SALA CONSTITUCIONAL

Exp. 11-1021

 

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 4 de agosto de 2011, los abogados Gerardo Blyde Pérez, Ery Marcano Valero, David Guevara Domar, Paula Esther Zambrano Miguelena y Chiristian Del Giudice, titulares de la cédula de identidad núms. 7.683.877, 10.869.925, 16.177.963, 15.976.166 y 16.274.469, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 31.434, 57.048, 115.669, 117.897, 139.515, procediendo, en el orden que se menciona, con la condición del Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en Acta de Sesión de Instalación y Juramentación de las Autoridades Locales, publicada en Gaceta Municipal núm. 062-12/2008 Extraordinario; Síndico Procurador Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en la Resolución núm. 037 del 17 de febrero de 2009; y apoderados judiciales de ese Municipio, respectivamente, según poder autenticado el 8 de febrero de 2011 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas, bajo el núm. 46, Tomo 28; interponen recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en la Gaceta Oficial núm. 6.017, Extraordinaria, del 30 de diciembre de 2010.

El 29 de agosto de 2011, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó Ponente  la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 20 de septiembre de 2011, la abogada Michelle King Aldrey, inscrita en el I.P.S.A. bajo el núm. 138.285, invocando la condición de representante judicial del Municipio Baruta, solicitó pronunciamiento acerca de la admisión en la presente causa.

Efectuado el análisis del presente libelo de demanda, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA NULIDAD

Los fundamentos de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad son los siguientes:

1. En primer orden, los demandantes fundamentaron su legitimación en la consideraciones que, a continuación, se exponen:

-    Que “(…) [e]ste Municipio se encuentra especialmente afectado por la Ley cuya nulidad se solicita, pues ésta viola gravemente la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, buscando desarrollar y fortalecer el poder popular y sus instancias, en detrimento de esa autonomía municipal.

-    Que “(…)[a]simismo, la Ley que impugnamos, es contraria a los principios constitucionales de participación ciudadana y planificación municipal, descentralización de competencias y servicios hacia las comunidades y grupos vecinales organizados, principios estos [sic] diseñados para la organización y el funcionamiento del Poder Público Municipal, pues como se expondrá, esa Ley elimina cualquier tipo de referencia a las organizaciones vecinales y comunidad organizada, violando postulados establecidos en los artículos 168, 182 y 184 de la Constitución Nacional, [sic] a partir de los cuales se efectuó la constitucionalización de las organizaciones vecinales en los asuntos públicos municipales, bajo la concepción de la participación ciudadana a través de los Consejos Locales de Planificación Pública.

2. Como Punto Previo, establecieron opinión acerca de la relación entre el Poder Popular y los Consejos Locales de Planificación Pública a partir de la Ley de Reforma Parcial, objeto de la presente impugnación:

-          Que “[l]a Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, tiene por finalidad adaptar dicha Ley a las denominadas Leyes del Poder Popular, también dictadas en diciembre de 2010. Esa adaptación tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Pública, enmarcados dentro de una nueva concepción del llamado Poder Popular, lo cual pretende el legislador nacional con miras a garantizar la participación ciudadana en toma de decisiones en el ámbito municipal”.

-          Que “[d]e esa forma, en la medida en que la ley de Reforma Parcial in comento pretende que el Consejo Local de Planificación Pública se ajuste, amolde y reforme para adaptarse y subrogarse al Poder Popular, dicha Ley es inconstitucional porque también lo es el poder popular. [sic] Conviene, entonces, hacer referencia a las principales aristas de esa figura del poder popular [sic] para poner en evidencia su inconstitucionalidad, así como también la de las diferentes leyes que la desarrollan”.

-          Que “[e]n efecto, la Ley Orgánica del Poder Popular, primero, y en consonancia con ésta la Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y, ahora, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, regulan la figura del poder popular [sic] el cual ha sido, desde 2005, uno de los fundamentos del programa político que ejecuta el Poder Ejecutivo Nacional denominado socialismo o transición al socialismo. Ello se vio demostrado con la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, reformada posteriormente y elevada al rango de Ley Orgánica en 2009 y, principalmente, se evidenció en el Proyecto de Reforma Constitucional de 2007, en el cual se pretendió dar rango de Poder Público y otorgar asidero constitucional al poder popular.” [sic]

-          Que “[a]hora (…) pretendiendo ignorar esa expresión de rechazo popular, dentro de tal programa de gobierno socialista, el poder popular [sic] ha sido concebido por el legislador como la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos (…)”.

-          Que “(…) [l]a Constitución establece, ciertamente, el principio de la democracia participativa y reconoce expresamente, eso sí, el derecho a la participación en los asuntos públicos (artículo 62) y enumera los principales medios de participación político y socieconómica del pueblo, no obstante no ciñe en modo alguno esa participación al poder popular”. [sic]

-          Que “(…)[d]e este modo, las instancias del Poder Popular y la misma medida el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos depende de la voluntad y lineamientos de acción del Poder Ejecutivo Nacional, quien dispone o no su registro, lo que implica una grave limitación al derecho a participar libremente en los asuntos públicos, como expresamente reconoce el artículo 62 de la Constitución”.

