SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

El 16 de abril de 2001, la ciudadana Teresa de Jesús Valera Marín, titular de la cédula de identidad N° 3.554.704, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana Cruz Elvira Marín, titular de la cédula de identidad N° 2.693.652, asistida por la abogada Cornelia B. Ruiz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 26.569, interpuso ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional en contra de los ciudadanos Luis Miquilena, Ministro del Interior y Justicia; Laurentina Da Silva Goncalves, Directora General de Registros y Notarías; así como contra el ciudadano Luis Antonio Hércules Hung, Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, por la presunta comisión de infracciones a sus derechos constitucionales.

 

Por auto del 30 de abril del mismo año, el prenombrado Juzgado de Primera Instancia declinó el conocimiento de la acción incoada en esta Sala Constitucional.

 

El 31 de mayo de 2001, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Por auto del 12 de septiembre de 2001, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala ordenó a la parte accionante aclarar la solicitud de amparo, siendo que -por diligencia del 1º de octubre del mismo año-, la ciudadana Teresa de Jesús Valera Marín, antes identificada, se dio por notificada de la decisión aludida.

 

El 2 de octubre de 2001, la parte presuntamente agraviada consignó escrito de corrección del libelo, tal y como lo solicitara esta Sala Constitucional.

 

Siendo la oportunidad correspondiente, pasa esta Sala a pronunciarse respecto de la admisibilidad del presente amparo, previas las consideraciones siguientes:

 

De la Pretensión de Amparo Constitucional

 

Del confuso escrito libelar, así como de la complementación posterior del mismo efectuada por la parte actora según requisitoria de esta Sala, se desprenden las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas, sobre las cuales las presuntas agraviadas fundaron su pretensión de amparo constitucional:

 

Que, el 9 de octubre de 1998, la ciudadana Teresa de Jesús Valera Marín, presentó para su protocolización ante la Oficina de Registro Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, la sentencia dictada el 16 de septiembre de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declarara con lugar la demanda por prescripción adquisitiva veintenal interpuesta por la prenombrada ciudadana. Asimismo, expresó que en tal oportunidad canceló los derechos de registro correspondientes (Bs. 79.920,00), tal y como consta de la planilla H-98-096613, y que tal decisión quedó inserta bajo el N° 1, Folios 2 al 21, Protocolo Tercero, Tomo Único, Cuarto Trimestre de 1998, de fecha 9 de octubre del mismo año.

 

Al respecto, alegó la presunta agraviada que el Registrador Subalterno de los mencionados municipios, cometió un error al insertar el precitado documento en el Protocolo Tercero, siendo lo correcto registrarlo en el Protocolo Primero, tal y como había sido solicitado por la parte accionante. Además, según la accionante, el referido Registrador omitió efectuar las correspondientes notas marginales. Por tal motivo -agregó-, se dirigió verbalmente al referido funcionario para solicitarle que efectuara la inserción correctamente (en el Protocolo Primero), ante lo cual -según el decir de la querellante- éste le solicitó que le vendiera diez (10)  hectáreas del terreno, equivalentes a la suma de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000), para poder efectuar la actuación solicitada.

 

Asimismo, expresaron las accionantes en el libelo, que el Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz efectuó un nuevo cálculo sobre los derechos de registro correspondientes, cuando ésta solicitó la inserción de la tantas veces mencionada sentencia en el Protocolo Primero, siendo que en esta oportunidad el monto a cancelar ascendía a la suma de diecisiete millones cuatro mil quinientos cincuenta y dos bolívares (Bs. 17.004.552,00). Con este panorama, la parte agraviada denunció la ilegalidad de la situación antedicha, pues, según su entender, los derechos de registro ya habían sido liquidados al momento de producirse el registro erróneo en el Protocolo Tercero.

