SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

            El 21 de octubre de 2002, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección al Niño y al Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico,  remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la decisión del 15 de octubre de 2002, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Santiago José Vilera, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 47.537, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁNGEL ROSALINO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico, titular de la cédula de identidad N° 8.765.892, contra las actuaciones judiciales y la decisión dictada el 15 de marzo de 2002, por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial.

 

            Tal remisión obedece a la consulta obligatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 26 de noviembre de 2002, se dio cuenta en Sala, designándose ponente a quien con tal carácter suscribe este fallo.

 

Por escrito presentado el 18 de diciembre de 2002, el abogado Santiago José Vilera, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Ángel Rosalino González, presentó escrito por ante esta Sala, en el cual solicita sea confirmada la decisión dictada por el a quo, en la presente acción de amparo constitucional.

           

            Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

1.-  El 7 de marzo de 2001, el ciudadano Ángel Rosalino González, asistido por el abogado Santiago José Vilera, antes identificados, presentó escrito por ante el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, mediante el cual demanda por prestaciones sociales al ciudadano Javier Manuel Rodríguez Barros, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Guárico y titular de la cédula de identidad Nº 8.417.937.

 

2.-  El 18 de abril de 2001, el ciudadano Javier Manuel Rodríguez Barros, asistido por el abogado Arturo Celestino Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 18.803, parte demandada en el juicio principal, consigna escrito de contestación de la demanda.

 

3.-  El 25 de abril de 2001, el abogado Santiago José Vilera en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Ángel Rosalino González, consigna escrito de promoción de pruebas en el cual reproduce el mérito favorable de autos y promueve los medios probatorios de posiciones juradas y la prueba testimonial; y por auto del 26 de abril de 2001, el tribunal de la causa admite las pruebas promovidas por la parte actora, y en lo que respecta a la prueba de posiciones juradas se acordó fijar el segundo día de despacho siguiente a que constara en autos la citación del demandado, para que éste absolviera las mismas, a las diez de la mañana, y para el demandante se fijó una hora después de culminado el acto de la parte demandada.

 

4.-  El 2 de mayo de 2001, compareció por ante el tribunal de la causa, el ciudadano Javier Rodríguez Barros, parte demandada, asistido por el abogado Arturo Celestino Hernández, y se da expresamente por citado a los fines de absolver las posiciones juradas promovidas por la parte actora; y el 3 de mayo de 2001, el Alguacil del referido juzgado, consigna en el expediente boleta de citación firmada por el demandado, el 2 de mayo de 2001, a los fines de su comparecencia para la evacuación de la prueba de posiciones juradas.

 

5.-  El 4 de mayo de 2001, el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, siendo las 10:00 a.m., declaró desierto el acto de posiciones juradas, por no encontrarse presentes ninguna de las partes.  En el mismo día, comparece el apoderado judicial de la parte actora, y solicita se deje sin efecto y se declare nula el acta mediante la cual se declara desierto el acto de posiciones juradas; y el 8 de mayo de 2001, comparece ante el Tribunal de la causa, la parte actora a los fines de absolver posiciones juradas, y solicita que se abra el acto, y formuló las posiciones juradas a los fines que el juez las considere válidas.

 

6.-  El 3 de octubre de 2001, el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico dictó sentencia donde declara sin lugar la demanda incoada por cobro de prestaciones sociales.

 

 7.-  En virtud de la apelación interpuesta por la parte actora en el juicio principal, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, conoció en alzada del juicio principal, y el 15 de marzo de 2002, dictó sentencia en donde declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia confirma el fallo apelado y declara sin lugar la demanda.

 

8.-  El 13 de septiembre de 2002 el abogado Santiago José Vilera, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Ángel Rosalino González, interpuso acción de amparo constitucional, en contra de la decisión dictada el 15 de marzo de 2002 por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.

