SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

            El 2 de julio de 2007, el ciudadano José Ricardo Blanco, titular de la cédula de identidad N° 2.782.502, en su carácter de Presidente de la FUNDACIÓN “ACADEMIA COMUNICACIONAL BARINAS”, cuyo documento de creación fue inscrito en la Oficina Inmobiliaria de Registro Público del Municipio Barinas del Estado Barinas, el 8 de octubre de 2004, bajo el N° 43, folios 281 al 284, Protocolo Primero, Tomo Segundo, asistido por los abogados José Angel Balzán y José Angel Balzán Pérez, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 7.950 y 67.174, interpuso acción de interpretación de los artículos 89, ordinales 1° y 2°, y 106 de la Constitución de la República.

            El 4 de julio de 2007 se dio cuenta del escrito y se designó ponente a la magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo.

            Una vez efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir sobre la admisibilidad de la acción de la manera siguiente:

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

 

            La parte accionante expuso en su escrito libelar lo siguiente:

-         Que la Fundación “Academia Comunicacional Barinas” es una institución educativa inscrita en el Ministerio de Educación,  dedicada al “mejoramiento y uso correcto del Idioma Castellano”, y que, entre otras cosas, imparte cursos de locución y otorga el correspondiente certificado.

-         Que el fundamento jurídico de su actuación se encuentra en el “Reglamento sobre la Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora” (Decreto Presidencial N° 2771, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.530, Extraordinario, del 21 de enero de 1993), cuyo artículo 49 dispone que la locución de programas estará a cargo de personas venezolanas, con Certificado de Locutor expedido por instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación, el cual otorgará la autorización correspondiente y llevará un registro a tales efectos.

-         Que dicho Reglamento se mantiene en vigencia, tal como lo dispone el artículo 208 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

-         Que, sin embargo, “durante un largo tiempo se produjo un vacío en el otorgamiento de los Certificados de Locución, que desde sus inicios era expedido (sic) mediante un examen por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones”.

-         Que mediante Resolución N° 1478 del 30 de septiembre de 1997 se autorizó a la Universidad Central de Venezuela para “otorgar a través de la Escuela de Comunicación Social, Certificados de Locución, según los exámenes que practique”, los cuales debe remitir a ese Ministerio “a fin de que sean refrendados”.

-         Que la autorización otorgada a esa Universidad no implica exclusividad, aunque en la actualidad parece creerse que es así.

-         Que no sólo el Ministerio de Educación había venido refrendando los certificados de locución expedidos por la accionante, sino que por diferentes medios ha mostrado su conformidad con la actividad de la Fundación y con los cursos que imparte.

-         Que, sin embargo, autoridades del Ministerio de Educación Superior han pretendido negar la validez de los certificados expedidos por la accionante y el propio Ministerio de Educación emitió un oficio en el que se sostiene que los certificados que expide esa Fundación no están sujetos a refrendo.

-         Que el referido Oficio del Ministerio de Educación es inconstitucional, pero como no ha sido formalmente notificado a la Fundación se carece de recursos para impugnarlo, lo que la coloca en estado de indefensión.

-         Que se ha generado incertidumbre respecto de los certificados de locución, lo que ha perjudicado tanto a los docentes y empleados de la Fundación como a los interesados en realizar el curso correspondiente, en especial en sus expectativas económicas.

-         Que esa vulneración de las expectativas constituye una violación al principio de confianza legítima en la Administración, la cual no puede afectar las situaciones de los particulares que han actuado basados en la buena fe.

Expuesto lo anterior, la parte accionante requirió la interpretación de normas constitucionales. Al efecto planteó:

-                     Que es necesario pronunciarse sobre los ordinales 1° y 2° del artículo 89 de la Constitución, referidos a la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, por cuanto la actuación de la Administración, que se denuncia como lesiva de la Fundación accionante, afecta los derechos laborales de los profesores de los cursos de locución, así como de los empleados de esa institución y de los interesados en estudiar en ella y obtener los certificados correspondientes. Según se lee en el libelo, si la Fundación no puede otorgar certificados de locución, todos quienes tienen interés en ellos perderían sus oportunidades de recibir ingresos económicos derivados de su trabajo, en especial porque el oficio de locutor está bien remunerado.

