SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 6 de julio de 2001, la ciudadana IBETH CECILIA CHÁVEZ, titular de la cédula de identidad nº 5.047.454, asistida por la abogada Elys Mundarain Salazar, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 78.805, intentó ante esta Sala, demanda de amparo constitucional contra la sentencia dictada, el 19 de febrero de 2001, por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para cuyo basamento denunció la violación de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a las prestaciones sociales y a la estabilidad laboral, con fundamento en los artículos 49, 87, 88, 89, cardinales 1, 2, 3, 4 y 5, 22 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 6 de julio de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 10 de julio de 2001 la ciudadana demandante consignó recaudos para que fueran anexados al expediente. Asimismo, el 14 de agosto del mismo año presentó escrito en el que solicitó se admitiera la demanda propuesta.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.      Alegó:

1.1     Que trabajó en  Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), de donde fue despedida y, por ello, intentó un juicio de estabilidad laboral.

1.2     Que el tribunal de primera instancia declaró con lugar la demanda y, en consecuencia, ordenó el reenganche y el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido injustificado, pero que una vez apelada tal decisión, el tribunal superior declaró sin lugar la demanda, “…porque al retirar los salarios caídos finalizó la estabilidad laboral,  lo cual es falso ya que acept(ó) los salarios caídos (...) Pero además insisti(ó) en el reenganche no aceptando la liquidación; que por convenio del Tribunal con la Empresa demandada sin (su) consentimiento se depositó en el Tribunal de la Causa, liquidación que hasta el momento no (ha) retirado porque sig(ue) luchando e insistiendo en el reenganche y pago de los salarios caídos desde la fecha que retir(ó)  los salarios hasta que culmine este proceso de estabilidad.

1.3     Que:

 

“Si se examina el expediente 457 se constatará que hubo denegación de justicia al no ejecutár(sele) una decisión por el Tribunal Superior, además el tribunal Sexto Superior del Trabajo decide de manera improcedente sin tomar en cuenta el petitorio de la demanda principal que es el reenganche y pago de los salarios caídos, como fue acordado por el Tribunal Cuarto Superior, en ningún momento solicit(ó) pago de prestaciones sociales siempre insisti(ó) en el reenganche y pago de salarios caídos, para que el Tribunal Sexto Superior diera por terminada la relación laboral entre (su) persona y la empresa demandada CANTV”.

 

2.      Denunció:

2.1     Que:

 

“es evidente que el Juzgado Superior Sexto del Trabajo en su sentencia definitiva declarada en fecha 19-02-2001... violó las garantías constitucionales del debido proceso porque incurrió en el vicio de absolución de instancia y porque inexplicablemente lesionó en las instituciones de derechos constitucionales, es decir esta sentencia ordena una actuación que lesionó varias garantías violando en forma directa los derechos constitucionales de los artículos 87 (...) 88 (...) 89 (...) 92 y 93...”

 

3. Pidió:

 “Por todas las razones expuestas ocurr(e) ante este digno Tribunal Supremo de la Sala Constitucional para intentar acción de amparo constitucional como formalmente, lo intent(a) contra el Juzgado Superior Sexto del Trabajo (...) en virtud de que en la sentencia definitiva dictada en el juicio seguido por IBETH CECILIA CHÁVEZ en contra de la CANTV, violó la garantía constitucional del debido proceso Art. 49 y con ella, viola la norma constitucional del trabajo como derecho, y deber Art. 87 ejercicio del derecho al trabajo Art. 88, el Trabajo considerado como hecho social Art 89 ordinales 1, 2, 3, 4, 5, Derecho a prestaciones sociales Art. 22 estabilidad en el trabajo Art. 93 C.B.R.V ya transcrito.

(Pide) que se notifique de esta acción al Juez Dr. JULIO ALFONSO SOTILLO del Tribunal Sexto del Trabajo.

Respetuosamente (pide) a esta corte oficie al Tribunal Superior del Trabajo se sirva remitir o enviar a esta Corte (sic) Sala Constitucional el expediente número 457 en vista de la situación económica en que se encuen(tra) de no poder sacarle copia a todo el expediente.”