-          Que “(…) tal vez el aspecto más determinante de la regulación que las leyes mencionadas han dado al poder popular [sic] y, del cual se derivan la mayoría de los vicios de inconstitucionalidad que se denuncian, es que las organizaciones de instancias del Poder Popular deben dirigir su actuación a la construcción del modelo socialista (…)”.

-          Que “(…) [d]e esa manera, según está concebida en estas leyes del poder popular, [sic] la participación ciudadana no se reconoce para fines distintos al socialismo que, se insiste, es el programa político diseñado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo contenido es descrito en detalle en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”.

-          Que “(…) las leyes reguladoras del poder popular [sic] tienen como objetivo fundamental y, así lo establecen expresamente, la organización del “Estado Comunal”, el cual tiene a la “Comuna” como su célula fundamental (…)”.

-          Que “[e]sa regulación de la Comuna y la ‘edificación’ del Estado Comunal sustituye inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de ‘unidad política primaria de la organización nacional’ según expresa disposición del artículo 168 de la Constitución”.

-          Que “[d]e allí que las leyes del poder popular [sic] establecen un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucional: el primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo y, el segundo, fundamentado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; sistema en el que el primero irá vaciando progresivamente sus competencias al segundo. Ello es inconstitucional, primero porque la democracia participativa que dispone la Constitución puede y debe completarse con la democracia representativa que también reconoce el Texto Fundamental y, además porque en la estructura del Estado Comunal en realidad el ejercicio de la soberanía, en definitiva, es indirecta mediante ‘representantes’ que se ‘eligen’ –no en elecciones directas, secretas y universales, es decir, no mediante el sufragio- para ejercer el poder popular [sic] denominados ‘voceros’ o ‘voceras’”.

-          Que “[e]n definitiva, sin contar con el asidero constitucional y en franca inobservancia de la voluntad popular expresada mediante referendo en 2007, el poder popular [sic] ha sido bastión de impulso del modelo socialista y, se ha entendido como el modo de ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos y de manifestación de la democracia participativa, bajo la absoluta rectoría del Poder Ejecutivo Nacional y sólo, se insiste por y para el modelo socialista”.

-          Que “[d]e allí entonces la razón de la modificación de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública: se pretende modificar su esencia para que éstos respondan ahora, a las finalidades del poder popular: [sic] (i) se establecen elementos ideológicos excluyentes, relacionados con la planificación municipal; (ii) se contradicen los principios orientadores de la planificación participativa necesaria para el desarrollo de las diferentes entidades municipales del país, al igual que los principios constitucionales de planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta consagrada para el régimen socieconómico de la República; (iii) los elementos electorales y organizativos presentes en esta reforma son confusos y no se corresponden con la evolución y las necesidades de los Consejos Locales de Planificación Püblica; (iv) se articulan las autoridades locales con las instancias del poder popular, [sic] excluyendo a la sociedad organizada, en correspondencia con el desarrollo de los derechos de asociación y de participación ciudadana en el ámbito municipal; (v) se elimina todo tipo de mención a las organizaciones vecinales y a la sociedad organizada y, (vi) las sanciones impuestas a las autoridades municipales no contribuyen al normal desenvolvimiento legislativo municipal, mediante las ordenanzas necesarias para la aplicación y ejecución de la Ley, por el contrario, constituyen un factor que obstaculiza el ejercicio de las funciones legales que les corresponden a las autoridades electas popularmente”.

-          Que “[e]sta panorámica general nos permite, entonces, identificar y denunciar los siguientes vicios de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública; (i) verificación de un fraude constitucional ante la inobservancia de la voluntad popular mayoritaria expresada el 2 de diciembre de 2007; (ii) violación de la autonomía municipal, al contrariar los principios constitucionales establecidos en los articulos 168, 178 y 184 de la Constitución, referidos a la participación ciudadana, planificación municipal y descentralización hacia las comunidades y grupos vecinales debidamente organizados, diseñados para la organización y el funcionamiento del Poder Público Municipal; (iii) violación del artículo 182 de la Constitución Nacional, [sic] al permitir que los Consejos Locales de Planificación Pública estén integrados por sujetos distintos a los contemplados en la norma constitucional; (v) violación del principio fundamental de pluralismo político y al derecho a la libre participación ciudadana a los solos cauces del poder popular, [sic] siempre para la construcción del socialismo, consagrados en los artículos 2 y 62 de la Constitución y (vi) violación a los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de asociación, recogidos en los artículos 21 y 52 de la Constitución”.

3. Con base en lo anterior, se desarrolló la primera de las denuncias expuestas, alegando la presencia de un “fraude constitucional” ante la inobservancia de la voluntad popular expresada el 2 de diciembre de 2007:

-          Que “…fue claro el constituyente [sic] cuando expresó que solo se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de los votos afirmativos es superior al de los votos negativos y que ‘la iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional’. Por ende, pretender incluir el contenido de esa reforma constitucional rechazada mediante actos de rango de ley implica un evidente desacato y fraude constitucional, pues no es sino el modo de burlar el contenido del artículo 345 constitucional, que impide su planteamiento en un mismo período constitucional e implica, en definitiva, la inobservancia y contradicción de la voluntad popular que expresamente rechazó esa regulación, violando, como se dijo, el artículo 5 de la Constitución”.

