SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

            El 15 de diciembre de 2000, esta Sala recibió del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 20 de noviembre de 2000 ante ese Juzgado, por el abogado RAFAEL ÁNGEL ZÉREGA MÉNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 54.797, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana AURA CASTILLO DE RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.350.811, contra la decisión del 6 de noviembre de 2000, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

 

            Dicha remisión obedeció a que mediante auto del 7 de diciembre de 2000, el referido Juzgado Superior oyó en un solo efecto la apelación ejercida por el prenombrado abogado, contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el 29 de noviembre de 2000, que declaró sin lugar el amparo propuesto.

 

            El 18 de diciembre de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe.

            El 27 de diciembre de 2000, el apoderado actor consignó escrito y recaudos relacionados con la acción de amparo ejercida.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

En el escrito que contiene la acción de amparo constitucional, el apoderado actor, señaló lo siguiente:

 

1.- Que su representada demandó ante el Tribunal del Municipio San Fernando del Estado Apure, la nulidad de un contrato de compraventa que supuestamente suscribió con su hija LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ.

 

2.- Que “...la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ, ...omissis... llevó engañada a su madre, para que le firmara un documento de compra venta, haciéndole creer que estaba firmando el arrendamiento de un inmueble propiedad de la madre, aprovechándose de que la madre no sabe leer ni escribir...”.

 

3.- Que la ciudadana antes nombrada fue citada pero nunca compareció a contestar la demanda, por lo cual le fue nombrado un defensor ad litem, el cual -según afirma el apoderado actor- se opuso a todos los alegatos de la demanda pero no probó nada que le favoreciera.

 

4.- Que el referido Juzgado declaró sin lugar la demanda “...porque no se había probado el engaño alegado...”, y que contra esa decisión ejerció en nombre de su mandante recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

5.- Que dicho Juzgado “...fijó los informes, fundamentándose en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, sin tomar en cuenta lo establecido en el artículo 520 ejusdem, de que las únicas pruebas admitidas en segunda instancia son las de instrumentos públicos, las posiciones juradas y el juramento decisorio. Las posiciones juradas y el juramento decisorio, podrán evacuarse hasta los informes,  siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal ...”.

 

            6.- Que su representada solicitó posiciones juradas y pidió la comisión de un tribunal con sede en la ciudad de Barquisimeto para que fuera evacuada dicha prueba, por tener allí su domicilio la parte demandada; no obstante, cumplida la comisión cuando el juez de la causa recibió el expediente “...entra a decidir y en la sentencia decreta extemporánea las posiciones juradas que ellos mismos ordenaron hacer, dejándonos en estado de indefensión...”.

 

            Alegó la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Constitución, y finalmente, pidió como mandamiento restablecedor, que se declare la nulidad de la decisión accionada y que se reponga la causa al estado de que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure “...dicte autos para los informes...”.

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

            Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2000, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado RAFAEL ANGEL ZÉREGA MÉNDEZ en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana AURA CASTILLO DE RODRÍGUEZ, pues consideró que en la decisión accionada el juzgador actuó conforme a derecho al no estimar las pruebas de posiciones juradas promovidas por la parte actora y que, en consecuencia, no hubo indefensión ni violación al debido proceso, al observar de los recaudos cursantes en autos que “...el lapso para la presentación de informes venció el 03 de agosto del 2000, por lo que evidentemente las pruebas de posiciones juradas presentadas por la parte actora, resultan extemporáneas, porque las mismas necesariamente tenían que haber sido consignadas en autos antes de la fecha de vencimiento del lapso de informes, permitiendo con tal proceder que la contraparte se impusiera del contenido de dichas pruebas, y si lo estimaba procedente, hiciere las observaciones a que se contrae el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil...”.

           

III

DE LA APELACIÓN

 

            El 27 de diciembre de 2000, el apoderado actor presentó ante esta Sala, escrito en el cual fundamentó la apelación ejercida, señalando lo siguiente:

 

            1.- Que el 30 de junio de 2000, el Tribunal accionado recibió la apelación ejercida por su representada contra la decisión del Juzgado de Municipio San Fernando del Estado Apure, y en lugar de fijar un lapso probatorio, fijó en esa misma fecha un lapso de veinte (20) días de despacho para que las partes presentaran los informes, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil.

