SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 27 de agosto de 2001, se recibió en esta Sala el oficio N° 0430-846 del 22 de ese mismo mes y año, emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida, el 23 de mayo de 2001, por los abogados CARMEN MAGALI RIVAS ROMERO y LUIS G. SOSA VELA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 57.003 y 30.329, respectivamente, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 8.829.784, contra la decisión dictada el 9 de mayo de 2001, por el Juzgado Unipersonal Nº 1 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

 

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida por el abogado LUIS G. SOSA VELA, actuando con el carácter antes indicado, contra la sentencia dictada el 13 de julio de 2001, por el mencionado Juzgado Superior, en la cual declaró inadmisible el amparo propuesto.

 

El 27 de agosto de 2001, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

            Mediante diligencia del 16 de noviembre de 2001, el ciudadano FREDERICK GAZVINI, contraparte de la accionante en el proceso donde se dictó el fallo impugnado, señaló que no había sido notificado del presente amparo.

 

Efectuada la lectura del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ACCION DE AMPARO

 

            En el escrito contentivo de la acción, los apoderadores actores señalaron lo siguiente:

 

            1.- Que el 8 de mayo de 2001, el ciudadano Jesús Cova Moreno, actuando en su carácter de Fiscal Nº 13 del Ministerio Público del Estado Aragua, le remitió al Juez de Protección del Niño y del Adolescente, el acta de la denuncia formulada por el ciudadano FREDERICK GAZVINI MOJAVER, en contra de su representada, alegando que la misma había retenido ilegalmente a sus hijos, los menores ALDO y ALINA MOJAVER GUTIERREZ, quienes fueron trasladados desde el Estado Mérida al Estado Aragua “...sin la autorización previa de su padre quien ejercía la guarda y custodia desde hace tres años, haciendo destacar que desde entonces 22 de Marzo del 2.001 al padre de los niños se le ha prohibido arbitrariamente el contacto físico con sus hijos, establecido en el artículo 390 de la L.O.P.N.A., igualmente fue interrumpido su año escolar en Mi Pequeño Mundo en la ciudad de Mérida...”.

 

            2.- Que es falso que la guarda y custodia la ejerciera el ciudadano FREDERICK GAZVINI MOJAVER, pues la misma le fue otorgada a la madre en la sentencia de divorcio, teniendo el padre un régimen de visitas comprendido desde el viernes hasta el lunes.

 

            3.- Que “...se da una decisión en contra de nuestra representada de manera sumaria no se planteó nunca un juicio de guarda y custodia, no se solicitó nunca a la contraparte la guarda y custodia, nunca se alegó ni se probó una causal para que sea privada de la guarda y custodia que tiene nuestra representada sobre sus menores hijos, nunca fue llevada a proceso nunca se citó, o se hizo parte...”.

 

4.- Que el juez de la sentencia accionada utilizó “...como prueba hechos que la ley expresamente los prohíbe o los considera prueba irregular como es el caso de los documentos privados emanados por terceros que no son parte en el proceso, ni causantes los mismos, y deberán ser RATIFICADOS mediante la prueba testimonial, y el ciudadano juez hace mención para fundamentar su prueba en este tipo de documentos que no tienen ningún valor probatorio al no ser ratificados por terceros, que corren a los folios 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del expediente, igualmente es de hacer notar que el contenido de todos y cada uno de estos documentos contradice, a lo que narra en el libelo de demanda la abogada de la parte solicitante e igualmente se evidencia que las personas que declaran en estos documentos a parte (sic) de deponer de manera falsa lo hacen de manera referencial lo que elimina cualquier vestigio probatorio...”.

 

5.- Que el ciudadano FREDERICK GAZVINI MOJAVER “...ha tratado de alejar a los niños de toda la familia, de la madre, con la pensión alimenticia no ha cumplido, ...omissis..., fue capaz de estrangular a ...(su)... representada hecho ocurrido el Primero de Marzo de 2.001, la atacó, pudiendo hacerlo también con los hijos por sus estados emocionales, por ese hecho que dejó constancia anexa, se vine (sic) a Maracay ...(su) ... representada con sus menores hijos cerca de su familia, buscando protección, ya que en Mérida la justicia no estuvo con ella...”.