-          Que “[l]a Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, incurre, en consecuencia, en un fraude a la Constitución, esto es, en un desconocimiento o ‘desmantelamiento’ del marco constitucional vigente y su ‘sustitución’ sin seguir los mecanismos formales de modificación constitucional y, peor aún, desconociendo el expreso rechazo popular manifestado mediante referendo, lo que lleva, de suyo, a la declaratoria de nulidad absoluta por inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública y, así solicitamos sea declarado”.

4. Siguiendo el orden de las denuncias de nulidad expuestas, se procedió a señalar que la Ley de Reforma cuyo nulidad se solicita vulnera la autonomía municipal en los términos siguientes:

-          Que “(…) la Ley impugnada no respeta la autonomía del Municipio en el ámbito de una de las materias de su competencia exclusiva, como lo es la planificación integral del Municipio, a través del Consejo Local de Planificación, órgano que se encarga de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, pretendiendo imponer lineamientos y parámetros del Poder Público Nacional”.

-          Que “[p]or otra parte, en relación a la promoción e incorporación de la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública local, lo que es de exclusiva competencia municipal en los términos en que así lo disponen los artículos 168 y 178 constitucionales, competencia exclusiva que, inconsecuencia, puede y debe ser gestionada por el ente municipal de manera autónoma, sin imposición alguna de otros niveles político-territoriales”.

-          Que “[d]icha competencia exclusiva del Municipio tiene una importancia fundamental. Así, en la base misma de la democracia, cuyo ejercicio se logra, entre otras maneras, a través de la participación ciudadana, está que el ciudadano se integre activamente en las instancias que le son más cercanas, que son precisamente las de su localidad, las de su Municipio. Así, desde que la Constitución de 1999 creó los Consejos Locales de Planificación Pública, los ciudadanos sin ningún tipo de distinción, podían participar en los asuntos municipales, planificando y ejecutando y ejerciendo control social a proyectos dirigidos al beneficio de la comunidad, concepción que cambia en la reforma de la Ley impugnada, al incorporar las [sic] instancia del Poder Popular a los Consejos Locales de Planificación Pública y eliminar toda posibilidad de otras formas de participación”.

-          Que “[f]rente a ese marco constitucional, es evidente que la Ley de reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública es inconstitucional, pues excede de las limitaciones admisibles a la autonomía del Municipio, al interferir exclusivamente en el modo como el Municipio puede, autónomamente, promover la participación ciudadana a través del Consejo Local de Planificación Pública(…)”.

-          Que “[d]e ese modo, se impone que el Consejo Local de Planificación Pública esté integrado por las distintas instancias del poder popular. En consecuencia, es flagrante la violación del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos municipales por parte de la Ley impugnada cuando se elimina la posibilidad de que sean las organizaciones vecinales y la sociedad organizada, como lo establece el artículo 182 de la Constitución, las que integren el Consejo Local de Planificación Pública.

4. Alegaron el quebrantamiento al principio constitucional de descentralización político territorial y de autonomía municipal, ante la imposición a los Consejos Locales de Planificación Pública de la ‘promoción y aprobación’ de transferencia de competencias del Municipio a las instancias del Poder Popular, con base en lo siguiente:

-           Que “[a] pesar de ser ése el marco constitucional de la descentralización política en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en franca contradicción a los artículos 4, 16, 157, 158 y 184 de la Constitución, le impone a la Plenaria del Consejo Local de Planificación Pública, como una de sus funciones de deliberación y aprobación, la promoción de la transferencia de competencias y servicios por parte de los Municipios a las instancias del poder popular [sic] (…)”.

-          Que “[c]omo se desprende de la norma transcrita, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en sentido similar que la Ley Orgánica de las Comunas (artículo 64), la Ley Orgánica del Poder Popular (artículo 27) y artículos 1 y 281 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece que los Municipios transferirán a las instancias del poder popular [sic] competencias y funciones que les estén atribuidas en la Constitución. Ahora bien, esa transferencia de competencia es inconstitucional, fundamentalmente por tres razones: (i) porque supone la transferencia de competencias a personas jurídicas distintas de los entes que conforman los tres niveles político-territoriales transferentes, violando lo autonomía política y de gestión de los municipios y (iii) porque implica una re-centralización de competencias, en tanto se transfieren competencias a instancias que dependen del poder nacional”. [sic]

5. Denunciaron la inconstitucionalidad del artículo 13 numeral 3 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública porque supone la transferencia de competencia a personas jurídicas distintas de los entes que conforman los tres niveles político-territoriales constitucionales:

-          Que “(…) el artículo 13 numeral 3 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública es inconstitucional, al prever que esos Consejos promuevan y aprueben la transferencia de competencias y servicios de los Municipios a instancias distintas, ajenas a esos tres niveles político-territoriales, como son las instancias del poder popular”. [sic]

-          Que “[a]simismo, es importante destacar que esa inconstitucional transferencia de competencias no puede tener, en modo alguno, fundamento en el artículo 184 de la Constitución (…)”.

