SALA CONSTITUCIONAL

 


Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 9 de octubre de 2000, la COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN (VTV), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 12 de abril de 1976, bajo el nº 1, tomo 58-A Sgdo., representada por el abogado José A. Castillo Suárez, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 30.911, interpuso demanda de amparo ante esta Sala contra el Acta de Misión del 15 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Arbitral que conoce de la demanda de Elettronica Industriale S.P.A. (ELIN) vs. C.A. Venezolana de Televisión (VTV) (caso nº 10613/KGA de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional), en virtud de lo cual denunció la violación de la garantía a la “Jurisdicción Soberana del Estado Venezolano” y a la tutela judicial efectiva; la violación de sus derechos a ser juzgada por sus jueces naturales, a la defensa y de petición; y de acceso al sistema de administración de justicia, contenidos en los artículos 151, 26, 49, cardinales 1 y 4, y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal.

El 17 de octubre de 2000, el apoderado actor consignó escrito mediante el cual agregó a los autos copia simple de los estatutos de la Compañía Anónima Venezolana de Televisión y de la notificación del acto para el debate de las conclusiones; adicionalmente solicitó que se emitiera pronunciamiento sobre la admisión.

El 4 de diciembre de 2000, la demandante solicitó pronunciamiento sobre las medidas cautelares requeridas y que se practicara la notificación de la Procuraduría General de la República.

El 15 de enero de 2001, el apoderado actor solicitó la designación de un nuevo ponente, en virtud de la reconstitución de la Sala.

El 24 de enero de 2001, la parte actora consignó escrito en el que expuso argumentos relativos a la procedencia de la acción y solicitó un rápido pronunciamiento.

 

i

de la pretensiÓN de la parte DEMANDANTE

1.        Alegó:

1.1.  Que, para la ejecución del “Proyecto Nuevo Ente Televisivo del Estado”, el Ejecutivo Nacional solicitó al Congreso de la República la aprobación de un crédito por la cantidad de VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 20.000.000,00), solicitud que fue aprobada en las Leyes de Crédito Público correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997.

1.2.  Que la Junta Directiva de la Compañía Anónima Venezolana de Televisión, seleccionó a EPROTEL, C.A. y Elettronica Industriale S.P.A. para la ejecución del Proyecto, y que, a los efectos del contrato, Elettronica Industriale S.P.A. asumió la representación de EPROTEL,C.A.

1.3.  Que, el 17 de noviembre de 1997, la Compañía Anónima Venezolana de Televisión y Elettronica Industriale S.P.A. suscribieron un contrato de obra, en el cual la demandante se comprometió a abrir una primera carta de crédito irrevocable por la cantidad de DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 10.000.000,00), emitida y conformada por un banco de primer orden internacional, aceptado por ELIN.

1.4.  Que, para la emisión de referida la carta de crédito, se escogió a Crédito & Sviluppo, instituto que fue aceptado por Elettronica Industriale S.P.A.

1.5.  Que el contrato tiene por objeto un servicio cuya competencia corresponde al Poder Nacional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156, cardinal 28, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y está sujeto al régimen establecido en el artículo 151 eiusdem.

1.6.  Que Crédito & Sviluppo aparentemente no cumplió con la obligación de emitir las cartas de crédito a favor de Elettronica Industriale S.P.A.

1.7.   Que, en el nombrado contrato, se insertó una cláusula arbitral y, en virtud de ésta, Elettronica Industriale S.P.A. demandó a la Compañía Anónima Venezolana de Televisión ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, demanda que le fue notificada el 18 de agosto de 1999.

1.8.  Que, el 11 de octubre de 1999, la Compañía Anónima Venezolana de Televisión contestó la demanda y, el 15 de mayo de 2000, se firmó el Acta de Misión.

