SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 11 de junio de 2001, Armando Castelluci M., abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 53.406, en representación del ciudadano Bassam Hatem Hatem, titular de la cédula de identidad N° 7.549.366, y de las sociedades mercantiles anónimas domiciliadas en Caracas denominadas  Inmuebles Uno en Dos, S.A., y Organización Oiram, C.A., interpuso acción de amparo contra omisión de pronunciamiento del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, en el procedimiento de ejecución de hipoteca  intentado por Banco del Caroní, C.A., Banco Universal, contra Bassam Hatem Hatem.

 

El 16 de julio de 2001, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad  de Caracas, a quién correspondió por distribución el presente expediente, dictó sentencia.

 

El 18 de julio de 2001, el accionante apeló de la sentencia recaída en la primera instancia.

 

El 20 de julio de 2001, el tribunal de la causa, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, oyó la apelación ejercida y ordenó la remisión del presente expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 

El 25 de julio de 2001, esta Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió el presente expediente y, en la misma oportunidad se dio cuenta de ello, designándose como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Analizados los recaudos consignados en el presente expediente, se pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La presente acción de amparo fue ejercida contra supuesta omisión de pronunciamiento respecto a la oposición de la ejecución de hipoteca que formularon los accionantes  y de posterior solicitud de suspensión de la ejecución, en que habría incurrido el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, en el procedimiento de ejecución de hipoteca intentado por Banco del Caroní C.A., contra Bassam Hatem Hatem. Denuncia la representación judicial de los accionantes conculcados, en la situación jurídica de sus representados, los artículos 51, 49 y 115  de la Constitución, al no haber el presunto agraviante provisto con vista a la oposición y solicitud  interpuestas, dentro de los tres días siguientes a la respectiva interposición de las mismas, como, según indica, debió hacerlo en cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil (que considera “elevada al rango constitucional en el citado artículo 49...”), con lo cual se estaría concretando la denunciada violación del derecho de defensa;  y “al propiciar con la mencionada omisión de pronunciamiento el remate de los bienes de propiedad de mis representados.”

 

Finalmente, solicitó la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo y el restablecimiento de las situaciones jurídicas que dice infringidas, “en el sentido de reponer la causa al estado de  admisión de la solicitud de ejecución de hipoteca”. Asimismo solicitó la notificación urgente del presunto agraviante, de la admisión de la presente acción de amparo “a fin de suspender provisionalmente” la continuación de la ejecución de hipoteca, hasta que recaiga   sentencia definitiva en la presente causa.

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

 

El 16 de julio de 2001, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas dictó sentencia, mediante la cual declaró “inadmisible por improcedente la presente acción de amparo” al considerar el juzgador que no se produjeron las violaciones constitucionales denunciadas, y  que el presunto agraviante actuó siempre dentro de su competencia aplicando el procedimiento de ejecución de hipoteca, y  que, en su criterio,  la presente causa se dirige contra todo el procedimiento seguido en el juicio de ejecución de hipoteca en el que se dicen producidas las violaciones alegadas y  no aparece de los autos que los solicitantes hubieren hecho uso, en dicho procedimiento, de los recursos ordinarios previstos por la ley contra las providencias que encontraren no estar ajustadas a derecho.

 

 

 

III

DE LA APELACIÓN EJERCIDA

 

En el escrito de fundamentos de la apelación, consignado ante esta Sala el 6 de agosto de 2001, la representación judicial de los accionantes ratifica cada una de las razones aducidas en la solicitud de amparo en las cuales abunda y, asimismo, señala lo siguiente:

 

Que, el informe del presunto agraviante nada niega ni nada  dice acerca de los alegatos de los accionantes  contenidos en la solicitud de amparo, con lo cual acepta su responsabilidad en los hechos y el reconocimiento de la carencia de toda justificación.

 

            Que, la sentencia recurrida contiene dos errores, cuales son la declaratoria de inadmisibilidad por improcedencia de la acción,  cuando ambas calificaciones (inadmisibilidad e improcedencia) se excluyen; y el de haber denominado erradamente a Inmuebles Uno en Dos S.A., como Inversiones Romen, C.A..

 

Que, dicha sentencia concluye, erradamente, que la acción se dirige contra todo el procedimiento de ejecución de hipoteca en el que no aparece de los autos que se hayan ejercido los recursos que la ley otorga contra las providencias que aparezcan no ajustadas a derecho, cuando de la solicitud de amparo se infiere que la presente causa se dirige contra las omisiones de pronunciamiento en que incurrió el juez, contra las cuales no concede la ley apelación.

Que, la omisión de pronunciamiento respecto de la oposición ejercida, “requisito previo e imprescindible para la continuación del juicio...”, hace que los actos judiciales subsiguientes carezcan de asidero jurídico.

 

Que, no puede considerarse que un juez que incurre en la omisión señalada ha actuado dentro de su competencia.

