SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 22 de febrero de 2007, los abogados Emilio J. Roche, Quetzalcoatl Martínez Artiles y Joaquín Dongoroz, titulares de la cédula de identidad núm. 3.816.604, 13.557.108 y 17.144.513, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 14.750, 97.631 y 117.237, en el mismo orden, en representación de LABORATORIOS LETI S.A.V. y de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de amparo constitucional respecto al acto  administrativo contenido en el Oficio identificado con el alfanumérico INA/GRA/DDA/UCR/2006-1004, dictado el 6 de diciembre de 2006 por la GERENCIA DE REGÍMENES ADUANEROS, adscrita a la Intendencia General de Aduanas del  Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

 

El 23 de febrero de 2007, dicha solicitud fue admitida por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

El 28 de marzo de 2007, se llevó a cabo la audiencia constitucional. Ese mismo día se dictó el fallo respectivo; en el mismo se declaró con lugar la pretensión deducida por los representantes de Laboratorios Leti S. A. V.

 

El 3 de abril de 2007, se publicó íntegramente la sentencia.

El 11 de abril de 2007, la abogada Flor María Zurita, en su carácter de apoderada judicial de la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), apeló de la citada decisión.

 

El 16 de abril de 2007, el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas oyó la apelación en un solo efecto, y ordenó la remisión del expediente de la causa a esta Sala Constitucional.

 

El 31 de mayo de 2007, fue recibido en el mencionado expediente, y, el 5 de junio de 2007, se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUEÑO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe este fallo.

 

El 14 de junio de 2007, las abogadas Flor María Zurita y Antonieta Sbarra R., en su carácter de apoderadas judiciales de la Gerencia de Regímenes Aduaneros, adscrita a la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), introdujeron un escrito mediante el cual fundamentaron la apelación.

 

El 4 de julio de 2007, los abogados Manuel Marín y Jorge Jraige, apoderados judiciales de Laboratorios Leti, S.A.V., introdujeron escrito de contestación y formulación de oposición contra la fundamentación de la apelación anteriormente reseñada.

 

Con base en los elementos que cursan en autos y siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir en los términos siguientes:

 

I

DE LA COMPETENCIA

 

Respecto a su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto, la Sala observa:

Con respecto a la institución del amparo constitucional, particularmente en lo que se refiere a las tareas que le han sido asignadas a esta Sala Constitucional en el marco procedimental establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se evidencia que a ésta le corresponde conocer: a) de los amparos autónomos formulados contra las máximas autoridades nacionales establecidas en la Constitución (art. 8 LOA); b) de los amparos autónomos contra decisiones de los tribunales superiores, de las cortes en lo contencioso administrativo y de las cortes de apelaciones en lo penal (art. 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales); y c) de las apelaciones o consultas respecto a las decisiones que los tribunales citados tomen cuando conozcan en primera instancia de acciones de amparo autónomas (art. 35 eiusdem).

 

Adicionalmente, el artículo 5.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Sala conocerá de las apelaciones contra las decisiones que en amparo dicten los tribunales contencioso administrativos, en tanto su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal.

 

Dicho esto, constata la Sala que la sentencia sometida a su consideración surge de un juicio de amparo constitucional resuelto por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Todo ello da pie para declarar, a la luz de la doctrina reseñada, que este Supremo Tribunal en Sala Constitucional es competente para examinar, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo relativo a la apelación de la mencionada decisión. Así se establece.

 

II

DE LOS ANTECEDENTES

 

Según narran los apoderados judiciales de Laboratorios Leti S.A.V., los siguientes fueron los hechos que antecedieron a la emisión del acto que señalan como lesivo de los derechos de su representada:

 

1.- El 4 de octubre de 2002, Laboratorios Leti, S.A.V. planteó a la División de Arancel de la Intendencia Nacional de Aduanas del SENIAT, una consulta acerca de la clasificación arancelaria del producto denominado Pharmorat.

2.- El 12 de septiembre de 2005, dicha Intendencia Nacional de Aduanas dictó la Resolución identificada con el alfanumérico INA-100-2005-00886, mediante la cual clasificó a Pharmorat bajo la partida arancelaria correspondiente a “las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte de la Nomenclatura”. En consecuencia, a la importación de dicho producto le correspondería una tarifa ad-valorem del 20% (veinte por ciento).