-          Que “[l]a norma constitucional antes transcrita establece la posibilidad de que mediante ley se establezcan mecanismos para que Estados y Municipios transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados, ciertos servicios de su competencia, a fin de mejorar la eficiencia en su prestación y gestión. Se trata, según la letra de la constitución, [sic] de una posible transferencia de servicios, no así de competencias, casos que son absolutamente distintos (…)”.

-          Que “[e]n consecuencia, el artículo 184 de la Constitución no otorga basamento constitucional a la transferencia de competencias prevista en el artículo 13 numeral 3 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, norma esta última que carece de asidero constitucional y así solicitamos sea declarado. Por ende, la referida norma de la Ley impugnada en este recurso de nulidad, como se dijo antes, pretende una transferencia de competencias de los entes político-territoriales constitucionales a entidades que no consiguen asidero constitucional y que no forman parte de la división política establecida en el artículo 16 de la Constitución, lo que viola flagrantemente los artículos 16, 157 y 158 del Texto Fundamental”.

6. Se procedió a denunciar la inconstitucionalidad de la reforma de los artículos 1 y 13 numeral 3 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública por la re-centralización de competencias de los Municipios:

-          Que “[e]n abundancia, la inconstitucional regulación de la transferencia de competencias y servicios que realiza la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública se evidencia el hecho de que todas las instancias del Poder Popular dependen del Poder Nacional, quien ejerce el control de su registro. En consecuencia, la transferencia de competencias y servicios a esas instancias se traduce en una re-centralización de competencias a favor del Poder Nacional”.

-          Que “[t]al como se expuso anteriormente, todas las Leyes del poder popular [sic] disponen que las instancias del poder popular [sic] deberán registrarse ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, a los fines de adquirir personalidad jurídica (…)”.

-          Que “[a]simismo, el control del Ejecutivo nacional, [sic] en el caso de las comunas, se intensifica aun [sic] más si se toma en cuenta que son los consejos comunales los que tienen la iniciativa para la constitución de las comunas, y esos consejos comunales, a su vez, deben estar debidamente registrados por el mismo Ejecutivo nacional. [sic] Por último, conviene recordar nuevamente que el artículo 63 de la Ley Orgánica de las Comunas dispone que ese ‘órgano facilitador’ o Ministerio del Poder Popular para la participación ciudadana, dictará los lineamientos estratégicos y normas técnicas para el desarrollo y consolidación de las comunas”.

-          Que “[p]or su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal indica que las organizaciones socioproductivas adquirirán personalidad jurídica una vez formalizado su registro ante el ‘órgano coordinador’, que no es otro que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en esa materia. De manera que en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal el control nacional es doble: se controla el registro de las instancias del poder popular [sic] y luego se controla el registro de las organizaciones socioproductivas conformadas por esas instancias una vez controladas”.

-          Que “[e]n esa medida, es evidente que en el marco de las instancias del poder popular [sic] no hay ejercicio alguno de soberanía popular y, menos aún, de autogobierno, pues éste implica, ante todo autonomía y autodeterminación. Por el contrario, en la medida en que el Ejecutivo Nacional es el que otorga personalidad jurídica mediante el registro y por ende, determina qué instancias pueden constituirse y cuáles no, el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos se ve reducido al mero cumplimiento de las instrucciones, órdenes, mandatos o lineamientos –como expresamente señala el artículo 63 de la Ley Orgánica de las Comunas y 7de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal- que imparta aquél que tiene el poder de formalizar su existencia como ‘instancia’ del Poder Popular, el Ejecutivo Nacional”.

-          Que “[e]n consecuencia, esta inconstitucional regulación de la transferencia de competencias de los Municipios a las instancias del poder popular [sic] en modo alguno promoverá la descentralización, sino que, por el contrario, implicará una re-centralización de competencias hacia el Poder Nacional, procurando su fortalecimiento a la par de debilitamiento y disminución de competencias de los Estados y Municipios para la construcción del socialismo, situación que viola flagrantemente los artículos 4, 16, 157 y 158 de la Constitución (…)”.

7. Se denunció la violación del principio de democracia representativa por la supresión del mecanismo de elección popular de los consejeros y ante la existencia de órganos que ejercen poder sin ser electos mediante sufragio:

-           Que “[l]a existencia del Poder Popular deriva directamente de la denominada democracia participativa, mediante la cual –para el legislador- la soberanía popular se ejerce directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Con fundamento en esa idea,  se ha pretendido, en las leyes del Poder Popular, sustituir cargos de representación popular que hasta ahora ejercían potestades públicas en entidades político-territoriales, por miembros designados no electos popularmente que integrarán las instancias del Poder Popular; en otras palabras, se ha tratado de sustituir la democracia representativa por democracia participativa.

