SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N° 05-1139

 

El 26 de mayo de 2005, fue recibido ante esta Sala escrito presentado por el abogado Rodolfo Becerra Farías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 3.124, en su carácter de apoderado judicial de la empresa CONSORCIO INMOBILIARIO INTERCALL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 16 de noviembre de 1981, bajo el N° 77, Tomo 90 A Sgdo. de los libros de respectivos, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la sentencia del 10 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la quejosa contra el auto del 2 de febrero de 2005, dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró extemporánea por anticipada la apelación ejercida por la demandada contra la sentencia definitiva, por la presunta violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la asistencia jurídica, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

El 27 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

El 20 de junio de 2005, el apoderado judicial de la quejosa solicitó la admisión de la presente acción de amparo constitucional. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

El 27 de junio de 2005, el representante judicial de la accionante ratificó su solicitud de amparo constitucional. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

El 27 de junio de 2005, el apoderado judicial de la quejosa solicitó copias certificadas del expediente, -lo cual fue acordado-. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

El 11 de julio de 2005, el apoderado judicial de la parte actora señaló una nueva dirección de su representada a los fines de las notificaciones correspondientes. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo a los autos.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

La representación judicial de la presunta agraviada planteó la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:

 

Que “(…) el Juzgado Undécimo de Primera en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, dictó el día 22 de diciembre del año 2004, sentencia definitiva en la causa (…) de la cual apelamos el día 20 de enero del año 2005. Nuestra diligencia de apelación fue motivada y expresó claramente la no aceptación del fallo (…)”.

 

Que “(…) sorpresivamente y aun cuando estábamos las dos (2) partes a Derecho, por auto de fecha 02 de febrero del año 2005, el Tribunal se negó a oír la apelación interpuesta considerando que había sido propuesta de manera extemporánea por adelantada; del auto recurrí de hecho lo cual fue oído y subió su conocimiento por ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas (…)”.

 

Que “(…) este Juzgado Superior, emitió su decisión en fecha 10 de marzo de 2005, sin tomar en cuenta, considerar y analizar ninguno de nuestros alegatos (…) pues prácticamente reprodujo lo razonado y decidido por el Juzgado a quo (…)”.

 

Que “(…) la sentencia fue dictada en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil cuatro (2004) y fue conocida por la parte actora el día diecisiete (17) de enero del año dos mil cinco (2005) (…). Y conocida por la parte demandada, que representamos, el día veinte (20) de enero del año dos mil cinco (2005), fecha en que ambas partes, actora y demandada, apelamos de la decisión estando a derecho y en igualdad procesal; ello quiere decir que para las partes en litigio se debió cumplir con el debido proceso y se garantizar (sic) el derecho a la defensa (…) debiéndose oír dichos recursos (…)”.

 

Que “(…) la violación o amenaza (…) no ha cesado y se mantiene con la ratificación de la negativa a oír nuestra apelación, lo cual produce a nuestra representada un daño que puede ser irreparable, si por virtud de tal negativa, la sentencia dictada por el Juzgado a quo quedare definitivamente firme con autoridad de cosa juzgada, se ordene y materialice su ejecución (…)”.

 

Que “(…) no existe consentimiento ni tácito o expreso de nuestra representada de aceptar ni la sentencia y menos aún el contenido del auto que se recurrió por vía de hecho por negar nuestra apelación (…)”.

 

Que “(…) el silencio del Tribunal a quo, viola el contenido de la norma del Código de Procedimiento Civil que permite al Juez, pero no lo exime, de pronunciarse sobre dicha oposición de inmediato y de manera incidental o por el contrario como punto previo de la definitiva. Nada dijo el Tribunal; como tampoco dice nada con relación a la petición de ampliación de la parte actora, en cuanto al monto demandado, lo cual indica su discrepancia con el fallo (…)”.

