SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Consta en autos que, el 6 de noviembre de 2003, los abogados Arturo J. Bravo Roa y Neil Alberto Cubillán Finol, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 38.593 y 42.673, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN BIMPLAZA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 30 de agosto de 2000, bajo el n° 41, Tomo 452 A Qto., incoaron, ante esta Sala Constitucional, demanda de amparo contra la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, por cuanto la misma no había realizado los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento administrativo de otorgamiento de licencias, contenido en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, para cuya fundamentación alegaron la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica, a la libertad económica y al trabajo, consagrados en los artículos 26, 112 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como otros derechos inmersos dentro de los denominados económicos, consagrados en los artículos 112 y siguientes del mismo Texto Fundamental.

 

            El 6 de noviembre de 2003, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando. Acordada su jubilación se reasignó la ponencia a la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, y en virtud del nombramiento que hiciera la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, asumió la presente ponencia el Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, y con tal carácter suscribe este fallo.

Efectuado el análisis del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Alegaron los accionantes como fundamento de la acción de amparo, los siguientes hechos:

 

            1.- Que, Corporación Bimplaza, C.A. es titular de la Licencia de Instalación signada con el n° CNC-B-00-032, expedida por la Comisión de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, en fecha 3 de noviembre de 2000, y que por tanto está legitimada para instalar la sala de bingos y máquinas traganíqueles “Bingo Monagas Plaza”, en la ciudad de Maturín, Estado Monagas.

 

            2.- Que su representada también obtuvo la Licencia de Funcionamiento identificada con el mismo número y, por tanto, se encuentra legitimada para operar dicha sala de bingos. Además, obtuvo otros requisitos indispensables para su funcionamiento, e inició sus operaciones al público ejerciendo todas y cada una de las actividades reservadas por la Ley especial.

 

            3.- Que la referida Comisión nunca cumplió con el dispositivo dictado en la sentencia n° 331/01 del 13 de marzo de 2001, emitida por esta Sala Constitucional, en el que se dejó claramente establecida la validez y eficacia de las licencias otorgadas por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles; es decir, que la referida Comisión nunca intentó alguna actividad tendiente a regularizar la situación de las salas de bingo “cuya licencia se otorgó antes de la aludida sentencia, ni alguna otra de las ordenadas en dichos fallos...”.

 

4.- Que, el 28 de octubre de 2002, varias empresas titulares de licencias para instalación y funcionamiento expedidas por la Comisión, antes de dictarse el fallo del 13 de marzo de 2001, liderizadas por la empresa denominada “Gambling 7777 Investor, C.A.”, entre otras, intentaron acción de amparo constitucional en contra de la referida Comisión Nacional, amparo que fue declarado con lugar según decisión n° 937/03 del 28 de abril de 2003, oportunidad en que se ordenó a la Comisión permitiera el ejercicio de las actividades de las empresas accionantes que para el momento de dictarse el fallo del 13 de marzo de 2001, les habían sido otorgadas las licencias.

 

5.- Que la accionante, Corporación Bimplaza, C.A., se encuentra dentro de los mismos supuestos de hecho y de derecho alegados por las accionantes en el caso referido.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo y, a tal efecto, observa que ésta se interpone contra la omisión de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, de regularizar la situación de las salas de bingo, cuyas licencias fueron otorgadas antes de la sentencia n° 331/01 del 13 de marzo de 2001, dictada por esta Sala Constitucional, en la que se estableció la validez y eficacia de las licencias otorgadas por dicha Comisión.

 

Dispone expresamente el artículo 56 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, que: “Solamente la Corte Suprema de Justicia, en la Sala correspondiente, conocerá de los Recursos de Amparo a que de lugar la aplicación de esta Ley”.

 

Teniendo en cuenta la referida disposición, y que esta Sala estableció corresponderle la jurisdicción constitucional de esta Institución en sede del Tribunal Supremo de Justicia –con las salvedades que su propia doctrina ha autorizado– (vid. sentencias núms. 623/2001, 870/2001, 1027/2001, 1033/2001, 939/2001, 963/2001, 1213/2001, 1214/2001, 1215/2001, 1269/2001 y 1312/2001), es por lo que esta Sala Constitucional resulta competente para conocer de la presente acción de amparo, y así se declara.