-                      Que además es necesario que la Sala se pronuncie “con respecto a la consolidación o no, de los beneficios sociales de carácter laboral conquistados por nosotros como plantel autorizado por el Ministerio en cuestión para impartir éstos (sic) cursos, y los de quienes ya aprobaron su Curso de Locución y que la Zona Educativa no les refrenda sus Certificados de Locución”.

-                     Que el no poder ofrecer los cursos, coloca a la Fundación en una situación difícil, tanto económicamente (por no generar ingresos para pagar al personal) como en su “honorabilidad como plantel”.

-                     Que la Constitución “nada indica” acerca de la situación de la accionante, por lo que es necesario “que se establezca el alcance y validez jurídica de los cursos y los Certificados de Locución, los cuales deben seguir siendo refrendados por la autoridad educativa competente, teniendo plena vigencia los que actualmente están siendo emanados de la Fundación (...) y los que no quisieron ser refrendados intempestivamente (sic)”.

-                     Que también es “preciso y necesario dilucidar desde el punto de vista del Derecho a fundar cátedras, a partir de qué momento, a la persona natural o jurídica se le crea, nace y se le hace jurídicamente adquirir un derecho que los legitime como prestadores de servicios públicos, ya que el tenor del Artículo 106 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nada dice al respecto”.

-                     Que asimismo se requiere de pronunciamiento que dé certeza acerca de su situación y que la Sala declare “la prevalecía (sic) de la realidad sobre las formas y apariencia y el no sacrificio de la justicia social por la omisión de formalidades no esenciales”, a fin de “despejar el marcado prolegómeno y problematismo que atenta contra la Seguridad Jurídica”, la equidad y la justicia y peor aún, derechos adquiridos de naturaleza laboral, atentando también contra la buena marcha y buen nombre de los derechos de nuestros trabajadores, estudiantes, personal docente y administrativo (...), ya que la situación de incertidumbre jurídica, la inoperatividad de nuestro plantel, y la inoperatividad de ciertos conceptos contenidos en tales normas, generan un marcado problema para ésta (sic) situación concreta, visto que del contenido del Vigente Decreto Número 2.771, en ninguna de sus normas establece que deben ser los Institutos Universitarios los que en forma exclusiva impartan los tantas veces mencionados cursos de locución”.

II
DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA

            Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la interpretación constitucional solicitada y, al efecto, observa que, en sentencia Nº 1.077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: “Servio Tulio León”), esta Sala se declaró competente para conocer de las solicitudes de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, con fundamento en la cualidad que tiene esta Sala como garante máximo del respeto del Texto Fundamental, así como en los poderes que expresamente le han sido atribuidos para la interpretación vinculante de sus normas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.

            En tal sentido, se observa que el presente recurso de interpretación versa sobre el contenido y alcance de los artículos 89 ordinales 1º y 2º; y 106 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a que “ …se establezca el sentido y vigencia de las normas cuya interpretación se solicitan, a fin de despejar el marcado prolegómeno y problematismo que atenta contra la ‘Seguridad Jurídica’, la equidad y la justicia y peor aún, ‘derechos adquiridos’ de naturaleza laboral, atentando también contra la buena marcha y buen nombre de nuestros trabajadores, estudiantes, personal docente y administración de la Fundación ‘Academia Comunicacional Barinas’, ya que la situación de incertidumbre jurídica, la inoperatividad de nuestro plantel, y la inoperatividad de ciertos conceptos contenidos en tales normas, generan un marcado problema para ésta(sic) situación concreta, visto que del contenido del ‘vigente’ Decreto Número 2.771, en ninguna de sus normas establece que deben ser los Institutos Universitarios los que en forma exclusiva impartan los tantas veces mencionados cursos de locución”.     