 

Que la jurisprudencia ha sostenido respecto de la apelación que “(…) cuando el referido recurso, como ocurrió en el caso de autos, es interpuesto inmediatamente después de dictada la sentencia que se quiere atacar a través de tal vía recursiva, la actuación es tempestiva, aún en el supuesto de haber sido dictada la misma interpuesta apelación contra ella sin que haya fenecido el lapso para sentenciar, pues tal conducta sólo revela el desacuerdo de la parte vencida y en modo alguno lesiona los derechos procesales de las otras partes en contienda. Por tanto, se desestima la denuncia de violación de la cosa juzgada formal formulada por la parte accionante (…)”.

 

Que “(…) es perfectamente oportuna la apelación interpuesta illico modo. La apelación anticipada antes de producido el fallo es nula ‘porque no puede haber apelación de una sentencia no producida aún, por el contrario, la apelación inmediata (o sea la que se ejerce inmediatamente después del fallo, en el mismo día de su publicación) reposa sobre el principio opuesto, pues recae sobre una sentencia ya dictada (…)”.

 

Que “(…) la Sala Constitucional ha venido sosteniendo el criterio de que se admita la llamada apelación extemporánea por haberse interpuesto o ejercido en la misma oportunidad en que se dicta la sentencia, el cual es, hoy en día, el criterio imperante en esa máxima instancia judicial, siempre y cuando no vulnere la igualdad entre las partes, se respete el derecho de la defensa y se cumpla la garantía constitucional del debido proceso (…)”.

 

En tal sentido, solicitó medida cautelar innominada consistente en la suspensión de los efectos de la decisión del 10 de marzo de 2004, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la quejosa contra el auto del 2 de febrero de 2005 dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró extemporánea por anticipada la apelación ejercida por la demandada contra la sentencia definitiva.

 

            Finalmente, solicitó la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo constitucional.

 

II

DEL FALLO IMPUGNADO

 

El 10 de marzo de 2005, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, señaló lo siguiente:

 

Que “(…) el 20 de enero de 2005 el apoderado de la parte demandada, hoy recurrente ante esta Alzada, compareció ante el tribunal y mediante diligencia apeló del fallo pronunciado en fecha 22 de diciembre de 2004. Posteriormente diligenció el apoderado de la parte actora ejerciendo recurso de apelación y solicitando al Tribunal una ampliación de conformidad con lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Que mediante auto de fecha 02 de febrero de 2005 el a-quo dictó auto negando oír la apelación ejercida, pues: ‘(…) el apoderado de la parte demandada, en fecha 20 de enero de 2005 (…) apela de la decisión dictada por este Juzgado en fecha 22 de diciembre de 2004, este Tribunal observa (…) que la última notificación de las partes fue el día 20 de enero de 2005 y siendo que en este día la representación judicial de la parte demandada, se dio por notificada de la sentencia y apeló en ese mismo acto, este Tribunal (…) evidencia que los días para ejercer la apelación contra la sentencia dictada por este juzgado (…) comenzó a computarse a partir del 20 de enero de 2005 (…) es por lo que este Tribunal niega la apelación interpuesta (…)’.

Que (…) el recurso de hecho tiene como finalidad revisar si el a quo debió oír la apelación libremente o en el solo efecto devolutivo cuando así lo ordene la ley.

Del acervo probatorio consignado, puede este Juzgador establecer que efectivamente la diligencia suscrita por el abogado RODOLFO BECERRA FARÍAS de fecha 20 de enero de 2005, apelando del fallo de fecha 22 de diciembre de 2004, apertura el lapso para ejercer el recurso de apelación, tal como lo expresa el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil (…).

Así las cosas, notificadas las partes, ello no tiene otro sentido que éstas se enteren de la notificación que se ha hecho a la contraria para poder dar inicio al lapso de apelación, de conformidad con los artículos 251 y 298 eiusdem.