 

            2.-  Que el 6 de julio de 2000 su representada solicitó posiciones juradas de la demandada, para que fueran evacuadas en el lugar de su domicilio; prueba que fue admitida el 10 del mismo mes y año por el tribunal de la causa, el cual comisionó al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara.

 

            3.- Que el 27 de julio de 2000, fue devuelta la comisión “...por haberse indicado en el sobre el nombre equivocado del Tribunal Comisionado...”, y una vez hecha la corrección se remitió nuevamente el 28 del mismo mes y año, para la práctica de las posiciones juradas.

 

            4.- Que el 7 de agosto de 2000, el juez accionado dio por terminado el lapso de informes y fijó el lapso de sesenta días para dictar sentencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.

 

            5.- Que mediante diligencia suscrita el 23 de agosto de 2000, solicitó se le diera entrada a la comisión recibida el 1º de ese mismo mes y año, y que fue el 18 de octubre de 2000 que se estamparon dichas posiciones, siendo que en el tribunal comisionado transcurrieron treinta y dos (32) días de despacho, hasta el 31 de octubre de 2000, fecha en la cual llegó la comisión de las posiciones juradas al tribunal comitente.

 

            6.- Que el 6 de noviembre de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, actuando como alzada del Tribunal del Municipio San Fernando del Estado Apure, dictó sentencia “...sin apreciar las pruebas...”, cuando -en su criterio- “...ha debido abrir un lapso para que las partes presenten pruebas, dentro del cual sólo se admitirán las pruebas de instrumento público, la de posiciones, y el juramento decisorio...”.

 

            7.- Que “...(c)uando las pruebas se van a evacuar fuera del lugar del juicio, se contarán los días de despacho a partir del auto de admisión de dichas pruebas. Término de distancia para la ida. El lapso de evacuación de la prueba solicitada se inicia en el comisionado a partir del vencimiento del término de la distancia. Pero si fenece el mismo sin que haya llegado el despacho al comisionado, debe entenderse paralizada la causa en lo que respecta a los actos de prueba que debe cometer dicho Tribunal por delegación del comitente, (como en efecto ocurrió cuando el Tribunal Comitente por error, indicó una dirección falsa y sin embargo me imputa esa responsabilidad), pues mal puede correr un lapso si es imposible actuar durante su transcurso...”.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y, al respecto, observa que de acuerdo con los criterios sostenidos en sentencias dictadas el 20 de enero y el 30 de junio de 2000, (casos Emery Mata, Domingo Gustavo Ramírez Monja y José Rafael Belisario Rincón), corresponde a esta Sala Constitucional conocer de la presente apelación, en virtud de que la sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, al conocer en primera instancia del amparo constitucional solicitado por el abogado RAFAEL ANGEL ZÉREGA MÉNDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana AURA CASTILLO DE RODRÍGUEZ. Así se decide.

 

            Decidido lo anterior, pasa la Sala a decidir sobre la apelación ejercida y, con tal propósito observa que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, al cual le correspondió el conocimiento y decisión de la acción de amparo en primera instancia la declaró sin lugar, al estimar que no hubo la violación del artículo 49 constitucional denunciada, en virtud de que la prueba de posiciones juradas, a que se refirió el apoderado actor y que -en su criterio- omitió valorar el tribunal de la causa principal, fue presentada  extemporáneamente.