 

3.- Contra dicha Resolucion los solicitantes de la consulta interpusieron un recurso jerárquico, en el que alegaron que dicho producto no es una preparación alimenticia sino un medicamento. Posteriormente, ante la falta de respuesta a dicho medio de revisión, plantearon un recurso contencioso administrativo tributario ante la jurisdicción contencioso tributaria.

 

4.- Como consecuencia de la interposición de dicho recurso, Laboratorios Leti, S.A.V. estimó que los efectos del acto impugnado habían sido suspendidos; ello en vista de que el artículo 247 del Código Orgánico Tributario establece que la interposición de un recurso contencioso administrativo tributario contra un acto administrativo tributario provoca la suspensión inmediata de los efectos de dicho acto.

 

5.- Sobre la base de que los efectos del acto administrativo tributario impugnado se habían suspendido, Laboratorios Leti, S.A.V. aceptó una mercancía contentiva de 6 (seis) bultos de Pharmorat provenientes de Buenos Aires, Argentina, la cual arribó a la Aduana Aérea de Maiquetía el 17 de mayo de 2006.

 

6.- El SENIAT, a pesar de la suspensión de efectos de la Resolución mencionada, calificó al producto Pharmorat contenido en la mercancía aceptada por Laboratorios Leti, S.A.V. como una preparación alimenticia y no como un medicamento. Siendo que el permiso del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social presentado por Laboratorios Leti, S.A.V. tenía por objeto una autorización para importar medicamentos y no preparaciones alimenticias, el SENIAT aplicó la multa prevista en el artículo 120.a) de la Ley Orgánica de Aduanas, y declaró a la mercancía “caída en pena de comiso” con arreglo en lo establecido en los artículos 114 y 148.b) de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con lo previsto en los artículos 502 y 503 de su Reglamento.

 

7.- El 12 de julio de 2006, ante tal situación, Laboratorios Leti S.A.V. solicitó  a la Gerencia de Regímenes Aduaneros que autorizara la reexportación de la mercancía.

 

8.- El 17 de octubre de 2006, dicha Gerencia negó la solicitud de reexportación alegando que la retención de la mencionada mercancía por la administración aduanera se debió al incumplimiento por parte del importador de prescripciones contenidas en la Ley Orgánica de Aduanas. Por ejemplo, dicho importador habría ubicado la mercancía aceptada en un código arancelario incorrecto, y ello a pesar de que conocía el contenido del dictamen que emitió la Intendencia Nacional de Aduanas, en el que se ubico al producto Pharmarat en la partida correspondiente a las “preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte de la Nomenclatura”.

 

9.- El 24 de octubre de 2006, Laboratorios Leti S.A.V., con arreglo en el artículo 237 del Código Orgánico Tributario, solicitó a la Gerencia de Regímenes Aduaneros que revisara y revocara el acto mediante el cual negó la solicitud de reexportación.

 

10.- El 6 de diciembre de 2006, la Gerencia de Regímenes Aduaneros determinó lo siguiente: “…no existen circunstancias que justifiquen la reexportación de dicha mercancía por vía especial, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 numeral 10 de la Ley Orgánica de Aduanas…”.

 

11.- Contra dicha acto (identificado con el alfanumérico INA/GRA/DDA/UCR/2006-1004), fue interpuesta la presente solicitud de amparo. También la parte actora planteó un recurso jerárquico ante la propia administración tributaria, el cual, según afirma, no ha sido respondido aún.

 

 

 

III

DE LA PRETENSIÓN

 

Los siguientes son los argumentos en los que sostuvo la parte actora su pretensión:

 

1.- En primer lugar, advirtió que su solicitud no incurría en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por las siguientes razones:

 

a) por cuanto no existe un medio procesal breve, sumario y eficaz con el cual restablecer la situación jurídica infringida;

 

b) en vista de que, con seguridad, la decisión que hubiere tomado la jurisdicción contencioso tributaria en caso de haberse instado, no se hubiese producido antes de la expiración de la mercancía, o, en todo caso, antes de que su comercialización resultase ilegal o de imposible ejecución; y

 

c) que sobre la mercancía respecto de la cual se hizo la solicitud de reexportación pesa una orden de remate, que de ser cumplida haría imposible la ejecución de la decisión que se dicte en sede contencioso tributaria.

