SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

En fecha 10 de julio de 2000, el abogado Luis Felipe Blanco Souchon, con cédula de identidad Nº. 1.899.675, actuando en representación del ciudadano Héctor Luis Quintero Toledo, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº. 801.361, quien actúa como titular del Juzgado de Justicia de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional en contra de la sentencia del 23 de mayo de 2000 emanada del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

En la misma fecha anterior, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe.

 

En fecha 14 de julio de 2000, el ciudadano Gotzon Lacasa Astigarraga, asistido por la abogada Clara María Paga Salgado, consignó escrito por ante la Secretaría de la Sala Constitucional acudiendo en su carácter de “tercero concurrente”. En el extenso escrito presentado por dicho ciudadano, señala que posee un interés legítimo, directo, actual y real sobre el inmueble que se pretende ejecutar a través de la sentencia impugnada.

 

El 21 de agosto de 2000, compareció ante esta Sala el ciudadano Gotzon Lacasa Astigarraga, asistido por abogado, solicitando mediante escrito la suspensión de efectos de la sentencia recurrida “visto la decisión del Juzgado de la causa ejecutoriando la misma”.

 

El 31 de agosto de 2000, el ciudadano José Flores, asistido por la abogada Clara María Paga Salgado, consignó escrito por ante la Secretaría de la Sala Constitucional acudiendo en su carácter de tercero, señalando que “A este efecto hago mías, apoyo, opongo y reproduzco las declaraciones acertada del Juez de Paz en su recurso de Amparo en cuanto beneficien mis intereses y me adhiero igualmente a la Tercería intentada ante esta honorable Sala Constitucional por el ciudadano Gotzon Lacasa Astigarraga....”. En el extenso escrito presentado por dicho ciudadano, señala que en los momentos actuales es quien ocupa en calidad de arrendatario el inmueble afectado por la ejecución de la sentencia impugnada, teniendo por tanto un interés legítimo, directo, actual y real en el caso de autos.

 

Antecedentes

 

            Señala el apoderado actor, que los antecedentes del caso son los siguientes:

 

            1. El procedimiento de paz se inicia a instancia del ciudadano Gotzon Lacasa Astigarraga, en contra del ciudadano Gorka Lacasa Astigarraga, con motivo de una controversia respecto de un lindero común entre lotes de terreno vecinos y propiedad de los mismos, ubicados en el  Sector Industrial de la Fila de Mariches, Km. 3 de la Carretera Nacional Petare-Santa Lucía, sector El Limoncito, Municipio Sucre del Estado Miranda.

 

            2. El conocimiento de dicha controversia  correspondió al Juzgado de Justicia de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz.

 

            3. El Juzgado de Paz, en fecha 30 de junio de 1999, dicta sentencia mediante la cual ordena el retiro inmediato de una cerca de alambre y una construcción de un muro de concreto en el lugar de la controversia. Señala el apoderado actor, que la sentencia, de contenido patrimonial dictada por el Juzgado de Paz, no fue apelada por la parte perdedora, Gorka Lacasa.

 

            4. Indica el apoderado actor, que el 1º de diciembre de 1999, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  admitió una acción de amparo interpuesta por el ciudadano Gorka Lacasa Astigarraga, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Paz, antes mencionado; y luego, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es quien conoce del procedimiento de amparo, en virtud de la inhibición efectuada por el titular del mencionado Juzgado Quinto de Primera Instancia. En tal sentido, el 22 de marzo de 2000, el Juzgado Décimo de Primera Instancia, antes aludido, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Gorka Lacasa Astigarraga.

 

            5. En fecha 10 de abril de 2000, el Juzgado Décimo de Primera Instancia, vistas las apelaciones de los apoderados judiciales de las partes, tanto el agraviado como el agraviante, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            6. En fecha 23 de mayo de 2000, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien conoció por distribución de las apelaciones interpuestas por las partes en el proceso de amparo seguido en el aludido Juzgado Décimo de Primera Instancia, declaró con lugar la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Gorka Lacasa Astigarraga, parte presuntamente agraviante; y sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Luis Felipe Blanco Souchon, apoderado del ciudadano Gotzon Lacasa Astigarraga, parte presuntamente agraviada. En consecuencia, el referido Tribunal Superior, declaró con lugar la acción de amparo intentada por los apoderados del ciudadano Gorka Lacasa Astigarraga en contra de la sentencia dictada el 30 de junio de 1999 por el Juzgado de Justicia de Paz, la cual la revocó, así como la dictada el 22 de marzo de 2000 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia.