 

Por otra parte, narró la ciudadana Teresa de Jesús Valera Marín, que su madre, ciudadana Cruz Elvira Marín, codemandante en el caso de autos, y en cuyo favor opera la sentencia de prescripción adquisitiva a que se ha hecho referencia, se encuentra actualmente enferma y con la imposibilidad material de cancelar los derechos exigidos nuevamente por el Registrador aludido, «y sin poder disponer de una hectárea de terreno, por cuanto el ciudadano Registrador, no registró su sentencia en el Protocolo correspondiente, es decir, en el Protocolo Primero, por cuanto es terreno de su propiedad, violándole así el derecho a la salud y el derecho a la propiedad».

 

En el mismo orden de ideas, indicaron que por virtud de la situación aludida dirigió varias comunicaciones escritas a distintos funcionarios, a los fines de que ordenaran la correcta protocolización de la sentencia tantas veces aludida, entre los cuales se encuentran: la ciudadana Laurentina Da Silva Goncalves, Directora General de Registros y Notarías del Ministerio del Interior y Justicia; ciudadano Luis Alfonso Dávila, entonces Ministro del indicado despacho; ciudadano Javier Elechiguerra, entonces Fiscal General de la República; ciudadana Dilia Parra Guillén, ex Defensora del Pueblo y al ciudadano Luis Miquilena, actual Ministro del Interior y Justicia, siendo que a este último le fue dirigida la referida solicitud el 22 de febrero de 2001. En este sentido, señaló que ninguna de las gestiones efectuadas había acordado la petición planteada, relativa a la recta inserción de la sentencia mencionada anteriormente en el Protocolo Primero, razón por la cual denunciaron infringido su derecho a obtener oportuna respuesta.

 

Por último, con base en los anteriores argumentos, las accionantes circunscribieron su pretensión a que se ordene a los agraviantes registrar la referida decisión sobre prescripción adquisitiva veintenal dictada a favor de una de ellas, en el Protocolo Primero, conforme lo establece el artículo 69 de la Ley de Registro Público.

 

Análisis de la Situación

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la acción de amparo bajo estudio y, a tal efecto, se observa que han sido denunciados como agraviantes los ciudadanos (i) Luis Miquilena, Ministro del Interior y Justicia; (ii) Laurentina Da Silva Goncalves, Directora General de Registros y Notarías; y, finalmente (iii) Luis Antonio Hércules Hung, Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda. Respecto del primero de los nombrados, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente:

 

«Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República».

 

Conforme jurisprudencia reiterada de esta Sala, la disposición transcrita contiene un criterio rationæ conditio personarum, según el cual corresponde a la misma como cúspide de la Jurisdicción Constitucional, el conocimiento de las acciones de amparo incoadas contra los altos órganos contenidos en la misma, y aún de aquellos que no siendo enumerados, puedan asemejarse a ellos dada su naturaleza y atribuciones. Así las cosas, como quiera que la presente acción de amparo ha sido intentada, entre otras personas, contra el Ministro del Interior y Justicia, esta Sala es competente para sustanciar el amparo bajo estudio. Así se declara.

 

En relación a las denuncias efectuadas en contra del prenombrado funcionario, la Sala observa que se le imputa la violación del derecho a la oportuna respuesta de las accionantes, con ocasión de la omisión de pronunciamiento en que ha incurrido respecto del pedimento planteado por aquéllas, relativo a la supuestas irregularidades en que incurrió el Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, las cuales fueron discriminadas en el capítulo respectivo de este fallo.

A este respecto, a pesar que la denuncia planteada fue realizada en términos escuetos, debe deducirse del petitorio del libelo que la parte actora considera vulnerado el derecho invocado, en la medida en que el referido funcionario ha omitido ordenar al Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, insertar la sentencia de prescripción adquisitiva veintenal tantas veces referida en este fallo, en el Protocolo Primero de los libros respectivos, no obstante la existencia de diversas peticiones formales realizadas a tal efecto por la parte actora.