-          Que “[d]e ese modo, la elección de los consejeros como miembros integrantes de los Consejos Locales de Planificación Pública, no obedecen ya a la soberanía popular expresada mediante el sufragio, sino que son designados por ‘cada movimiento u organización social, debidamente articulado aun [sic] consejo comunal y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de participación ciudadana (…)’,como lo establece el artículo 7 de la Ley impugnada, lo que, a lo sumo, se traduce en una elección de segundo grado”.

-          Que “(…) con esa sustitución de la democracia representativa, ejercida mediante sufragio para elegir a los representantes populares, por una democracia exclusivamente participativa de ejercicio ‘directo’ de la soberanía de aquellos que formen parte de la instancia comunal, se viola el artículo 5 de la Constitución (…)”.

-          Que “(…) se viola el artículo 6 constitucional, el cual dispone que el gobierno de la República será siempre ‘democrático, participativo y electivo’ y el artículo 62 eiusdem, según el cual el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos se ejerce ‘directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas’, de modo que la elección popular es también un modo de participación ciudadana y no es posible que sea excluido ni proscrito mediante Ley”.

-          Que “[e]n consecuencia, debe declararse la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública porque viola los artículos 5, 6, 62 y 64 de la Constitución de 1999 y, así solicitamos sea declarado por esta Sala Constitucional”.

8. Denunciaron la violación de la autonomía municipal, del principio fundamental de pluralismo político y del derecho a la libre participación en los asuntos públicos, establecidos en los artículos 168, 2 y 62 de la Constitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, ante la imposición de la participación ciudadana a nivel local exclusivamente mediante el Poder Popular:

-          Que “(…) el poder popular, [sic] en los términos en que está concebido en la Ley Orgánica del Poder Popular y desarrollado en el resto de las Leyes del poder popular, [sic] incluida la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos de Planificación Pública, es inconstitucional porque se impone como único modo de ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana en los asuntos público y solo para la construcción del socialismo, lo que implica desnaturalizar ese derecho fundamental, violando el artículo 62 de la Constitución, e implica proscribir el principio del pluralismo político, violando además el artículo 2 del Texto Fundamental”.

-          Que “[e]n síntesis puede decirse que la regulación de ese derecho fundamental en las leyes del poder popular, [sic] incluida la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Públic resulta incorrecta e inconstitucional, pues se realiza (i) de manera sesgada, sin respeto al principio de pluralismo político, condicionando su ejercicio a la promoción del socialismo, (ii) sin libertad de actuación, porque también se condiciona su ejercicio a la voluntad última del Poder Ejecutivo Nacional y (iii) sin ceñirse a los parámetros constitucionales bajo los cuales se concibió ese derecho fundamental (…)”.

9. Se denuncia la violación de la autonomía municipal y del principio de pluralismo político ante el condicionamiento de que el Municipio, a través del Consejo Local de Planificación Pública sólo puede fomentar la participación ciudadana dentro del Poder Popular y para la construcción del socialismo:

-          Que “[l]a Ley Orgánica del Poder Popular dispone que el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos se ejerce a través del poder popular [sic] para ‘construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia’ y para desarrollar el régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación. Así se lee de manera clara de sus artículos 5, 7, 11 y 15 que determinan los principios, valores y fines del poder popular [sic] y de sus instancias”.

-          Que “[t]ales disposiciones son asumidas y desarrolladas en la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública a fin de concebir, a partir de ahora, un Municipio avocado y dirigido a fomentar la participación ciudadana necesariamente mediante el poder popular y por ende para la construcción del socialismo”.

-          Que “[e]n efecto, el artículo 1 de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública condiciona la democracia participativa a “las instancias del Poder Popular”. De este modo, se está impidiendo al Municipio fomentar libre y pluralmente la participación ciudadana, según los cauces y métodos que considere más conveniente en cada entidad, sino que, por el contrario, debe hacerlo a través del poder popular [sic] para el socialismo tal y como refuerza el artículo 3 de la misma Ley, al establecer los principios rectores del Consejo Local de Planificación Pública y considerar que este órgano ‘como herramienta fundamental para la construcción de la nueva sociedad, se (…) rige por los principios y valores socialistas (…)’”.

-          Que “[e]llo viola abiertamente la autonomía municipal que establecen los artículos 168 y 178 de la Constitución, en cuanto a la gestión de la competencia de promoción de la participación ciudadana en el ámbito de la vida local, lo cual fue desarrollado suficientemente en los puntos que anteceden (…)”.

10. Denuncian la violación del contenido esencial del derecho fundamental a la libre participación ciudadana en los asuntos públicos, por cuanto, consideran:

-          Que “(…) ese condicionamiento de que el poder popular [sic] como forma de manifestación y ejercicio del derecho a la participación ciudadana deba responder al desarrollo del socialismo y de que en las instancias del poder popular [sic] solo cabe participar en pro de la construcción del socialismo y del desarrollo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, viola el artículo 62 de la Constitución (…) de manera que el legislador no puede establecer condiciones al ejercicio de ese derecho fundamental, que impliquen la disminución o supresión de la libertad constitucionalmente garantizada”.

-          Que “[e]n conclusión, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública in totum es inconstitucional porque desarrolla el poder popular, [sic] el cual viola el contenido esencial del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos en tanto impide su libre ejercicio y así solicitamos sea declarado”.

