SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCIA GARCIA

 

El 13 de febrero de 2001 el ciudadano SERGIO JOSÉ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 8.514.154, asistido por los abogados SIMÓN JOSÉ MELÉNDEZ SERRANO, JUAN PABLO SERRANO, JESÚS MARIA LOPEZ y SAMUEL EVANGELISTO LÓPEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 67.213, 76.435, 67.214 y 67.209, respectivamente, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, el 14 de septiembre de 2000, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 14 de octubre de 1999, dictada por el Juzgado de Juicio Nº 1 del mismo Circuito Judicial, que declaró la absolución de la acusada Coromoto Barillas de Pulgar.  

 En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

El 5 de junio de 2001, el ciudadano Sergio José Meléndez Serrano, asistido por el abogado Simón Meléndez, presentó escrito ante esta Sala Constitucional, consignando copias fotostáticas de sentencias dictadas por este Supremo Tribunal,  además, solicitó que se pronunciaran sobre la admisión de la acción de amparo y que la misma fuese declarada con lugar, ordenando a la referida Corte de Apelaciones “anule el Juicio que dio lugar al presente Recurso de Amparo.”

Igualmente, el 18 de julio de 2001, el ciudadano Sergio José Meléndez Serrano, asistido por el abogado Simón Meléndez, presentó escrito ante esta Sala Constitucional, solicitando a este Tribunal Supremo, que se pronunciare con la mayor celeridad procesal, a los fines de que en la definitiva se declare con lugar la acción de amparo interpuesta.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la acción de amparo constitucional interpuesta, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

            El 14 de octubre de 1999, el Juzgado de Juicio Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy dictó sentencia absolutoria a favor de la ciudadana Rosa Coromoto Varillas Pulgar, quien fuese acusada por el ciudadano Sergio José Meléndez Serrano, por los delitos de difamación e injuria; y condenó a la parte acusadora al pago de las costas procesales.

            El 6 de julio de 2000, el abogado Simón Meléndez, en representación del ciudadano Sergio José Meléndez Serrano interpuso recurso de apelación contra la referida  decisión del 14 de octubre de 1999.

            El 14 de septiembre de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy declaró sin lugar la mencionada apelación.

II

ALEGATOS DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA

 El accionante, a los fines de fundamentar la acción, señaló que en la oportunidad en la que interpuso el recurso de apelación, “explanó las violaciones de derecho en que incurrió el Juzgado de Juicio Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, violando así lo establecido en el artículo 443 del Código Orgánico Procesal Penal.” 

Igualmente, señaló que existe una enorme contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia apelada; y, en cuanto a las pruebas presentadas “por esta representación”, la Juez de Juicio sólo las menciona en la sentencia, “pero no MOTIVA la apreciación de las pruebas, o como las valoró (...), como sé, si les dio su justo valor, a mi criterio o sí por el contrario las desestimó, reitero si fuere el caso que las valoró.”

En este sentido, indicó que debía comentar el criterio de algunos juristas patrios en cuanto al sistema de la libre convicción o sana crítica adoptado y fortalecido en el nuevo proceso penal, cual es “que el juez tiene el deber y la libertad de apreciar y asignarle el valor a los elementos de prueba reproducidos en el juicio, pero no de manera arbitraria, sino de forma razonada. (sic)

Así pues, señaló, que la motivación de los fallos es lo que da legitimidad a las decisiones judiciales, por cuanto por medio de ella el juez expone las razones en las que se ha basado para emitir su decisión.

En otro orden de ideas, indicó que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy convalidó la inmotivación de la sentencia dictada por el Juzgado de Juicio Nº 1 del mismo Circuito Judicial, dejando en indefensión a todas las partes que intervinieron en el proceso, incurriendo en la falta de motivación, a que se refiere el artículo 444, ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no fundamentó la decisión sobre las costas, como lo establece el artículo 281 eiusdem.