 

Fundamentos de la Acción de Amparo Constitucional Ejercida

 

Señala el apoderado actor, que la sentencia dictada el 23 de mayo de 2000 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, vulnera los derechos constitucionales de su representado, relativos a:

 

1. El debido proceso, contemplado en los artículo 49 y 257 de la vigente Constitución, por cuanto considera que la sentencia impugnada es “...del todo inejecutable, imprecisa, vaga y nula ...omissis..., pues su dispositivo ordena, entre otros vicios, la ejecución ‘a cualquier persona’ que no es funcionario judicial de ejecución quebrantando el mandato contenido en el ordinal 5º del artículo 243 que sanciona el artículo 244 y del 188 del Código de Procedimiento Civil”. Considera que la sentencia, en vez de ser restitutoria de un derecho constitucional vulnerado, se convirtió en una “sentencia condenatoria de derechos patrimoniales”.

 

Alega el apoderado actor, que “no se trata aquí de un recurso por errores de juzgamiento sino porque el Juez Temporal Cuarto Superior quebrantó numerosas normas fundamentales procesales que dan sentido y estructuran el concepto constitucional del Debido Proceso; sino por cuanto el Juez Temporal quebrantó elementales derechos constitucionales como es el de la Defensa, al no mencionar y menos considerar aún, ni apreciar ni valorar ni una sola de las múltiples defensas opuestas oportunamente, incurriendo en una descarada parcialidad”.

 

2. De la igualdad de las partes en el proceso, contemplado en el artículo 49 de la Constitución, así como de los artículos 2 y 21 eiusdem, ya que  “la sentencia recurrida cercena el derecho a la defensa de mi representado, oculta totalmente y no toma en cuenta ni menciona sino los argumentos de una de las partes la cual no hizo prueba alguna, e ignoró totalmente los argumentos, las defensas y las pruebas de mi representado, el Juez de Paz, ganador absoluto en Primera Instancia”.

 

3. El de imparcialidad del juez en el proceso, contemplado igualmente en el artículo 49 de la Constitución, así como en los artículos 26 y 256 eiusdem, y en los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en su criterio, el titular del Juzgado Superior “no decide imparcialmente, ni tampoco, como se denunciara ya, conforme al principio de lo alegado y probado atentando así mismo contra los principios procesales de la exhaustividad y de la congruencia de la sentencia”.

 

Solicita igualmente, sea decretada la suspensión provisional del dispositivo de la sentencia impugnada, mientras la Sala decide el fondo de la acción.

 

De la Competencia

 

Esta Sala, en primer término, debe pronunciarse acerca de su competencia, y a tal efecto, reiterando los criterios expuestos en las sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán; y, Domingo Ramírez Monja), resulta competente para conocer de la acción de amparo ejercida en contra de la sentencia dictada el 23 de mayo de 2000 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y así se declara.

 

 

 

 

Análisis de la Situación

 

Todo accionante de amparo debe encontrarse en una situación jurídica que le es personal, y que ante la amenaza o la infracción constitucional se hace necesario que se impida ésta o se le restablezca, de ser posible, la situación lesionada.

 

Se trata de una acción personal, que atiende a un interés propio, que a veces puede coincidir con un interés general o colectivo.

 

Un juez, como tal, no puede ejercer un amparo contra decisiones judiciales que afecten su función juzgadora, ya que él no sería nunca el lesionado, sino el tribunal que preside, el cual representa a la República de Venezuela, en nombre de quien administra justicia, y no puede el juez, si con  motivo de su función jurisdiccional  se ve su fallo menoscabado por otras decisiones, impugnar por la vía de amparo, ya que dada la estructura jurisdiccional que corresponde a la República, ella no puede infringir sus propios derechos constitucionales. Por ello, un juez no puede incoar un amparo contra otro juez, con motivo de una sentencia dictada por él, que el otro juez desconoce, reforma, inaplica o revoca. La función de defensa de los fallos corresponde a las partes y no a quien los dicta.