 11. Alegan la violación del derecho de participación ciudadana, al considerar que no es un autogobierno, sino una intervención en la toma de decisiones de los Poderes Públicos. A tal efecto, se indicó:

-          “(…) no es cierto que la democracia participativa no el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos implique el ejercicio directo del poder público [sic] por parte del pueblo sin intervención alguna de los órganos del poder público democráticamente electos. Esa concepción errada de la democracia participativa y del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos es precisamente la que se pretende mediante la regulación del poder popular [sic] en la Ley Orgánica del Poder Popular y las leyes que la desarrollan, incluida la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, al establecer que la relación entre las instancias del poder popular [sic] y dichos Consejos pretende ‘garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a la participación libre y democrática en la toma de decisiones en todo el ámbito municipal, para la construcción de la sociedad socialista democrática, de igualdad, equidad y justicia social”, ejercicio pleno que persigue ese supuesto ‘autogobierno’ y no, como debería ser conforme a la Constitución, la participación en la toma de decisiones de los Poderes Públicos constituidos, que es lo que esta misma Sala ha señalado como correcto ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos”.

12. Finalmente, denuncian la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley de reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, referido a la integración del Consejo Local de Planificación Pública, por considera contraría los artículos 21, 52 y 182 de la Constitución:

-          Que “(…) el referido artículo constitucional [artículo 182] plantea el pluralismo organizativo del Consejo Local de Planificación pública, a través de un conjunto de figuras legales en las cuales están presentes las comunidades organizadas y las organizaciones vecinales, reconocidas además en el artículo 184 de la Constitución”.

-          Que “[s]in embargo, el artículo 6 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, desconoce ese pluralismo político al imponer integrantes distintos a los establecidos en la norma constitucional, esto es, ‘Consejeros’ y ‘Presidentes de las Juntas Parroquiales Comunales’, que son elegidos única y exclusivamente por los voceros de los Consejos Comunales (artículo 7 ejusdem), lo que impide que cualquier otro tipo de organización ciudadana que no forme parte del Poder Popular, pueda tener un representante ante el Consejo Local de Planificación Pública”.

-          Que “[a]sí es importante destacar que la Ley Orgánica del Poder Popular establecer que el derecho a la participación ciudadana se ejercerá a través del Poder Popular; en consecuencia, las personas que no se integren o no se adhieran a algunas de las diversas formas de organización del Poder Popular, que tengan como fin edificar el Estado socialista, quedarán excluidos del ejercicio de ese derecho fundamental en condiciones de igualdad, es decir, con los beneficios que otorga la Ley a quienes conforman instancias u organizaciones del poder popular”. [sic]

-          Que “[a]sí, quienes no se integran, asimilen y sometan a alguna instancia del poder popular [sic] –vgr. consejo comunal, comuna, ciudad comunal, o alguna organización del poder popular- [sic] sino que pretenden ejercer sus derechos políticos y de participación a través de las Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles, Fundaciones, Cooperativas o cualquier otra forma de organización social, no tendrán las mismas condiciones de participar en los asuntos públicos. Ello viola, sin duda alguna, el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la libre asociación contenidos en los artículos 21 y 52 de la Constitución.

-          Que “[p]or todas estas razones, solicitamos que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 7 de la Ley impugnada, toda vez que constituyen una flagrante violación de los artículos 182, 21 y 52 de la Constitución Nacional” [sic].

-          Que “[f]inalmente, solicitamos a esta honorable Sala Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública”.

Efectuados los argumentos de nulidad, solicitaron medida cautelar innominada, la cual, se fundamentó:

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos se acuerde mediante cautelar de suspensión de los efectos de la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal [sic], mientras se tramita el presente juicio (…)

a. De la existencia de presunción de buen derecho

(…) En primer lugar, se desprende la presunción de buen derecho de la inconstitucionalidad de dicha Ley, porque es evidente que con la promulgación de las leyes del poder popular [sic] y en este caso concreto la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, se ha verificado un fraude constitucional ante la inobservancia de la voluntad mayoritaria expresada el 2 de diciembre de 2007. En efecto, el solo contraste del Proyecto de reforma constitucional de 2007 respecto de la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley impugnada, refleja que en todas la regulación del concepto de poder popular y del Municipio es en esencia la misma, a pesar que esa reforma constitucional fue rechazada pro la mayoría de los electores mediante referendo en diciembre de 2007. Por tanto, la promulgación de las leyes del poder popular [sic] de 2010, sin tomar en consideración que su contenido fue rechazado mediante referendo, se traduce en una burla al cumplimiento del artículo 345 de la Constitución de 1999, según el cual la iniciativa de reforma que no fuere aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional. Asimismo el contenido de esa Ley se traduce en un fraude y un incumplimiento a la voluntad popular expresa en ese referendo de diciembre de 2007 y por ende la Ley de reforma parcial de la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública contradice el principio de soberanía popular que recoge el artículo 5 de la Constitución.