 

2.- Que la Gerencia de Regímenes Aduaneros del SENIAT condenó a Laboratorios Leti, S.A.V. a pagar una multa y la sancionó con el comiso de la mercancía, debido a que, según dicho órgano, la mercancía objeto de revisión fue ubicada por Laboratorios Leti, S.A.V. en un código arancelario erróneo, es decir, como si de un medicamento se tratara cuando lo correcto era ubicarla en el código arancelario correspondiente a “las demás preparaciones alimenticias”. Dichas sanciones también se habrían debido a que Laboratorios Leti, S.A.V. no había cumplido con la consignación del correspondiente permiso del para entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

 

3.- Mantuvo la parte actora que a dicha empresa no le quedaba otra opción mas que la de solicitar la reexportación de la mercancía. De ahí que hubiese procedido a plantear dicha solicitud con arreglo en el artículo 5º, numeral 10 de la Ley Orgánica de Aduanas, según el cual el Jefe de la Administración Aduanera puede “conceder, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, la autorización para reexportar mercancías (…) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, procedió a plantearla.

 

4.- Que la solicitud de reexportación fue negada con fundamento en las siguientes razones:

 

a) La clasificación arancelaria en la que Laboratorios Leti, S.A.V. ubicó la mercancía fue errónea;

 

b) Que, a pesar de que Laboratorios Leti, S.A.V. conocía el criterio que sostenía la Intendencia Nacional de Aduanas sobre el particular, ubicó la mercancía en una partida arancelaria distinta a la indicada por dicho órgano;  y

 

c) Que, en consecuencia, no actuó de buena fe.

 

En atención a dichas premisas, la Gerencia de Regímenes Aduaneros consideró que no había ninguna circunstancia que justificara la solicitud de reexportación presentada.

 

5.- Adujo que, por el contrario, sí hay elementos que desvirtúan las premisas desde las que partió dicha Gerencia para arribar a esa conclusión. Dichos elementos serían los siguientes:

 

a) En la documentación que se consignó al objeto de aceptar la mercancía se anexaron los oficios núms. 05025 y 01575, del 5 de junio de 2006 y del 3 de marzo de 2006, respectivamente, ambos emitidos por el entonces Ministerio de Salud. En el primero se autorizó a Laboratorios Leti, S.A.V. a importar el producto Pharmorat Cápsulas; en el segundo se hace constar que el producto natural “Pharmorat Cápsulas, extracto de Panax Ginseng C.A. Meyer 80 mg. x cápsulas” está registrado en la Dirección de Drogas, Medicamentos y Cosméticos del entonces Ministerio de Salud;

 

b) Que en el artículo 5.5 de la Ley de Medicamentos, se estableció que los productos naturales, al ser productos farmacéuticos, son medicamentos;

 

c) Que el extracto purificado y estandarizado de la raíz de Panax Ginseng es un medicamento natural con el cual se garantiza una actividad farmacológica y terapéutica reproducible;

 

d) Que la literatura científica internacional reconoce que el extracto estandarizado de Panax Ginseng, así como varios ginsenósidos que lo constituyen, es un medicamento que suministrado en las dosis aprobadas por el Ministerio competente ha demostrado una actividad terapéutica significativa;

 

e) Que la propia Intendencia Nacional de Aduanas en la Circular que dictó el 22 de enero de 2003 reconoce que los productos naturales con actividad terapéutica registrados ante el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social deberán clasificarse como medicamentos;

 

f) Que en dicha Circular se advirtió también que dicho Ministerio es el órgano facultado para “…certificar aquellos productos, que por su naturaleza o propiedades, deban considerarse medicamentos o alimentos…”.

 

g) Que los efectos del acto de juicio que dictó la Intendencia Nacional de Aduanas el 12 de septiembre de 2005, mediante la cual clasificó a Pharmorat bajo la partida arancelaria correspondiente a “las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte de la Nomenclatura”, quedaron suspendidos a raíz de la interposición por parte de Laboratorios Leti, S.A.V. de un recurso jerárquico en su contra;

 

h) Que Laboratorios Leti, S.A.V., tras observar todos estos elementos, clasificó el producto Pharmorat como un medicamento y no como un alimento;

 

i) Que en virtud de las razones precedentes puede inferirse que, al contrario de lo que afirmó la Gerencia de Regímenes Aduaneros al negar la solicitud de reexportación, Laboratorios Leti, S.A.V. no actuó de mala fe.

 

6.- Alegó que la reexportación de la mercancía no implica la violación de ningún precepto legal o constitucional, pues no pone en riesgo el desarrollo humano, la seguridad o sanidad de las personas, ni daña el ambiente o lesiona algún interés social.