 

Desde este ángulo, un juez carece de interés legítimo para accionar en amparo en defensa de sus fallos.

 

Diferente es que las decisiones judiciales sean atacadas por personas distintas a los jueces, por considerarse que las sentencias los agravian al infringir derechos o garantías constitucionales. Partiendo de esa posibilidad, surgió el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual prevé el amparo contra sentencias y actos judiciales, pero que debe ser entendido que el amparo lo incoa aquella persona cuya situación jurídica quede amenazada de violación o infringida por razón del fallo, no correspondiendo a los tribunales de la República, situación jurídica alguna qué defender.

 

Dada la organización judicial, los actos y fallos de los tribunales inferiores, son conocidos en apelación o consulta por los superiores, hasta culminar en el Máximo Tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia.

 

Los fallos se atacan mediante apelación, y en casos específicos, por medio de la acción de amparo, la cual, repite la Sala, no corresponde a los tribunales para cuestionar los fallos dictados por otros tribunales, ya que se trata de la República Bolivariana de Venezuela por medio de los tribunales, y no de unas unidades autónomas comprendidas por cada juzgado. Esta es también una razón que demuestra que los tribunales, en cuanto a sus sentencias, no se encuentran en situación jurídica personal alguna.

 

Fuera de los conflictos de competencia o de jurisdicción que pueden plantar los jueces, no existe en las leyes ningún enfrentamiento posible entre tribunales, producto de la estructura piramidal que tienen los órganos jurisdiccionales, unos inferiores y otros superiores, formando una jerarquía, o de la igualdad que entre ellos existe cuando se encuentran en una misma instancia.

 

Dentro del sistema de justicia que regula la vigente Constitución, se encuentra la justicia de paz (artículo 258 eiusdem), lo que significa que es la República quien imparte justicia mediante dichos jueces, tal como lo contempla el artículo 253 de la vigente Constitución, al señalar a la justicia alternativa dentro del sistema. Justicia alternativa que el aludido artículo 258 refiere entre otros a los jueces de paz. En consecuencia, los jueces de paz forman parte del sistema de justicia, y a pesar de no formar parte del poder judicial formal, ellos son jueces, con todas las prerrogativas de tales y dentro de los marcos legales, en los ámbitos que el ordenamiento jurídico les asigna.

 

Ahora bien, la jurisdicción consiste en la potestad o función del Estado de administrar justicia,  ejercida en el proceso por medio de sus órganos judiciales (Conf. Piero Calamandrei. Derecho Procesal Civil. Tomo I, p. 114. EJEA. Buenos Aires. 1973). Son los órganos judiciales con los que la autoridad mantiene el orden, cuando se produzcan ciertas situaciones entre los justiciables, y estos órganos pueden ejercer, conforme a la ley, una jurisdicción de equidad o una de derecho, por lo que los jueces de equidad, creados por el Estado, forman parte del orden jurisdiccional.  A ese fin, la jurisdicción administra justicia, resolviendo conflictos, mediante un proceso contradictorio que es resuelto por una persona imparcial, autónoma e independiente. Cuando el artículo 26 de la vigente Constitución garantiza una justicia equitativa, tiene que estar refiriéndose a la jurisdicción de equidad.

 

Como antes la Sala advirtió, los órganos jurisdiccionales, que conforman el segmento: jurisdicción, están organizados jerárquicamente, de manera que entre ellos no pueden surgir otros conflictos que los de competencia, siendo impensable dentro del área jurisdiccional, litigios entre diversos tribunales por causas que conocen, siendo una excepción al que un tribunal sin mediar apelación o consulta, juzgue los actos, sentencias y resoluciones de otro tribunal, a menos que se trate de cuestiones de orden público, como el fraude procesal o la revisión, donde se encuentran implicadas conductas de particulares que son realmente los afectados, que permiten a un juez enfrentarse a lo decidido por otro juez. Pero este conocimiento en la revisión, ocurre excepcionalmente, y por lo regular, producto de la iniciativa de las partes y no del órgano jurisdiccional.