 

Que, la aseveración de que no se verificaron infracciones constitucionales a los derechos consagrados en los artículos 49, 51 y 115 de la Constitución es inmotivada, lo mismo que la declaratoria de inadmisibilidad de la acción intentada, porque no expresa ninguno de los extremos a que se refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que fundamente tal declaratoria.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer lugar, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de un recurso de apelación ejercido de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra una sentencia dictada  por un tribunal superior de la República que no forma parte de la jurisdicción contencioso administrativa, al conocer éste, en primera instancia, de una acción de amparo y, en tal sentido, reiterando los criterios relativos a la distribución de competencias en la acción de amparo, asentados por esta Sala en sus sentencias de 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala se considera competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

 

Toca ahora a esta Sala pronunciarse acerca de la apelación ejercida, a cuyo fin observa:

 

El escrito de fundamentos de la apelación ratifica expresa e individualmente, los alegatos contenidos en la solicitud de amparo.

 

La presente acción de amparo fue ejercida denunciando la representación judicial de los accionantes conculcados en su situación jurídica el derecho a obtener oportuna respuesta consagrado en el artículo 51 de la vigente Constitución, infracción ésta que se habría producido en el procedimiento de ejecución de hipoteca interpuesto por el Banco del Caroní C.A., contra Bassam Hatem Hatem, cuando omitió, el tribunal de la causa, emitir pronunciamiento alguno respecto de la oposición que, según afirman los accionantes, fue oportunamente opuesta y, asimismo, cuando hizo entrega el tribunal al demandante del tercer cartel de remate, obviando la oposición y la solicitud del intimado de suspender la ejecución, sin pronunciarse, tampoco, sobre dicha solicitud. Alega la representación judicial de los accionantes que como consecuencia de la referida violación, se infringieron, también, a sus representados, sus derechos a la defensa y a la propiedad constitucionalmente garantizados.

 

El artículo 51 de la vigente Constitución establece que “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”. La norma transcrita consagra, pues,  el derecho de toda persona a que las peticiones que dirija a funcionarios públicos sean adecuada y oportunamente respondidas. No se refiere dicho derecho a cualquier petición, sino a  peticiones también adecuadas, no impertinentes ni obstaculizadoras del desenvolvimiento normal de la función pública. En el proceso judicial, el derecho constitucional a dirigir peticiones y a obtener oportuna y adecuada respuesta se circunscribe a aquellas peticiones previstas por las normas adjetivas o permitidas por ser pertinentes y no estar expresamente prohibidas, efectuadas oportunamente, dentro de las modalidades  establecidas legalmente, es decir que no toda petición debe ser respondida por el juez dentro del proceso, sino solo aquellas que el derecho adjetivo prevé o que resultan pertinentes y no contradicen los principios orientadores del específico procedimiento de que se trate.

 

Los artículos 660 al 665 del Código de Procedimiento Civil, regulan el especialísimo procedimiento de ejecución de hipoteca, que se caracteriza por ser un procedimiento monitorio, expedito y con escasas incidencias, para lo cual se prevén requisitos de admisibilidad específicos, causas de oposición taxativas y lapsos procesales reducidos.

 

El proceso monitorio se caracteriza por una inversión de la iniciativa del contradictorio, y al demandado se le condena provisoriamente sin oírlo, emitiéndose en su contra una orden de pago que se le intima y que quede firme si no es objeto de una oposición.

 

Esa oposición queda en cabeza del intimado, quien a su arbitrio la interpone o no, y si no lo hace queda firme la sentencia provisoria dictada contra el deudor y plasmada en la orden de pago.

 

Para la oposición no existe un acto prefijado sino que el intimado dentro de los ocho días de despacho siguientes a su intimación, y en horas de despacho, ejerce su derecho de defensa, si así lo considerare, enervando los efectos de la orden de pago si diere curso a la oposición. La falta de oposición, da firmeza a la orden de pago intimada.

 

En el presente caso, la representación judicial de los accionantes ha alegado haber formulado oposición oportuna, no obstante, al folio 196 del presente expediente se encuentra inserta copia certificada de un auto del 8 de junio de 2000, en el cual la Secretaria Titular del tribunal de aquella causa, deja constancia de haberse cumplido todas las formalidades establecidas en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil relativo a la citación por carteles, es decir que para esa fecha, 8 de junio de 2000, los interesados habían sido intimados. Al folio 199 del presente expediente se encuentra inserta copia de diligencia del 28 de junio de 2000, en la que la parte demandante solicita el nombramiento de defensor ad litem para el intimado, lo cual efectúa el tribunal el 10 de julio de 2000. Asimismo, al folio 204 del presente expediente, se encuentra inserta copia certificada de una diligencia fechada 14 de julio de 2000, en el que el apoderado judicial de los allí intimados, se da por intimado en aquel procedimiento; al folio 213, se encuentra inserta copia de diligencia efectuada por el accionante el 1° de agosto de 2000,  en la cual el demandante solicita a aquel tribunal  la continuación del procedimiento ejecutivo al no haber sido formulada oposición; y  a los folios 214 al  236, se encuentran insertas copias certificadas de escritos de oposición y cuestiones previas presentados por los ahora accionantes al tribunal de aquella causa el 1° de agosto de 2000; al folio  250 del presente expediente está inserta copia certificada de auto de 2 de agosto de 2000 en el que el tribunal de la causa, de conformidad con el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, resuelve excitar a las partes a la conciliación, fijando el décimo día de despacho siguiente para la celebración del acto conciliatorio que, a solicitud del demandado, fue diferido y finalmente realizado el 22 de septiembre de 2000, sin la asistencia de la parte demandante que, más tarde ese mismo día, solicitó al tribunal fijar nueva fecha para otro acto conciliatorio. El 28 de septiembre de 2000 se realizó el acto conciliatorio ofreciendo el deudor pagar lo reclamado en términos y condiciones que determina y acordando ambas partes suspender el curso de la causa hasta el 20 de octubre de 2000 con el objeto de analizar la oferta u otro posible arreglo. Finalmente el 23 de octubre de 2000 la parte demandante, en vista de que no hubo acuerdo, solicitó al tribunal decretar el embargo ejecutivo, de conformidad con el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, continuando el procedimiento.

