SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente:  Iván Rincón Urdaneta

 

El 4 de febrero del 2000, la Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo del fallo dictado el 5 de octubre de 1998 por el suprimido Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta el 29 de septiembre de 1998, por el abogado Erwin Genie Loreto, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.994, en representación de los ciudadanos NELSON RAMIZ, Norteamericano, Pasaporte Nº 043923377 y HAYDHELEN VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.381.945, asistido por el abogado Luis Arturo Ortiz Verhooks, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 22.031, contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 1997, por el suprimido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que ordenó la detención judicial de los ciudadanos Nelson Ramiz, Haydhelen Velásquez y Jhon R. Pate, por la supuesta comisión de los delitos de falsa atestación en acto público, estafa agravada y fraude, en perjuicio de la empresa Alas International Limited y el Estado Venezolano.

 

Tal remisión obedece a la consulta obligatoria que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 8 de septiembre del 2000, se dio cuenta en Sala del presente expediente y fue designado ponente el Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

            El 29 de septiembre de 1998, el abogado Erwin Genie Loreto, apoderado de los ciudadanos Nelson Ramiz y Haydhelen Velásquez, asistido por el abogado Luis Arturo Ortiz Verhooks, presentó ante el Juzgado Superior Decimocuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra el fallo del 31 de octubre de 1997, dictado por el suprimido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.  Los accionantes expusieron los siguientes planteamientos:

 

Que el 9 de octubre de 1997, el abogado Oscar Ignacio Lossada Gasperi  denunció, con el carácter de tercero no agraviado, la comisión de los supuestos delitos de falsa atestación en acto público, estafa agravada y fraude, presuntamente cometidos por el ciudadano Nelson Ramiz, Haydhelen Velásquez y Jhon Pate, en perjuicio de Alas International Limited, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

Que la referida acusación fue decidida por un Juez Accidental de ese Juzgado, el cual en once  (11) días “y sin oír a los acusados”  dictó auto de detención el 31 de octubre de 1997, en el expediente  número 23.087, decisión contra la cual se intenta la presente acción de amparo. 

 

En cuanto a esta decisión, afirmaron los peticionarios que la misma fue dictada sin haber odio previamente a los agraviados. Que el Juez actuó fuera de su competencia, desconociendo derechos constitucionales establecidos en el artículo 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Así mismo, que dicha decisión fue violatoria de los artículos 50, 60, 64, 68 y 69 del Texto Constitucional.

 

Igualmente, denunciaron que contra esa decisión no procede apelación, y que la apelación intentada fue anulada por el Tribunal Superior Octavo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por vía del fallo emitido el 27 de agosto de 1998.  Que, en todo caso, no podían intentar nuevamente el recurso de apelación, toda vez que “de intentarse la apelación;  los agraviados perderían su libertad”. Por ende, solicitaron la “anulación” de la decisión accionada.

 

Así mismo, plantearon que, de conformidad con la decisión dictada el 20 de noviembre de 1997, por la Sala de Casación Penal de la extinta corte Suprema de Justicia, el tribunal competente para conocer de las diversas causas que fueron intentadas en relación con los hechos que dieron origen al juicio en el marco del cual se intentó la presente acción de amparo, es el Tribunal Trigésimo segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

           

Finalmente, solicitaron al Juzgado Superior a quo que ordenara al prenombrado Tribunal Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas que informara sobre las actuaciones del Juzgado agraviante, pues el Expediente Nº 23087 “reposa en sus archivos como consecuencia de la acumulación”.

           

Los solicitantes expusieron que igualmente actuaron en defensa del ciudadano Jhon Pate, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 29 de septiembre de 1998, el Juzgado Superior Decimocuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas dictó auto por medio del cual admitió la acción de amparo interpuesta.

 

            Luego, la audiencia constitucional tuvo lugar el 2 de octubre de 1998.  El abogado Manuel Barreto, en representación del tercero Oscar Lossada Gásperi, expuso que contra la decisión accionada, “ya fue intentada otra acción de amparo en los mismos términos, la cual fue resuelta por el Juzgado Superior 1º en lo Penal del estado Carabobo el 16 de enero de 1998”.  Como soporte de este alegato, consignó copia simple de la decisión emanada del referido Juzgado Superior Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la cual cursa en autos.