 

Denunciaron los apoderados actores, que la decisión accionada que le otorgó la guarda y custodia al ciudadano FREDERICK GAZVINI MOJAVER, es violatoria de los artículos 25, 27, 49, 51, 53, 55, 85, 88 y 89 de la Constitución vigente, y solicitaron que “...paralice los efectos de la sentencia impugnada y autorice la reposición de la causa al hecho de que se proceda conforme a derecho, y se permita el derecho a la defensa y al debido proceso; en vista a lo denunciado aquí, y al peligro que corren ...(su)...defendida y sus hijos, es por lo que igualmente solicitamos que se nos dicte una medida de protección donde se ampare a ...(su)... defendida y a sus hijos para que el ciudadano FREDERICK GAZVINI  MOJAVER no se acerque ni hostigue, ni ponga en peligro la integridad física y emocional hasta que no haya decisión donde se evalúen todos los hechos y circunstancias denunciados y de nuevo repetimos LOS NIÑOS CORREN EL PELIGRO DE SER SACADOS DEL PAÍS SE NECESITA URGENTEMENTE SE PROVEA SOBRE LO SOLICITADO...”.

 

II

SENTENCIA APELADA

 

El 13 de julio de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Estabilidad Laboral y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible el amparo solicitado por la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ BLANCO, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

En primer lugar, el referido Juzgado Superior señaló que el amparo propuesto no se trató de un amparo sobrevenido como lo afirmaran los apoderados actores sino de un amparo contra una decisión judicial, el cual está previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En segundo lugar, observó dicho Juzgado que “...de la revisión de las actuaciones contentivas del expediente al folio 171, riela inserta copia certificada de diligencia de fecha 4 de Julio del año 2.001 presentada ante el Juez Unipersonal Nro 01 en el expediente Nro. 3961, por los apoderados judiciales de la accionante, CARMEN MAGALI RIVAS ROMERO y LUIS SOSA VELA, identificados en autos, en la que se evidencia que ejercieron recurso de apelación contra la sentencia que es objeto del presente recurso de amparo constitucional, recaudo que fue traído al proceso por el Juez denunciado como presunto agraviante Dr. Cruz Valera Brito y quien a su vez planteó en sus defensas la inadmisibilidad del recurso de amparo por no constituir el medio idóneo para impugnar la decisión, aunado que al folio 480 del expediente, cursa diligencia presentada por los apoderados judiciales de la quejosa en la que informan al Tribunal haber ejercido el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 9 de Mayo del año 2.001...”.

 

En consecuencia, el juzgador de la recurrida estimó que la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ BLANCO “...por órgano de sus apoderados optó una vez interpuesto el recurso de amparo, por utilizar una vía ordinaria (sic) encaja en el supuesto legal de la normativa analizada, lo que, a juicio de quien decide, constituye una causal de inadmisibilidad sobrevenida en el curso del proceso judicial de amparo constitucional, lo que obliga, advertida como ha sido, a declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta y abstenerse en consecuencia, de entrar a conocer el fondo del asunto planteado...”.

 

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer lugar, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación ejercida, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra una sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Estabilidad Laboral y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al conocer de una acción de amparo en primera instancia, y, en tal sentido, reiterando los criterios asentados por esta Sala en sentencias de 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de enero de 2000 (Caso: Elecentro); y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución, se considera competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.

 

            Decidido lo anterior, toca a esta Sala resolver la apelación ejercida, y tal fin observa que, tal como lo señalara el juez de la recurrida, los apoderados actores calificaron el amparo propuesto como un amparo sobrevenido cuando en realidad se trató de una acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ contra la decisión judicial que le acordó la guarda y custodia de sus menores hijos al ciudadano FREDERICK GAZVINI MOJAVER.