 

            Esta Sala para decidir la violación constitucional del fallo apelado, estima necesario referirse a la comisión como acto procesal y a las posiciones juradas como mecanismo para lograr la confesión, los cuales están regulados en el ordenamiento jurídico adjetivo, de la siguiente manera:

 

            La comisión está regulada en el Capítulo V “De la Comisión” del Título IV “De los Actos Procesales” del Libro Primero “Disposiciones Generales” del Código de Procedimiento Civil, en cuyo artículo 234 se establece que “(t)odo juez puede dar comisión para la práctica de cualesquiera diligencias de sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores, aunque residan en el mismo lugar”. Dispone dicho artículo que “(e)sta facultad no podrá ejercerse cuando se trate de inspecciones judiciales, posiciones juradas, interrogatorios de menores y casos de interdicción e inhabilitación”; no obstante, se prevé una excepción para el caso de las posiciones juradas, las cuales se encuentran previstas en el Capítulo III “De la Confesión” del Título II “De la Instrucción de la Causa” del Libro Segundo “Del Procedimiento Ordinario”, cuando en el artículo 417 eiusdem se indica que “(e)n caso de no hallarse el absolvente en el lugar del juicio, el Tribunal comisionará a otro Juez o Tribunal de la Jurisdicción en que aquel se encuentre, para que ante éste se verifiquen las posiciones, a menos que el absolvente prefiera comparecer a contestar ante el juez de la causa, anunciándolo previamente al Tribunal”.

 

            De manera que el juez de la causa puede comisionar al juez deL lugar, donde resida quien va a absolver las posiciones juradas para que ante él sean practicadas dichas posiciones, y en este supuesto el Código de Procedimiento Civil también regula lo concerniente al cómputo del lapso para la evacuación de las pruebas practicadas mediante comisión y fuera del lugar del juicio, disponiendo en el artículo 400, lo siguiente:

 

 “Artículo 400: Admitidas las pruebas, o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los treinta días destinados a la evacuación; pero si hubieren de practicarse algunas mediante comisión dada a otro tribunal, se hará el cómputo del lapso de evacuación del siguiente modo:

...Omissis...

2º Si las pruebas hubieren de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contarán a partir del auto de admisión: primero el término de la distancia concedido para la ida; a continuación los días del lapso de evacuación que transcurra en el Tribunal comisionado, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, de lo cual dejará constancia el comisionado; y finalmente, el término de la distancia de vuelta. No se entregarán en ningún caso a las partes interesadas los despachos de pruebas para los jueces comisionados. Si las comisiones no fueren libradas por falta de gestión del interesado, el lapso de evacuación se computará por los días que transcurran en el Tribunal de la causa”.

 

            Ahora bien, interesa a los fines de este fallo examinar la figura de la comisión así como el mecanismo de las posiciones juradas, cuando éstas han sido utilizadas en un juicio que se encuentra en la segunda instancia, pues es así como se originó la decisión que ha sido atacada por la vía del amparo constitucional y que motivó el pronunciamiento en primera instancia constitucional que es el objeto de la presente apelación.

 

            Al respecto, esta Sala estima necesario referirse a algunas de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que regulan el procedimiento en segunda instancia, a saber:

 

Artículo 517: Si no hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán en el vigésimo día siguiente al recibo de los autos si la sentencia fuere definitiva y en el décimo día si fuera interlocutoria”. (Resaltado de la Sala)

 

Artículo 520: En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio.

Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento podrán evacuarse hasta los informes, siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal.

Podrá el Tribunal dictar auto para mejor proveer, dentro de los límites expresados en el artículo 514”. (Resaltado de la Sala)

 

            Atendiendo al ordenamiento jurídico procesal anteriormente referido, esta Sala observa lo siguiente:

 

En la segunda instancia de un juicio que en primera instancia ha concluido mediante sentencia, los lapsos procesales se inician cuando el tribunal de alzada (en caso de no pedirse la constitución del tribunal con asociados) da por recibido los autos y fija el término de veinte (20) días de despacho para que se realice el acto de informes, pero justamente a partir del auto respectivo que dicte fijando ese término, según el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, comienza a correr un lapso de veinte (20) días de despacho, en cuyos primeros cinco (5) días las partes podrán promover como medios probatorios los instrumentos públicos, y pedir las posiciones o el juramento decisorio de su contraparte.