 

7.- Advirtió que el 28 de marzo de 2007 comenzará a correr el lapso de 1 (un) año para que la mercancía expire, con lo cual se hará cada día más difícil su comercialización.

 

8.- Por último, manifestó que las condiciones ambientales bajo las que se mantienen dichos medicamentos en la aduana no son las más idóneas para su conservación.

 

IV

DE LA SENTENCIA APELADA

 

Los siguientes son los argumentos que utilizó el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para tomar la decisión objeto de apelación:

 

1.- A pesar de que Laboratorios Leti, S.A.V. disponía del recurso contencioso tributario para hacer valer su petición, el tribunal de primera instancia en amparo justificó su decisión de admitir la pretensión en que el procedimiento mediante el cual se tramita una demanda de nulidad contencioso tributaria tiene la particularidad de que la admisión del recurso se realiza una vez que se efectúan las notificaciones que ordena la ley, lo que hace cuesta arriba una posible restitución provisional del ejercicio de los derechos fundamentales presuntamente violados.

 

También alegó que según máximas de experiencia dicho procedimiento contencioso tributario no es lo suficientemente eficaz como para reparar de manera inmediata situaciones que exijan una pronta solución, como sería el caso de la permanencia en las aduanas de mercancías perecederas o cuyo uso se recomienda antes de una fecha determinada.

 

2.- En respuesta a una de las réplicas formuladas por la administración tributaria, según la cual la empresa solicitante del amparo habría intentado un recurso jerárquico contra el acto impugnado, y que como consecuencia de la falta de respuesta al mismo habría planteado un recurso contencioso tributario, el tribunal superior determinó, en primer lugar: que la interposición de un recurso jerárquico no veda la posibilidad de proponer una solicitud de amparo contra el mismo acto; en segundo lugar: verificó que la parte actora no interpuso ningún recurso en vía ordinaria contra el acto mediante el cual la Gerencia de Regímenes Aduaneros del SENIAT negó la solicitud de reexportación. En conclusión, afirmó que lo alegado por los abogados de dicha Gerencia de Regímenes Aduaneros resultaba, en el primer caso, erróneo, y en el segundo, falso.

 

3.- Respecto al argumento de la administración tributaria según el cual al no haber Laboratorios Leti, S.A.V. impugnado los actos de multa y comiso de la mercancía habría consentido los efectos de lo que calificó como una violación a sus derechos de propiedad y a la libertad económica, lo que haría inadmisible dicha pretensión de amparo según lo que establece el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal Superior aclaró que la pretensión de amparo formulada por Laboratorios Leti, S.A.V. no fue dirigida contra la mencionada multa o contra el comiso de la mercancía, sino contra el acto que negó la solicitud de reexportación hecha por el mencionado laboratorio. Por tal motivo, dicho alegato, al carecer de veracidad, fue desechado.

 

4.- Sin embargo, visto de que la anotada negativa se basó en que Laboratorios Leti, S.A.V. había actuado de mala fe cuando clasificó el producto Pharmorat en la partida arancelaria correspondiente a los medicamentos (30.04) y no en la de los complementos alimenticios (21.06) de la clasificación respectiva, no obstante que conocía el dictamen de la Intendencia Nacional de Aduanas en el que se ubicaba dicho producto en la segunda de las partidas mencionadas; y siendo que el rechazo a la solicitud de reexportación también se habría sostenido en que el mencionado laboratorio no consignó el permiso sanitario correspondiente a un complemento alimenticio, el tribunal superior contencioso tributario se vio forzado a analizar elementos que guardan relación con los actos previos a la negativa de exportación propiamente dicha.

 

En tal sentido dicho tribunal verificó lo siguiente: a) que el Ministerio competente en materia de sanidad había autorizado la importación del producto Pharmorat; y b) que lo tenía registrado como un “producto natural”, es decir, como un producto farmacéutico; y visto que la Ley de Medicamentos incluye a los productos naturales en el rubro de los medicamentos, Pharmorat viene a ser, a la luz de dicha regulación, un medicamento y no un complemento alimenticio como sostuvo la administración aduanera.