Asimismo, alegó, que la escasa motivación en la decisión de la Corte de Apelaciones, favoreció a una de las partes, razón por la cual violó el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, y en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sostuvo, que tanto la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, como el Juzgado de Juicio Nº 1 del mismo Circuito Judicial, “no intentaron motivar” sus sentencias, tal como lo exige el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por último, solicitó que se admitiera la presente acción de amparo, y se declarase con lugar; asimismo, que se ordenase a la referida Corte de Apelaciones que anule “el Juicio Apelado en su oportunidad y consecuencialmente se de cumplimiento a lo ordenado en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente restituya de esta manera la Garantía Constitucional infringida.” 

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA PRESENTE ACCION DE AMPARO

 

Mediante decisión del 14 de septiembre de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada el 14 de octubre de 1999, por el Juzgado de Juicio Nº 1 del mismo Circuito Judicial; y además, condenó en costas a la parte acusadora apelante. En tal sentido, la referida Corte de Apelaciones, estableció:

Que las circunstancias expuestas por el recurrente en su apelación, conllevan a un reexamen integral de los hechos y el derecho, olvidando así -el recurrente- que el régimen de apelación fue modificado por el Código Orgánico Procesal Penal, convirtiéndolo en un recurso de derecho, lo cual limita a la Corte de Apelaciones a examinar, no la cuestión fáctica que ha sido materia de debate en el juicio oral, sino única y exclusivamente la cuestión jurídica, ello, en resguardo del principio de inmediación, pues solamente los jueces que han presenciado el debate, podrían estar en condiciones de decidir sobre tales circunstancias fácticas.

Que el criterio de la Juez de Juicio, producto de su íntima convicción y aplicación de las máximas de experiencia, no invade el terreno de la arbitrariedad, la irracionalidad, ni el absurdo; por tanto, concluye “esta Corte de Apelaciones” que en el presente caso “no existe contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia apelada.”

Por otra parte, la Corte de Apelaciones señaló, “que si bien es cierto la juez de juicio motivó escasamente el cúmulo probatorio, ello en modo alguno puede alegarse como falta de motivación...”; así, ha sido criterio reiterado y constante del Tribunal Supremo de Justicia, que el vicio de inmotivación existe cuando la sentencia carece absolutamente de fundamentos, “pues no debe confundirse la escasez de motivación con la falta de ésta, que es la que hace procedente el recurso. En tal virtud, considera esta Corte de Apelaciones que no existe en la sentencia impugnada la inmotivación de la prueba...” .

En otro orden de ideas, sostuvo, que la motivación para imponer las costas en el proceso penal, exigidas en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, “se refiere a la relación existente entre éstas y la decisión que resuelve el conflicto planteado. Ello en razón de la imposibilidad de una condenatoria en costas sin que exista la sentencia definitiva o interlocutoria”.

Así pues, tal motivación, radica en el resultado del juicio o incidencia que se resuelve a través de la sentencia, en la cual se imponen las costas a la parte que resulte totalmente vencida o perdidosa, en virtud del criterio objetivo que rige esta materia, recogida en la llamada “Teoría del Vencimiento Total”; en tal sentido, el supuesto necesario para que una sentencia declare la condenatoria en costas, es el vencimiento total de una de las partes, por tanto “resulta del propio imperio de la ley (...); la misma sentencia es generadora del deber por parte del Juzgador de imponerlas al perdidoso.”

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

 

Esta Sala debe previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción, y a tal fin, observa que en sentencias dictadas por esta Sala el 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), la misma se declaró competente para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las sentencias dictadas por los juzgados superiores, al establecer:

“...Igualmente corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”.

 

En el caso que nos ocupa, ha sido incoada la acción de amparo constitucional contra una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, motivo por el cual, esta Sala, congruente con los fallos mencionados ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo. Así se decide.

Precisado lo anterior, esta Sala pasa a determinar lo referente a la admisión de la acción de amparo constitucional interpuesta, previas las siguientes consideraciones:

En nuestra legislación, la acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida como mecanismo procesal de impugnación contra decisiones judiciales, con características muy particulares que la diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. En tal sentido se ha pretendido evitar que sean ejercidas acciones de amparo para intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión. De allí, la necesaria estabilidad que debe otorgarse al contenido de las decisiones judiciales, como consecuencia del reconocido principio de Cosa Juzgada, razón por la cual, el amparo constitucional, mecanismo judicial que permite la restitución de los derechos constitucionales infringidos de manera breve, sumaria y eficaz, no puede convertirse en una tercera instancia.

Esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que la sentencia dictada en última instancia no puede ser vista de nuevo, salvo que ésta se halle afectada por un agravio constitucional distinto al que constituyó el objeto del juicio en las instancias. Por ello, el amparo contra sentencias está sometido a estrictos requisitos, tendentes a evitar que, con el pretexto de la supuesta violación de derechos constitucionales, se intente reabrir asuntos ya resueltos judicialmente, no obstante, advierte esta Sala que no es suficiente que el denunciante invoque la violación de un derecho constitucional como infringido, sino que se pueda evidenciar que la violación alegada sea producto de un hecho que no haya sido juzgado en las causas que preceden la acción de amparo interpuesta.

En el presente caso, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, al dictar la sentencia objeto de la presente acción de amparo, conoció y se pronunció expresamente, sobre los mismos alegatos que el accionante en esta oportunidad formula como fundamento de violaciones constitucionales, lo cual se evidencia al contrastar dichos alegatos, resumidos en el Capítulo II del presente fallo, con el contenido de la sentencia accionada que se refiere en el Capítulo III del mismo, por lo que estima la Sala que la solicitante, a través de la presente acción, pretende reabrir un asunto decidido judicialmente, para que por la vía del amparo, se produzca un nuevo pronunciamiento, y obtener así el beneficio de una tercera Instancia.

Al respecto, insiste esta Sala en aclarar, que la acción de amparo contra sentencias no es un medio para plantear nuevamente ante un órgano jurisdiccional un asunto ya decidido por otro, mediante sentencia firme, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia sino como juzgador de la constitucionalidad de la decisión accionada, y así ha quedado expresado en reiteradas oportunidades, pues mediante sentencia de esta Sala del 2 de abril de 2001 (caso Elio Selin Esparza Orellana) que confirmó el criterio de la sentencia del 15 de febrero de 2000 (caso Enrique Méndez Labrador), se estableció lo siguiente:

 

“...Si bien es cierto que el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 26 de la Constitución, comprende también el derecho una tutela judicial efectiva y a un debido proceso, en que se obtenga una resolución de fondo debidamente razonada, este derecho no comprende una garantía de que las sentencias sean acertadas. Esto es, que no puedan ser jurídicamente erróneas por una infracción de la ley o por errores cometidos en la apreciación o establecimiento de los hechos o de las pruebas.

 

OMISSIS

 

Quedó indicado que el evento del cual se deduce la necesidad de protección de derechos constitucionales, es la disconformidad del querellado con la apreciación de los hechos realizada por el juez de control, en la audiencia para la calificación de la flagrancia. Es de este presunto error, que el supuesto agraviado infiere las violaciones constitucionales y su derecho a ser amparado contra la resolución judicial.

 

Como se expresó con anterioridad, la tutela del derecho del acceso a la justicia y al debido proceso no comprende la posibilidad de discutir los errores cometidos en los juzgamientos. La revisión de los errores cometidos por los jueces en su actividad decisoria, debe ser revisada, como se explicó precedentemente, con los medios o recursos dispuestos en el ordenamiento. No es la acción de amparo, en consecuencia, la vía idónea para proponer su examen”. (Resaltado de la Sala)

 

 

Así pues, siguiendo el criterio establecido por esta Sala, y al quedar constatado de los autos que la Corte de Apelaciones se pronunció sobre las mismas denuncias alegadas a través de la presente acción, estima esta Sala que no se evidencia violación directa e inmediata o amenaza de violación de derecho constitucional alguno, que se derive de la sentencia cuestionada y determine la procedencia de la presente acción de amparo, razón por la cual resulta forzoso para esta Sala declarar su improcedencia in  limine  litis. Así se Decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional, interpuesta por el ciudadano SERGIO JOSÉ MELÉNDEZ SERRANO, asistido por los abogados Simón José Meléndez Serrano, Juan Pablo Serrano, Jesús María López y Samuel Evangelisto López, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, el 14 de septiembre de 2000.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de octubre de dos mil uno (2001). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

El Vicepresidente,

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Magistrados,

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                           JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                  Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

AGG/jcea

Exp. Nº: 01-0290