 

En el supuesto de que sean promovidas las posiciones juradas, lo cual interesa examinar a esta Sala a los fines de dictar este fallo, la parte tendrá como lapso para su evacuación el que comienza a partir de la admisión de las posiciones y que correrá hasta que tengan lugar los informes, de acuerdo a lo que se desprende de la lectura concordante de los artículos 517 y 520 del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo a lo previsto en el artículo 416 eiusdem (s)in perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404, la citación para absolver posiciones deberá hacerse personalmente para el día y la hora designados, y aquéllas en ningún caso suspenderán el curso de la causa”. Luego, dentro del lapso para que tengan lugar las posiciones, se procederá a citar personalmente al absolvente, para que se lleven a cabo éstas y las recíprocas antes que fenezca el lapso. Dado lo exiguo del término de evacuación, la diligencia del promovente de las posiciones juradas, es importante para que puedan llevarse a cabo, ya que el proceso no se detiene y el límite para que tengan lugar las posiciones, es la fecha para los informes. 

 

Ahora bien, hay que detenerse en esto de que las posiciones no suspenderán el curso de la causa, toda vez que el cómputo del lapso para la evacuación de dicha prueba no es igual cuando su práctica ha sido comisionada a un tribunal distinto al de la causa, pues en este caso hay que tomar en cuenta el término de la distancia que para la ida y vuelta de dicha comisión el Código adjetivo le otorga al tribunal comisionado, así como el lapso que se fije para que tengan lugar las posiciones, en vista que el comisionado no conoce cuando tendrán lugar los informes; es decir, que una vez admitidas las posiciones juradas y fijado el término de distancia concedido legalmente, se deben en primer lugar computar los días otorgados para la ida, luego los días de despacho del lapso de evacuación que transcurran en el tribunal comisionado, los cuales los fijará el comitente, y por último, el término de la distancia de vuelta, por lo que surge una contradicción entre lo dispuesto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, que regula la evacuación de las pruebas por parte de comisionados con sede diversa a la del Tribunal de la causa, lo que implica el decreto de términos de distancia y de evacuación, y los artículos 511 para la primera instancia, y 517 para la segunda instancia, que sin tomar en cuenta que aun no se encuentre vencido el término de pruebas ante el comisionado, ordena la fijación de los informes para el décimo quinto día al vencimiento del lapso probatorio en la primera instancia, y para el vigésimo siguiente al recibo de los autos,  en la segunda instancia; fijaciones que de aplicarse literalmente los artículos 511 y 517 señalados, permiten ordenar y llevar a cabo los informes antes que se hayan terminado de evacuar las pruebas ante los comisionados.

 

Se trata de una situación creada por el vigente Código de Procedimiento Civil, que si se interpreta literalmente los artículos 511 y 517, carece de lógica, ya que de nada vale informar y que entre la causa en estado de sentencia, si las pruebas aun no se han terminado de evacuar, estando en tiempo hábil para ello.

 

La celeridad procesal que se buscó con los artículos 511 y 517 citados, no puede perjudicar el derecho de defensa de la parte que dentro de los lapsos legales está evacuando sus pruebas ante el comisionado, y que se vería privado de ellas, a pesar de su diligencia, si cuando regresan los despachos al comitente, ya ha fenecido la oportunidad de informes, y tal vez incluso se haya sentenciado sin apreciar las probanzas que se evacuaron ante el comisionado.

 

Por ello, el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, señalaba una regla que por lógica y tuitiva del derecho de defensa, debe prevalecer. El artículo 291 rezaba:

 

“Artículo 291: Si no se hubiese pedido dentro del término fijado el nombramiento de Asociados o consulta de Asesor, el Tribunal, en la audiencia siguiente a la expiración del indicado término, señalará la décima audiencia para oír los informes de las partes o de sus representantes, si hubiere de dictarse sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza definitiva.

Si se tratare de las demás interlocutorias, dicho señalamiento se hará para el quinto día hábil. Podrá haber también réplica y contra-réplica.

Si se hubiere pedido el nombramiento de Asociados, el Tribunal, luego de constituido, procederá a oír los alegatos de las partes en los términos señalados en este artículo; y si se hubiere pedido el nombramiento del Asesor, el señalamiento se hará en los mismos términos a partir de la elección del Asesor.