En segundo lugar, se demuestra la presunción de buen derecho en la comparación del texto de los artículos 168 y 178 de la Constitución que reconocen la autonomía municipal respecto de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, la cual viola esa autonomía respecto de dos ámbitos concretos: En primer lugar, en cuanto a la gestión de dos materias de su competencia, como son, la promoción y desarrollo económico y social y la promoción de la participación ciudadana. En segundo lugar, en tanto impone la transferencia de competencias y servicios del Municipio a las instancias del Poder Popular, incluso en contra de su voluntad.

En tercer lugar, hay presunción de buen derecho derivada del mero contraste del concepto de descentralización político que sustentan los artículos 4, 16, 136, 157, 158, 159 y 168 de la Constitución frente a la reforma del artículo 13 numeral 3 contenida en la Ley de reforma parcial impugnada que pretende imponer una transferencia de competencias forzosa de los municipios respecto de las instancias del poder popular [sic], a través de la promoción y aprobación por parte de la Plenaria del Consejo Local de Planificación Pública, violando flagrantemente la autonomía municipal, y persiguiendo, además, una re-centralización de competencias a favor del poder nacional [sic] que es quien controla las instancias del poder popular, lo que también viola abiertamente la esencia misma de la descentralización en tanto transferencia de competencias de los entes territoriales superiores a los inferiores a fin de profundizar la democracia y acercar el poder a la población a través de los municipios. Asimismo es inconstitucional porque supone la transferencia de competencias a personas jurídicas distintas de los entes que conforman los tres niveles político-territoriales constitucionales, y no se limita a una transferencia  de servicios, que es lo que permitiría la Constitución respecto de la comunidad organizada (artículo 184).

En cuarto lugar, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública es claramente inconstitucional porque (i) crea nuevos miembros para la conformación de los consejeros integrantes de un Consejo Local de Planificación Pública, en franca violación [de] los artículos 182, 21 y 52 de la Constitución y (ii) viola la reserva constitucional ante la creación de instancias de poder distintas a las que establece la Constitución.

En sexto lugar, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública viola la garantía constitucional de autonomía municipal, el principio fundamental de pluralismo político y el derecho a la libre participación en los asuntos públicos, consagrados en los artículos 2 y 62 de la Constitución, porque impone al Consejo Local de Planificación Pública que sólo podrá promover la participación ciudadana a través de las instancias del poder popular [sic] y sólo para el socialismo. Asimismo viola el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos y el pluralismo político en la medida en que desarrolla el poder popular, [sic] el cual sólo permite el ejercicio de ese derecho fundamental a través de sus instancias, para el socialismo, a fin de cumplir las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-20012- [sic] Como antes se alegó, la Ley impugnada en este proceso de nulidad viola flagrantemente ese derecho fundamental pues (i) no respeta el principio de pluralismo político, en tanto condiciona su ejercicio a la promoción del socialismo, (ii) viola el contenido esencial de ese derecho fundamental y el constitucional de dicho derecho (iii) al exigir el registro de las instancias del Poder Popular ante órganos del Poder Ejecutivo Nacional.

(…omissis…)

b. De la existencia del periculum in mora

(…omissis…)

(…) nuestro representado en juicio, el Municipio Baruta se verá directa y especialmente afectado por la Ley cuya nulidad se solicita, pues ésta viola la condición de Municipio como unidad política primaria del Estado, viola gravemente la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, y busca desarrollar y fortalecer el poder popular [sic] y sus instancias, en detrimento de esa autonomía municipal. Asimismo, la Ley que impugnamos, alude a la transferencia de competencias y servicios que constitucional y legalmente corresponden a los Municipios a favor de las instancias  del [sic] transferencia. Ello implica, evidentemente, una inconstitucional afectación del normal ejercicio, por parte de los entes municipales, de sus competencias y atribuciones y, afectando por ende los intereses del Municipio. De allí que sea imperante la suspensión inmediata de los efectos de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública mientras se tramita este juicio, pues su reparación al normal funcionamiento de los órganos del Poder Público tal y como fue concebida en la Constitución de 1999 y, asimismo, perjuicios irreparables o de difícil reparación al Municipio que reprendamos, en tanto ser vería afectada su autonomía constitucionalmente garantizada y el cabal cumplimiento de sus competencias y atribuciones.

(...omissis…)

De la ponderación de intereses en juego

(…omissis…)

En el caso de autos la suspensión de los efectos del acto normativo impugnado no solo no lesiona el interés general, sino que, por el contrario, lo protege, lo defiende, pues implica el mantenimiento de la debida estructura político territorial y el marco constitucionalmente establecido de distribución de competencias entre el Poder Nacional, Estadal y Municipal, el mantenimiento de la autonomía  municipal y el ejercicio no condicionado ni discriminado del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, todo ello bajo el marco fundamental del pluralismo político. Asimismo, y esto es fundamental, impediría que adquiriera efectividad una Ley que recoge y reproduce preceptos que fueron expresamente rechazados por la mayoría de los electores mediante el referendo que negó la reforma constitucional de 2007”-

Finalmente, se indicó como petitorio de la demanda de nulidad, lo siguiente:

Por todas las razones que anteceden, solicitamos a esa Sala Constitucional, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ADMITA la presente demanda y la tramite de conformidad con los artículos 128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en la definitiva, declare la NULIDAD TOTAL por razones de inconstitucionalidad de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública publicada en la Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinaria del 20 de diciembre de 2010.