 

5.- Al hilo de ese mismo razonamiento, dicho juzgado superior dejó sentado que es al Ministerio con competencia en el área de sanidad al que le corresponde determinar si un producto es o no un medicamento; la administración tributaria, por el contrario, no tendría competencia alguna en esta materia. Para reforzar su razonamiento, dicho juzgado recordó que la propia Intendencia Nacional de Aduanas en una Circular dictada el 22 de enero de 2003 reconoció que los productos naturales con actividad terapéutica registrados ante el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social debían clasificarse como medicamentos.

 

6.- Que un cambio de parecer por parte de la administración tributaria en este sentido violaría el derecho al debido proceso administrativo, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica de los interesados en importar un producto al amparo de una clasificación efectuada por el órgano competente.

 

7.- Que en el presente caso no se ha puesto en riesgo la salubridad ni se ha vulnerado el orden público, pues el producto Pharmorat cuenta con un registro sanitario expedido por el órgano competente, el cual autoriza su expendio en todo el territorio nacional.

 

8.- Que, como consecuencia de que ni el comiso de la mercancía ni la multa aplicada se ajustaron a derecho, y visto que las razones que se dieron para tomar tales decisiones fueron las mismas que se tomaron en cuenta para negar la reexportación de la mercancía, este último acto administrativo violó la normativa legal así como la constitucional que garantiza el derecho de propiedad, libertad económica, debido proceso administrativo, confianza legítima y seguridad jurídica.

 

9.- Ante la evidencia de los errores cometidos por la Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Intendencia Nacional de Aduanas, adscrita al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que incidieron en la situación jurídico-constitucional de Laboratorios Leti, S.A.V., dicho tribunal declaró con lugar la solicitud de amparo propuesta.

 

V

DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN

 

La apelación fue fundada en los siguientes alegatos:

 

1.- Que la parte actora, al no haber impugnado los actos de multa y comiso de la mercancía, consintió en sufrir sus efectos; y que, para la fecha en que fue interpuesto el amparo constitucional que dio lugar a la decisión apelada, ya había transcurrido el lapso en el cual puede plantearse un amparo contra actos administrativos, esto es: 6 meses. Por lo tanto, la pretensión planteada resultaba inadmisible, debido, en primer lugar, al consentimiento por parte del presunto afectado de las consecuencias del acto lesivo, y, en segundo lugar, por haber caducado el derecho de acción contra dicho acto.

 

2.- Que la única oportunidad que tuvo Laboratorios Leti, S.A.V. para solicitar la reexportación de la mercancía fue la que prevé el artículo 29 de la Ley Orgánica de Aduanas, es decir, durante el intervalo previo a la aceptación de la mercancía en la aduana; y siendo que dicha empresa aceptó la mercancía y realizó la correspondiente declaración ante la Intendencia Nacional de Aduanas, ya no es posible acordar la reexportación de la mercancía.

 

3.- Que, visto que el tribunal superior determinó que contra el acto que negó la reexportación no se interpuso un recurso jerárquico, hizo una errada apreciación de los hechos, pues tal recurso sí fue interpuesto. En consecuencia, al haberse equivocado dicho tribunal sobre este particular, la decisión que tomó adolece del vicio de falso supuesto de hecho.

 

4.- Que el acto mediante el cual se negó la autorización para reexportar la mercancía se justifica en la errónea ubicación de la mercancía en la clasificación arancelaria efectuada por Laboratorios Leti, S.A.V.; y en la falta de consignación del permiso sanitario correspondiente a la naturaleza del producto importado. Ello demuestra que la referida solicitud no estaba justificada, y que al haberse negado, no se infringió ningún derecho constitucional.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

A continuación se dará respuesta a las razones que fueron esgrimidas como fundamento de la apelación:

 

1.- En primer lugar, se afirma que la pretensión propuesta por Laboratorios Leti, S.A.V. resultaba inadmisible; y que tal inadmisibilidad se debe a que dicha empresa habría consentido en sufrir los efectos tanto de la multa que, el 8 de junio de 2006 y conforme al artículo 120.a) de la Ley Orgánica de Aduanas se dictó en su contra; como de la declaración de la mercancía como “caída en pena de comiso”, la cual fue dictada el 1º de junio de 2006 con arreglo en los artículos 114 y 148.b) de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con lo previsto en los artículos 502 y 503 de su Reglamento.

 

También dicha pretensión sería inadmisible en virtud de que no se interpuso durante el lapso de seis meses que establece el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues los mismos fueron notificados el 13 de junio de 2006, y la solicitud de amparo fue interpuesta el 22 de febrero de 2007

 

En cuanto al primer alegato, la Sala, luego de una atenta lectura del expediente, coincide con la apreciación que hizo el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario en la sentencia objeto de apelación.