 

9.-  Por sentencia dictada el 15 de octubre de 2002, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Protección al Niño y al Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico declaró con lugar la acción autónoma de amparo constitucional.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

            Fundamenta su amparo el apoderado judicial del accionante, en los siguientes aspectos:

 

            1.-  Que, en el juicio seguido por su representado, por cobro de prestaciones sociales por ante el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en la oportunidad de promover pruebas, solamente su patrocinado, parte actora en el mismo, procedió a promover pruebas, entre ellas las circunstancias indiciarias derivadas del comportamiento de la parte demandada al momento de ser citada personalmente por el Alguacil, las posiciones juradas y las testimoniales.

 

            2.-  Que, el Alguacil del tribunal que conoció en primera instancia del asunto, el 2 de mayo de 2001, en acatamiento de la orden del juez, citó personalmente al demandado a los fines de que absolviera las posiciones juradas, al segundo día de despacho siguiente a que constara en autos dicha citación, y que el mismo día el ciudadano Javier Rodríguez Barros, se dio por citado a través de una diligencia estampada en el expediente, burlando la citación personal practicada por el Alguacil, que fue consignada por éste en el expediente el 3 de mayo de 2001, y el 4 de mayo del mismo año, el juez declaró desierto el acto de las posiciones juradas. Señala además, que compareció con su representado el 7 de mayo de 2001 por ante el Tribunal de la causa, y solicitaron que se abriera el acto de posiciones juradas y el juez se negó en forma verbal, por lo que procedieron a dejar constancia de ello en el expediente y a solicitar que se llevara a cabo el acto de posiciones juradas.

 

            3.-  Que, a pesar de haber denunciado en forma reiterada la actuación desleal cometida por su contraparte, conjuntamente con el Juzgado de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el 3 de octubre de 2001 fue dictada sentencia, que según alega es inconstitucional, obtenida en un proceso en el que hubo negativa y resistencia a que se verificara la evacuación de las posiciones juradas, violándose el debido proceso y el derecho a la defensa, así como el derecho de petición al negarse a proveer sus argumentaciones de nulidad del acto del 4 de mayo de 2001 y silenciar la valoración de las posiciones juradas estampadas a todo evento el 7 de mayo de 2001, rompiéndose el equilibrio procesal en perjuicio de su representado al incentivar la desigualdad y consentir la actuación fraudulenta hecha por la contraparte.

 

            4.-  Que, contra la referida sentencia ejerció recurso de apelación, el cual no fue suficiente para satisfacer las pretensiones deducidas y para restablecer la situación jurídica infringida, ya que el medio ordinario no reparó las lesiones de derechos fundamentales denunciados y contenidos en los numerales 1 y 3 del artículo 49, numeral 1 del artículo 89, numerales 1 y 2 del artículo 21, artículos 26 y 51 de la Constitución, ya que el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que conoció en apelación el presente caso, desestimó las posiciones juradas como medio probatorio, frente al numeral 5 del artículo 49 de la Constitución, aplicando un mecanismo de interpretación constitucional fundamentado en un grotesco error de interpretación del texto fundamental, al incurrir en la falta de aplicación de ese medio probatorio vigente, previsto en el Código de Procedimiento Civil, y niega a su representado el derecho de promoción y de acceso a la prueba, atentando y transgrediendo el debido proceso.

           

            5.-  Finalmente, solicita se declare con lugar la acción de amparo constitucional, restableciéndose la situación jurídica infringida al estado de dejar sin efecto la sentencia recurrida, y ordenando que se dicte nueva sentencia estudiando y apreciando las posiciones juradas estampadas y el conjunto de probanzas incorporadas en esa causa.

 

III

DEL FALLO CONSULTADO

 

            El Tribunal a quo declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por el abogado Santiago José Vilera, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁNGEL ROSALINO GONZÁLEZ,  por considerar:

 

            1.-  Que, el juez de la querellada, al desaplicar en el presente caso, el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil y declarar contraria a la Constitución, el medio de prueba de la confesión judicial provocada, creó un estado de indefensión al actor querellante, violándole el derecho constitucional de aportar las pruebas necesarias para la probanza de su carga alegatoria, y se limitó a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la prueba procediendo a declarar su colisión con el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, sin pronunciarse sobre la temporalidad o no de la evacuación de las posiciones juradas, que fue el asunto sometido a su consideración.