III

DE LA ADMISIBILIDAD

Los artículos 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevén que los pronunciamientos de admisión de todas las demandas de nulidad por inconstitucionalidad corresponde directamente a esta Sala, ello, a fin de dar celeridad a la causa que de ser admitida, debe remitirse al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la tramitación del procedimiento.

En tal sentido, el artículo 133 eiusdem, dispone lo siguiente:

             “Artículo 133.- Se declarará la inadmisión de la demanda:

 

1.- Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.

2.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible.

3.- Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúen en su nombre, respectivamente.

4.- Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.

5.- Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

6.- Cuando haya falta de legitimación pasiva”.

           

Revisadas las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita, no se advierte que la demanda de autos se subsuma en alguna de ellas. En consecuencia, esta Sala admite la presente acción en cuanto ha lugar en derecho, sin perjuicio de su potestad de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.

Como consecuencia de dicha admisión y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar  mediante oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República y a la Defensora del Pueblo. Remítase a los citados funcionarios copia certificada del libelo, de los recaudos aportados por el actor y del presente fallo de admisión. Asimismo, se ordena notificar de la presente admisión a la parte demandante. 

 Por último, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que realice las notificaciones ordenadas en el presente fallo, acuerde el emplazamiento de los interesados, conforme con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal y continúe el procedimiento de Ley.

IV

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La potestad cautelar de esta Sala se encuentra recogida en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, la Sala puede conocer, como pretensión cautelar, de las solicitudes de amparo que se presenten conjuntamente con la demanda de anulación de normas.

En el presente caso, la parte accionante ha solicitado medida cautelar innominada contra la totalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, impresa en Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinaria del 30 de diciembre de 2010.

La parte accionante solicitó medida cautelar de suspensión con base en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone:

“En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aún de oficio, las medidas cautelares que estime pertinente. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantías de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses público en juego”.

 

La parte demandante señalan como riesgo manifiesto que pueda dejar ilusoria los efectos de la ejecución del fallo de fondo (periculum in mora), lo siguiente: “…nuestro representado en juicio, el Municipio Baruta se verá directa y especialmente afectado por la Ley cuya nulidad se solicita, pues ésta viola la condición de Municipio como unidad política primaria del Estado, viola gravemente la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, y busca desarrollar y fortalecer el poder popular [sic] y sus instancias, en detrimento de esa autonomía municipal…”

Esta Sala, al analizar los términos por los cuales se fundamenta la solicitud de la medida cautelar por cual se solicita la suspensión de la Ley impugnada, denota que se ha basado en los mismos señalamientos por los cuales se ha impetrado la nulidad. Si bien los mismos pueden en este caso llegar a fundamentar la posible operatividad del fumus boni iuris como requisito del otorgamiento de la medida cautelar, no son suficientes en lo que respecta al periculum in mora, por cuanto no argumentan ni acompañan mediante prueba alguna, la urgencia de protección cautelar que denote una posible ilusión de los efectos de la sentencia de fondo aplicada a una situación en concreto que se denuncie en el caso de autos. Aunado a ello, tampoco indican ni emplazan probanza alguna acerca de la existencia de un daño inminente en el sentido de que exista un riesgo manifiesto que atente las competencias del Municipio, del derecho de participación, o si existe un hecho tangible que materialice un daño que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva, aunado que la consideración expuesta por los demandantes –expresados iguales términos tanto para la pretensión de nulidad de la Ley impugnada como para la protección cautelar-, implicaría por su identidad un adelantamiento en el pronunciamiento que debe ser considerado en la presente causa a través de la sentencia de fondo. Siendo ello así, vista la insuficiencia sobre la cual se invocó la medida cautelar, esta Sala desestima dicha pretensión, por lo que se declara improcedente.

 

 

V

DECISIÓN 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley:

PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad interpuesta en su propio nombre por los Gerardo Blyde Pérez, Ery Marcano Valero, David Guevara Domar, Paula Esther Zambrano Miguelena y Chiristian Del Giudice, titulares de la cédula de identidad núms. 7.683.877, 10.869.925, 16.177.963, 15.976.166 y 16.274.469, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 31.434, 57.048, 115.669, 117.897, 139.515, procediendo, en el orden que se menciona, con la condición del Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda; Síndico Procurador Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda; y apoderados judiciales de ese Municipio, respectivamente, contra la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en la Gaceta Oficial núm. 6.017, Extraordinaria, del 30 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: ADMITE la presente demanda de nulidad por inconstitucionalidad.

TERCERO: ORDENA la citación del Presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ordena la notificación de los demandantes, Defensora del Pueblo y de la Fiscal General de la República, así como la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que libre el cartel de emplazamiento y siga el procedimiento de Ley.

CUARTO: DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de Sustanciación.

           Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de noviembre  de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y  152° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 

 Vicepresidente,            

 

 

 

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

                                                                       CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                           Ponente

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp.- 11-1021

CZdM/