 

Dicho tribunal constato que la pretensión de amparo incoada por Laboratorios Leti, S.A.V. persigue la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio identificado con el alfanumérico INA/GRA/DDA/UCR/2006-1004, dictado, el 6 de diciembre de 2006, por la Gerencia de Regímenes Aduaneros. En dicho acto se declaró improcedente la solicitud efectuada por Laboratorios Leti, S.A.V., de que se revisara y revocara el acto contenido en el oficio INA/GRA/DDA/UCR/2006/0817, del 17 de octubre de 2006, dictado por la mencionada Gerencia de Regímenes Aduaneros, mediante el cual negó la reexportación de una mercancía que contenía 6 bultos de Pharmorat Extracto Estandarizado.

 

Es decir, los actos en los que se aplicó una multa a Laboratorios Leti, S.A.V. y se ordenó el comiso de la mercancía que pretendía nacionalizar, no fueron objeto del amparo interpuesto. Por el contrario, su objeto es el acto que declaró improcedente la revocación de la decisión que a su vez negó la autorización de reexportación solicitada por Laboratorios Leti, S.A.V. Por tal razón, la objeción planteada por los abogados de la Gerencia de Regímenes Aduaneros no es atendible. Así se decide.

 

En torno a la segunda de las objeciones mencionadas, conforme a la cual entre la notificación de los actos de multa y comiso y la interposición del amparo transcurrieron más de los seis meses de caducidad previstos en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal alegato debe correr con la misma suerte del anterior, pues la estimación de éste supone que el anterior hubo de estimarse. Es decir, si los actos impugnados hubiesen sido los de multa y comiso, pudo tener algún sentido preguntarse acerca de la caducidad del derecho a interponer el amparo contra los mismos; sin embargo, visto que los actos de multa y comiso no fueron los actos impugnados mediante amparo, resulta ilógico preguntarse si se produjo respecto de ellos la caducidad prevista en el artículo mencionado. Siendo así, este alegato tampoco es atendible. Así se establece.

 

2.- El segundo grupo de razones que se dio para justificar el recurso de apelación intentado se refiere al tema de la oportunidad con que contaba Laboratorios Leti, S.A.V. para solicitar la reexportación de la mercancía, pues, según la administración aduanera, esta se perdió cuando Laboratorios Leti, S.A.V. aceptó la mercancía en la aduana.

 

Es decir, según la interpretación que del artículo 29 de la Ley Orgánica de Aduanas hace la administración aduanera, la reexportación de una mercancía sólo es posible antes de que la misma sea aceptada por el consignatario. Luego de su aceptación, tal reexportación no sería posible.

 

El artículo 29 de la ley mencionada expresa que “Toda mercancía de importación podrá ser reexportada previa manifestación de voluntad del consignatario que aún no haya aceptado la consignación…”.

 

La Sala no coincide con la conclusión a que arriban dichas apoderadas judiciales, pues tal razonamiento no toma en cuenta lo que también establece el artículo 5º.10 de la Ley Orgánica de Aduanas, conforme al cual el Jefe de la Administración Aduanera podrá “Conceder, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, la autorización para reexportar mercancías (…), siempre que dichas mercancías se encuentra aún bajo potestad aduanera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29;”. 

 

Según esta disposición, la administración aduanera puede autorizar la reexportación de una mercancía, siempre y cuando concurran circunstancias que lo justifiquen y la mercancía se encuentre aún bajo la potestad aduanera.

 

Una actividad de aplicación al caso de ambos preceptos, es decir, una actividad interpretativa que toma en cuenta la inteligencia de ambos dispositivos según sus respectivos alcances, revela que dichas normas contienen una regulación distinta para supuestos similares, más no idénticos.

 

En cuanto a los supuestos de hecho de ambas normas, hay un elemento en común: la referencia a mercancías de importación. Sin embargo, difieren en el hecho de en el caso del artículo 29, las mercancías aún no han sido aceptadas por el consignatario; en cambio, el artículo 5.10, supone que tales mercancías ya fueron aceptadas. 