 

Dentro de las posibilidades legales de que la actividad de un órgano jurisdiccional sea juzgado por otro, sin mediar la apelación o la consulta, se encuentra la del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual permite que un juez superior al que emite un pronunciamiento u ordene un acto, conozca de un amparo contra dicho fallo o acto, si con él se lesiona un derecho o garantía constitucional. En este caso excepcional, es cierto que se rompe el principio de la unidad de la jurisdicción, sin embargo funciona la pirámide organizativa de la jurisdicción, y es el  superior quien juzga al inferior, y ello ocurre porque las partes y no el órgano incoan el amparo. Los tribunales fueron concebidos para dirimir conflictos, no estando entre sus poderes o facultades el pedir justicia mediante litigios.  Se requiere que el orden que impone la Ley Orgánica del Poder Judicial a los órganos de administración de justicia, se cumpla.

 

Ahora bien, los jueces de paz pertenecen al sistema judicial, son órganos jurisdiccionales, como lo son los árbitros y otras figuras que pueda crear la justicia alternativa, y son jueces de equidad, según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, siendo excepcionalmente jueces de derecho, conforme al mismo artículo que reza:

 

“Los Jueces de Paz procurarán la solución de conflictos y controversias por medio de la conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos conflictos y controversias se resolverán con arreglo a la equidad, salvo que la Ley imponga una solución de derecho. Los Jueces de Paz también resolverán conforme a la equidad cuando así lo soliciten expresamente las partes”.

 

 

No puede considerarse que esta forma (la alternativa) de ejercicio de la jurisdicción, esté supeditada a la jurisdicción ejercida por el poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza jurisdiccional, estos Tribunales actúan fuera del poder judicial, sin que ello signifique que este último poder no pueda conocer de las apelaciones de sus fallos, cuando ello sea posible, o de los amparos contra sus sentencias.

 

La justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, etc.), es ejercida por personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio; produce sentencias (artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz) que se convierten en cosa juzgada, ejecutables (lo que es atributo jurisdiccional, y que aparece recogido en el numeral 1 del artículo 9, y en los artículos 49 y 50  de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, así como en las normas sobre ejecución del laudo arbitral de la Ley de Arbitraje Comercial, y en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil), y por tanto es parte de la actividad jurisdiccional, pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa.

 

El que los jueces de paz concilien, y exista una etapa del proceso de justicia de paz a ese fin, en nada atenta contra la función jurisdiccional, ya que los jueces civiles –por ejemplo-, también pueden conciliar (artículo 257 del Código de Procedimiento Civil), y si la conciliación falla, continuará el proceso jurisdiccional. Los jueces de paz, al igual que cualquier juez, dirimen conflictos o controversias entre partes, siendo ese su objetivo, e incluso pudieran producir actos con efectos constitutivos.  Su finalidad, como la de cualquier juez, es mantener la paz social, la cual es un valor de la República y de la comunidad, lo que le permite a la actividad jurisdiccional, en los casos señalados por la ley, controlar al Estado.

 

Establecida la naturaleza de las decisiones de la justicia de paz, como fallos jurisdiccionales, los mismos, como cualquier sentencia, pueden ser impugnados por las partes por la vía del amparo constitucional, si ellos infringen derechos o garantías constitucionales. Pero ¿cuál será el juez competente para conocer de tal amparo?.

 

Por aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo debe interponerse ante el Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento. Existiendo el principio de la doble instancia, toda causa que se juzgue en primera instancia está sujeta a apelación. Pero tal principio, por razones de la estructura de la justicia de paz, no funciona a plenitud con las decisiones de dichos tribunales, ya que siendo sentencias de equidad (artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz), la regla es que ellos sean inapelables, tal como lo pauta el Código de Procedimiento Civil en su artículo 624 sobre los fallos de los árbitros arbitradores, no existiendo por lo tanto un juez de alzada o superior competente.

 

Por ese motivo, las decisiones del juez de paz no son apelables, sino revisables por el mismo, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, y es que el concepto de equidad, de difícil aprehensión, se refiere a un juicio de valor de quien lo utiliza, ligado a su idea de justicia aplicada al caso concreto, opinión que no descansa en el derecho, sino en la conciencia, la moral, la razón natural u otros valores. Dado el carácter personal y subjetivo de esos valores, el tratamiento de las decisiones que en ellos se fundan, tiene que ser distinto al que se da a los fallos que se atienen a normas del derecho, y por ello la regla es que no sea revisable por otro el criterio del sentenciador; de allí, que la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, en su artículo 47 estableció como regla, la revisión por el mismo juez del fallo que lo dictó, asesorándose con los suplentes y conjueces del tribunal. Estas reglas privarían de Juez Superior a los Jueces de Paz.

