Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

Consta en autos que, el 25 de abril de 2011, el ciudadano JESÚS ANTONIO ABREU UZCÁTEGUI, titular de la cédula de identidad n.° 8.011.419, mediante la representación de los abogados Rafael Quintero Moreno, Yolimar González Guerrero y Jesús Antonio Abreu Uzcátegui, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 6.313, 89.046 y 115.938, respectivamente, intentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, amparo constitucional “…contra la decisión tomada en la audiencia preliminar de fecha 26 de octubre de 2010, por la Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida (…), y contra el consiguiente auto de apertura a juicio, del 29 de octubre del 2010; decisión ésta que en uno y otro caso, por carecer de fundamentación…”, con ocasión de la causa penal que se le sigue al demandante por la supuesta comisión de los delitos de peculado doloso propio en la modalidad de distracción, malversación específica por evasión de procedimientos licitatorios y concierto de funcionario con contratista que establecen los artículos 52, 58 y 70 de la Ley contra la Corrupción, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 27 de abril de 2011, el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Dr. Ernesto Castillo Soto, se inhibió del conocimiento de la causa de conformidad con lo que establece el cardinal 8 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 87 del mismo Código. El 29 de ese mismo mes y año, fue declarada con lugar la inhibición planteada.

Una vez constituida la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 1° de julio de 2011, requirió del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal la remisión de la causa principal n.° LP01-P-2009-003993, para la emisión de pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la demanda de amparo. 

El 19 julio de 2011, una vez recibida la causa principal n.° LP01-P-2009-003993, la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró inadmisible. El 22 de julio de 2011, la representación judicial de la parte actora apeló de la sentencia anterior; por auto del 4 de agosto de ese mismo año, el tribunal de la causa remitió el expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para el conocimiento del recurso.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 31 de agosto de 2011, y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

 

1.         La parte actora alegó:

1.1       Que “…[e]n la audiencia preliminar del 26 de octubre de 2010 se escuchó la exposición de acusación por parte del Ministerio Público (…) quien señaló a Jesús Antonio Abreu Uzcátegui como presunto responsable de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO EN LA MODALIDAD DE DISTRACCIÓN; MALVERSACIÓN ESPECÍFICA POR EVASIÓN DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; Y, CONCIERTO DE FUNCIONARIO CON CONTRATISTA, previstos y sancionados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley contra la Corrupción…”.

1.2       Que “…[s]e escuchó igualmente la exposición de la defensa, la cual expuso y explanó las excepciones opuestas, y ofreció las pruebas para la fase de juicio, (…). Dichas excepciones consistieron  en las previstas en el artículo 28, numeral 4, literales i, c y e, del Código Orgánico Procesal Penal (…). El mencionado Tribunal admitió totalmente la acusación y dictó la orden de apertura a juicio oral y público; y además, dictó el consiguiente auto de apertura a juicio”.

1.3       Que “…tanto la decisión dictada en la audiencia preliminar, como la contenida en el subsiguiente auto de sometimiento a juicio, carecen de fundamentación…”.

 

2.         Denunció:

La violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa que establece el artículo 49 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, porque:

2.1       “Sobre [la] excepción prevista en el artículo 28, numeral 4°, letra ‘i’, del COPP, en concordancia con el artículo 326 numeral 2, eiusdem, (…) el Tribunal agraviante el Juez agraviante sólo señala que la acusación cumple con los requisitos formales exigidos por el artículo 326, como si, con el solo hecho de mencionar los seis requisitos de dicha disposición legal, se cumpliera con el control depurativo de la acusación. (…), el Juez agraviante, sin consignar argumento alguno acoge tácitamente —en un claro divorcio con la técnica jurídica aplicable a la individualización de los hechos punibles- la mezcla de los tres delitos que presenta el Ministerio Público, como si las tres calificaciones delictuales formaran parte de un todo; o como si las tres correspondieran a un único hecho material; o en fin, como si cada una de ellas, considerada separadamente, no correspondiesen a un singular hecho material”.

