SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Luis Velázquez Alvaray

 

 

 

El 23 de febrero de 2005, el ciudadano FÉLIX RAMÓN SOLÓRZANO CÓRDOVA, titular de la cédula de identidad N° 5.116.885, asistido por el abogado Luis Ernesto Da Silva Goncalves, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.424, interpuso acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar, por ante esta Sala Constitucional, contra la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2004, por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que repuso la causa al estado de que el Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, una vez recibido el expediente, fije nuevamente oportunidad a los fines de    que se celebre una audiencia de mediación donde las partes presenten las pruebas a ser analizadas y valoradas por el juez, en el juicio que por calificación de despido interpuso el accionante contra Press Advertising, C.A., por la presunta violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

 

El 24 de febrero de 2005 se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

            En el escrito que contiene la acción de amparo constitucional, se establecen como antecedentes los siguientes:

 

El 10 de mayo de 2004, el ciudadano Félix Ramón Solórzano Córdova, consignó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, una solicitud de calificación de despido contra la empresa Press Advertising, C.A.

 

El 12 de mayo de 2004, fue admitida la solicitud por el Tribunal Vigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, que ordenó la notificación de la empresa demandada. Posteriormente, el 4 de junio de 2004, el accionante reformó su demanda, por lo que la secretaria titular de este Circuito Judicial  notificó nuevamente a la empresa el 25 de agosto de 2004, correspondiéndole al Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, la celebración de la audiencia preliminar.

 

El 15 de septiembre de 2004, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual las partes, conjuntamente con el juez, fijaron una nueva audiencia  para la búsqueda de una solución a la controversia de conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo.

 

Mediante auto del 29 de septiembre de 2004, el Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, reprogramó la audiencia fijada el 29 de septiembre de 2004 para el 20 de octubre del mismo año.  

 

El 20 de octubre de 2004, se realizó la audiencia con la presencia de las partes, en la cual, los demandados persistieron en el despido del trabajador y el demandante declaró su inconformidad con los conceptos contenidos en la oferta presentada por la empresa; por lo que, el juez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo, convocó a las partes a una nueva audiencia a celebrarse el 25 de octubre de 2004.

 

 Así, el 25 de octubre de 2004, se llevó a cabo la audiencia antes referida, en la cual se dejó constancia de la asistencia de las partes, así mismo, que pese a que el juez instó a la mediación del conflicto, no fue posible llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que declaró con lugar la impugnación de la parte demandante, fijando la publicación del fallo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo.

 

El 1 de noviembre de 2004, el Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, una vez expuestos los hechos y revisados los documentos aportados por las partes, publicó la sentencia que declaró con lugar la impugnación de la parte demandante.

 

El 8 de diciembre de 2004, se llevó a cabo ante el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, audiencia de partes, a los fines de resolver las apelaciones planteadas el 3 y 4 de noviembre de 2004, por el demandante y la empresa demandada. En ella se decidió reponer la causa al estado de que se siga un procedimiento acorde para resolver las cuestiones relativas a la persistencia en el despido y la impugnación de los montos ofrecidos.

 

El 10 de diciembre de 2004, el mencionado Juzgado Superior publicó la sentencia que hoy se impugna mediante la presente acción de amparo constitucional. 

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Señaló el accionante en su escrito, lo siguiente:

 

Que, “el juicio de estabilidad incoado contra la sociedad mercantil Press Advertising C.A., se llevó  a cabo de la manera como está previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, que en todo momento se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes”.

 

Alegó, que “la sentencia resulta a todas luces contradictoria, por un lado dice que ‘la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en el artículo 190, qué debe hacerse en los casos en que hay una persistencia en el despido con la consignación de una cantidad determinada y cuando hay una impugnación por parte de la contraparte’ y por otro lado, señala que el  Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas a pesar de haber seguido el procedimiento contemplado en el citado artículo actuó de manera no cónsona con el interés tutelado, por ello dice que los Tribunales Superiores van a ‘poner en práctica procedimientos no contemplados en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo...”.

 

Afirmó, que es la Ley la que determina la forma en que deben realizarse los actos procesales y que sólo ella faculta al juez a aplicar analógicamente disposiciones de otras leyes adjetivas dictadas por el poder legislativo nacional, cuando no existe disposición expresa en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que los jueces no tienen competencia para dictar procedimientos como el señalado en el fallo impugnado, por lo que el juez incurrió en usurpación de funciones y desviación de poder.

 

Que la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, viola los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del ciudadano Félix Ramón Solórzano Córdova.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través su sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), se declaró competente para conocer de las solicitudes de amparo constitucional interpuestas “contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan, directa e inmediatamente, normas constitucionales”, así como de los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal, de acuerdo con lo establecido en el citado fallo, y en el artículo 5 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.