 

            Mediante dicho fallo, el prenombrado Juzgado Superior Penal declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Erwin Genie, representante judicial de los ciudadanos Nelson Ramiz y Haydelen Velásquez, contra el fallo dictado  en fecha 31 de octubre de 1997 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

            Luego de realizada la audiencia, el 5 de octubre de 1998, el Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, dictó fallo por medio del cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional propuesta. 

 

            El 8 de octubre de 1998, el mismo Juzgado Superior remitió el expediente contentivo de la referida decisión a la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, para que conociera en razón de la consulta obligatoria que dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

II

LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:

 

Conforme a lo señalado en las decisiones de fecha 20 de enero del año 2000, casos Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán, corresponde a esta Sala Constitucional conocer de todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores Civiles con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.   

 

En el caso que nos ocupa, corresponde a esta Sala conocer de la consulta que ordena la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de una decisión emitida por el extinto Juzgado Superior Décimo cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional incoada contra una decisión dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, motivo por el cual la Sala, congruente con los fallos reseñados ut supra, resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se decide.

 

III

LA SENTENCIA CONSULTADA

 

En el fallo cuya consulta corresponde conocer a esta Sala, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional intentada, el Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas decidió con base en los siguientes méritos:

 

            Con respecto al argumento expuesto por la representación del tercero Oscar Losada Gásperi, según el cual, con anterioridad a la acción de amparo propuesta, los solicitantes incoaron una acción de amparo “en los mismos términos (omissis) por ante otro Tribunal de igual Jerarquía en la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo”, y que había sido declarada sin lugar por esa instancia, el Juzgado Superior  a quo sentó que no había cosa juzgada formal, en razón de que la sentencia de primera instancia aún no había sido decidida en segunda instancia por la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual “consideró pertinente tocar el fondo de lo solicitado en el recurso de amparo”.

 

            En lo que se refiere al fondo de la acción de amparo propuesta, consideró que los solicitantes “fueron citados por ese Despacho a través del Cuerpo Técnico de Policía Judicial”, y que “cumplida como fue la citación con todas sus formalidades, ellos no comparecieron”, motivo por el cual el Juzgado a quo estimó improcedente el alegato de violación del derecho a la defensa y al debido proceso propuesto en ese sentido por los accionantes.

 

            Por otro lado, apreció que los ciudadanos Nelson Ramiz y Jhon Pate “sí ejercieron el recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Estado Carabobo, en la oportunidad en que rindieran declaración indagatoria ante el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial, todo ello en virtud de la acumulación que se hiciera del expediente Nº 23087, que cursaba en el Juzgado del Estado Carabobo”. 

 

Además, consideró que, “es cierto que sigue vigente el auto de detención dictado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo, pero también es cierto que el expediente Nº 2308, de ese mismo Tribunal, ya no existe pues se encuentra en la actualidad en manos del Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial, a fin de que ejerzan los recursos correspondientes que les otorga la Ley”. 

 

Que, por ende, los accionantes debían ponerse a derecho ante ese Tribunal para ejercer los recursos pertinentes, y que el amparo constitucional no puede hacer nugatorio un auto de detención no ejecutado, “dejando inaplicables las verdaderas y efectivas vías procesales ordinarias”. 

 

Con base en tales alegatos, el Juzgado Superior a quo rechazó el alegato de violación al debido proceso.

 

            Además, señaló que “en aras de una sana y recta administración de justicia, lo procedente es ordenar una vez más al Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal, la acumulación de las causas que se siguen por diferentes Tribunales y en tal razón ordena que informe a los diferentes Tribunales que tienen causas o averiguaciones seguidas contra los ciudadanos:  Nelson Ramiz, Haydhelen Velásquez y Jhon Pate, por la misma causa que deben ser enviados los expedientes al Tribunal en referencia, a objeto que proceda el mandato judicial en este sentido”. 