 

Sin embargo, el artículo 48 eiusdem, prevé la apelación de las sentencias de los jueces de paz, cuando la controversia tenga contenido patrimonial, la cual será decidida por el juez competente a quien se le envía el expediente contentivo de las actuaciones. Se trata de una excepción al principio, pero que fija la presencia de un juez superior al de paz, que conoce de las apelaciones de sus fallos, y éste vendría a ser el juez del amparo contra las sentencias de los jueces de paz.

 

No señala la ley especial que rige la Justicia de Paz, quién es este juez, ni tampoco lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ignoró la materia, y ante tal vacío es necesario dilucidar si el juez de la alzada es el Juez de Municipio o el de Primera Instancia.

 

Según el Manual de Referencia elaborado por el Ministerio de la Familia, el juez de la alzada es el de Parroquia o Municipio; mientras para Julio César Fernández en su monografía “Una Justicia de Paz para la democracia. De la jurisdicción a la justicia de Paz”, inserta en el libro “Ley Orgánica de la Justicia de Paz” (Edit. Jurídica Venezolana, 1996), el juez de la apelación es el “ordinario del Poder Judicial Nacional en competencia por la cuantía”, el cual –excepto las cuestiones atinentes a la familia- agrega esta Sala, debería ser el más bajo en la jerarquía, conforme a la competencia por la cuantía, dado los casos de ínfima cuantía que puede conocer el juez de paz. Por su parte, el autor nacional Osvaldo Parilli Araujo, en su obra “Comentarios a la Ley Orgánica de la Justicia de Paz” (Móvil-Libros 1995), señala que el juez de la apelación será el de la justicia ordinaria.

 

Estos autores resaltan cómo la jurisdicción ordinaria es la alzada en estos casos de la justicia de paz, lo que apuntala la naturaleza jurisdiccional de la justicia alternativa, actualmente con reconocimiento constitucional, ya que si esa no fuera su naturaleza, los tribunales ordinarios no podrían conocer en alzada, y sus fallos no causarían cosa juzgada, ejecutable.

 

Teniendo en cuenta que las causas de contenido patrimonial que puede conocer un Juez de Paz, están determinadas por la cuantía (numeral 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz), debe interpretarse que la competencia por la cuantía determina quién es el juzgado superior del juez de paz, a los efectos de la apelación a que se refiere el artículo 48 eiusdem, ya que éste debe ser el juez inmediatamente superior al de paz, por la escala de cuantía. Este juez vendría a ser el de Municipio, pero no para que decida conforme a derecho, sino también aplicando la equidad, lo que crea una situación excepcional.

 

No se trata de que el juez de la justicia alternativa sea inferior al de Municipio, como no lo es el tribunal arbitral con relación a los jueces de primera o segunda instancia del Poder Judicial, sino que algún órgano jurisdiccional debe conocer de la alzada prevista en la ley, y a falta de un tribunal especial, dado que la competencia del juez de paz se regula por una cuantía ínfima (cuatro salarios mínimos mensuales), pero cuantía al fin, en la actualidad en la escala de cuantías el inmediatamente superior es el Juez de Municipio, y éste sería, por razones de seguridad jurídica, el competente para conocer de las apelaciones.

 

Apunta esta Sala, que se trata de una alzada de equidad, y ante tal situación, no debería ser dicho tribunal de municipio el competente para conocer de una acción de amparo, donde se juzga derecho y no equidad.

 

En otras palabras, a pesar de que el Juez de Municipio es un juez de derecho, a él en relación con la justicia de paz se le ordena juzgar en alzada según equidad, y siendo así, su conexidad con dicha justicia, ¿será el competente para conocer violaciones de derechos constitucionales atribuidos a la justicia de paz?.

 

Considera esta Sala, que ante el vacío que deja el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación a las sentencias dictadas por los jueces de paz, el juez competente para conocer de los amparos contra esos fallos, por tratarse de asuntos de derecho, es el de Primera Instancia correspondiente al lugar sede del Tribunal de Paz, por lo que a esta especial situación se le aplica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La cobertura constitucional es extensible a los fallos de los juzgados de paz, por lo que mientras la ley no diga lo contrario, son los Jueces de  Primera Instancia los competentes para conocer de los amparos contra dichas sentencias, al considerarlos superiores de los jueces de paz, como jueces que pueden conocer el derecho, y así se declara.

