SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

El 27 de marzo de 2001, los abogados Alexis Pinto D’Ascoli, Carlos Asuaje Crespo y Guillermo Trujillo Hernández, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 12.322, 11.608 y 56.544, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Yajaira Desiree Alcocer Alcoberro y Pedro Andrés Alcocer Alcoberro, titulares de las cédulas de identidad números 11.412.756 y 6.273.077, comparecieron ante esta Sala Constitucional «[...] de conformidad a (sic) lo establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, a fin de solicitar [...] la REVISIÓN del fallo proferido por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 13 de septiembre de 2000, [...] quien en su condición de Tribunal de Alzada conoció en consulta de la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial en la Acción de Amparo Constitucional que en nombre de nuestros representados incoamos contra la sentencia proferida por Tribunal Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por resolución de compromiso recíproco de compra-venta intentáramos en su nombre contra la ciudadana DORIS FRANCIA [...]» (destacado de los solicitantes).

Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2001, esta Sala ordenó notificar a las partes del juicio que dio lugar a la decisión cuya revisión se pretende, a fin de que comparecieran a la audiencia que habría de celebrarse con el objeto de escuchar sus alegatos en torno a la presente revisión.

 

El 22 de abril de 2002, tuvo lugar la audiencia antes referida, a la cual comparecieron los apoderados judiciales de los solicitantes en revisión, Yajaira Desiree y Pedro Andrés Alcocer Alcoberro; así como la ciudadana Doris Francia, en su carácter de terecera interesada en el presente procedimiento, asistida por el abogado Gustavo Adolfo Barrios Orejuela.

 

Escuchados como fueron los argumentos de cada una de la partes, pasa esta Sala a decidir el caso bajo estudio, en los siguientes términos:

 

De la Solicitud de Revisión

 

En el escrito de la solicitud de revisión, los apoderados judiciales de los peticionantes indicaron lo siguiente:

 

1.                        En relación con los hechos:

 

1.1.       Que, al Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le correspondió conocer en apelación, del juicio que «por resolución de compromiso recíproco de compra-venta intentamos en nombre de nuestros mandantes [hoy solicitantes] contra la ciudadana DORIS FRANCIA».

 

1.2.       Que, el 27 de abril de 1999, se le dio entrada al expediente ante el referido Juzgado de Municipio, el cual ordenó tramitar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, fijando el décimo día de despacho siguiente para dictar sentencia.

 

1.3.       Que, el 29 de abril de 1999, los solicitantes promovieron la prueba de juramento decisorio, fijándose su evacuación para el primer día siguiente a la citación de la demandada en aquel juicio, ciudadana Doris Francia. A este respecto, señalaron que el 12 de mayo del mismo año, fue evacuada la referida prueba, «que resultó ser el décimo día del lapso establecido en el citado artículo 893 del Código de Procedimiento Civil tanto para promover y evacuar pruebas, como para dictar sentencia en la segunda instancia del procedimiento breve».

 

1.4.       Que, el 16 de septiembre de 1999, el Juzgado a quo dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró extemporánea la prueba de juramento decisorio, al estimar que la misma había sido promovida encontrándose la causa en estado de dictar sentencia.

 

1.5.       Que, en vista de la anterior decisión, los apoderados judiciales de los peticionantes incoaron una acción de amparo constitucional en contra del fallo aludido, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, mediante decisión del 31 de marzo de 2000, declaró con lugar el amparo propuesto.

 

1.6.       Que, sin embargo, por decisión del 13 de septiembre de 2000, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo por la vía de la consulta de ley, revocó el mandamiento de amparo dictado en favor de los peticionantes por la primera instancia constitucional y, en su lugar, estimó improcedente la acción de tutela constitucional ejercida, al estimar que no había sido vulnerada garantía procesal alguna a los entonces accionantes. Precisamente, contra este fallo revocatorio, es interpuesta la solicitud de revisión.