 

            Observa la Sala que, en la sentencia apelada, el juez de la recurrida declaró inadmisible el referido amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al estimar que la accionante había apelado de la decisión contra la cual ejerció la acción de amparo constitucional.

 

Para decidir acerca de la justeza o no a derecho de la decisión antes mencionada, la Sala estima necesario referirse a la sentencia dictada el 28 de julio de 2000, recaída en el caso Luis Alberto Baca, en la cual se sostuvo, lo siguiente:

 

Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.

Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.

Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes que la lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza de violación lesiva.

Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales, y que consolidan dichas infracciones.

...Omissis...

Se ha venido interpretando que la víctima de la lesión tiene seis (6) meses para incoar la acción, y que por ello puede acudir al amparo así no haya apelado o reclamado oportunamente; pero tal interpretación es contraria al numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que la inactividad procesal del lesionado entraña signos inequívocos de aceptación de la situación, y por lo tanto constituye un consentimiento tácito.

Consecuencia de lo expresado, es que el amparo previsto  en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obra en sus supuestos como una acción que puede ser utilizada en cualquier momento en que lo considere el actor. Es por ello, que la doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución  vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de transgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene. Estas infracciones pueden provenir de vías de hecho, o estar contenidas en actos administrativos, normas jurídicas, actos u omisiones procesales, sentencias judiciales, etc.

Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.

Ahora bien, hay que apuntar que la actividad procesal puede perjudicar tanto a las partes como a los terceros, y que con miras al amparo hay que distinguir entre unos y otros, y hacer algunas precisiones, aplicables al caso bajo examen:

...Omissis...

2.-          La situación varía con los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, o a los que se negó la apelación o el recurso de hecho, ya que lo acordado en esas sentencias sí se ejecuta; pero sólo cuando esa ejecución va a causar agravio constitucional a la situación jurídica de una parte, es que ella podrá acudir a la vía del amparo para proteger su situación jurídica, ya que concretado el agravio, las cosas no podrán volver a la situación anterior ni a una semejante. Como en todo caso de agravio constitucional, el mismo y sus consecuencias queda a la calificación del juez.

   Con respecto a los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, si contienen violaciones constitucionales en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de la apelación, caso en que la parte considera que por este camino restablecerá su situación, o acudir a la acción de amparo.

Si antes de que precluya el plazo para apelar, opta por la acción de amparo, en lo concerniente a la infracción constitucional el juez del amparo será el que conozca la acción autónoma; y si el perjudicado utilizare el recurso de apelación contra el fallo lesivo, dentro de tal recurso no podrá decidirse lo atinente a la transgresión constitucional, ya que ante dos jueces (el del amparo y el de la apelación) cuyo deber es mantener la supremacía de la Constitución, es el juez ante quien se incoa la acción natural de jurisdicción constitucional (el amparo) el que debe decidirla, surgiendo con respecto al de la alzada una litispendencia en ese sentido, donde impera la pendencia acusada por la acción de amparo.

  

Por ello, si el agraviado opta por la vía del amparo, se le cierra la de la apelación sobre la materia que versa el amparo. Viceversa, si el agraviado hace uso de la apelación, es porque considera que este recurso es el óptimo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y ante tal escogencia, el amparo que se incoare sería inadmisible a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

  

Sin embargo, si la apelación no fuere resuelta en el tiempo pautado por la ley, por causas atribuibles al tribunal, el apelante podrá incoar amparo autónomo, para que el juez competente conozca de la infracción que generó la dilación indebida, y además, resuelva la apelación no decidida.

...Omissis...       

Por todas estas razones, el amparo constitucional no es -como se ha pretendido- un correctivo ilimitado a cualquier situación procesal que afecte a las partes, y el juez que conoce el amparo debe ponderar lo aquí señalado para darle o no curso...”.

 

Atendiendo al criterio parcialmente transcrito, la Sala observa que, en el caso de autos, la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ BLANCO solicitó amparo constitucional el 23 de mayo de 2001 contra la decisión dictada el 9 de ese mismo mes y año, por el Juzgado Unipersonal Nº 1 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Aragua, así como solicitó medida cautelar a los fines de que se prohibiera la salida del país de los menores ALDO y ALINA MOJAVER GUTIERREZ, la cual le fue acordada en auto dictado por el a quo el 13 de junio de 2001.