 

            Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta; ordenó al Juez Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal en conocimiento de la causa “ejecutar el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en fecha 20 de noviembre de 1997, así como la (sic) del Juzgado Superior Octavo en lo Penal de fecha 27 de agosto de 1998, en los cuales se ordenó la acumulación en una sola causa de las diferentes seguidas”,  y en este sentido ordenó la continuación del proceso una vez puestos a derecho los imputados, así como declaró que “una vez impuestos los imputados del auto de detención, se les permita ejercer los recursos que la Ley les otorga”.

             

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Después de haber analizado las actas que componen el presente expediente, la Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

            En el caso bajo examen, el representante judicial de los ciudadanos Nelson Ramiz y Haydhelen Velásquez propuso acción de amparo constiucional contra la decisión del suprimido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, del 31 de octubre de 1997, que ordenó la detención preventiva de los ciudadanos Nelson Ramiz, Haydhelen Velásquez y Jhon Pate, en el juicio a ellos seguido por la presunta comisión de los delitos de falsa atestación en acto público, estafa agravada y fraude. 

 

            Observa la Sala, que el Juzgado Superior a quo, que formaba parte de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, conoció de una acción de amparo constitucional propuesta contra una decisión emanada de un Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de otra Circunscripción Judicial, esto es, del Estado Carabobo.  Ante este supuesto, la Sala recuerda que el criterio desarrollado por la jurisprudencia de este máximo Tribunal, reiterado en numerosas ocasiones, es que el Juzgado Superior competente para conocer de una acción de amparo judicial incoada contra un Juzgado de Primera Instancia es el Juzgado Superior de la Circunscripción Judicial en que se encuentre el Juzgado de Primera Instancia denunciado, en razón de que es su superior jerárquico.  Tal es el sentido que ha sido pacíficamente otorgado por esta instancia al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, disposición que prevé el amparo contra decisiones judiciales.

 

            No obstante su evidente incompetencia, la cual acarrea la nulidad de la decisión objeto de consulta, esta Sala considera que, dado que la acción de amparo constitucional fue objeto de examen y resolución por el Juzgado Superior a quo, es conveniente entrar a analizar la solicitud propuesta.  Sobre este particular, aprecia la Sala que la representación del tercero interesado Oscar Gásperi se opuso a la admisión de la acción de amparo subiudice, aduciendo que los accionantes habían intentado una acción contra la misma decisión, y con base en las mismas argumentaciones, por ante el Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por lo que, en su criterio, la presente acción de amparo resultaría inadmisible.

   

Ante esta situación, el Juzgado Superior a quo  fue del parecer que no había cosa juzgada formal, en razón de que la sentencia de primera instancia aún no había sido decidida en alzada por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, por lo que la acción de amparo constitucional no resultaba inadmisible.

 

Sobre el punto en cuestión, la Sala observa que el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone textualmente que no se admitirá la acción de amparo “cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta”.  De la simple lectura de la precitada disposición, se puede colegir que el supuesto de inadmisibilidad opera no en función de que se verifique la cosa juzgada de la causa de amparo propuesta, sino cuando esté pendiente otra acción de amparo constitucional por los mismos hechos. 

 

En este orden de ideas, puede apreciar la Sala que, habiendo sido interpuesta otra acción de amparo por los mismos hechos, por ante un Tribunal Superior que fue el competente por el territorio para conocer de la presente acción de amparo, es decir, el hoy suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la acción de amparo propuesta resultaba evidentemente inadmisible, por aplicación de la previsión contenida en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica que rige la materia.  De esta manera, la Sala estima inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, y así se declara.

 

            En atención a que la presente acción de amparo constitucional se estima inadmisible, la Sala es del criterio que es inoficioso pronunciarse en relación con los razonamientos formulados por el Juzgado Superior a quo, respecto de la acción de amparo constitucional propuesta, y así se declara.

