SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Consta en autos que, el 4 de mayo de 2001, el ciudadano ORLANDO RIERA MONTES DE OCA, titular de la cédula de identidad nº 2.381.011, asistido por los abogados Alejandro Rodríguez Pagazani y Andrés Enrique Torres Carrisoza, inscritos en el Inpreabogado bajo los nºs. 19.333 y 78.825, respectivamente, interpuso, ante el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, amparo constitucional contra la sentencia interlocutoria dictada, el 14 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de esa misma Circunscripción Judicial, para cuyo basamento denunció la presunta violación del principio in dubio pro operario y de su derecho a prestaciones sociales, con fundamento en los artículos 89, cardinal 3, y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 26 de julio de 2001, el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró inadmisible.

El 6 de agosto de 2001 fue remitido el expediente, en apelación, a esta Sala Constitucional.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 10 de agosto de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

 

El 4 de mayo de 2001, el ciudadano Orlando Riera Montes De Oca interpuso, ante el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, demanda de amparo constitucional contra la sentencia interlocutoria dictada, el 14 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de esa misma Circunscripción Judicial.

El 26 de julio de 2001, el referido Juzgado Superior juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró inadmisible.

El 31 de julio de 2001 el demandante apeló de la antedicha sentencia.

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. Alegó:

Que con motivo del juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos le sigue a Alimentos Carabobo C.A., el 8 de diciembre de 1998, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó sentencia en la que declaró con lugar la demanda y ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo.

Que para la práctica de la referida experticia, el 25 de febrero de 1999, el Juez de la causa designó un único experto de nombre Rafael Ignacio Carvajal, el cual se juramentó el 8 de marzo de 1999 y la llevó a cabo el 22 de marzo de 1999.

Que el 25 de marzo de 1999, su apoderado judicial impugnó el resultado de la misma por no incluir el cálculo de la corrección monetaria.

Que el 15 de abril de 1999, el Juez de la causa designó un solo experto, “... sin examinar la experticia del anterior perito.”

Que el 20 de junio de 1999, el apoderado de la demandada apeló dicha decisión, la cual fue revocada por el Juzgado Superior quien ordenó el nombramiento de un nuevo perito.

Que el 26 de octubre de 1999, el Juzgado a quo designó a la experta Rosa Maderer Chávez quien presentó posteriormente “... revisión de la experticia del Lic. RAFAEL IGNACIO CARVAJAL, en la cual se advierte que en la experticia presentada por este último no fue realizada la indexación de las cantidades de dinero obligadas a pagar a la demandada”

Que, el 20 de enero de 2000, el apoderado de Alimentos Carabobo C.A., apeló de la revisión de la experticia realizada por la referida experta.

Que el 14 de noviembre de 2000, se abocó al conocimiento de la causa una Juez Suplente, de nombre Delia Raquel Pérez de Anzola, quien desechó la revisión de la experticia que realizó la experta Rosa Maderer Chávez.

Que, el 22 de noviembre de 2000, su apoderado apeló dicho fallo, siendo oída dicha apelación en un solo efecto “...la cual fue negada por este Juzgado.”

2. Denunció:

La violación del principio in dubio pro operario, con fundamento en el artículo 89, cardinal 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “... al no aplicar en forma favorable al trabajador, el contenido del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.”

Y la violación de su derecho a prestaciones sociales, con fundamento en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “... al no permitir y desechar la Juez del Ad quo (sic), la experticia presentada por la Lic. ROSA MADERER CHAVEZ (sic), en el cual se expresa el valor real de lo adeudado por la demanda (sic), al calcular, a falta de parámetros en la Sentencia definitiva de Primera Instancia del 8 de Diciembre de 1998, la debida corrección monetaria, que otorga el mismo valor monetario a lo que hubiese cobrado en el momento en que se hizo exigible dicha deuda.”

 

3. Pidió:

 

“... declare la nulidad del fallo del 14 de Noviembre de 2000, en el expediente 7025, dictada por la Juez Suplente Dra. DELIA RAQUEL PEREZ (sic) DE ANZOLA a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y se ordene a este último, que DECLARE el monto resultante de la experticia realizada por la Lic. BLANCA ROSA MADERER CHAVEZ (sic), como la cantidad que le corresponde al trabajador por indexación de la deuda que tenía la demandada para con él, en virtud de la revisión realizada a la experticia practicada por Rafael Ignacio Carvajal, en ejecución de la sentencia dictada por este superior (sic). Así mismo solicito que se realiza (sic) nueva experticia actualizada a la presente fecha ...” (negrillas del recurrente).

 

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de los recursos de apelación y consultas que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la apelación esta referida a una sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, esta Sala se declara competente para conocer de la consulta en referencia. Así se decide.

 

 

 

IV

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

 

“(...) se DECLARA INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano ORLANDO RIERA MONTES DE OCA (...)” (Negrillas de la recurrida).

 

A juicio del referido juez, el amparo sometido a su conocimiento resultó inadmisible por cuanto “... del análisis de los elementos traídos a los autos se contrae que pretende el accionante mediante la acción de Amparo intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme ...”

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Sala observa que el demandante en amparo denunció la violación del principio in dubio pro operario y de su derecho a prestaciones sociales, con fundamento en los artículos 89, cardinal 3 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, presuntamente vulnerados por la sentencia interlocutoria dictada, el 14 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Ahora bien, tal y como lo confiesa el propio actor en su demanda, contra dicha decisión interpuso recurso de apelación que le fue oído en un solo efecto “...la cual fue negada ...”

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:

 

“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

 

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes [omissis]”

 

 

Esta Sala se pronunció en sentencia N° 848 del 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca), sobre el alcance de esta causal de inadmisibilidad y expresó:

 

“Entiende este supuesto la Sala, en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya usado otros medios judiciales para reparar su situación, como pedir al juez de la causa la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Cuando esto ocurra, el lesionado no tiene derecho al amparo ya que él ha considerado que la vía utilizada es de igual entidad que la del amparo para obtener la reparación de su situación jurídica.

Su opción al amparo renacería, si tal reparación no puede lograrla en tiempo breve, pero es de anotar que mientras no se cumplan los lapsos procesales establecidos en las leyes, no puede en estos casos argüirse la dilación indebida, ya que el legislador, al crear los lapsos y términos procesales, lo hizo en el entendido de que ellos eran los necesarios y concretos para una buena administración de justicia.”

 

 

A la luz de lo transcrito, observa la Sala que, en el caso que nos ocupa, el apoderado del presunto agraviado, ejerció el medio judicial preexistente que consideró idóneo para restablecer su situación jurídica presuntamente infringida, esto es, apeló la decisión dictada por el presunto agraviante, que denunció como lesiva de sus derechos constitucionales, y que por tanto se verificó el supuesto contenido en la norma antes transcrita, lo que hace inadmisible la demanda de amparo interpuesta, razón por la cual se confirma, por los motivos expuestos, la decisión dictada, el 26 de julio de 2001, por el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Así se decide.

 

 

 

 

 

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de amparo incoada por el ciudadano ORLANDO RIERA MONTES DE OCA, asistido por los abogados Alejandro Rodríguez Pagazani y Andrés Enrique Torres Carrisoza, contra la sentencia interlocutoria dictada el 14 de noviembre de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y CONFIRMA, en estos términos, la decisión dictada, el 26 de julio de 2001, por el Juzgado Superior (Accidental) del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de esa misma Circunscripción Judicial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  días 05 del mes de OCTUBRE de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

     El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO            

              Magistrado

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 Magistrado                                                              

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

   PRRH.fs.sn.

EXP. 01-1801