SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 21 de septiembre de 2002, MARGARITA MARLENE NASSANE B., con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 41.339, como apoderada judicial de la “la empresa ‘M.C.’”, con inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 12 de mayo de 1999, bajo el número 78, Tomo 25-A, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 1° de agosto de 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para cuya fundamentación denunció la violación de su derecho al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del principio de legalidad.

El 6 de octubre de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró inadmisible y el 16 de octubre siguiente ordenó la remisión de la sentencia para su consulta.

Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 23 de octubre de 2000 y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis.

El 9 de enero de 2001, se reasignó la ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 22 de septiembre de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta admitió la demanda de amparo.

El 2 de octubre de 2000, se produjo la audiencia oral y pública, donde se dejó constancia de la comparecencia de la representación judicial de la supuesta agraviada y de la inasistencia del Juez del Juzgado supuesto agraviante.

El 6  de octubre de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró inadmisible la demanda de amparo y el 16 de octubre ordenó la remisión del expediente a esta Sala constitucional para su consulta.

El 23 de octubre de 2000, se dio cuenta en Sala del expediente.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.           La representación judicial de la demandante de amparo alegó:

1.1         Que Electronic Supplies S.A. incoó, mediante el procedimiento de intimación, demanda por cobro de bolívares contra la supuesta agraviada.

1.2         Que la parte demandante no acompañó ningún medio de prueba de donde se presuma que “la condición de la mercancía entregada a consignación se hubiese cumplido, y por lo tanto, la deuda se hacía líquida y exigible”.   

1.3         Que, el 23 de mayo de 2000, la supuesta agraviada se dio por intimada y en la oportunidad correspondiente hizo “formal oposición a la demanda”; luego, el 21 de junio de 2000, promovió las cuestiones previas a que se contraen los ordinales 6°, 7° y 11° del Código de Procedimiento Civil.

1.4         Que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta debió desechar la demanda y declarar extinguido el procedimiento, por cuanto la parte demandante no contradijo en la oportunidad correspondiente las cuestiones previas que fueron promovidas.

1.5         Que, el 1° de agosto 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, cuando resolvió las cuestiones previas, subvirtió el proceso e impidió el normal desenvolvimiento del mismo.

2.             Denunció:

La violación del derecho al debido proceso, que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del principio de legalidad, por cuanto:

“...[L]a referida causa no fue sustanciada de conformidad con lo preceptuado en las leyes, esa es la razón por la cual acudo ante su competente autoridad, para denunciar estos hechos que se apartan del espíritu, propósito y razón del derecho y la justicia, los cuales constituyen simplemente el fundamento para solicitar el presente Amparo Constitucional...”.      

 

3.                   Pidió:

“Como medida cautelar innominada y de conformidad con lo establecido en el artículo 588, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, y ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicit(an) la inmediata suspensión de los efectos del fallo del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y mercantil (sic) de esta Circunscripción Judicial dictado el primero de agosto del presente año en el expediente signado con el número 5809, nomenclatura de ese Tribunal...” (sic).

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la consulta fue elevada respecto de la sentencia que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la consulta en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA

El juez de la sentencia objeto de consulta decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“...[I]nadmisible el recurso de amparo interpuesto por la sociedad mercantil, de este domicilio ‘M.C.’, contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta misma Circunscripción Judicial, de fecha primero (1°) de agosto de 2.000, dictada en el juicio que por cobro de bolívares (intimación), sigue ‘Electrocnic Supplies C.A.’ contra la citada ‘MC’...”.

 

A juicio del juez de la sentencia objeto de consulta, consta en autos que la demandante de amparo apeló de la sentencia que impugnó el 4 de agosto de 2000, apelación que se oyó en un solo efecto; en razón de ello declaró inadmisible la demanda de amparo en conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Observa la Sala que la sentencia que se impugnó la dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta cuando declaró sin lugar las cuestiones previas que promovió la demandante de amparo en el juicio que, por cobro de bolívares, incoó en su contra Electronic Supplies S.A. por vía del procedimiento de intimación. 

Dicha decisión según el alegato de la demandante de amparo, vulneró su derecho al debido proceso y el principio de legalidad, por cuanto el Juzgado supuesto agraviante no declaró la terminación del procedimiento en razón de que demandante en ese juicio no contradijo las cuestiones previas dentro del lapso legalmente establecido.

Ahora bien, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró inadmisible la demanda de amparo, por cuanto la supuesta agraviada ejerció el recurso ordinario de apelación contra la decisión que se impugnó a través del amparo.