Cuando se hubiere comisionado a otro Juez para la evacuación de pruebas, la causa no entrará en estado de sentencia si en el del comisionado no ha transcurrido el lapso legal de la evacuación, según las audiencias que hubiere tenido y los términos de distancia, a no ser que le haya sido devuelta la comisión.

Si en el Tribunal mismo de la causa, o en el comisionado estuviere aún pendiente la evacuación de pruebas después de vencidos los lapsos respectivos, la causa entrará en estado de sentencia, cuando tales pruebas no sean de importancia, a juicio del Tribunal. Lo mismo se hará, aunque se trate de pruebas importantes, siempre que aparezca comprobada la imposibilidad de evacuarlas”.

 

La norma transcrita, señala sanos principios en protección del derecho de defensa de las partes.

 

Cuando existe comisión con término de distancia, hay que señalarle al comisionado, fuera de los términos de distancia, el lapso para evacuar la prueba (el cual se rige por el calendario del Tribunal comisionado), y el comitente no fijará los informes (no entrará la causa en estado de sentencia), hasta que no transcurra el lapso de la evacuación y los términos de distancia. Esto obliga al juez de la causa a no llamar a informes sino transcurrido un lapso prudencial en el que él considerase que se había consumido el término de distancia de ida, el probatorio computado por el calendario del Juez de la causa (que no conocía el comitente y de allí lo prudencial de su fijación) y el término de vuelta.

 

Si vencido ese lapso prudencial no consta en autos el regreso de la comisión, el Juez de oficio o a instancia de parte, debería solicitar el envío de la comisión, y si esto no ocurre o la parte interesada no lo insta, el Juez -con el fin de evitar una dilación indefinida- procederá a fijar informes.

 

Tal manera de proceder, por lógica y por garantista del derecho de defensa de las partes, debe prevalecer con el fin de solucionar la contradicción que surge de los artículos 400 con los 511 y 517 del Código de Procedimiento Civil, y que en el caso de autos fue ignorada por el juez de la alzada, al aplicar una interpretación literal del referido artículo 517.

 

Expresado lo anterior, pasa la Sala a hacer un recuento de los actos procesales ocurridos en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Apure (que se denominara a los fines narrativos de este fallo como juzgado de la causa) antes de que éste dictara la sentencia que dio origen al amparo bajo estudio, y a tal fin, se observa de los recaudos aportados a los autos por el apoderado actor, lo siguiente:

 

            1.- Que mediante auto del 30 de junio de 2000, el juzgado de la causa dio por recibido el expediente del Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, fijó un lapso de veinte (20) días de despacho siguientes para que tuviera lugar el acto de informes.

 

            2.- Mediante diligencia del 6 de julio de 2000, la ciudadana AURA CASTILLO DE RODRÍGUEZ, asistida de abogado, consignó escrito solicitando que se comisione a un tribunal en la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara, para que fuera citada a absolver posiciones juradas la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ, quien tiene su domicilio en dicha ciudad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 417 y 520 del Código de Procedimiento Civil.

 

            3.- En auto del 10 de julio de 2000, el juzgado de la causa acordó lo solicitado y comisionó para ello al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, “...dándosele como término de distancia al comisionado, cinco (5) días para la ida y otro tanto para el regreso de dicha comisión...”.

 

            Es de hacer notar que en dicho auto no ordenó la práctica de las posiciones recíprocas.

 

            4.- Dicha comisión fue devuelta por haberse colocado erróneamente el nombre del tribunal comisionado, y es en auto del 28 de julio de 2000, que el juzgado de la causa acordó remitir nuevamente la comisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

 

            5.- En auto del 7 de agosto de 2000, el juzgado de la causa fijó el lapso de sesenta días continuos para dictar sentencia, al estimar que el 3 de ese mismo mes y año había vencido el lapso para los informes.