 

Visto tal alegato, corresponde analizar el contenido del derecho cuya violación ha sido supuestamente delatada, el cual se encuentra recogido en el artículo 51 del Texto Fundamental, en los siguientes términos:

 

«Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo».(Subrayado de esta Sala).

 

La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligación de la Administración de acordar el pedimento del administrado, sino sólo en aquellos casos en que el marco jurídico positivo permita al órgano de la Administración tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas.

 

Desde la óptica anotada, la petición es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad pública; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano que está llamado a responderla, en este caso, denegándola.

 

Partiendo de esta premisa, la Sala examinará las atribuciones que en materia de Registro Público han sido otorgadas por la ley que rige la materia al Ministerio del Interior y Justicia, considerando que las accionantes estimaron vulnerado su derecho a la oportuna respuesta, en la medida en que el referido funcionario omitió ordenar al Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, insertar la sentencia de prescripción adquisitiva veintenal tantas veces referida en este fallo, en el Protocolo Primero de los libros respectivos, no obstante la existencia de diversas peticiones formales realizadas a tal efecto por la parte actora.

 

Al respecto, cabe observar que,  ex artículo 151 de la Ley de Registro Público, corresponde al referido despacho ministerial «la imposición de las penas establecidas por esta ley, siempre que no esté atribuida especialmente a otro funcionario», particularmente de aquellas derivadas de la infracción a sus disposiciones por parte de los Registradores. De allí que, en el caso concreto, y ante las denuncias presentadas por las accionantes, las funciones del Ministerio de Justicia, por órgano de su Ministro, se encuentren limitadas a la apertura de un procedimiento disciplinario en contra del ciudadano Luis Antonio Hércules Hung, en su condición de Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, y a la aplicación de las sanciones pertinentes, si hubiere lugar a ello, considerando que no existen en la referida ley disposiciones que permitan al mencionado Ministro intervenir directamente en la funciones de Registro Público.

 

Como corolario de lo anterior, emerge que el derecho invocado por las accionantes resulta de imposible violación por parte del Ministro de Interior y Justicia pues, respecto del pedimento planteado por aquéllas,  carece el funcionario aludido de atribuciones suficientes para acordarlo. De igual forma, debe destacarse que consta en autos (folio 62) comunicación dirigida a la ciudadana Teresa Valera Marín, signada 0230-1927 del 22 de marzo de 2001, mediante la cual la ciudadana Laurentina Da Silva Goncalves, Directora de Registros y Notarías del prenombrado Ministerio, informó a la referida accionante que el tantas veces mencionado Registrador había sido citado por tal despacho a los fines de que rindiera declaración sobre los hechos por ella imputados; todo lo cual evidencia la apertura de un procedimiento disciplinario en contra del mencionado funcionario, tal y como corresponde según la normativa aplicable.

 

En fuerza de los anteriores argumentos, estima la Sala que la pretensión de amparo objeto de estos autos, en lo que se refiere a las imputaciones efectuadas en contra del Ministro del Interior y Justicia, se halla incursa en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

Habiendo sido declarada la inadmisibilidad de la pretensión en contra del Ministro del Interior y Justicia, razón por la cual la acción de amparo a este respecto no se encuentra constituida, la Sala carece de competencia para sustanciar el amparo impetrado en contra de Laurentina Da Silva Goncalves, Directora General de Registros y Notarías del referido despacho ministerial y Luis Antonio Hércules Hung, Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, toda vez que tales autoridades no están amparados por el fuero especial contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

Decisión

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Inadmisible la acción de amparo incoada por las ciudadanas Teresa de Jesús Valera Marín y Cruz Elvira Marín, ut supra identificadas, en contra del ciudadano Luis Miquilena, Ministro del Interior y Justicia

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2001. Años: 190° de la Independencia y 142° de la Federación.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

El Presidente de Sala,

 

 

Iván Rincón Urdaneta

El Vicepresidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Ponente

 

Magistrados,

 

José Manuel Delgado Ocando                             Antonio José García García

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

01-1145

JECR/