Observa quien decide que la norma constitucional referida al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia no puede desaplicar que el legislador de la materia adjetiva prevé para los lapsos procesales, especialmente aquellos que tienen que ver con la actividad recursoria, pues en ella está en juego el principio de igualdad de las partes y el derecho a la defensa que son de rango constitucional; por lo que la garantía del debido proceso obliga al juez a respetar los lapsos establecidos para el ejercicio de los derechos de las partes, los cuales no constituyen formalidades no esenciales. En consecuencia resulta forzoso para quien decide declarar improcedente el recurso de hecho planteado contra el auto que negó oír la apelación planteada por el recurrente (…)”. (Mayúsculas del original).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Visto que, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia dictada el 20 de enero de 2000, caso: “Emery Mata Millán”, la Sala es competente para conocer de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra las decisiones de última instancia dictadas por los Tribunales Superiores con competencia distinta a la Contencioso Administrativa, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, así como las Cortes de Apelaciones en lo Penal, y dado que en el caso de autos, la solicitud de amparo fue ejercida contra una decisión del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; esta Sala congruente con su propia doctrina se declara competente para conocer de la acción propuesta en única instancia, y así se decide.

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

 

En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:

 

Analizado el escrito de solicitud de amparo y declarada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, la Sala observa que el mismo cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

            Al respecto, se observa que el acto lesivo de la presente acción de amparo constitucional se encuentra constituido por la decisión del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la quejosa contra el auto del 2 de febrero de 2005 dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró extemporánea por anticipada la apelación ejercida por la demandada contra la sentencia definitiva.

 

En tal sentido, estima la Sala preciso acotar que, el objeto del recurso de apelación como medio de impugnación, es que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó, todo a los fines de verificar si la decisión del inferior estuvo o no ajustada a derecho.

 

           

 

     

 

            En efecto, una vez dictada una decisión por parte de cualesquiera de los Tribunales de la República, nace para las partes a las cuales se les causa un agravio, el derecho inmediato a manifestar su disconformidad con respecto al mismo a través del recurso de apelación, siempre que hubiere sido ejercida de manera oportuna, es decir, dentro del lapso establecido por el legislador.

 

Al respecto, esta Sala Constitucional mediante sentencia N° 847 del 29 de mayo de 2001, señaló lo siguiente:

 

Que “(…) respecto a la apelación anticipada que fue el pronunciamiento del Juzgado accionado en amparo constitucional, existen dos criterios que a continuación se exponen:

1) Que al interponerse el recurso de apelación el mismo día de la publicación de la sentencia, resulta extemporáneo por anticipado, dada la naturaleza eminentemente preclusiva del lapso para ejercer dicho recurso, que impone que se debe computar al día siguiente del acto que da lugar al cómputo del lapso.

En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia y la doctrina han sentado que es imposible considerar tempestiva la apelación formulada el día en que se produce la publicación del fallo, puesto que se estaría computando el día en que se verificó la apertura del lapso y, con ello se dejaría de acatar el precepto de que los lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos en la ley.

Que el término para intentar la apelación es de cinco (5) días, que es distinto a seis (6), por lo que conceder un día más para el ejercicio del derecho de apelar, significaría romper el principio de equilibrio e igualdad procesal frente a las partes, puesto que los lapsos procesales son preclusivos, tienen un momento de apertura y cierre y por ello las partes deben tener cuidado al momento de ejercer sus recursos, para que no resulten extemporáneos, por anticipado, lo que da lugar a su inadmisibilidad.   

2) El segundo criterio, por el contrario, sostiene que, si bien el término comienza a computarse al día siguiente de la publicación de la sentencia, se admite que pueda proponerse la apelación el mismo día, inmediatamente después del fallo -apelación inmediata-, sin que pueda considerarse en este caso que hay apelación anticipada, pues ésta es la que se interpone antes de haberse pronunciado la decisión para el caso de que el juez no resuelva favorablemente, la cual no tendría valor alguno (…)”.