 

2.                        Respecto de los motivos sobre los cuales los solicitantes justificaron la revisión planteada, arguyeron:

 

2.1.       En primer lugar, que se trata de una decisión de amparo constitucional definitivamente firme, recaída en la segunda instancia de un proceso de esta índole, en virtud de la consulta obligatoria que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

2.2.       En segundo lugar, denunciaron la existencia de un presunto fraude procesal, pues a su juicio, lo que se evidencia del fallo cuya revisión se solicita «es una simulación al debido proceso, una aparente conducta apegada a la ley que en la práctica resultó ser una conducta dirigida a eludir o a provocar la aplicación indebida de una norma, concretamente la contenida en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de contravenir el sentido y formalidad en evidente perjuicio de los derechos de nuestros representados». Tales alegatos, hallan sustento en que la sentencia delatada señaló que las infracciones denunciadas en la causa de amparo que le dio lugar, no existían pues el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuó con total apego a la normativa aplicable, y no vulneró el debido proceso «[...] tal y como se evidencia [del hecho] de haber admitido la prueba de juramento decisorio promovida por los quejosos [... y habiendo] tenido lugar los actos relativos a la evacuación de la prueba, constituyendo un absurdo y un contradicción inexcusables afirmar que el Juzgado cuestionado ignoró u omitió el lapso probatorio y paralelamente, que admitió la prueba, ordenó su evacuación, citó a la demandada y realizó actuaciones relacionadas con su evacuación [...]».

 

Frente al texto de la decisión parcialmente transcrita, los apoderados solicitantes arguyeron que, en la misma, el juzgador omitió pronunciarse sobre el alegato esgrimido en el proceso de amparo que le dio lugar, relativo a la declaratoria de extemporaneidad de la referida prueba, pues aducen que resulta contradictorio admitir y evacuar una prueba, conforme el artículo 893 de la ley adjetiva civil, para luego desecharla bajo el pretexto de haberlo sido extemporáneamente, actitud írrita que –según denuncian- fue cometida por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y avalada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

 

Análisis de la Situación

 

Pasa la Sala de seguidas a analizar el fondo de la controversia, a cuyo efecto observa:

 

Que el fallo cuya revisión se solicita, fue dictado con ocasión de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sobre la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 31 de marzo de 2000, actuando como tribunal constitucional de primera instancia, recaído a su vez en el proceso de amparo impetrado por los hoy solicitantes en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, el 16 de septiembre de 1999.

A este respecto, la sentencia delatada estimó que el primigenio amparo debió ser desechado, en tanto no existieron violaciones al debido proceso de los accionantes en aquella causa, estableciendo en el texto de dicho fallo lo siguiente:

 

«[…] [L]a imputación que el sentenciador de Primera Instancia en sede constitucional hace al Tribunal de la sentencia recurrida en amparo, Quinto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, para sostener que éste habría cercenado el derecho de defensa de los quejosos [hoy solicitantes] y el debido proceso, consistente dicha imputación en que, supuestamente, el referido Tribunal de Municipio, al no apreciar la prueba de juramento decisorio por considerarla extemporánea, habría asumido solamente el término para dictar sentencia previsto en el artículo 893 [del Código de Procedimiento Civil, de diez (10) días], mas no así, el lapso que en dicho artículo se establece para la promoción y evacuación de las pruebas contenidas en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil; carece de fundamento y contrasta con la realidad procesal [...] tal y como se evidencia [del hecho] de haber admitido la prueba de juramento decisorio promovida por los quejosos [... y habiendo] tenido lugar los actos relativos a la evacuación de la prueba, constituyendo un absurdo y un contradicción inexcusables afirmar que el Juzgado cuestionado ignoró u omitió el lapso probatorio y paralelamente, que admitió la prueba, ordenó su evacuación, citó a la demandada y realizó actuaciones relacionadas con su evacuación [...]».(Subrayado y corchetes de la Sala).

 

Por su parte, los peticionantes alegaron que la sentencia atacada por esa vía de tutela constitucional (cual es la dictada por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 16 de septiembre de 1999), resultaba violatoria de su derecho a la defensa, en la medida que declaró extemporánea la promoción de la prueba de juramento decisorio, por estar la causa en estado de dictar sentencia (conforme el procedimiento pautado por la ley adjetiva civil para el procedimiento breve) a pesar de que tal juzgado admitió la referida prueba y practicó las diligencias necesarias hasta lograr su evacuación. La violación, a juicio de los peticionantes, radicaba en omitir el análisis de la prueba en la definitiva, alegando que la misma fue extemporánea, cuando en realidad había sido evacuada dentro del lapso legal.

 

Conforme los términos de la pretensión deducida de la solicitud interpuesta, la sentencia adversada debe –según el criterio de los peticionantes en revisión- ser objeto de revisión por parte de esta Sala, en la medida que avala o convalida supuestas infracciones constitucionales cometidas por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por tal motivo, considera la Sala necesario analizar en primer término la decisión primigeniamente impugnada en amparo, para luego evaluar la conformidad a derecho de la decisión cuya revisión se pretende.