 

Finalmente, la Sala no puede dejar de observar con atención que, de la atenta lectura del expediente, la representación judicial de los accionantes planteó en sede constitucional, ante el Juzgado a quo, la existencia de diversos procedimientos judiciales incoados contra éstos, aparentemente con base en argumentos similares y con respecto a hechos delictivos que, por lo visto, se encuentran estrechamente relacionados, de acuerdo a los antecedentes del caso.   Estas causas, ya para el momento en que fuera dictado el fallo accionado, cursaban ante diversos tribunales ubicados en distintas Circunscripciones Judiciales de la República. 

 

Al respecto, se observa que la Sala de Casación Penal de este alto Tribunal, a través de pronunciamiento del 18 de febrero de 2000, afirmó que “en decisión del 20 de noviembre de 1997, declaró competente para conocer de las causas incoadas en contra de los ciudadanos Haydhelen Emilia Velásquez Morales, Nelson J. Ramiz y Jhon R. Pate, al Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.  Tal decisión fue ratificada por auto del 26 de marzo de 1998”. 

 

De este modo, la Sala de Casación Penal ratificó en la citada decisión “el criterio expuesto en los fallos antes referidos, respecto a que los juicios seguidos en contra del ciudadano Nelson Ramiz por la presunta comisión de delitos contra la Corporación Alas de Venezuela deben ser conocidos y decididos por el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas”.

 

El fallo que decidió la acción de amparo constitucional, dictado por el Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a pesar de haber sido proferido por un Juez incompetente, sigue el inveterado criterio que este Máximo Tribunal.  En efecto, el dispositivo del a quo toma en consideración la situación de indefensión que puede causar la interposición de varios procesos similares por ante distintos tribunales, situación esta que incluso ha sido reconocida por esta superioridad en la ocasión de examinar aquellos procesos en los que “varias personas concertadas entre sí demandan consecutiva o coetáneamente a otra, y fingen oposición de intereses, o intereses distintos, pero que en realidad conforman una unidad de acción”.  Este supuesto de fraude procesal, conocido en el foro jurídico por “terrorismo judicial”, tiene lugar “mediante la creación de varios juicios, en apariencia independientes, que se van desarrollando para formar con ellos una unidad fraudulenta, dirigida a que en una o varias causas la víctima quede indefensa o disminuida en su derecho, aunque los procesos aparezcan desligados entre sí, con diversas partes y objetos, que hasta podrían impedir su acumulación”.  (Caso Intana, C.A., decidido por esta Sala en fecha 4 de agosto de 2000).

 

Aún y cuando, en el presente caso, no se recogen en el expediente todos los elementos necesarios para que esta Sala compruebe que los distintos procesos incoados hayan sido intentados con la intención de formar esa “unidad fraudulenta” a la que se ha hecho referencia, resulta claro que la acumulación de las numerosas causas intentadas contra los ciudadanos Nelson Ramiz, Haydhelen Velásquez y Jhon Pate, guarda el propósito de que la propia actividad procesal requerida por la interposición de acciones diversas no acarree a los imputados dificultades adicionales para su defensa. 

 

Con mérito a ello, la Sala se hace solidaria de las consideraciones proferidas por el Juzgado Superior a quo en el fallo objeto de consulta, las cuales, si bien fueron dictadas en el marco de un procedimiento de amparo para el cual no era competente, indudablemente pretendía restaurar el orden procesal que podía resultar afectado por la múltiple interposición de causas ante distintos tribunales del país, proceder que esta Sala estima ajustado al derecho y la justicia. Así se declara.

 

 

 

DECISION

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo dictado por el suprimido Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta el 29 de septiembre de 1998, por el abogado Erwin Genie Loreto, en representación de los ciudadanos Nelson Ramiz y Haydhelen Velásquez, contra la decisión del 31 de octubre de 1997, emitida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en su lugar declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional contenida en el presente expediente.

 

Publíquese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil uno.  Años:  191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente,

 

Iván Rincón Urdaneta

El Vicepresidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Antonio José García García

Magistrado

 

José Manuel Delgado Ocando

    Magistrado

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

           Magistrado

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 00-0500

IRU/rln/rsu