 

            2.-  Que, resulta a todas luces arbitrario, por parte del juzgador querellado, invocar la norma constitucional contenida en el numeral 5 del artículo 49, para evadir su deber de analizar una prueba producida, ya que su obligación es estudiarla, pudiendo ciertamente no apreciarla, dando para ello fundamentos legales, por lo que incurrió en un vicio que vulnera el derecho a la defensa e irrespeta la garantía al debido proceso, establecido en el artículo 49, numerales 1 y 3 de la Constitución.   

 

            3.-  Finalmente, el a quo al declarar con lugar la acción de amparo constitucional, deja sin efecto la decisión recurrida y ordena que se dicte nueva sentencia, apreciando o desechando la temporalidad de la evacuación de las posiciones juradas.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

               Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente causa y en tal sentido, reiterando los criterios asentados en sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y, 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), al determinar la distribución de competencia en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución, esta Sala es competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

 

                Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y a tal efecto estima que:

                       

            Se evidencia de autos que la parte actora en el juicio principal en su escrito de promoción de pruebas promovió la prueba testimonial y las posiciones juradas, y que con relación a esta última el Tribunal de la causa ordenó la citación del demandado a los fines de su comparecencia al segundo día de despacho siguiente a que constara en autos su citación, para absolverla, a las 10:00 de la mañana.

 

Por otra parte, se evidencia de las actas del expediente, que la parte demandada fue citada para el acto de posiciones juradas por el alguacil del tribunal, y en la misma fecha compareció en forma personal a darse por citado, mediante diligencia estampada en el expediente y asistido por abogado, y que al día de despacho siguiente a esta actuación, el alguacil consignó la boleta de citación para dicho acto. Asimismo, se constató, que al segundo día de despacho siguiente a la diligencia donde el demandado se da por citado para el acto de posiciones juradas, el tribunal declaró el acto desierto por la incomparecencia de las partes, y es en el día de despacho siguiente a esta declaración, cuando comparece la parte actora en el juicio principal, y diligencia solicitando que se estampen las posiciones juradas, por considerar que se encontraba en la oportunidad para que se llevaran a cabo las mismas.

 

Por su parte, el juzgado que conoció en primera instancia del juicio principal, en su decisión declaró que la oportunidad de la celebración de las posiciones juradas fue el día en que se declaró desierto el acto, y en consecuencia no valoró el escrito presentado por la parte actora donde pretendió estampar las posiciones juradas a su contraparte. 

 

Ejercido el recurso de apelación, el Juzgado Primera de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico conoció en alzada el caso bajo estudio, y al analizar las posiciones juradas promovidas, consideró que:  “...Respecto de este medio probatorio, cabe destacar que el mismo es contrario a lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el entendido de que esta modalidad del acervo de pruebas, toda persona que en calidad de absolvente comparece, lo hace bajo coacción, puesto que de no comparecer podría correr el riesgo de quedar confesa, no acudiendo en todos los casos  por espontánea voluntad, sino para evitar el efecto antes citado...”. 

 

            En el caso sub iúdice, estamos en presencia de un juicio por cobro de prestaciones sociales, en el cual se promovió entre otras la prueba de posiciones juradas que es de las pruebas legales previstas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, cuyas reglas para la promoción y evacuación se encuentran previstas en este último texto legal en el artículo 403 y siguientes.  Por su parte, el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece lo siguiente:

 

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: (...)

5.             Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.”

 

La  confesión, según se ha señalado en la doctrina, es un medio probatorio que consiste en el reconocimiento de un hecho que hace el interesado de un acto propio, en atención a un asunto jurídico que en alguna manera resulta desfavorable al confesante.  En este sentido, las posiciones juradas son un mecanismo para obtener la confesión en el proceso civil, con el compromiso manifestado a través del juramento, del interrogado de decir la verdad, es una prueba válida, ya que a pesar de la carga de absolver posiciones juradas para quien sea parte en el juicio, cuya inasistencia al acto, luego de citada, puede traerle consecuencias negativas, dicho medio de prueba se encuentra exento de coacción física o de violencia, que es lo que en definitiva constituye la prohibición contenida en el citado artículo 49.5 de la Constitución.