 

Establecido lo anterior, debe la Sala examinar si un órgano jurisdiccional puede interponer un amparo contra otro órgano jurisdiccional, cual es el caso de autos en que el accionante de amparo contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es el Juez de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, quien actúa con tal carácter (ya que no puede obrar en otro, porque el fallo del Juzgado Superior Cuarto aludido no está juzgando contra persona natural alguna). Basta leer la identificación de las partes en el escrito de amparo, para deducir que se trata del titular del Juzgado de Paz, actuando como tal quien incoa el amparo, y a tal fin en la página 8 de dicho escrito se lee:

 

“a) Parte Agraviada: Héctor Luis Quintero Toledo, venezolano, mayor de edad...(omissis)..., quien es titular del Juzgado de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, con sede en la Dolorita.

 

b) Su dirección: Juzgado de Justicia de Paz de la Circunscripción Intermunicipal Nº 5-7 del Municipio Sucre del Estado Miranda, con sede en la Dolorita, Final Calle Bolívar, Parroquia San Francisco de Sales.

 

...omissis...

 

f) El Agraviante: El agraviante es el abogado Luis Alfredo Sucre Cuba quien ejerciendo temporalmente el cargo de Juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictara el 23 de mayo de 2000 la sentencia por medio de la cual violó los derechos y garantías constitucionales de mi representado, el Juez de Paz Héctor Luis Quintero, al decidir al fondo un recurso de amparo intentado indebidamente contra una sentencia dictada por mi representado, el citado Juez de Paz, totalmente ganancioso en Primera Instancia, y por apelación interpuesta por el quejoso (Exp. 11.530). (Subrayado de la Sala)

 

 

Ahora bien, como entes jurisdiccionales decisores, los tribunales pueden resultar agraviantes, si con sus fallos infringen derechos y garantías constitucionales de las partes o de terceros, pero nunca pueden ser agraviados, ya que no existe en ellos una situación jurídica –como poder jurisdiccional- que pueda menoscabarse, al ser ellos quienes aplican la ley con carácter coactivo, dentro de su función de dirimir los conflictos. Cuando un fallo creare un supuesto agravio constitucional, el mismo puede ser impugnado por las personas (partes o terceros) por la vía del amparo, y el tribunal que lo dictó puede defenderlo, no por las implicaciones personales (civiles, penales o disciplinarias), que pueden afectar al juez que lo dictó, sino porque las razones que tuvo el Estado para fallar, deben ser examinados por el Superior de quien los dictó, y en beneficio de ese examen, y de las razones, es importante oír al Tribunal a quo. De allí la existencia de la institución de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

La defensa del acto o la sentencia impugnada corresponde, de pleno derecho al Tribunal que la dictó o que conoce de la causa donde tuvo lugar, y dentro de esa defensa, como desarrollo natural en aras al interés constitucional, puede utilizarse el recurso de apelación; pero resulta inconcebible que la defensa del fallo se extienda a la legitimación para incoar un amparo contra la sentencia de amparo que al decidir otro viola disposiciones constitucionales. Ello resulta imposible, porque el poder jurisdiccional no se encuentra en una situación jurídica que pueda ser lesionada por el mismo poder, sin que pueda hacerse una diferencia dentro de la función jurisdiccional entre poder judicial y justicia alternativa. Los tribunales al fallar, no crean una situación jurídica a su favor que sea necesario defenderla de las decisiones de otros jueces, ya que litigios entre tribunales no existen, excepto los previstos en la ley. En consecuencia, ningún Tribunal puede demandar a otro.

 

Todo órgano decisor, por una cuestión de derecho natural, no puede defender su fallo, ya que el desinterés e imparcialidad que es consustancial en dichos órganos, quedaría en entredicho, si el Juez fuere a defender su fallo en perjuicio de una de las partes. Tal principio va más allá de lo jurisdiccional, y por ello órganos decisores creados por la costumbre, como los jueces de aguas, mal pueden accionar ante la judicatura en defensa de sus decisiones.

