SALA CONSTITUCIONAL

 


MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCIA GARCIA

 

            El 10 de enero de 2001, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el oficio Nº 1180 del 22 de diciembre de 2000, por el cual se remitió el expediente Nº 001569 (nomenclatura de dicho Tribunal), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta  por la abogada MERCEDES BELISARIO CAMACHO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.739, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano BENTURA LUNA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.962.245, contra la sentencia del 20 de mayo de 2000, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta por el  accionante contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2000, por el referido Juzgado Superior, que declaró sin lugar la acción de amparo ejercida contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial.

En esa misma ocasión, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

El 6 de mayo de 1998, el ciudadano BENTURA LUNA RODRIGUEZ interpuso ante el Juzgado del Municipio Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, demanda por calificación de despido en contra de INVERSIONES GONAND S.A., propietaria del fondo de comercio RESTAURANT FRANGO’S.

El 21 de septiembre de 1999, el referido Juzgado del Municipio Carrizal declaró con lugar la solicitud de calificación de despido interpuesta, decisión que fue apelada por los apoderados judiciales de la compañía demandada, remitiéndose las actas del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el cual por decisión del 25 de mayo de 2000, declaró con lugar la apelación y, en consecuencia, revocó el fallo dictado por el Juzgado del Municipio Carrizal de la misma Circunscripción Judicial, el 21 de septiembre de 1999.

El 23 de noviembre de 2000, la abogada Mercedes Belisario, actuando con el carácter expresado, interpuso ante el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, acción de amparo constitucional  contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, el 25 de mayo de 2000.

El 20 de diciembre de 2000, el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda declaró sin lugar la referida acción de amparo constitucional, decisión ésta que constituye el objeto de la presente apelación.

II

            FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO

 

               La acción de amparo constitucional se fundamentó en la violación del derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, establecidos en los artículos 49, numerales 1 y 3, y 89, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la violación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil que regulan la apreciación de la prueba testimonial.

               En tal sentido, el accionante indicó, que el Juez agraviante incurrió en abuso de autoridad, dado que, no emitió pronunciamiento sobre las pruebas por él presentadas, fundamentando su decisión únicamente en lo alegado y probado por la parte demandada, por lo que estimó, que la sentencia cuestionada adolecía del vicio de inmotivación.

               En razón de lo antes expuesto, solicitó que la acción de amparo contra decisión judicial fuese declarada con lugar e, igualmente, le fuese acordada su solicitud de medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588, parágrafo primero, del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se suspendiesen los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el 25 de mayo de 2000.

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

               La sentencia objeto de apelación declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por los apoderados del ciudadano BENTURA LUNA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, fundamentándose en que la actuación de dicho órgano no era contraria a las disposiciones invocadas por el presunto agraviado, dado que el fallo fue dictado por el órgano competente para conocer en alzada de una decisión de un tribunal de municipio perteneciente a su misma jurisdicción; además que, en los términos que fue contestada la demanda, observó que la sentenciadora, indicada como agraviante, estableció en su decisión, la carga probatoria, analizando las pruebas promovidas por las partes.

               Por otra parte, el fallo invocado por el accionante como acto lesivo a sus derechos constitucionales estableció, de conformidad con el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo, que por ser el procedimiento de calificación de despido un procedimiento breve, con características especiales, está exento del recurso de casación, dado que “(…)no previó el legislador una tercera revisión a la decisión, quedando firme la decisión que conozca en alzada el recurso de apelación.”

               Además, expresó que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la acción de amparo no es supletoria de los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, pues ello conllevaría a la subversión del proceso: “(…)La acción tutelada por la novísima Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es supletoria, ni en ninguna forma restitutoria de los recursos ordinarios y extraordinarios que le son conferidos a las partes por el Código de Procedimiento Civil u otras leyes procesales de la República, agotados que sean estos recursos por su falta de ejercicio, por su consumación o por que en el caso no sean acordados por la ley, no nazca supletoriamente la acción de amparo, pues ello llevaría a subvertir totalmente el proceso y esa no puede haber sido la intención del legislador, además que insista (sic) un recurso ordinario o extraordinario va la acción de amparo, toda vez que el nuevo órgano llamado a conocer mediante esos recursos ordinarios es la de restablecer las situaciones jurídicas que el recurrente considere infringidas.”

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

               Efectuadas las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional pasa a pronunciarse sobre la apelación interpuesta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, observa:

En sentencias del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán) y 8 diciembre de 2000 (caso Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala estableció que le corresponde conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia.

En tal sentido, visto que la decisión conocida en apelación emana del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional, ejercido contra una decisión emitida por un órgano jurisdiccional de inferior jerarquía, esta Sala Constitucional, coherente con el criterio establecido en los fallos antes mencionados, se declara competente para conocer de la presente apelación, y así se decide.

               Señalado lo anterior, esta Sala pasa a analizar la procedencia de la apelación interpuesta y, al efecto observa:

               Señaló el accionante, al momento de interponer la acción de amparo constitucional, que la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda quebrantó los derechos constitucionales inherentes a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dado que no analizó los argumentos esgrimidos, ni las pruebas promovidas, incurriendo en silencio de pruebas y, por ende, en el vicio de inmotivación de la sentencia, puesto que el aludido Juzgado sólo consideró las defensas presentadas por la parte demandada a los fines de pronunciarse sobre el asunto debatido.