 

            6.- El 30 de octubre de 2000, el juzgado de la causa recibió oficio Nº 0900-3023-25970 del 25 de ese mismo mes y año, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, anexo al cual le remitió las resultas de la comisión, de las cuales se aprecia lo siguiente:

 

            6.1- Que la comisión fue recibida el 1º de agosto de 2000 y es el 28 de ese mismo mes y año que, por solicitud y habilitación del apoderado actor, el tribunal comisionado acordó citar a la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ.

           

6.2- Que se libró boleta de citación el 28 de agosto de 2000 con el señalamiento de la oportunidad en que tendrían lugar las posiciones juradas, pero dicha citación resultó infructuosa por no encontrarse en su domicilio la referida ciudadana, tal y como lo declaró el alguacil de tribunal comisionado, en la diligencia que suscribió a tal efecto el 6 de septiembre de 2000.

 

            6.3- Que el 2 de octubre de 2000, el alguacil del juzgado comisionado consignó mediante diligencia la boleta de citación de la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ, expresando que la citó en los pasillos del tribunal pero que la misma se negó a firmar la referida boleta.

 

            6.4- Que mediante auto del 4 de octubre de 2000, el juzgado comisionado, ante la solicitud hecha por el apoderado actor de que se procediera conforme al segundo párrafo del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, repuso la causa al estado de que el alguacil se trasladara a la dirección de la ciudadana antes nombrada, a fin de practicar la citación en forma personal.

 

            6.5- El 9 de octubre de 2000, el juzgado comisionado libró nueva boleta a la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ, haciéndole saber que “...una vez cumplida esta diligencia y constando en autos la misma, debe comparecer el quinto día de despacho siguiente a las once de la mañana (11:00a.m), luego de constar en autos la boleta, a absolver POSICIONES JURADAS”.

 

            6.6- El 10 de octubre de 2000, la Secretaria Accidental del tribunal comisionado consignó copia de la boleta que el 9 del mismo mes y año entregó al ciudadano ELISAUL DÍAZ “...quien identificó con la Cédula de Identidad Nro. 3.082.635, y quien dijo ser el esposo de la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ...”.

 

            6.7- El 18 de octubre de 2000, oportunidad fijada para el acto de posiciones juradas, se dejó constancia de la no comparecencia de la ciudadana antes mencionada, conforme a lo dispuesto en el artículo 412 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, el apoderado actor procedió a estampar las posiciones referidas al parentesco entre su representada y la ciudadana LUISA MARLENI CASTILLO DE DÍAZ; a la condición de analfabeta de su mandante; a la existencia de un vicio en el contrato de compraventa cuya nulidad demandó su representada; y a la existencia del registro del documento contentivo de dicha negociación.

 

            6.8- El 20 de octubre de 2000, el tribunal comisionado ordenó la remisión de las resultas de la comisión al Juzgado de la causa, librándose el oficio N° 0900-3023-25970 el 25 de ese mismo mes y año, el cual fue recibido en el juzgado de la causa el 30 de octubre de 2000.

 

            7.- Que el 6 de noviembre de 2000, el juzgado de la causa dictó la sentencia accionada en amparo, en cuya motiva se lee -entre otras consideraciones- lo siguiente:

 

“...En relación con la fase en donde entra a conocer de la presente causa ese juzgador; consta al folio 139 de fecha 22-06-2000 que este tribunal recibió la presente apelación y en fecha 30-06-2000 fijó de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil un lapso de veinte (20) días para que las partes presenten sus informes. Ahora bien, en fecha 06-07-2000 la parte actora consignó escrito de solicitud de posiciones juradas de conformidad a lo establecido en el (sic) artículo (sic) 417 y 520 del Código de Procedimiento Civil, las cuales fueron acordadas en fecha 10-07-2000 y se exhortó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Estado Lara, según se evidencia del exhorto al folio 152 y 153 del expediente. Este juzgador observa en tal sentido lo siguiente: Que habiéndose establecido las posiciones (sic) fecha 18-10-2000; es decir, de manera EXTEMPORÁNEA y (sic) nada tiene que valorar este sentenciador y así se decide”.