 

La presente acción de amparo se interpuso el 11 de junio de 2001, es decir, que desde la fecha en que la Secretaria del Tribunal dejó en el expediente constancia de haberse realizado la intimación (8 de junio de 2000) hasta la fecha de consignar el demandado y el tercero sendos escritos de oposición (1 de agosto de 2000), transcurrieron cincuenta y tres días continuos (53) y treinta y seis (36) días excluyendo sábados, domingos y días de fiesta, continuando el procedimiento con participación de ambas partes, y sin que de los recaudos consignados en el presente expediente pueda inferirse que la parte demandada haya objetado o manifestado inconformidad con su desarrollo hasta  el 11 de junio de 2001, en que interpuso la presente causa. Excluyendo las alegaciones de las partes, no conoce esta Sala los días de despacho transcurridos en el tribunal de aquella causa  entre las señaladas fechas, ni consta en el expediente cómputo alguno efectuado por el tribunal  que permita determinar a esta Sala la aparente extemporaneidad de las oposiciones formuladas y pronunciarse, de conformidad con la doctrina expuesta “supra” y compartida por esta Sala, respecto de si la omisión de pronunciamiento que se señala como constitutiva de infracción constitucional en el presente caso efectivamente constituye la infracción denunciada.

 

            Aparece de autos que los intimados en aquél procedimiento, después de haber formulado la oposición sobre la que no se habría pronunciado el tribunal, el 28 de septiembre de 2000, ofrecieron al demandante pagar lo reclamado en términos y modalidades que no aceptó el acreedor, con lo cual, entiende esta Sala, aceptó los términos del desarrollo del procedimiento y convalidó cualquier defecto que pudiere haber ocurrido en el mismo hasta esa fecha. No fue sino el 11 de junio de 2001, es decir más de siete meses después de haber realizado la oferta de pago y más de diez meses después de haber formulado oposición, que interpusieron los accionantes la presente causa por supuesta omisión de oportuna respuesta que, según criterio del accionante, se concretó tres días después de hecha la solicitud, o sea el 5 de agosto de 2000, por apreciación del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.

 

El numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala como causa de inadmisibilidad de la acción de amparo el que el acto u omisión que se digan violatorias de derechos constitucionales hayan sido expresa o tácitamente consentidos por el agraviado, entendiéndose que hay consentimiento expreso cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o seis meses después de ocurrida la violación, y que es consentimiento tácito aquel que entraña signos inequívocos de aceptación, como a criterio de esta Sala, ocurre, de conformidad con lo expuesto, en el presente caso.

 

En atención a lo expuesto, considera esta Sala, que en el presente caso, la acción de amparo era inadmisible por aplicación del numeral 4 del artículo 6 de la Ley orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías constitucionales, y así ha debido ser declarada por el a quo,  y así se declara.

 

Declarado lo anterior, considera esta Sala inoficioso cualquier otro pronunciamiento relativo a la sentencia objeto de apelación, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente apelación; REVOCA la sentencia dictada el 16 de julio de 2001 por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas; y declara INADMISIBLE la acción de amparo intentada el 11 de junio de 2001, por el abogado Armando Castelluci M., en representación de Bassam Hatem Hatem y de las sociedades mercantiles  denominadas  Inmuebles Uno en Dos, S.A., y Organización Oiram, C.A., contra omisión de pronunciamiento del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, en el procedimiento de ejecución de hipoteca  intentado por Banco del Caroní, C.A., Banco Universal, contra Bassam Hatem Hatem.

 

            Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

            Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 30 días del mes de  NOVIEMBRE de dos mil uno. Años: 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

El Vicepresidente Encargado de la Presidencia,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Ponente

                                                        

 

 

                                                        El Encargado de la Vicepresidencia,

 

 

                                                   JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

                                                   

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N°: 01-1662

J.E.C.R/