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala se declaró competente para conocer de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra las sentencias de última instancia que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la demanda fue ejercida contra una sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para conocer de la demanda en referencia. Así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Juez de la sentencia impugnada decidió en los términos siguientes:

 

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la ciudadana Ibeth Cecilia Chávez en su carácter de parte actora, asistida por el abogado Carlos Alberto Salas Luis en fecha 10-08-00, en contra de la decisión emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial en fecha 09-08-00. SEGUNDO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO que por motivo de estabilidad Laboral ha incoado la ciudadana Ibeth Cecilia Sánchez (sic) en contra de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. TERCERO: Se confirma el fallo apelado. CUARTO: Se ordena la notificación de las partes, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la presente decisión se dictó fuera del lapso de Ley correspondiente. QUINTO: Se condena en costas a la parte recurrente (parte demandante) en virtud de haber resultado totalmente vencido en el presente proceso de conformidad con lo preceptuado en el artículo 281 ejusdem.”

 

 

A juicio del juez de la sentencia impugnada,

 

“Si bien es cierto, que la empresa demandada fue condenada al reenganche de la trabajadora accionante y al pago de los salarios caídos, no es menos cierto, que se ha acogido al derecho contenido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo de insistir en el despido de la trabajadora, por lo que consignó un cheque por la cantidad total de Bs. 1.448.508,10. Por otra parte, la trabajadora demandante solicitó y aceptó el pago de los salarios caídos por la cantidad de Bs. 512.362,40, reservándose el derecho a reclamar los demás conceptos laborales que se le puedan adeudar. Es el caso de autos, que la empresa demandada se acogió al derecho estipulado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y que la trabajadora accionante aceptó y recibió el pago de los salarios caídos, dando paso a la finalización del proceso de Estabilidad Laboral, y toda vez que se ha reservado el derecho a reclamar posteriormente por la vía ordinaria los demás conceptos que por prestaciones sociales u otros conceptos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, deberá acudir a ésta vía (sic) en caso de reclamar dichos derechos, de conformidad con la norma laboral que regula la materia, debiendo en consecuencia esta Alzada confirmar el auto apelado y declarar como en efecto lo hará, en la dispositiva del presente fallo, la terminación del proceso de estabilidad laboral. ASI SE DECIDE.-”

 

IV

ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

Para decidir, la Sala observa que se intentó una demanda de amparo contra una decisión judicial, modalidad de amparo que está consagrada en el artículo 4 de la Ley Orgánica d Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, sobre la cual, la Sala ha establecido lo siguiente:

 

“Esta Sala ha señalado que la acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias.” (Sentencia nº 127 del 6-2-01, Exp nº 00-1301, caso Licorería el Buchón C.A)

 

De lo anterior, se destaca que esta modalidad de amparo procede cuando el Juez actúe fuera del ámbito de su competencia, en violación de un derecho o garantía constitucional.

En el caso de autos, se observa que la demandante intentó un juicio de estabilidad laboral cuya pretensión era el reenganche y pago de los salarios caídos. No obstante, el resultado de la demanda fue que la parte demandada –empleador en la relación laboral-, como se refiere en la sentencia impugnada, insistió en el despido y consignó el pago que conforme a la Ley Orgánica del Trabajo le correspondía a la empleada, razón por la cual el tribunal superior declaró terminado el procedimiento de estabilidad laboral.

En efecto, la Sala observa que la sentencia impugnada señaló lo siguiente:

 

“Si bien es cierto, que la empresa demandada fue condenada al reenganche de la trabajadora accionante y al pago de los salarios caídos, no es menos cierto, que se ha acogido al derecho contenido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo de insistir en el despido de la trabajadora, por lo que consignó un cheque por la cantidad total de Bs. 1.448.508,10...”.

 

De lo anterior, en criterio de esta Sala Constitucional, no se desprende que el Tribunal que dictó la sentencia impugnada haya actuado fuera del ámbito de su competencia, ni con abuso de poder y extralimitación de atribuciones, sino, por lo contrario, ajustado a derecho al reconocer la posibilidad legal, para la parte demandada en el juicio por estabilidad laboral, de insistir en el despido y consignar el debido pago de las prestaciones  establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, a pesar de que la trabajadora pretendía el reenganche y el pago de los saliros caídos. Por las razones antes expuestas, la Sala debe declarar improcedente la presente demanda de amparo. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo ejercida por la ciudadana IBETH CECILIA CHÁVEZ, contra la sentencia dictada, el 19 de febrero de 2001, por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de SEPTIEMBRE  de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

     El Vicepresidente,

 

 

                            JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO            

              Magistrado

 

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 Magistrado                                                                   

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.fs.

Exp. 01-1496