accionantes la libertad plena, que el mismo Código Orgánico Procesal Penal permite, como vía idónea y conforme a lo establecido en el artículo 264, que los imputados o su defensa técnica le soliciten el Juez que conozca la causa penal, todas las veces que lo considere necesario, la revisión de la medida de coerción penal, por lo que ante la existencia de esa posibilidad, la acción de amparo igualmente deviene inadmisible, conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.  

En consecuencia, esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Daniel González Medina y confirma la decisión dictada, el 14 de septiembre de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta a favor de los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez, contra la decisión proferida, el 13 de julio de 2006, por al Tribunal Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal, extensión El Tigre.

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación intentada por el abogado Daniel González Medina.

SEGUNDO: CONFIRMA la decisión dictada, el 14 de septiembre de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta a favor de los ciudadanos Alberto Rafael Martínez Araguayan, Jhonny José Martínez Araguayan y Ángel Giovanni Hernández Antuarez, contra la decisión proferida, el 13 de julio de 2006, por al Tribunal Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal, extensión El Tigre.

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de  mayo  de dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

CZdeM/jarm

Exp Nº: 06-1435