1.9.  Que la cláusula compromisoria carece de validez porque ni el entonces Presidente, ni la Junta Directiva de la demandante estaban facultados para comprometerle en árbitros y, adicionalmente, dicha cláusula contraviene lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución de 1961 y 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1.10.  Que, en diversas ocasiones, ha opuesto la excepción de ineficacia de la cláusula arbitral y el tribunal no le ha dado respuesta y ha continuado con el procedimiento.

1.11.  Que, en el presente caso, no ha operado el consentimiento tácito previsto en el artículo 6, cardinal 4, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que los efectos de la caducidad no se producen cuando se ha violentado o se amenaza violentar el “Orden Público Constitucional” y, además, el acto que concreta la violación constitucional es el acta de misión (15 de mayo de 2000) y no la notificación de la demanda (18 de agosto de 1999), porque es con esa acta que el Tribunal asume tácitamente la competencia, se traba la litis y posterga el pronunciamiento sobre la eficacia de la cláusula compromisoria. Además, afirmó que, firmada el Acta de Misión, Elettronica Industriale S.P.A. no rebatió excepciones opuestas y la Compañía Anónima Venezolana de Televisión, en cambio, solicitó pronunciamiento sobre excepciones opuestas y éste ha sido omitido.

1.12.  Que esta Sala es competente para conocer del amparo de autos, ya que los tribunales arbitrales, en tanto que única instancia, deben asimilarse a los Tribunales Superiores, y esta Sala se ha declarado competente para conocer de los amparos intentados contra los Tribunales Superiores.

2.        Denunció:

2.1.  La violación del derecho a ser juzgada por sus jueces naturales, ya que el acuerdo arbitral carece de validez y el conocimiento de la presente causa corresponde a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

2.2. La violación del artículo 127 de la Constitución de 1961 (correspondiente al artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), ya que a la Compañía Anónima Venezolana de Televisión le está prohibido, constitucionalmente, renunciar a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

2.3.  Denegación de justicia y la violación de su derecho de petición, por cuanto, en el acta de misión, el tribunal arbitral decidió mantener a toda costa el procedimiento, y se negó a emitir pronunciamiento sobre la validez de la cláusula compromisoria.

2.4.  La violación del principio de la tutela judicial efectiva, por cuanto el Tribunal no ha respondido sus reclamos, efectuados con posterioridad al acta de misión, para que declarara la ineficacia del compromiso arbitral.

3.        Pidió:

3.1.  Como medida cautelar, la suspensión del procedimiento de arbitraje contenido en el caso Nº 10613/KGA de la Corte Internacional de Arbitraje y que se ordene al Tribunal Arbitral, el envío de dicho expediente a esta Sala Constitucional.

3.2.  “[E]n virtud del principio de que todos tenemos derechos (sic) a ser juzgados por nuestros jueces naturales, se declare (...) invalido el procedimiento de arbitraje, por haber violentado la garantía de la Jurisdicción Soberana del Estado Venezolano, para conocer los conflictos que se susciten entre sus naturales y así como también como reserva de esa jurisdicción a los conflictos donde este interesado el Orden Publico (sic) y el Interés Publico (sic) del Estado.”

 

II

de la competencia

Para decidir la Sala observa:

En el Sistema de Justicia venezolano se encuentran insertos los procedimientos alternativos de resolución de conflictos, tal como se desprende de los artículos 253 y 258, único aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta Sala ha reconocido que el arbitraje, aunque constituye una actividad jurisdiccional, “no pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa.” (S. SC nº 1139, 05.10.00).