2.2       “Respecto de la excepción opuesta conforme al artículo 28, numeral 4, literal ‘c’ del COPP, en relación al delito de concierto de funcionarios con contratista, el Tribunal agraviante la declara sin lugar con una sola mención, (…), al declarar sin lugar la excepción en base a lo ‘contundente’ de las experticias practicadas durante la fase de investigación constituyen una demostración contundente de daño; sin saberse a cuáles experticias se refiere; y como si las experticias —a la vez que las declaraciones de sus respectivos firmantes- ya hubieran sido admitidas, presentadas y debatidas en el juicio oral”.

2.3       “Respecto de la excepción opuesta conforme al artículo 28, numeral 4, literal “c” del COPP, en relación al delito de malversación específica por evasión de procedimientos licitatorio, el Juez agraviante la declara sin lugar junto con la anterior excepción. Valga pues, para el presente caso, la transcripción que hicimos de la decisión agraviante en el parágrafo anterior”.

2.4       “Respecto de la excepción opuesta conforme al artículo 28, numeral 4, literal “e” del COPP, el Tribunal agraviante (…) incurre en la misma falta anotada para las excepciones que se trataron en los parágrafos anteriores. Por ello, nos permitimos repetir lo que ya se expresó en relación con las experticias”.

 

3.         Pidió:

3.1       Como medida cautelar:

“(…) ordenar al Tribunal de Juicio N° 2, que se abstenga de dar inicio al juicio oral y público en contra de [su] defendido, hasta tanto se resuelva la acción que por el presente escrito se ejerce”. 

 

3.2       Como petitorio de fondo:

“1.      (…), expida un mandamiento de amparo a favor  del ciudadano Jesús Antonio Abreu Uzcátegui, en virtud de habérsele vulnerado derechos y garantías constitucionales.

2.         (…), se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida a Jesús Antonio Abreu Uzcátegui, declarando nula la decisión emitida por la Juez agraviante en fecha 26 de abril de 2010 y 4 de mayo del corriente año. Y en tal virtud, que se retrotraiga la causa al estado de celebrar una nueva audiencia preliminar, en la que se garantice el goce efectivo de los derechos fundamentales de [su] defendido”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266.1 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que emitan los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la apelación se ejerció contra un veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, esta Sala se pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

 

Los Jueces del fallo contra el que se recurrió juzgaron sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta (…), en contra del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, como presunto agraviante”.

 

A juicio de quien expidió el acto de juzgamiento objeto de apelación:

“En el caso que nos ocupa, se acciona en Amparo Constitucional contra un acto jurisdiccional, donde se le atribuye al tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la presunta violación o desconocimiento de importantes derechos y garantías constitucionales, en razón del Auto de Apertura a Juicio de fecha de fecha 29 de Octubre de 2010, que riela inserta a los folios 4713 al 4738 de la Causa Principal signada con la nomenclatura LP01-P-2009-003993 acumulada al Asunto LP01-P-2009-000507, en la cual se declaró sin lugar las excepciones, por la defensa del acusado: JESUS ANTONIO ABREU UZCATEGUI.

Ante esta situación, corresponde a esta Corte de Apelaciones determinar si el recurso de apelación contra autos, previsto en el ordinal 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un medio procesal idóneo, breve y sumario para impedir que la señalada decisión judicial consolidara los efectos jurídicos que han significado, a decir de los accionantes, violación del Derecho a la defensa y al debido Proceso del presunto agraviado JESUS ANTONIO ABREU UZCATEGUI, en la audiencia preliminar celebrada en fecha 26 de Octubre de 2010. (…)

Esta Alzada, no puede pasar por alto, algunos fundamentos que los accionantes han referido en el escrito de Acción de Amparo, en referencia a lo solicitado en la Audiencia Preliminar de fecha 26 de Octubre de 2010, en el cual le opusieron excepciones a la presunta Agraviante, y siendo que la presunta agraviante, actuando dentro de sus competencia, en dicha Audiencia tomó la decisión de declarar sin lugar, su petición, es que deviene la presente Acción de Amparo Constitucional.