Por otro lado, se observa que, ciertamente, la demandante de amparo en el procedimiento primigenio promovió las cuestiones previas que establecen los ordinales 6°, 7° y 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que declaró sin lugar la sentencia que se impugnó, contra la cual apeló el 4 de agosto de 2000, apelación que oyó en un solo efecto el Juzgado supuesto agraviante el 7 de agosto de ese mismo año.

En cuanto posibilidad de apelación respecto de la sentencia sobre las defensas previas el artículo 357 de la Ley Adjetiva Civil dispone:

“Las decisión del Juez sobre las defensas previas a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° del artículo 346, no tendrán apelación. La decisión sobre las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°, 10° y 11 del mismo artículo, tendrán apelación libremente cuando ellas sean declaradas con lugar, y en un solo efecto cuando sean declaradas sin lugar. En ambos casos las costas se regularán como se indica en el Título VI del Libro Primero de este Código”.

 

De la disposición que se transcribió se desprende que las cuestiones previas referentes a los ordinales 6° y 7° de dicho texto normativo no tienen apelación, razón por la cual, en principio, no es impugnable por vía de amparo, en cambio, la cuestión previa del ordinal 11° eiusdem si tiene apelación,  la cual se oye en un solo efecto en los casos en que, como el presente, se declare sin lugar.

Además, se infiere de los alegatos de la demandante de amparo y de la inspección ocular inserta en autos, que la supuesta agraviada pretende se resuelva por vía de amparo la supuesta extemporaneidad del escrito mediante el cual la parte demandante en el juicio primigenio rechazó las cuestiones previas que se promovieron, con la consecuente declaración de admisión de las mismas. Ahora bien, dicha extemporaneidad, de ser procedente, puede ser constatada y declarada en segunda instancia y, con ello, cesaría la vulneración supuestamente producida.

Por su parte, el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente dispone lo siguiente:

 

Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(omissis)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

En cuanto a la inadmisibilidad de la demanda de amparo en los casos en que se haya ejercido algún medio judicial preexistente esta Sala estableció:

“...10.- Explicado lo anterior, debe puntualizar esta Sala cuál es el verdadero alcance de la causal de inadmisibilidad del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que reza: “cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes”, ya que puede pensarse que tal causal colide con lo antes expuesto.

Entiende este supuesto la Sala, en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya  usado otros medios judiciales para reparar su situación, como pedir al juez de la causa la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Cuando esto ocurra, el lesionado no tiene derecho al amparo ya que él ha considerado que la vía utilizada es de igual entidad que la del amparo para obtener la reparación de su situación jurídica.

Su opción al amparo renacería, si tal reparación no puede lograrla en tiempo breve, pero es de anotar que mientras no se cumplan los lapsos procesales establecidos en las leyes, no puede en estos casos argüirse la dilación indebida, ya que el legislador, al crear los lapsos y términos procesales, lo hizo en el entendido de que ellos eran los necesarios y concretos para una buena administración de justicia” (s. S. C. n° 848 del 28 de julio de 2000).

 

En atención a lo anterior, se deduce que es la vía de la apelación la idónea para el restablecimiento de la situación jurídica que se dijo infringida, apelación que en el juicio primigenio ejerció oportunamente la demandante de amparo, y que, no obstante que fue oído en un solo efecto, hace inadmisible la demanda de amparo, por cuanto la continuación del procedimiento lejos de significar un perjuicio que haga irreparable la situación jurídica supuestamente infringida (dado el estado en el cual se encuentra la causa), garantiza una justicia expedita y sin dilaciones indebidas.

En conclusión, debe reiterar esta Sala que, ante la interposición de una demanda de amparo contra sentencia, necesariamente el tribunal constitucional debe verificar la existencia o no de un eficaz mecanismo de impugnación contra la decisión que se ataca, lo cual, en el primer caso, condiciona la admisibilidad de ese amparo a la interposición del otro medio judicial preexistente, máxime si se atiende al deber tuitivo de los derechos y garantías fundamentales que la vigente Constitución impone a todos los jueces de la República en su loable misión de impartir justicia, de lo cual se concluye que el amparo constituye un mecanismo residual para la defensa de tales derechos y garantías.

En este sentido, se observa que, en el caso sub examine, tal y como lo señaló la decisión del a quo constitucional, la supuesta agraviada agotó el mecanismo procesal de apelación, lo cual, en atención a la doctrina de esta Sala que anteriormente se transcribió, hace inadmisible la demanda de amparo de conformidad con el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 6 de octubre de 2002 y declara INADMISIBLE la demanda de amparo que incoó MARGARITA MARLENE NASSANE B. como apoderada judicial de la “la empresa ‘M.C.’”, contra la decisión que dictó el 1 de agosto de 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14        días del mes de noviembre de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

Magistrado                  

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

El Secretario Interino,

 

TITO DE LA HOZ

PRRH.sn.ar.

Exp. 00-2842