 

            De todo lo antes narrado, observa la Sala que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure admitió la prueba de posiciones juradas el 10 de julio de 2000, pero no es sino el 28 de ese mismo mes y año que libró el oficio ordenando la comisión referida al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual la recibió el 1º de agosto de 2000, sin señalar el término para la evacuación de las posiciones ante el comisionado, lo cual era básico; no obstante, el Juzgado comitente estimó que el acto de informes debió verificarse el 3 de agosto de 2000, sin apreciar para nada los términos de distancia y de evacuación, y con fundamento en ello dictó un auto el 7 de ese mismo mes y año fijando el lapso para sentenciar como alzada.

 

Estima esta Sala que la sentencia aquí apelada dictada por Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, que declaró sin lugar el amparo propuesto, al estimar que las posiciones juradas fueron presentadas extemporáneamente por haber sido consignadas después del 3 de agosto de 2000, fecha en que –en su criterio- debió verificarse el acto de informes, en principio no se ajustó a derecho, por cuanto mal podía haberse vencido el lapso para los informes en esa fecha, cuando -de acuerdo con el Código Adjetivo (artículo 400)- es a partir de la llegada de los autos en el tribunal comisionado que se inicia el cómputo del lapso de evacuación de la prueba admitida, el cual una vez agotado, se envía de acuerdo al término de distancia de vuelta al Tribunal comitente. No podía, por tanto, el comitente pretender que la causa no se suspendía mientras se evacuaban las posiciones ante el comisionado de otra jurisdicción territorial, ya que de hacerlo –como lo hizo- estaba fijando un día para los informes, sin tomar en cuenta los términos de distancia y el lapso de evacuación que podían sobrepasar la fecha fijada para informes, por aplicación literal del artículo 517 citado.

 

La extemporaneidad solo procedía si el Tribunal comitente hubiere fijado los informes tomando en cuenta prudencialmente -como antes apuntó la Sala- el viaje de la comisión de ida y vuelta y el término de evacuación de las posiciones, y pasada dicha fecha se hubiesen practicado las posiciones juradas, o se hubiese remitido de vuelta la comisión.

 

Ahora bien, a pesar que el comitente no actuó ajustado a derecho, la Sala considera que ninguna lesión constitucional se causó a la parte accionante, ya que a la comisión no se le señaló término de evacuación, lo que la anulaba, al resultar imposible cualquier cálculo para conocer cuando se vencía; sin que el interesado ante ese vicio pidiere la nulidad de la comisión; por lo que el juez de la causa a pesar de su error, no tenía porque esperar indefinidamente el retorno de la comisión, ni podía fijar el tiempo prudencial en que considerare debía practicarse la misma, a fin de determinar cuando tendrían lugar los informes.

 

Además, las posiciones juradas estampadas lo fueron violando el orden público, por lo que el acto es nulo de nulidad absoluta, cuando el absolvente no fue citado personalmente, sino en otra persona, violándose así el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta inútil restablecer una situación para que se valore una confesión inexistente, ya que la absolvente no fue citada personalmente para el acto, y mal podía éste haberse llevado a cabo y estamparle las posiciones, además que las posiciones fueron mal admitidas, al no señalarse oportunidad para las recíprocas.

 

Se trata de una violación de normas de orden público, y es criterio de esta Sala que cuando el restablecimiento de la situación conlleve a dar valor a un acto contrario al orden público, el restablecimiento producto del amparo no debe ser acordado, ya que no sólo resultaría inútil, sino que estaría la jurisdicción constitucional protegiendo las infracciones contrarias al orden público, al no declararlas de oficio.

 

            En consecuencia, esta Sala procede a confirmar el fallo apelado y a declarar sin lugar el amparo solicitado, y así se decide.

 

V

DECISIÓN

6

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara  SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado RAFAEL ANGEL ZÉREGA MÉNDEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana AURA CASTILLO DE RODRÍGUEZ,  contra la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2000, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, la cual se CONFIRMA.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Bájese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del  Mes de noviembre de  dos  mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vice-Presidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Ponente

 

Los Magistrados,

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

EXP. Nº: 00-3237

JECR/