SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

 

            Mediante escrito presentado en esta Sala el 23 de febrero de 2001, la ciudadana YOLANDA SÁNCHEZ GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº 3.231.062, asistida por la abogada Gregoria Jacqueline Sánchez Bracho, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.271, interpuso recurso de interpretación sobre el sentido y alcance de la disposición contenida en la parte in fine del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa misma ocasión se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 15 de marzo de 2001, la parte solicitante consignó los documentos correspondientes al recurso de interpretación constitucional interpuesto.

            Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

 

 

 

 

 

 

I

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN

 

 

            La recurrente, alegando poseer un derecho subjetivo e interés jurídico, solicitó la interpretación del sentido y alcance de la parte in fine del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 266, numeral 6, y 335 eiusdem. La norma cuya interpretación se solicita establece:

 

“Artículo 77. Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”. (Subrayado de este fallo).

 

Al efecto, la recurrente señaló que en reiteradas oportunidades la entonces Corte Suprema de Justicia estableció que la concubina “con esfuerzo doméstico constituye un aporte a la formación e incremento del Patrimonio de la Comunidad Concubinaria”.

En tal sentido, refirió que en virtud de la unión concubinaria que mantuvo, por más de veinte (20) años, con el hoy fallecido ciudadano José Antonio Ortiz Quijada, constituyó una comunidad de bienes conformada por un apartamento, tres (3) vehículos automotores, cuentas bancarias, caja de ahorro, tarjetas de crédito, etc.

Asimismo, expresó que tanto los funcionarios de la Fiscalía General de la República como del Servicio Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), no le han reconocido los derechos que adujo tener sobre el patrimonio del ciudadano José Antonio Ortiz Quijada.

Por todo lo antes expuesto, solicitó que esta Sala interpretara el sentido y alcance de la parte in fine del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de determinar lo siguiente:

a)      Si heredan los concubinos y concubinas.

b)      Si para hacer valer tales derechos, es necesaria que exista una reglamentación o se pueden exigir de inmediato.

c)      Cuál es el procedimiento a seguir.

d)      Cuál es el alcance de las sentencias que se dictan en estos casos.

e)      Qué requisitos deben cumplirse.

f)        Qué otros derechos comprende la referida norma constitucional.  

 

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

 

            Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de interpretación interpuesto, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer del mismo. A tal efecto se observa:

En virtud de las atribuciones de protección de la Constitución que ésta le confiere a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la misma en sentencia Nº 1077 del 22 de septiembre de 2000 (caso Servio Tulio León), afirmó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem, y al respecto, estableció lo siguiente:

 

“El recurso de interpretación de las normas y principios constitucionales, no se encuentra regulado en forma especial ni en la vigente Constitución ni en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá ser definido su procedimiento. Sin embargo, considera la Sala que dentro de la facultad interpretativa con carácter vinculante, que le otorga el artículo 335 de la vigente Constitución, y por las razones antes expuestas, puede asumir la interpretación, no solo en los procesos contenciosos que decida, sino también mediante este especial ‘Recurso de Interpretación’. El criterio no es sólo jurídicamente válido, sino además necesario. Debe tomarse en cuenta que la Constitución de 1961 fue aprobada por el Congreso de la República (Poder Constituido), el cual no desapareció después de su sanción y era posible que se realizara una interpretación auténtica del texto fundamental por parte de su creador.

En el caso de la Constitución de 1999, ésta fue aprobada por el Poder Constituyente, cuyo órgano cesó en sus funciones al cumplir su cometido. Esta interpretación auténtica no es, pues, posible y sabemos que la ‘Exposición de Motivos’ no aclara la mayoría de sus novedosos preceptos. En consecuencia, se hace imprescindible que la Sala Constitucional asuma plenamente esta competencia para asegurar la ‘uniforme interpretación y aplicación’ de la Constitución, particularmente en estos inicios del nuevo régimen político en los cuales no existe una legislación conforme con el texto fundamental.”

 

 

Visto que en el escrito contentivo del presente recurso se ha solicitado la interpretación de la parte in fine del artículo 77 de la Constitución vigente, referente a que “las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”, esta Sala Constitucional, coherente con el criterio establecido en el fallo antes mencionado, el cual ha sido ratificado en decisiones posteriores (vid. sentencias 1347/2000, 1387/2000, 1415/2000, 226/2001, 346/2001 y 1309/2001), se declara competente para conocer del presente recurso de interpretación, y así se decide.

Precisado lo anterior, pasa esta Sala a determinar lo referente a la admisión del recurso de interpretación, y al respecto observa:

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, advierte esta Sala que los términos en los que ha sido planteada la solicitud de la recurrente, resultan vagos e imprecisos, dado que no exponen con exactitud en qué consiste la oscuridad, ambigüedad o contradicción en la norma contenida en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que amerite un pronunciamiento por parte de esta Sala, en cuanto a su alcance y contenido, por lo que resulta forzoso aclarar que el recurso de interpretación constitucional “...trata de resolver, cuál es el alcance de una norma constitucional o de los principios que lo informan, cuando los mismos no surgen claros del propio texto de la Carta Fundamental; o de explicar el contenido de una norma contradictoria, oscura o ambigua; o del reconocimiento, alcance y contenido, de principios constitucionales”. (Vid. sentencia 1077/2000).

En este sentido, es menester destacar el criterio sostenido por esta Sala en el fallo Nº 1415 del 22 de noviembre de 2000 (caso Freddy H. Rangel Rojas y Michel Brionne Gandon), al disponer:

 

“La petición de interpretación puede resultar inadmisible, si ella no expresa con precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones, o la contradicción entre las normas del texto constitucional, o si la duda planteada no responde a los fines del recurso o que el asunto no revista ya interés.

(omissis)

(...) el recurso de interpretación viene relacionado con el Poder de Garantía Constitucional que ostentan los órganos encargados de velar por la intangibilidad del orden constitucional establecido y, en este sentido, su contribución se reduce a dar luces, bien sea acerca del método para hacer aplicables principios o reglas constitucionales que acusen alguna contradicción, o respecto a los elementos estructurales de los preceptos constitucionales que generen dudas razonables respecto a su carácter, contenido o condición de aplicación, y cuya claridad involucre el interés público...”.  (Subrayado de este fallo).

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta Sala estima que quien ejerció el presente recurso no posee el interés requerido, debido a que en los términos en que ha sido planteada la solicitud de interpretación, no se expone ninguna duda razonable sobre el contenido y aplicación de una norma constitucional, ni se invoca un interés jurídico actual, legítimo, fundado en una situación jurídica concreta y específica en que se encontrase, que requiera de la interpretación de una norma constitucional aplicable a la situación, por el contrario, más que una sentencia mero declarativa en la cual se establezca el verdadero sentido y alcance de tal norma, la recurrente pretende se le declare un derecho a su favor consistente en el reconocimiento de la condición de heredera de los bienes que pertenecieron a su concubino fallecido, ciudadano José Antonio Ortiz Quijada, circunstancia ésta que no responde a los fines del recurso de interpretación constitucional y que, en criterio de esta Sala, determina la inadmisibilidad de la presente acción. Así se declara.

 

 

III

DECISIÓN

 

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de interpretación interpuesto por la ciudadana YOLANDA SÁNCHEZ GARCÍA, asistida por la abogada Gregoria Jacqueline Sánchez Bracho, antes identificadas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 25  días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil uno (2001). Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

      

El Presidente,

 

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

               El Vice-Presidente,

 

 

                                                           JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Magistrados,

 

 

 

 

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                         ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                                                                                                       Ponente

 

                                                                                             

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

 

Exp. 01-0373.

AGG/alm.