SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Pedro Bracho Grand

            Mediante sentencia del 11 de julio de 2000, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitió a esta Sala Constitucional, el expediente contentivo de la apelación ejercida por el ciudadano JOHN RICHARD ANDRADE SILVA, representado por el abogado William Portillo Guerra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 5.122, contra la decisión que dictara ese Juzgado el 3 de julio del mismo año, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Esther Quintero de Taguada.

            El 18 de julio de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

El  21 de mayo de 2001 por ausencia temporal del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, se nombró al Magistrado Suplente Pedro Bracho Grand, quien suscribe como ponente la presente decisión.

 

 

I
ANTECEDENTES

            El 8 de diciembre de 1992, la ciudadana Esther Quintero de Taguada dio en venta a su hija, Zulima del Mar Taguada Quintero -quien mantenía vínculo matrimonial con el ciudadano John Richard Andrade Silva desde el 17 de enero de 1981- un bien inmueble representado por una extensión de terreno con todas sus mejoras y bienhechurías, ubicado en el sector San José del Municipio Lagunillas del Estado Zulia.

            El 12 de febrero de 1996, el ciudadano John Richard Andrade Silva ejerció demanda de divorcio en contra de la ciudadana Zulima del Mar Taguada Quintero, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia.

            El 6 de noviembre de 1997, el demandante solicitó al referido Juzgado de Primera Instancia, decretara medida de secuestro sobre los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, en especial a la extensión de terreno a la que se hizo referencia anteriormente.

El 3 de febrero de 1998, el Tribunal de la causa decretó la medida de secuestro solicitada.

El 31 de marzo de 2000, el demandante solicitó al Juzgado de Primera Instancia “libre nuevo despacho de secuestro sobre los bienes muebles e inmuebles identificados… (omissis) habiendo decretado este Tribunal dicha medida”.

El 4 de abril de 2000, el Juzgado de Primera Instancia comisionó al Juzgado Segundo Especial Ejecutor de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Miranda y Baralt de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para ejecutar la medida de secuestro acordada.

El 11 de abril de 2000, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró la perención de la instancia en el proceso de divorcio intentado por el ciudadano John Richard Andrade Silva.

El 27 de abril de 2000, el Juzgado Ejecutor de Medidas antes referido, ejecutó la medida de secuestro sobre los bienes inmuebles acordados.

El 8 de mayo de 2000, el demandante ejerció apelación en contra de  la decisión dictada por el tribunal de la causa el 11 de abril de 2000.

            El 19 de mayo de 2000, la ciudadana Esther Quintero de Taguada, madre de Zulima del Mar Taguada Quintero interpuso acción de amparo constitucional ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra del decreto y ejecución de la medida de secuestro, y al respecto alegó ser la única y legítima dueña de los inmuebles secuestrados.

            El 3 de julio de 2000, el referido Juzgado Superior declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta y en consecuencia ordenó revocar el secuestro decretado.

            El 4 de julio de 2000, el ciudadano John Richard Andrade Silva apeló la decisión dictada por el Juzgado Superior con ocasión a la acción de amparo constitucional interpuesta.

            El 11 de julio de 2000, el Juzgado Superior remitió a esta Sala Constitucional la apelación ejercida.

            El 2 de noviembre de 2000, el apelante presentó escrito ante esta Sala solicitando al  Magistrado Ponente el pronunciamiento de la sentencia.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

            Adujo la accionante, que el decreto y ejecución de la medida de secuestro dictada por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, vulneró su derecho a la propiedad consagrado en los artículos 26, 27, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo señaló, que “el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al decretar y ordenar la ejecución de la medida de secuestro”, toda vez que “no tenía a su vista ningún documento debidamente registrado, por el que alguna de las partes integrantes de la comunidad conyugal hubiese adquirido el inmueble secuestrado”.

Por lo anteriormente narrado, solicitó al Tribunal Superior la nulidad de la medida de secuestro, y se ordene la restitución inmediata de los inmuebles secuestrados con todas sus adherencias y pertenencias, así como también se abstenga de ejecutar nuevos actos que atenten contra su derecho de propiedad.

 

III

CONTENIDO DE LA SENTENCIA APELADA

            El Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante su decisión del 3 de julio de 2000, consideró que al ser declarada la perención y en consecuencia extinguido el procedimiento de divorcio, cesaban las medidas cautelares dictadas en ese proceso, según lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, por lo que mantener y ejecutar la medida cautelar de secuestro acordada implicaba la lesión del derecho constitucional  de la propiedad de la accionante, comportando un error judicial sancionado en el artículo 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

IV

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

            Ejerció el tercero interviniente de la acción de amparo, ciudadano John Richard Andrade Silva, recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Esther Quintero de Taguada en contra del decreto y ejecución de la medida cautelar de secuestro.

            Fundamentó su apelación en los siguientes términos:

-         Que la acción de amparo no es sustitutiva, por lo que la accionante debió intentar la acción reivindicatoria en lugar de la acción de amparo.