 

En este sentido, se observa que al Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas correspondió el conocimiento en apelación, del juicio que «por resolución de compromiso recíproco de compra-venta intentamos en nombre de nuestros mandantes [hoy solicitantes] contra la ciudadana DORIS FRANCIA».

 

Cabe acotar que dicho juicio se encontraba regido por el procedimiento breve, previsto en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Dispone el artículo 893 eiusdem, que «en segunda instancia se fijará el décimo día para dictar sentencia. En dicho lapso, que es improrrogable, sólo se admitirán las pruebas indicadas en el artículo 520».

 

De acuerdo con la transcrita disposición, el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas le dio entrada al expediente de la referida causa por auto del 27 de abril de 1999, en el cual se fijó el décimo día siguiente de despacho para dictar la sentencia definitiva. El 29 de abril del mismo año, la parte hoy solicitante promovió la prueba de juramento decisorio, la cual fue debidamente admitida por el juez de la causa, el cual ordenó practicar las diligencias tendientes a su evacuación.

 

Observa la Sala que el no promovente del juramento decisorio, ante la promoción del mismo por su contraparte, tiene varias opciones: 1) oponerse a la prueba por ser ella manifiestamente ilegal o impertinente (artículo 397 del Código de Procedimiento Civil); 2) referir el juramento (artículo 422 eiusdem, en concordancia con el artículo 1.411 del Código Civil); 3) pedir la reformulación de la fórmula (artículo 421 eiusdem); y 4) aceptar prestar el juramento o quedarse callado, que equivale a su aquiescencia para prestarlo.

 

Estas opciones que se las otorga la ley, deben ser interpuestas antes del acto de juramento, y aunque el Código de Procedimiento Civil no lo dice expresamente, el juez debe fijar un término para que ellas se ejerzan, procediendo con posterioridad a dicho término a admitir o negar la prueba, ordenar el referimiento, la reformulación o la citación de la parte que ha de prestarlo.

 

Apunta la Sala, que en el caso de autos tal señalamiento de oportunidad no se realizó, tal vez por lo breve del término para sentenciar, pero la falta de fijación de oportunidad para el ejercicio de los derechos del no promovente, no puede interpretarse como que pueda obrar en su perjuicio, de allí que citado el no promovente, éste hizo uso del derecho de pedir la reformulación el día del acto, lo que nuevamente suspendería la evacuación de la prueba, como en efecto se hizo, pero el juez, además, procedió a sentenciar, debido a que el día del acto (y de la oposición) coincidía con el décimo día en que debía producirse el fallo, el cual consistía en un término improrrogable (ex artículo 893 del Código de Procedimiento Civil).

A juicio de esta Sala, entran en juego dos caras del derecho de defensa: el del promovente de la prueba, a que se llevara cabo y el del no promovente,  a que se reformulara la fórmula, y a falta de ello que se sentenciara dentro de lapso. El juez escogió una de las posibilidades, que necesariamente tenía que ser en detrimento de la otra parte. Tal apreciación, no plantea por sí misma una negación crasa del derecho de defensa de la parte solicitante, sino que responde a la soberana potestad decisoria del juez de mérito.

 

Ello así, considera la Sala que igualmente el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal constitucional de segundo grado, no incurrió en un error grotesco en la interpretación de la Constitución que pudiera dar lugar a la revisión del fallo por él dictado el 31 de marzo de 2000, al desestimar el amparo propuesto por los hoy también solicitantes, puesto que tal fallo hace prevalecer la potestad del juez de mérito para resolver la cuestión que pretende ser debatida en este proceso. En fuerza de los anteriores argumentos, debe la Sala declarar no ha lugar la solicitud de revisión planteada. Así se decide.

 

Decisión

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara no ha lugar la solicitud de revisión propuesta por los apoderados judiciales de los ciudadanos Yajaira Desiree Alcocer Alcoberro y Pedro Andrés Alcocer Alcoberro, ut supra identificados, en contra del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 13 de septiembre de 2000.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  el  Salón  de  Audiencias  de  la  Sala  Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas,  a los  17  días del mes de  MAYO de 2002. Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

El Vicepresidente-Ponente

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

José Manuel Delgado Ocando

 

 

Antonio José García García

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

01-0612

JECR/