 

En la decisión accionada en amparo se ordenó la restitución de la guarda de los niños ALDO y ALINA MOJAVER GUTIERREZ, al padre de éstos, ciudadano FREDERICK GAZVINI MOJAVER, para cuya ejecución dicho Tribunal solicitó la colaboración del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua (ver, folios 416 y 417). Observa la Sala que, de acuerdo al artículo 363 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo relativo a la atribución y modificación de la guarda debe ser decidido por vía judicial, siguiéndose el procedimiento previsto en el Capítulo VI del Título IV de dicha Ley, en cuyo artículo 522 se dispone que contra las decisiones dictadas conforme a ese procedimiento se oirá apelación en un solo efecto.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, observa la Sala que la madre de los menores ejerció, una vez dictada la decisión que modificó lo relativo a la guarda de sus hijos, acción de amparo constitucional tendiente a evitar la ejecución de la referida decisión, y se desprende del folio 174 del presente expediente que el 4 de julio de 2001, esto es, en oportunidad posterior a la interposición de la acción de amparo constitucional, los apoderados judiciales de la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ BLANCO ejercieron recurso de apelación contra  la decisión accionada en amparo.

 

Ahora bien, siendo que la decisión accionada es de inmediata ejecución, en virtud de que la apelación que se ejerza contra la misma, sólo será oída en un solo efecto, esta Sala congruente con el criterio previamente señalado estima que la decisión apelada al declarar la inadmisibilidad del amparo antes referido no se ajustó a derecho, pues contrariamente a lo decidido en ella, al optar la accionante por la acción de amparo constitucional para atacar la decisión que consideró violatoria de sus derechos constitucionales, lo que se le cerró fue la vía de la apelación, al versar sobre las mismas denuncias esgrimidas en el escrito del amparo. Por ello, esta Sala procede a declarar con lugar la apelación ejercida y, en consecuencia, ordena la remisión del expediente al a quo, visto que ya se cumplió con el procedimiento y la tramitación del amparo, para que se pronuncie sobre el fondo del amparo propuesto, en aras de preservar la garantía de la doble instancia y, así se decide.

 

Por otra parte, se observa que posteriormente a la declaratoria de inadmisibilidad del amparo en la decisión apelada, el a quo dictó auto el 22 de agosto de 2001, en el cual dejó sin efecto la medida de prohibición de salida del país de los menores solicitada por la accionante; auto éste que, en virtud de la revocatoria decidida por esta Sala, queda sin efecto hasta tanto sea dictada la sentencia de fondo del amparo, razón por la cual se mantiene vigente la medida antes referida, y así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide lo siguiente:

 

1.- Declara CON LUGAR la apelación ejercida por abogado LUIS G. SOSA VELA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANDREINA NOHEMÍ GUTIERREZ BLANCO, contra la sentencia dictada el 13 de julio de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, la cual se REVOCA.

 

2.- Se ORDENA la remisión del expediente al prenombrado Juzgado Superior para que dicte la sentencia de fondo respecto del amparo propuesto.

 

3.- Se deja SIN EFECTO el auto dictado por dicho Juzgado el 22 de agosto de 2001, en el cual dejó sin efecto la medida de prohibición de salida del país de los menores solicitada por la accionante; auto éste que, en virtud de la revocatoria decidida por esta Sala, queda sin efecto hasta tanto sea dictada la sentencia de fondo del amparo, razón por la cual se mantiene vigente la medida antes referida.

 

Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.  Remítase copia del presente fallo al Director de la Oficina de Identificación Extranjería del Distrito Federal. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de dos mil uno. Años: 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

El Vicepresidente Encargado de la Presidencia,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Ponente

 

                                           El Encargado de la Vicepresidencia,

 

                                       JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO         

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

 

                                                         PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

EXP. Nº: 01-1937 a.p.

JECR/