 

Una vez que se toma en cuenta esta diferencia se comprende que sean distintas las condiciones de aplicación de las consecuencias jurídicas de ambas normas. Así, el artículo 29 sólo hace depender la reexportación de la simple declaración de voluntad del consignatario. En cambio, visto que el supuesto del artículo 5.10 se refiere al caso en el cual el consignatario hubiese aceptado la mercancía, dicho precepto condiciona la concesión del permiso de reexportación a la existencia de unas especiales circunstancias, las cuales deberá justificar debidamente el interesado.

 

Que hay diferencias entre ambas normas en aspectos puntuales de sus supuestos de hecho y que tales diferencias afectan las condiciones de aplicación de sus consecuencias jurídicas lo revelan los términos con los cuales la propia Gerencia de Regímenes Aduaneros se refiere al artículo 5º.10 de la Ley Orgánica de Aduanas. Así, en el acto administrativo que negó la solicitud de reexportación hecha por Laboratorios Leti, S.A.V., se describe al mecanismo previsto en dicho artículo como una “vía especial”. Lo propio se hace en el acto en el cual se declara improcedente la revocación de aquél, ya que en la parte de la motiva en que se justifica tal declaración, se dice que “…no existen circunstancias que justifiquen la reexportación de dicha mercancía por esta vía especial…” (Subrayado de la Sala).

 

Si la propia Gerencia de Regímenes Aduaneros considera que lo que establece el artículo 5º.10 de la Ley Orgánica de Aduanas es una vía especial que permite la reexportación de mercancías de importación, es lógico deducir que el procedimiento del artículo 29 sería la vía normal o común para obtener el mismo resultado.

 

Por tanto, visto que la afirmación hecha por la representación judicial de la Gerencia de Regímenes Aduaneros, en el sentido de que no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico una vía especial que haga posible la reexportación de mercancía de importación, es errónea, la objeción que se plantea en este sentido debe desecharse. Así se establece.

 

3.- La tercera de las denuncias que se hace a la decisión objeto de apelación, sostiene que en dicha sentencia se afirma que contra el acto que negó la reexportación no se interpuso un recurso jerárquico; la parte apelante aduce, por el contrario, que tal recurso sí fue interpuesto. En consecuencia, al haberse equivocado dicho tribunal sobre este particular, la decisión que tomó adolece del vicio de falso supuesto de hecho.

 

Esta denuncia no tiene fundamento alguno, pues se basa en una premisa obviamente falsa, cual es que el ejercicio de un recurso jerárquico impide la deducción de una pretensión de amparo constitucional contra el mismo acto de cuya revisión se ocuparía el jerarca respectivo. Al contrario, la interposición de un recurso en sede administrativo no obsta el planteamiento de un amparo constitucional.

 

Siendo que este asunto ha sido aclarado varias veces por esta Sala, y visto que tal denuncia recibió una acertada y prolija respuesta por parte del Tribunal Superior que dictó la sentencia apelada, esta Sala considera que un argumento como el expuesto no amerita que la Sala le dispense más atención de la que ya le ha dado para justificar su rechazo. Así se establece.

 

4.- El cuarto alegato presentado por la representación judicial de la administración tributaria afirma que la desestimación de la solicitud de reexportación de la mercancía y el acto mediante el cual declaró improcedente la revisión de dicha desestimación no violan derecho fundamental alguno, en virtud de dos razones: primera: que Laboratorios Leti, S.A.V. ubicó la mercancía importada en una partida arancelaria que no le correspondía, a pesar de conocer el criterio que al respecto mantenía la Intendencia General de Aduanas; y segundo: que no consignó el permiso sanitario correspondiente al tipo de mercancía que pretendía importar.

La respuesta a esta denuncia es la siguiente:

 

Tal y como se intento aclarar en el segundo aparte de esta motivación, la norma aplicable al supuesto en que se solicite la reexportación de una mercancía de importación aceptada por el consignatario es la contenida en el artículo 5º.10 de la Ley Orgánica de Aduanas; según esta norma el Jefe de la Administración Aduanera puede “conceder, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, la autorización para reexportar mercancías (…) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 (de esa misma ley)”.

 

Como circunstancias atendibles a objeto de valorar la justificación de la solicitud de reexportación de la mercancía de importación, la administración aduanera ha concebido las siguientes:

 

a)      que la solicitud obedezca a un caso fortuito o de fuerza mayor;

b)      que concurran razones de orden socio-económicas;

c)      que se hubiese actuado de buena fe;

d)      que no se hubiese violentado un bien jurídico tutelado por el Estado;

e)      y si tales circunstancias guardan relación con los hechos y con la situación planteada.