Al respecto, si bien se observa que el recurso de interpretación corresponde a cada una de las Salas del Tribunal Supremo según la materia afín al objeto del mismo y las competencias atribuidas a cada una de éstas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y su primer aparte, se observa que esta Sala tiene la competencia exclusiva para el conocimiento de los recursos de interpretación sobre el alcance e inteligencia de normas constitucionales, como ocurre en el presente caso.

            En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el criterio jurisprudencial expuesto (caso: “Servio Tulio León”), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con su primer aparte, esta Sala se declara competente para el conocimiento del recurso de interpretación ejercido. Así se decide.

III

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la interpretación vinculante que está facultada a hacer, y que justifica la acción autónoma de interpretación constitucional, se refiere sólo a ciertos supuestos, por lo que es necesario determinar si la solicitud concreta encuadra en alguno de ellos.

En efecto, tales supuestos, han sido enumerados en la citada sentencia N° 1077/2000 y reiterada en toda la jurisprudencia de la Sala, al establecer:

          “La interpretación vinculante que hace esta Sala, y que justifica la acción autónoma de interpretación constitucional, se refiere a los siguientes casos:

     1. Al entendimiento de las normas constitucionales, cuando se alega que chocan con los principios constitucionales.

(...) 

     2.- Igual necesidad de interpretación existe, cuando la Constitución se remite como principios que la rigen, a doctrinas en general, sin precisar en qué consisten, o cuál sector de ellas es aplicable; o cuando ella se refiere a derechos humanos que no aparecen en la Carta Fundamental; o a tratados internacionales protectores de derechos humanos, que no se han convertido en leyes nacionales, y cuyo texto, sentido y vigencia, requieren de aclaratoria.

     3. Pero muchas veces, dos o más normas constitucionales, pueden chocar entre sí, absoluta o aparentemente, haciéndose necesario que tal situación endoconstitucional sea aclarada.

(...) 

4.- Pero entre los Tratados y Convenios Internacionales, hay algunos que se remiten a organismos multiestatales que producen normas aplicables en los Estados suscritores, surgiendo discusiones si ellas se convierten en fuente del derecho interno a pesar de no ser promulgadas por la Asamblea Nacional, o no haberlo sido por el antiguo Congreso de la República. En lo que respecta a la constitucionalidad de tales normas surge una discusión casuística, que debe ser aclarada por algún organismo, siendo esta Sala la máxima autoridad para reconocer su vigencia en el Derecho Interno.

5.- También se hace necesaria la interpretación a un nivel general, para establecer los mecanismos procesales que permitan el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales previstos en el artículo 31 de la vigente Constitución, mientras se promulgan las leyes relativas al amparo internacional de los derechos humanos.

6.- El régimen legal transitorio, por otra parte, ha dejado al descubierto jurídico algunas áreas, donde parecen sobreponerse normas del régimen legal transitorio a la Constitución, o donde ni el uno o el otro sistema constitucional tienen  respuestas, creándose así “huecos legales” a nivel constitucional, debido a que ninguna norma luce aplicable a la situación, o que ella se hace dudosa ante dos normas que parcialmente se aplican.

(...) 

7.- Ha sido criterio de esta Sala, que las normas constitucionales, en lo posible, tienen plena aplicación desde que se publicó la Constitución, en todo cuanto no choque con el régimen transitorio.

Muchas de estas normas están en espera de su implementación legal producto de la actividad legislativa que las desarrollará.

El contenido y alcance de esas normas vigentes, pero aún sin desarrollo legislativo, no puede estar a la espera de acciones de amparo, de inconstitucionalidad o de la facultad revisora, porque de ser así, en la práctica tales derechos quedarían en suspenso indefinido.

Como paliativo ante esa situación, las personas pueden pedir a esta Sala que señale el alcance de la normativa, conforme a la vigente Constitución, lo que hizo la Sala, sin que mediase petición al respecto, en la sentencia del 1 de febrero de 2000, cuando indicó el desenvolvimiento del proceso de amparo, adaptando la ley especial a la Constitución vigente.