           

En tal sentido, visto que en el presente caso el Juzgado presuntamente agraviante declaró sin lugar el recurso de hecho ejercido contra el auto del 2 de febrero de 2005 dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que a su vez negó la apelación ejercida por la demandada, por cuanto “(…) la apelación fue ejercida de manera extemporánea por anticipada (…)”, resulta admisible prima facie el amparo de autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

 

V
DE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA

 

En cuanto a la solicitud de la parte accionante consistente en que se acuerde la suspensión de los efectos de la sentencia dictada el 10 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se observa que la jurisprudencia de este Supremo Tribunal (caso: “Corporación L’ Hotels, C.A.”) ha dejado sentado la amplitud de criterios que según la Sala, tiene el juez del amparo para decretar medidas cautelares, permitiéndole valorar los recaudos que se acompañen con la mayor flexibilidad, de acuerdo a las circunstancias urgentes de cada caso.

 

En el presente caso, haciendo uso de esa facultad, estima esta Sala procedente acordar la medida cautelar innominada solicitada, visto que la decisión accionada declaró sin lugar el recurso de hecho ejercido contra el auto dictado el 2 de febrero de 2005 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que a su vez negó oír la apelación ejercida por la representación judicial de la quejosa contra el fallo dictado el 22 de diciembre de 2004, que declaró con lugar la demanda incoada por la ciudadana Mercedes Mariño Flores contra la quejosa y, consecuencialmente, declara definitivamente firme el fallo, pudiendo causar perjuicios a la parte accionante de difícil reparación, por cuanto existe el riesgo manifiesto que sea ejecutado el referido fallo. En consecuencia, se suspenden los efectos de la sentencia del 10 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en tal sentido, se ordena a cualquier Tribunal de la misma Circunscripción Judicial abstenerse a ejecutar la decisión del 22 de diciembre de 2004 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en el juicio que por cobro de bolívares sigue la ciudadana Mercedes Mariño Flores contra la hoy quejosa, hasta tanto se decida el fondo de la presente acción de amparo constitucional. Así se decide. 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer el amparo interpuesto y ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Rodolfo Becerra Farías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 3.124, en su carácter de apoderado judicial de la empresa CONSORCIO INMOBILIARIO INTERCALL, C.A., ya identificada, contra la decisión del 10 de marzo de 2005 dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la quejosa contra el auto del 2 de febrero de 2005 dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró extemporánea por anticipada la apelación ejercida por la demandada contra la sentencia definitiva.

 

ORDENA:

 

 1.        Notificar de esta decisión al Juez Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, notificación que deberá acompañarse con copia de este fallo y del escrito continente de la demanda de amparo, con la información de que podrá hacerse presente en la audiencia pública, cuyo día y hora serán fijados por la Secretaría de la Sala, para que exponga lo que estime pertinente acerca de la demanda de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Se le advertirá al notificado que su ausencia no será entendida como aceptación de los hechos que se le imputaron.

 

2.         Notifíquese de la presente acción al ciudadano Fiscal General de la República.

 

3.         Notifíquese a la ciudadana Mercedes Mariño Flores, titular de la cédula de identidad N° 6.287.094 o a cualquiera de sus apoderados judiciales, en su carácter de tercera interesada.

 

            Asimismo, se declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada; en consecuencia, se acuerda la suspensión de los efectos de la sentencia del 10 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de hecho ejercido contra el auto del 2 de febrero de 2005 dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, se ordena a cualquier Tribunal de la misma Circunscripción Judicial abstenerse de ejecutar la decisión del 22 de diciembre de 2004 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cobro de bolívares sigue la ciudadana Mercedes Mariño Flores contra la hoy quejosa, hasta tanto se decida el fondo de la presente acción de amparo constitucional.

 

 

Publíquese, regístrese y notifíquese.

 

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil cinco (2005). Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                        Ponente

 

El Vicepresidente,

 

                                                          

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

                                                                      

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

         MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. Nº 05-1139

LEML/ c