Ahora bien, esta Sala única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, actuando en sede Constitucional, hace las siguientes consideraciones:

En relación a las excepciones expuestas por los accionantes en la Audiencia Preliminar, celebrada en fecha 26 de octubre del año 2010, en la causa penal seguida al presuntamente agraviado JESUS ANTONIO ABREU UZCATEGUI, signada con la nomenclatura LP01-P-2009-003993 acumulada al Asunto LP01-P-2009-000507, los abogados defensores hacen los siguiente señalamientos en la Acción de Amparo, tal como consta a los folios 06 al 16 en el cual señalan: (…)

Del análisis de la Acción interpuesta, esta Corte observa que, es incierto que la Juez A quo haya violado el debido proceso, garantías Constitucionales y el derecho a la defensa, ya que en la Audiencia de Preliminar llevada a efecto el día 26 de Octubre del 2010, la Juzgadora declaró Sin Lugar las excepciones opuestas por la defensa, dándole una respuesta a cada una de las excepciones planteadas por los accionantes tal como evidencia en la decisión debidamente fundamentada en fecha 29/10/2010, como lo establece el numeral 2 del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal el cual citamos:

‘ … 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición suscinta de los motivos en que se funda, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación.’ (Negrillas y subrayado de [esa] Alzada).

Ahora bien, si bien es cierto, como los señalan los accionantes (folio14):

‘… la decisión de la audiencia preliminar que se expresa en el auto de apertura a juicio y de la cual ejercemos esta acción de amparo, es inapelable, de conformidad con el articulo 331 del COPP, en concordancia con el articulo 447 numeral 2 ejusdem…’

No es menos cierto, que estas disposiciones legales sólo se refieren al acto de acusación, ya que las demás actos que se derivan de el mismo pueden ser apeladas, como seria la declaratoria sin lugar de pruebas presentadas por las partes, nulidades y excepciones, como es el caso que nos ocupa.

En efecto señalan los recurrentes que (folio 14):

‘…ejerció el recurso de apelación de la audiencia preliminar y consiguiente acto de apertura a juicio pero de la medida cautelar impuesta a nuestro defendido y de lo (sic) no admisibilidad de unas pruebas documentales…’

Considera esta Corte, que este era el momento oportuno para haber hecho la apelación sobre las excepciones aquí planteadas y por ende de la solicitud de nulidad de la recurrida, y en tal sentido, haber agotado la vía ordinaria, más sin embargo, queda una vía para proponer nuevamente dichas excepciones en fase de juicio, tal como lo prevé el numeral 4 del artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal; evidenciándose que la actuación de la Juez A quo estuvo apegada a las Garantías Constitucionales y el debido proceso, vale decir, entonces que no agotaron la vía ordinaria es decir lo preceptuado en los artículos 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

De tal manera que no cabe dudas, que el recurso de apelación contra autos constituye un medio procesal idóneo, breve y sumario, mediante el cual la defensa del referido ciudadano, podía haber logrado el restablecimiento de los derechos constitucionales que en su opinión, fueron vulnerados por el Tribunal de Control N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

De lo antes expuesto, se observa que la presente Acción de Amparo Constitucional, no cumple con el tercer requisito concurrente que de acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión ya citada, exige que se configure a los efectos de hacer admisible tal acción judicial, es decir, en el presente caso la defensa del mencionado ciudadano contaba con el recurso de apelación previsto en el ordinal 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el procedimiento establecido en los artículos 191,195 y 196 eiusdem, para obtener el restablecimiento de la situación jurídica infringida en perjuicio de dicho ciudadano.

Ahora bien, de las actas se observa que si bien es cierto, el presunto agraviado ejerció el recurso de apelación, no consta en autos que haya recurrido de la negativa del Tribunal en relación a las excepciones planteadas, como medio para lograr el restablecimiento de la presunta situación jurídica infringida, que según los recurrentes causa un gravamen irreparable a su defendido. (…)

En relación a la Medida Cautelar Innominada, referida a que el Tribunal de Juicio se abstenga de dar inicio al juicio oral y público hasta tanto no se decida la Acción de Amparo Constitucional, al respecto esta Alzada observa a través del Sistema Juris 2000 que no consta señalamiento de fijación de fecha para la audiencia para la celebración del juicio oral y público, de manera que resulta inoficioso resolver sobre la misma, motivado a que la presente resolución, se da antes del inicio del juicio oral y público.

Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones estima procedente declarar la inadmisibilidad de la presente acción de Amparo Constitucional, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 del la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y Así se decide.

 

IV

DE LA APELACIÓN

 

Con motivo de la apelación el recurrente alegó:

1.                 Que “…[l]a Corte de Apelaciones desconoció que, no es posible apelar del pronunciamiento hecho en la audiencia preliminar que declaraba sin lugar las excepciones opuestas, porque el numeral 2 del artículo 447 del COPP, lo excluye. Y por el contrario expresó que el mismo artículo 447 numeral 5 del COPP (…) concedía a la defensa una vía judicial ordinaria de impugnación, con lo cual soslayó que una prohibición expresa de impugnación los configura el numeral 2 del mismo artículo. Ello a [su] modo de ver configura un error inexcusable de Derecho, que no puede ser tolerado por esa máxima instancia…”.

2.                 Que “…la Corte de Apelaciones de Mérida dejó de lado que la fundamental razón para interponer la acción de amparo, no era la declaratoria sin lugar por parte del Tribunal de Control de las excepciones opuestas. Se trata de que la decisión judicial agraviante (…) carece de fundamentación material, por ausencia de respuesta a los planteamientos concreto de la defensa sobre las excepciones opuestas…”.

3.                 Que “…[c]ontrariamente al examen –minucioso- que se debe llevar a cabo de las causales previstas en el artículo 6 de la LOA, en orden de determinar la admisibilidad o no de la acción de amparo, la Corte de Apelaciones de Mérida erróneamente optó por ‘pronunciarse’ sobre el fondo del asunto, sin motivación alguna…”.

4.                 Que “…el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones no sólo es inoportuno, sino que además está mal situado y es totalmente equivocado, porque la falta de motivación en la decisión agraviante (…), y la inexistencia de un medio (…) de impugnación ordinario, hacía admisible y procedente un mandato de amparo…”.

5.                 Que la aplicación de la sentencia dictada por la Sala Constitucional n.° 1079 del 8 de julio de 2008 al caso de autos es  incorrecta pues “no se ajusta a la situación planteada en la acción de amparo”.    

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

 

De autos se desprende que el ciudadano Jesús Antonio Abreu Uzcátegui interpuso demanda de amparo constitucional “…contra la decisión tomada en la audiencia preliminar de fecha 26 de octubre de 2010, por la Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida (…), y contra el consiguiente auto de apertura a juicio, del 29 de octubre del 2010; decisión ésta que en uno y otro caso, por carecer de fundamentación…”, la cual fundamentó en la supuesta violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ello, con ocasión de la causa penal que se le sigue al demandante por la supuesta comisión de los delitos de peculado doloso propio en la modalidad de distracción, malversación específica por evasión de procedimientos licitatorios y concierto de funcionario con contratista que establecen los artículos 52, 58 y 70 de la Ley contra la Corrupción.

Por su parte, la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró inadmisible por las razones que anteriormente fueron referidas.

Ahora bien, en primer lugar debe referirse que las causales de inadmisibilidad del amparo constitucional establecidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales como las establecidas vía jurisprudencial, pueden ser revisadas en cualquier estado y grado del proceso, dado el carácter de orden público.

En tal sentido, esta Sala observa que el amparo interpuesto por la representación judicial del ciudadano Jesús Antonio Abreu Uzcátegui, como se refirió anteriormente, fue interpuesto contra dos decisiones judiciales dictadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 26 y 29 de octubre de 2010, con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar, sin embargo, no cursan en autos ni siquiera en copia simple.

Al respecto, esta Sala observa que si bien el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no exige la presentación de copia de la decisión impugnada, tal requisito fue establecido por vía jurisprudencial, toda vez que, en el amparo contra sentencia, el juez constitucional necesariamente requiere disponer de la decisión objeto del mismo para constatar la veracidad de las violaciones constitucionales denunciadas.