-         Que la acción de amparo constitucional está caduca.

-         Que la accionante en amparo cometió el grave delito de vender en forma fraudulenta a su hija Zulima del Mar Taguada Quintero un lote de terreno que posteriormente “solicitó en compra ante el Concejo Municipal de Lagunillas de la misma Circunscripción Judicial”.

-         Que es falso que la sentencia de perención dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, haya sido posterior a la medida precautelativa de secuestro.

-         Que también es falso que la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia antes referido, que declara la perención de la instancia esté definitivamente firme.

-         Anexa copia certificada, donde los testigos promovidos por la accionante declaran que ésta vendió parte de mayor extensión del terreno que poseía a su hija Zulima de Andrade, y en consecuencia dicho terreno pasó a formar parte de la comunidad conyugal.

Por lo anteriormente narrado, solicitó a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoque la decisión de amparo dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y a su vez declare con lugar la medida precautelativa de secuestro, por estar admitida y ejecutada conforme a derecho.

 

V

COMPETENCIA

            Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la apelación propuesta, y a tal efecto observa:

            Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión de fecha 20 de enero del año 2000, caso Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer a todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.

            En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación de la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional incoada contra una medida dictada por un Tribunal de Primera Instancia, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para conocer de la presente apelación, y así se decide.

 

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            Luego de realizar un estudio exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir previas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

Observa la Sala, que la accionante en su escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, denunció que la ejecución de la medida de secuestro después de dictada la perención de la instancia en el juicio de divorcio, vulneró su derecho constitucional a la propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que alegó ser la única y legítima propietaria de los bienes secuestrados.

En este sentido, es menester para esta Sala destacar que las medidas cautelares –en este caso el secuestro- tienen por finalidad garantizar la ejecución del fallo principal, cuyos efectos duran hasta que se produzca la sentencia definitiva y con su decreto el Juez evita que le sean violados derechos al solicitante de la medida cautelar, mientras dure el procedimiento principal.

Ahora bien, tal y como lo señaló el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al decretarse la medida de secuestro, se buscó salvaguardar los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, pero al ser esta medida ejecutada con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que declaró la perención de la instancia en el juicio de divorcio, se originó también desde ese momento el decaimiento de la medida preventiva, en virtud de que no puede existir -en razón de la instrumentalidad- una medida preventiva sin proceso pendiente.

En cuanto a lo alegado por el apelante, respecto a que la acción de amparo constitucional no era el medio idóneo y que la accionante en amparo debió intentar la acción reivindicatoria, esta Sala estima que de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como también lo preceptuado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona natural que habita en la República y que se sienta lesionada en el goce y ejercicio de sus derechos o garantías constitucionales por un acto, hecho u omisión que atentase específicamente contra ellos, puede ejercer la acción de amparo constitucional, ya que éste es un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, razón por la cual resultan inadmisibles los alegatos esgrimidos por el apelante, máxime cuando ésta alegaba su condición de propietaria de los bienes secuestrados.

Por otra parte, con respecto al alegato del apelante según el cual “La acción de amparo constitucional, como es fácil comprobar al revisar las actas procesales (artículo 6, numeral cuarto, segundo párrafo), está prescrita”, debe la Sala indicar que el instituto relativo a la prescripción no se produce en el ámbito de la acción de amparo constitucional; pareciera entonces que a lo que quiso referirse el apelante fue al consentimiento de la lesión por haber transcurrido un lapso superior a seis (6) meses entre el momento en que ésta se verificó y la oportunidad en que fue ejercida la acción de amparo constitucional, frente a lo cual tal argumento sería igualmente improcedente, habida cuenta que la decisión cuestionada se produjo en fecha 27 de abril de 2000 y la acción de amparo se interpuso el 19 de mayo del mismo año, razón por la cual debe desestimarse el argumento en cuestión, y así se declara.    

Finalmente, por lo que respecta a la supuesta venta fraudulenta que hiciere la accionante en amparo a su hija y a las pruebas testimoniales que a juicio del apelante corroboran tal hecho, esta Sala estima que dicha materia no forma parte del thema decidendum, por no haberse debatido en la acción propuesta, motivo por el cual escapa a los límites de revisión que se formula a través de la presente apelación y así se decide.

Siendo así los hechos expuestos, resulta acertada la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Esther Quintero de Taguada.

            Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara sin lugar la apelación interpuesta y confirma la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y así se decide.

 

DECISION

            Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano JOHN RICHARD ANDRADE SILVA, y en consecuencia CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 3 de julio de 2000, la cual declaró con lugar una acción de amparo constitucional.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29  días del mes de MAYO  del año dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

                                                                                              El Vicepresidente

                                                                                 José Manuel Delgado Ocando

 

Pedro Rondón Haaz

      Magistrado

Pedro Bracho Grand              Magistrado Suplente Ponente
 
Carmen Zuleta de Merchán

Magistrado Suplente

 

                

 

El Secretario

 

 José Leonardo Requena Cabello.

 

 

Exp. 2189