Además, de no ser objeto de interpretación, en la actualidad tales normas se harían nugatorias, ya que sus posibles ambigüedades y obscuridades, no podrían ser solucionadas, o lo serían en forma caótica, mientras no se dicten las leyes que las desarrollen.

     8.- También pueden existir normas constitucionales cuyo contenido ambiguo las haga inoperantes, y ante tal situación, a fin que puedan aplicarse, hay que interpretarlas en sentido congruente con la Constitución y sus principios, lo que es tarea de esta Sala.

     9.- Dada la especial situación existente en el país, producto de la labor constituyente fundada en bases prestablecidas (bases comiciales), también puede ser fuente de discusiones las contradicciones entre el texto constitucional y las facultades del constituyente; y si esto fuere planteado, es la interpretación de esta Sala, la que declarará la congruencia o no del texto con las facultades del constituyente.

     En consecuencia, la Sala puede declarar inadmisible un recurso de interpretación que no persigue los fines antes mencionados, o que se refiera al supuesto de colisión de leyes con la Constitución, ya que ello origina otra clase de recurso. Igualmente podrá declarar inadmisible el recurso cuando no constate interés jurídico actual en el actor”.

 

            Así entonces, conforme al citado criterio, la Sala puede declarar inadmisible un recurso de interpretación que no persiga los fines antes mencionados, así como puede hacerlo en los casos en que no se precise con claridad cuál es la ambigüedad que el recurrente encuentra en las normas constitucionales y que le ha llevado a presentar un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

            En el caso de autos, la parte accionante ha expuesto un caso concreto que, en su criterio, demostraría su interés en un pronunciamiento de la Sala y, con ello, su legitimación para actuar. Sin embargo, la lectura del libelo (un escrito de 44 páginas, en las que se repiten, de manera indistinta un conjunto de afirmaciones sobre una presunta actuación irregular de los Ministerios de Educación y de Educación Superior y la supuesta legalidad de los cursos de locución que imparte la Fundación “Academia Comunicacional Barinas”) revela que con la presente acción no se pretende realmente la interpretación de normas constitucionales, sino la resolución de un controversia entre un particular (la Fundación accionante) y la Administración.

En efecto, si bien esta Sala exige la existencia de un caso concreto para legitimar a la parte accionante, a fin de evitar que la sentencia se convierta en un simple ejercicio académico, no puede pretenderse sustituir las vías ordinarias para resolver tal caso. De este modo, en sentencia N° 1398/2002, la Sala declaró que resulta inadmisible la acción de interpretación cuando “lo que se plantee no persiga sino la solución de un conflicto concreto entre particulares o entre éstos y órganos públicos, o entre estos últimos”. Por ello, en el fallo N° 1808/2002 la Sala enumeró las causales de inadmisibilidad de las acciones de interpretación, entre las cuales está la “existencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia”.

            Aun cuando la parte accionante invoca disposiciones constitucionales para que sean interpretadas por la Sala, es evidente que su planteamiento concreto no tiene vinculación directa con esas normas, sino con su necesidad de resolver la incertidumbre respecto de la posibilidad de impartir cursos de locución y otorgar certificados que sean refrendados por el Ministerio de Educación.

            Por lo tanto, se trata de un claro conflicto que se dirime ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, sin que valga como argumento para no acudir ante ella el supuesto hecho de que el Oficio del Ministerio de Educación –que, según expone la accionante dio lugar al problema- no haya sido notificado formalmente, puesto que la referida Fundación incluso lo acompañó al presente libelo.

            Por lo expuesto, esta Sala estima que la presente acción es inadmisible, por pretender suplirse vías ordinarias de defensa contra actuaciones públicas, y así lo declara expresamente.

IV

DECISION

            Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de interpretación interpuesta por la Fundación “Academia Comunicacional Barinas” respecto de los artículos 89 y 106 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de octubre de dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp.- 07-0978

CZdeM/asa