En tal sentido, esta Sala sostuvo en sentencia n.° 7/2000, caso: José Amando Mejía Betancourt y otro, que:

“Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia”.

 

Por lo tanto, la consignación de la copia –al menos simple- de la decisión judicial objeto del amparo, constituye un requisito indispensable para la admisión de las demandas de amparo constitucional contra decisiones judiciales. En ese mismo orden de ideas, esta Sala en decisión n.° 778/2004, estableció que el incumplimiento de la referida obligación, “…[c]omo toda carga procesal, (…) acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…”.

En consecuencia, de las actas procesales del expediente se evidencia que la representación judicial de la parte actora no acompañó al escrito contentivo del amparo constitucional, copia certificada o al menos simple, de las decisiones impugnadas, ni justificó las razones que le impidieron su obtención, por el contrario, se limitó a la sola consignación del escrito de demanda. Dicha circunstancia impide a esta Sala Constitucional la verificación mediante los documentos idóneos para ello, la exactitud de dichas actuaciones y la motivación de las mismas, así como crearse un juicio cabal para la determinación de si efectivamente se incurrió en la violación de los preceptos constitucionales denunciados y la determinación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley.

En razón de todo lo anterior y visto que la parte actora no consignó al menos copia simple de las decisiones impugnadas dictadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, la cual no corresponde al juzgado competente suplir, no resta más a esta Sala que declarar sin lugar la apelación interpuesta por los defensores privados del ciudadano Jesús Antonio Abreu Uzcátegui, y confirmar, en los términos expuestos, la inadmisión de la demanda de amparo constitucional declarada por la Corte de Apelaciones Accidental de ese mismo Circuito Judicial Penal. Así se decide.

No obstante el pronunciamiento que antecede, esta Sala observa de las actas del expediente que el Presidente Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida requirió con carácter de “URGENCIA” del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal la remisión de la causa penal; para así tener a disposición las decisiones judiciales impugnadas en amparo; actuación procesal a todas luces inconducente; toda vez que, al no haberse consignado ningún tipo de copia de las sentencias impugnadas, lo cual se traduce en carencia de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dichas decisiones, así como desconocimiento de su contenido, esta Sala considera que se imponía la declaratoria de inadmisibilidad del amparo incoado.

En consecuencia, se insta a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida para que en lo adelante, al advertir circunstancias como la presente una vez que sean interpuestas acciones de amparo constitucional, proceda de conformidad con el precedente judicial reiterado de esta Sala, según ha quedado expuesto en el presente fallo.

Finalmente, no puede obviar la Sala la confusión en que incurrió la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado  Mérida, ya que entró a conocer el fondo del amparo ejercido declarando que “(…), es incierto que la Juez A quo haya violado el debido proceso, garantías Constitucionales y el derecho a la defensa, ya que en la Audiencia de Preliminar llevada a efecto el día 26 de Octubre del 2010, la Juzgadora declaró Sin Lugar las excepciones opuestas por la defensa, dándole una respuesta a cada una de las excepciones planteadas por los accionantes tal como evidencia en la decisión debidamente fundamentada en fecha 29/10/2010, como lo establece el numeral 2 del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal” para, posteriormente, declarar la inadmisibilidad del amparo interpuesto de conformidad con el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que esta Sala hace un llamado de atención a la referida Corte para que en lo sucesivo no incurra en tales desaciertos, pues la inadmisibilidad se origina por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley que, al impedir la continuación del proceso, no permite el conocimiento del fondo de la controversia.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta contra el fallo que expidió la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 19 de julio de 2011, mediante el cual declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional que incoó el ciudadano JESÚS ANTONIO ABREU UZCÁTEGUI “…contra la decisión tomada en la audiencia preliminar de fecha 26 de octubre de 2010, por la Juez del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida (…), y contra el consiguiente auto de apertura a juicio, del 29 de octubre del 2010; decisión ésta que en uno y otro caso, por carecer de fundamentación…”. En consecuencia, se CONFIRMA en los términos que fueron expuestos la referida sentencia.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los 02 días del mes de Noviembre  de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                             Ponente

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

GMGA.zt.

Expediente n.° 11-1079