También ha dicho esta Sala que los organismos arbitrales internacionales pueden dirimir los conflictos “que pertenecen o donde esté interesada la jurisdicción venezolana”, y en ejercicio de dicha jurisdicción, “imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad de la Constitución”, así como que, de no adaptarse a las normas y principios constitucionales los actos jurisdiccionales ejecutables en el país que produzcan los organismos de arbitraje internacional, “se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección de la Constitución.”(s. SC nº 1393, 07.08.01)

En el presente caso se sometió a arbitraje internacional una demanda contra una persona jurídica venezolana cuya ejecución eventualmente tendrá lugar en el país. Por tanto, al estar sujetas a la aplicación de las normas y principios constitucionales, las decisiones de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el caso de autos, puede ser objeto de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Según dicho artículo, la demanda debe interponerse ante “un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento” y, por tanto, se debe definir cuál es el tribunal “superior” de los tribunales arbitrales, ya que éstos han sido concebidos como única instancia, según el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial, aplicable a la presente controversia:

 

“[E]l laudo arbitral, cualquiera sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable...” (Destacado de la Sala)

 

El único recurso previsto en materia de arbitraje es el recurso de nulidad del laudo arbitral (artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial), recurso que debe interponerse ante “... el Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiere dictado...”.

Cuando la Ley habla de tribunal superior “competente”, se refiere a aquél a quien hubiere correspondido conocer del conflicto en segunda instancia, si las partes no hubieren elegido el arbitraje. Por tanto, se debe precisar cuál es el tribunal de primera instancia que conocería del litigio, para después determinar cuál es su alzada.

De conformidad con el artículo 42, cardinal 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, correspondería a la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, conocer de la controversia sometida a arbitraje, ya que se trata de un juicio contra una empresa en la que el Estado tiene participación decisiva (C.A. Venezolana de Televisión), cuya cuantía está por el orden de los SEIS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US$ 6.000.000,00), monto que en bolívares, supera con creces los CINCO MILLONES (Bs. 5.000.000,00) que determina el conocimiento del proceso por la Sala Político-Administrativa y, por tratarse de un procedimiento de resolución de contrato, su conocimiento no está atribuido por Ley especial a otro Tribunal.

Por tanto, el juicio de Elettronica Industriale S.P.A. contra Compañía Anónima Venezolana de Televisión hubiese sido juzgado, en primera instancia, por la Sala Político-Administrativa, sin que hubiere lugar a recurso alguno (artículo 1º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), ni siquiera el de amparo (artículo 6, cardinal 6, de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

Esto parecería sugerir que no se puede demandar amparo contra las decisiones del tribunal arbitral. Sin embargo, esta Sala observa que las disposiciones supra citadas están dirigidas a preservar el sistema jerárquico del poder judicial, y los tribunales arbitrales no se encuentran dentro ese ordenamiento, de allí que las decisiones de dichos tribunales, aún los constituidos para conocer conflictos cuyo conocimiento está atribuido al Tribunal Supremo de Justicia, no tienen la misma entidad que las sentencias dictadas por este máximo Tribunal y, por tanto, pueden ser objeto de amparo, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, a falta de una alzada ante la cual pueda intentarse el amparo contra las decisiones de los tribunales arbitrales, corresponde a esta Sala Constitucional como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales (artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), conocer de la demanda de amparo contenida en la presente causa.

Por los argumentos antes expuestos debe esta Sala declararse competente para conocer de la demanda de amparo de autos. Así de declara.

 

iii

admisibilidad de la pretensión

Vistos los términos de la pretensión, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala encuentra que dicha pretensión cumple los citados requisitos. Así se declara.

Constatado como ha sido que C.A. Venezolana de Televisión interpuso, el 21 de febrero de 2001, ante la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral dictado el 29 de enero de 2001, y si tenemos en cuenta que con este amparo se pretende la declaratoria de invalidez del procedimiento arbitral, debe esta Sala declarar inadmisible la demanda de conformidad con el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que C.A. Venezolana de Televisión decidió hacer uso de las vías judiciales ordinarias. Así se declara.

 

IV

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el amparo interpuesto por COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, contra el Acta de Misión del 15 de mayo de 2000, dictada en el curso del procedimiento de arbitraje entre Elettronica Industriale S.P.A. vs. C.A. Venezolana de Televisión, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en  Caracas, a los 16 días del mes de octubrede dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

Magistrado

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

PRRH.sn.fs.

Exp. 00-2759