 

Además, obligar a confesarse culpable, o a declarar contra si mismo, implica el uso de la violencia física o psíquica, lo que difiere del deber de lealtad procesal y de la colaboración con la justicia que corresponde a las partes, quienes además tienen el deber de declarar conforme a la verdad (ordinal 1º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil); por lo que mal puede considerarse una acción violenta, el que las partes cumplan con su deber procesal de exponer los hechos de acuerdo a la verdad, si al exigírseles declaraciones de conocimiento, se le pide lo hagan bajo juramento, como ratificación del deber que le impone la ley, mediante un acto recubierto de la solemnidad del juramento.

 

            Observa la Sala que en el caso bajo examen, tal como lo señaló el a quo, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con la decisión dictada como tribunal de alzada, incurrió en extralimitación de funciones al desaplicar las normas sobre posiciones juradas como medio probatorio previsto tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil, fundándose en la interpretación motu proprio, que de dichas normas realizó.

 

                        El control difuso constitucional que puede efectuar cualquier juez de la República dentro del proceso, se limita a desaplicar la norma legal que colide objetivamente con una disposición constitucional, no estando dado a los jueces, interpretar las normas legales y constitucionales por deducir una contradicción entre ellas. 

 

            La colisión que permite el control difuso es objetiva, indiscutible, y este no es el caso de autos, donde el juez de instancia argumenta -con razones subjetivas- que las disposiciones relativas a las posiciones juradas contenidas en el Código de Procedimiento Civil coliden con el artículo 49 numeral 5 constitucional, sin especificar literalmente las razones de la colisión.

 

            En este sentido, ha sostenido esta Sala (sentencia del 25 de mayo de 2001. caso:  Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao) que el control difuso es el que se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (legal o sublegal), que es incompatible con la Constitución, la desaplica para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa; por lo que el juez en estos caso no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular, sino que se limita a desaplicarla, ya que la declaratoria general de inconstitucionalidad de una o un conjunto de normas jurídicas (leyes) corresponde con exclusividad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien ante la colisión declara con carácter erga omnes, la nulidad de la ley.

 

En relación al recurso de colisión de leyes, cuya competencia para conocerlo a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, está asignada a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 336 de la Carta Magna, el cual prevé que es atribución de la Sala Constitucional: "Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer”, se parte de un supuesto diferente que el control difuso, como fue expresado con anterioridad; y esta Sala conforme el criterio contenido en la decisión del 31 de octubre de 1995, de la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno, en el caso: Alí José Venturini V., y en sus sentencias números 265/2000, del 25 de abril, caso: Julio Dávila Cárdenas, 451/2000, del 23 de mayo, caso: Antonio José Lozada Batista, 1.521/2000, del 6 de diciembre, caso: Alí José Venturini V. y 889/2001, del 31 de mayo, caso: Carlos Brender, fija los supuestos de procedencia del recurso de colisión de normas legales. 

 

Atendiendo a las razones expresadas, debe esta Sala confirmar en los términos expuestos la sentencia sometida a consulta que declaró con lugar la acción de amparo constitucional, dejó sin efecto la decisión recurrida y ordenó dictar nueva sentencia, donde el juez que conozca en alzada analice las posiciones juradas promovidas en el juicio, a los fines de la apreciación o no de las mismas.   Así se decide.

V

Decisión

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, Confirma en los términos expuestos la decisión dictada el 15 de octubre de 2002, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico que declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Santiago José Vilera, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁNGEL ROSALINO GONZÁLEZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el 15 de marzo de 2002.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de octubre de 2003. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 Iván Rincón Urdaneta                            El Vicepresidente-Ponente,

 

                                                              Jesús Eduardo Cabrera Romero         

Los Magistrados,

 

José Manuel Delgado Ocando

 

                                                           Antonio José García García

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. 02-2959

JECR/