 

 

III

DEL DESISTIMIENTO

 

La Sala observa que la presente acción de amparo constitucional se interpuso contra la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, por cuanto la misma no había realizado los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento administrativo de otorgamiento de licencias, contenido en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

 

Ahora bien, consta en autos diligencia suscrita el 18 de diciembre de 2003, por la abogada Lisa Tharrington Sabater, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 84.041, quien actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil Corporación Bimplaza, C.A., desistió del procedimiento de amparo constitucional en curso, en el siguiente sentido:

 

“Por cuanto mediante sentencia dictada por esa misma Sala en fecha 16 de Diciembre de este mismo año en el expediente 02-2660, se extendieron los efectos de la decisión mediante la cual se declaró con lugar el Amparo ejercido por varias empresas licenciatarias (sic) de Salas de Bingos y Máquinas Traganíqueles, en contra de la Comisión Nacional de Casinos, Bingos y Máquinas Traganíqueles obteniéndose con ello la tutela jurídica efectiva que se pretendía a través de la presente acción, formalmente DESISTO de la presente acción en virtud de las circunstancias sobrevenidas, es todo...”.

 

En tal sentido, esta Sala verifica por una parte que, efectivamente, la abogada Lisa Tharrington Sabater actúa como apoderada judicial de la parte actora y tiene facultad para desistir, según consta en el instrumento poder cursante en autos, y por la otra, que mediante decisión n° 3.514 del 16 de diciembre de 2003 (caso: Operadora Binmariño, C.A.), señalada por la parte accionante, efectivamente esta Sala consideró que, por encontrarse en idéntica situación jurídica, y por aplicación del principio de economía procesal y de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debían extendérseles los efectos de las decisiones Nos. 937 del 28 de abril de 2003, 1.118 del 14 de mayo de 2003 y 3.290 del 1° de diciembre de 2003, a las empresas allí mencionadas, y por ende a la hoy accionante en amparo, según sus propios dichos, obteniéndose con ello la tutela judicial efectiva pretendida. En tal virtud, se ordenó a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles y demás autoridades públicas permitir, a partir de la publicación de la referida decisión, el ejercicio de las actividades de las empresas accionantes, por cuanto, para el momento de dictarse el fallo del 13 de marzo de 2001, les habían sido otorgadas las correspondientes licencias de instalación y de funcionamiento por parte de la Comisión Nacional mencionada, condición ésta en que se encontraba la empresa Corporación Bimplaza, C.A., hoy accionante en amparo.

 

Respecto al desistimiento de la acción de amparo, la Sala ha señalado (vid. sentencia del 27 de julio de 2000, caso: Fisco Nacional), lo siguiente:

 

“En el proceso de amparo, el desistimiento es el mecanismo unilateral de autocomposición procesal que permite al accionante manifestar su voluntad de abandonar su pretensión de amparo constitucional, en virtud de haber decaído su interés inmediato en la restitución de la situación jurídica infringida. En tal sentido, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente:

‘Artículo 25. Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.’

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de dos mil bolívares (Bs. 2000,00) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00)’.

La norma citada excluye entonces la posibilidad de que las partes, unilateral o bilateralmente, compongan la litis mediante los mecanismos que nos brinda el ordenamiento positivo, permitiendo, en único caso, el desistimiento del presunto agraviado, siempre y cuando en la acción no estén involucrados intereses de estricto orden público. Así las cosas, una vez presentado el desistimiento por el accionante, le corresponde al Juez de la causa homologarlo -de conformidad con la normativa procesal vigente-, atendiendo únicamente a los requisitos de validez del mismo, esto es, la legitimación para desistir y la naturaleza de los derechos involucrados, sin entrar a conocer siquiera las razones o motivos que justifiquen tal actuación de la parte actora, a menos que de ellos se desprenda la mala fe del presunto agraviado, caso en el cual el juez podrá aplicar la sanción prevista en el artículo transcritos ...”.

 

Conforme a la doctrina expuesta, del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se observa que el legislador reconoce al accionante en amparo -supuesto agraviado- la posibilidad del desistimiento de la acción que fue incoada como único mecanismo de auto composición procesal, excepto cuando la homologación del desistimiento pueda afectar el orden público o las buenas costumbres.

 

Así, verificados como han sido que los derechos constitucionales denunciados en el presente caso no comprometen el orden público ni afectan las buenas costumbres, esta Sala, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, homologa el desistimiento que hizo la parte actora. Así se declara.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, HOMOLOGA el desistimiento que hiciera la abogada Lisa Tharrington Sabater, apoderada judicial de CORPORACIÓN BIMPLAZA, C.A., respecto de la demanda que incoó contra la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

 

Regístrese y publíquese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de  noviembre dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario (E),

 

 

 

 

TITO RUBÉN DE LA HOZ GARCÍA

 

 

 

 

 

FACL/

Exp. N° 03-2905