 

Dicha administración aduanera, tanto en el acto en el que negó la solicitud de reexportación como en el que rechazó la solicitud de revisión de aquél, justificó ambos en el hecho de que Laboratorios Leti, S.A.V. no ubicó correctamente la mercancía en la partida arancelaria correspondiente, ni consignó el permiso del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

 

Este alegato de la administración aduanera traslada al tema de la solicitud de reexportación lo relativo al derecho que asistía a dicha administración para dictar los actos de multa y comiso de la mercancía de importación. Es decir, si la administración aduanera sostuvo su decisión de negar la reexportación en el error que cometió el solicitante respecto a la clasificación arancelaria de la mercancía y en la omisión de presentar el permiso respectivo, es necesario analizar si efectivamente se dio tal error y si se incurrió en la referida omisión. Ello no supone que a raíz de tal examen pudieran declararse inconstitucionales los actos de multa y de comiso; tal evaluación se hará sólo a los efectos de determinar si el rechazo a la solicitud de reexportación de la mercancía está justificado.

 

Por cierto que este punto mereció de parte de la decisión objeto de apelación un amplio, acertado y concienzudo análisis, al término del cual, y luego de examinar los actos administrativos dictados por la propia administración tributaria, los dictados por la administración sanitaria, la jurisprudencia tributaria y constitucional y las opiniones de los especialistas en la materia, concluyó que, a la luz de lo que al respecto establece la Ley de Medicamentos en su artículo 5.5, el producto Pharmorat sí es un medicamento.

 

Efectivamente, de la Ley de Medicamentos puede inferirse que los productos farmacéuticos son medicamentos, pues el Título II, denominado “De los medicamentos”, contiene un Capítulo dedicado a la clasificación de los medicamentos, y en ese Capítulo menciona y define a los productos farmacéuticos. Por tanto, los productos farmacéuticos son medicamentos.

 

Por otra parte, cuando dicha Ley establece la clasificación de los productos farmacéuticos, incluye dentro de los mismos a los productos naturales. Es decir, los productos naturales son productos farmacéuticos.

 

Por tanto, si todo producto natural es farmacéutico, y todo producto farmacéutico es medicamento, se sigue que todo producto natural es medicamento.

 

Así, pues, visto que el Ministerio con competencia sanitaria tiene al producto Pharmorat como un producto natural, es lógico concluir que dicho producto debe tenerse como un medicamento.

 

Ahora bien, si no cabe duda de que el órgano competente en materia sanitaria ha determinado que Pharmorat es un medicamento, luego, Laboratorios Leti, S.A.V. no equivocó la partida en la cual clasificó la mercancía de importación que contenía dicho producto, ni omitió la consignación del permiso de importación correspondiente.

 

Siendo así, los argumentos en los que sostuvo la administración tributaria su rechazo a la reexportación de la mercancía propiedad de Laboratorios Leti, S.A.V., en tanto relacionados con los presuntos error y omisión en que habría incurrido dicha empresa en el proceso de nacionalización de la referida mercancía, no son ciertos.

 

Y visto que, tal como lo expuso de forma amplia y certera la decisión apelada, esta situación ha impedido la disponibilidad de tal mercancía por parte de la empresa propietaria, ha obstaculizado su comercialización, ha desconocido expectativas legítimas de los afectados y ha generado incertidumbre respecto a la conducta que deben seguir los importadores respecto al procedimiento de nacionalización de las mercancías (con la consecuente afectación de derechos y garantías constitucionalmente reconocidas, tales como: el derecho de propiedad, el debido proceso administrativo, el derecho a la regularidad de la actuación administrativa, el cual se desprende del principio de seguridad jurídica), esta Sala debe convenir con lo decidido en el fallo apelado, en el sentido de que la pretensión planteada debe ser estimada.

 

En consecuencia, visto que los argumentos de la apelación planteada contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 3 de abril de 2007, carecen de fundamento, esta Sala debe confirmar íntegramente dicha decisión. Así se establece.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación propuesta por la abogada Flor María Zurita, en su carácter de apoderada judicial de la Gerencia de Regímenes Aduaneros, adscrita a la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), contra la decisión dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue publicada el 3 de abril de 2007. En consecuencia, se CONFIRMA dicha decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al referido tribunal superior. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de OCTUBRE  de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

FACL/

Exp. núm. 07-0785.-