               Al respecto, esta Sala observa que en el caso de autos, la sentencia invocada por los accionantes como acto lesivo de sus derechos constitucionales, emana del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual determinó un análisis alternativo de los hechos, conociendo en un primer término, los argumentos y hechos  probados por parte de la demandada, para luego, en el caso de que éstos no aportasen datos importantes en el proceso, entrar a conocer de las pretensiones y probanzas presentadas por la demandante, análisis que el Juzgado tomó a partir de la siguiente premisa:

               “Tal como fue planteada la litis, la sentencia procederá a resolver en primer lugar los alegatos de la parte demandada, relativos a la fecha del despido el día 27/04/98 y no el 02/05/98, en virtud que tal fecha constituye requisito indispensable para poder determinar si las partes acudieron al Tribunal de Estabilidad Laboral dentro del lapso de los cinco (5) a que se contrae el artículo 116 ut supra. Pasa esta Juzgadora a analizar todas y cada una de las pruebas aportadas por la demandada, para determinar, si ésta demostró los hechos invocados en defensa de su representada y de hacerlo, la demanda que encabeza las presentes actuaciones será declarada sin lugar en la parte dispositiva de este fallo”.

 

Del fallo parcialmente transcrito se infiere, que el referido Juzgado de Primera Instancia, aplicó el principio de distribución de la carga de la prueba en materia laboral establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, el cual indica que:

“Articulo 68.- En el tercer día hábil después de la citación, más el término de la distancia, si lo hubiere, el demandado o quien ejerza su representación, deberá al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo los hechos o fundamentos de la defensa que creyere conveniente alegar.

         Antes de concluir el acto de la litis contestación el Juez podrá interrogar a la parte demandada sobre algunos o más hechos que ésta no hubiere rechazado en forma determinada y su respuesta se tendrá como parte de la contestación. Se tendrá como admitidos aquellos hechos indicados en el libelo respecto de los cuales al contestarse la demanda, no se hubiera hecho la requerida determinación ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.”

 

            Respecto a lo señalado en la norma antes transcrita, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado el alcance que debe tener la distribución de la prueba en materia laboral, el cual dependiendo de cómo el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral: “El artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también cuando se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán como admitidos” ( Vid. Sentencia del 15 de mayo de 2000. Subrayado de esta Sala).

            En razón del referido fallo, la Sala de Casación Social ha señalado que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.

            Igualmente, la referida Sala mediante sentencia del 15 de mayo de 2000 (caso Jesús Enrique Henríquez Estada contra Administradora Yuruary C.A.), indicó que “(…) el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamentación para rechazar las pretensiones del actor(…)habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos , en los siguientes casos: 1)Cuando en la contestación de la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique de relación laboral.” . Este principio de inversión en la carga probatoria tiene su asidero en que, al entablarse el juicio laboral, las partes deben delimitar cuáles son los hechos controvertidos, siendo éstos los únicos sobre los cuales deben versarse las probanzas, siendo la parte demandada quien formula la contradicción:  “(…)Como principio general cabe expresar que cuando el demandado se limita a negar los hechos expuestos por el  actor, sólo a éste le interesa probarlos, por cuanto se trata de los hechos en que se funda el derecho cuyo reconocimiento se pretende(…)” (DEVEALI, Mario. Tratado de Derecho Laboral. Editorial LA LEY, Buenos Aires, Argentina, 1972. Pág. 498).      

            Lo antes precisado se basa en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a su demanda, respecto a lo que quiera controvertir, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Por tanto, el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirven de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, y, en consecuencia, el Juez laboral  sólo está obligado a valorar y analizar las pruebas aportadas por el patrono (accionado) cuando, contestada la demanda hubiere rechazado algunos de los hechos expresados en el libelo.

            En el caso de autos, el identificado Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda,  entró a conocer de las pruebas presentadas por la apelante y demandada INVERSIONES GONAND S.A., luego de considerar que la misma, admitió la existencia de la relación laboral que tuvo con la parte demandante (folio 14 del expediente). En razón de ello, el Juzgador consideró, que dichas probanzas refutaron de manera suficiente los argumentos presentados por el demandante BENTURA LUNA RODRIGUEZ, concluyendo así, en la procedencia de la apelación, y consecuente revocación del fallo dictado por el Juzgado del Municipio Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Sentencia ésta que, dada la particularidad que tiene la carga probatoria en los procedimientos del trabajo, debe considerarse conforme a la normativa adjetiva en materia laboral.

En consecuencia, visto que el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda analizó las probanzas acordemente, esta Sala observa, que la decisión que conoció de la acción de amparo en primera instancia, proferida el 20 de diciembre de 2000 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo,  también se ajustó a derecho al señalar que: “(…) de la actuación de la Juez de Primera Instancia y de la sentencia recurrida no se observa violación de las disposiciones transcritas, ya que fue dictada como órgano competente que conoce en alzada de una decisión de un tribunal de municipio de su misma jurisdicción. Además, tal como fue contestada la demanda, estableció la sentenciadora la carga probatoria y en ese orden fueron analizadas las probanzas (…)”. Razonamiento que consideró lo dispuesto por la normativa procesal laboral, al indicar, que la carga de la prueba recaía sobre la parte demandada, dando cumplimiento al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo.

Por tanto, en virtud de lo señalado, puede observarse que la sentencia cuestionada, no constituye una lesión al derecho a la defensa de la accionante, y, por tanto, al debido proceso, dado que el fallo cuestionado se pronunció sobre las pruebas traídas por la demandada a los autos, por lo que resulta improcedente la acción de amparo interpuesta.

 

 

 

VI

DECISIÓN

  

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por los abogados Alberto Rivas Acuña, Alberto Rivas Sánchez y Mercedes Belisario Camacho, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano BENTURA LUNA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2000, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión apelada.

TERCERO: SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano BENTURA LUNA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 23 días del mes de octubre de dos mil uno (2001). Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

                                                                                         El Vicepresidente,

 

  JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Magistrados,

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                             JOSE M. DELGADO OCANDO

        Ponente

 

 

 
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. 01-0027

AGG/bps