 

Dentro de la función jurisdiccional, donde se declara la voluntad del Estado, concretando la voluntad de la ley o sentenciando según la equidad, no puede surgir un litigio entre dos tribunales, donde uno pretende se declaren derechos a su favor o en perjuicio de otro. Tal pretensión chocaría con la función jurisdiccional, porque son dos entes encargados de dicha función, que no se encuentran en ninguna clase de situación jurídica (favorable o no), sino que simplemente  cumplen una función decisoria con respecto a las partes del proceso, y que por lo tanto no tienen legitimidad de ningún tipo para pedir se le declare el derecho de restablecer una situación jurídica infringida.

 

En el presente caso, los terceros coadyuvantes, quienes alegan una situación jurídica, podrían interponer amparos, pero el tribunal de paz no, ya que carece de cualidad para litigar, plantear conflictos de derecho y pedir se declaren a su favor.

 

Quien podría accionar en amparo es el tercero coadyuvante, quien, si las infracciones son contrarias al orden público, no tiene término para incoarlo.

 

            Las razones anteriores llevan a esta Sala a declarar la inadmisibilidad de la acción propuesta, y así se declara.

 

            Toda vez que la acción de amparo propuesta ha sido declarada inadmisible, no es necesario entrar a analizar la figura de los terceros adhesivos, ya que éstos corren la suerte del solicitante del amparo. Asimismo, con la declaratoria anterior, no se entra a analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada, ya que dicho examen sería procedente si fuese admisible la acción.

 

 

Decisión

 

            Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Héctor Luis Quintero Toledo, actuando en su carácter de Juez de Paz, en contra de la sentencia de fecha 23 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y  sellada,  en  el  Salón  de  Audiencias  de  la  Sala Constitucional  del   Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas, a  los 05 días del mes de OCTUBRE de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Ponente

 

 

Los Magistrados,

 

 

Héctor Peña Torrelles

 

 

 

 

José Manuel Delgado Ocando

 

Moisés A. Troconis V.

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. N° 00-2084

JECR/

 

Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que se declaró competente para conocer de una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión de un Juez que se encontraba conociendo en alzada, la segunda instancia de un procedimiento de amparo constitucional. Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuesta de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, atendiendo al contenido del citado artículo 4, se observa que   la referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer   “... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento”. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendió tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la

especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).

Por las razones anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional  no debió conocer de la acción de amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala competente de este Tribunal Supremo de Justicia.

Por otra parte, observa el disidente que la acción fue declarada inadmisible por tratarse de una acción de amparo contra una sentencia que resolvió otro amparo.

El anterior criterio es sostenido por la Sala desde la sentencia de fecha 2 de marzo de 2000 de la Sala Constitucional (caso: Francia Josefina Rondón Astor), en la cual se señaló:

“En el presente caso, la hoy accionante, como se dijo, ejerció apelación en el juicio de amparo constitucional incoado por su contraparte la cual ya fue decidida, por lo tanto, agotada como ha sido la doble instancia no puede ejercerse un nuevo amparo –tal como ocurre en el caso de autos- contra ésta última decisión, motivo por el cual la presente acción resulta inadmisible, y así se declara.

Sin perjuicio de lo anterior, observa la Sala que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, surge la posibilidad de revisar una sentencia de amparo una vez agotada la doble instancia, sin necesidad de interponer una nueva acción de amparo. No obstante esta revisión está sometida a la discrecionalidad de la Sala.

(...)

En este contexto, esta Sala Constitucional ha venido diseñando la estructura de este medio extraordinario, cuando en decisión de fecha 20 de enero del año 2000, a raíz de la interpretación que hiciere del referido artículo 336 numeral 10 de la Constitución, señaló que, esta revisión respecto de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelación en lo Penal se ejerce, bien de manera obligatoria –entre las cuales se encuentran las consultas o apelaciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- o de manera facultativa, cuando la decisión llegue esta Sala una vez agotada la doble instancia.” (Subrayados del fallo citado).

 

El aludido criterio de la inadmisibilidad de los amparos contra decisiones dictadas en juicios de amparo ha sido reiterado, entre otras, en las siguientes decisiones: Nº 245 del 25 de abril de 2000, caso Fernando José Roa Ramírez; 25 de abril de 2000, caso Marco Antonio Monasterio Pérez; y        N° 298 del 3 de mayo de 2000, caso Víctor Celso Valor Lovera; en las cuales he salvado mi voto con el siguiente razonamiento, el cual reitero en esta oportunidad:

“El criterio esbozado por la mayoría sentenciadora tiene como fundamento, la consagración en la Constitución de 1999 de un recurso extraordinario de revisión de las sentencias definitivas dictadas en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de normas. Así, la tesis de la Sala propugna que respecto de las sentencias definitivas en materia de amparo, esto es, producto de un proceso cognoscitivo en doble grado de jurisdicción, resulta inaceptable la interposición de una acción de amparo contra sentencia, pues el Constituyente estableció –a tal efecto- el mecanismo discrecional de revisión a que alude el numeral 10 del artículo 336 constitucional.

La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido, en lo que atañe al alcance del numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en extremo inconsistente, pues se ha interpretado de forma distinta esta institución. En unos casos la misma se ha asimilado a la apelación o consulta en materia de sentencias de amparo dictadas por tribunales superiores conociendo en primera instancia. En otras oportunidades, se ha interpretado como un mecanismo de control del acatamiento de las decisiones de esta Sala por el resto de los tribunales, ampliándose su ámbito de aplicación a las sentencias que contrariaran las interpretaciones vinculantes realizadas por esta Sala Constitucional como último interprete de la Constitución. Y por último, en sentencias como la que antecede, se ha confundido la institución con el amparo contra sentencia.

En mi criterio, la revisión extraordinaria consagrada por el Constituyente está circunscrita a las sentencias definitivas de amparo y de control difuso de la constitucionalidad, y responde a la necesidad de unificar la doctrina jurisprudencial en materia de interpretación constitucional y amparo constitucional; por lo tanto, hasta el momento en que se dicte la ley orgánica que regule esta institución, la misma deberá ser utilizada con cautela partiendo de los términos en que la misma ha sido consagrada en la Constitución, y no en una carrera empírica en que se haga uso de la figura para dar respuestas a problemas que habían sido anteriormente solucionados por la jurisprudencia, que en definitiva deviene en una inseguridad jurídica, proveniente paradójicamente de la Sala que debido al carácter vinculante de sus decisiones, ha de servir de norte en la interpretación jurisprudencial del resto de los tribunales de la República.

En contraposición a la aludida figura, la finalidad de la acción de amparo contra sentencia prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, está referida a la tutela de los particulares en el goce de sus derechos y garantías constitucionales, cuando los mismos fuesen vulnerados por la actividad jurisdiccional de los órganos judiciales actuando fuera del ámbito de sus competencias.

Así las cosas, mientras en la revisión extraordinaria se realiza un control objetivo de la conformidad a derecho de los pronunciamientos del juzgador de última instancia en amparo, en el amparo constitucional contra sentencia se instaura un nuevo juicio con razón en la violación de derechos constitucionales producida por hechos distintos a los dilucidados en cualquier proceso judicial (incluido el amparo) conocido en doble grado de jurisdicción.

En consecuencia, una acción de amparo interpuesta contra una sentencia de última instancia en un juicio de amparo, será inadmisible si con ésta se pretende instaurar una tercera instancia sobre el mismo asunto debatido; sin embargo, en mi opinión es no sólo justificada, sino necesaria, su procedencia cuando la violación presuntamente realizada por el juez de amparo, se refiera a hechos distintos y sobrevenidos al asunto debatido en los autos del juicio de amparo de última instancia.

La interpretación realizada por la mayoría en el fallo que antecede pudiese conducir a la errada conclusión de igualar la revisión extraordinaria con la acción de amparo contra sentencia. Téngase en cuenta que la primera de ellas es fundamentalmente un juicio objetivo, mientras que el amparo es en esencia una mecanismo subjetivo de tutela de derechos y garantías constitucionales”.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

 El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                  El Vice-Presidente,

 

                                                              Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Magistrados,

 

 

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

           

 

 

José M. Delgado Ocando

 

 

 

 

 

Moisés A. Troconis Villarreal

 

 

                                                                       El Secretario,              

 

 

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

 

HPT/mcm

Exp. N°: 00-2084