SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Pedro Rafael Rondón HaAZ

 

Consta en autos que el 15 de noviembre de 2000, los abogados José Luis Nuñez Quintero, Gabriel Jiménez Aray y Luis Gómez Sáez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 66.453, 42.379 y 32.678, en representación de PROMOTORA EDEN PARK C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 7 de abril de 1995, bajo el nº 6, Tomo 139-A Sgdo, interpusieron amparo constitucional contra el acto de posiciones juradas celebrado el 10 de octubre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por considerar que se realizó en violación del derecho de su representada a la defensa, al debido proceso, y a una justicia imparcial, responsable y equitativa, dispuestos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 25 abril de 2001, el Juzgado Superior Accidental en lo Civil Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró inadmisible la pretensión de amparo.

El 26 de abril de 2001 la demandante apeló de la sentencia.

El 30 de abril de 2001, el representante de la Universidad Interamericana y del Caribe C.A. se dio por notificado de la decisión y solicitó que se declarase inadmisible la pretensión.

El 3 de mayo de 2001, el Juzgado Superior oyó la apelación y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional.

Recibido el expediente se dio cuenta por auto del 01 de junio de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

de los alegatos de La demandante

1.           Alegó la actora:

1.1.      Que, el 7 de junio de 1999, fue admitida, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la demanda interpuesta por “Universidad Interamericana y del Caribe C.A.” contra la hoy demandante y contra Eleuterio Elpidio Rada, Elpidio Rada, Luis María Avila Rada, Victoria María Avila Rada y Heberto Miguel Avila Rada.

1.2.      Que, el 10 de febrero de 2000, “Universidad Interamericana y del Caribe C.A.” promovió pruebas y solicitó las posiciones juradas de los codemandados. Promotora Eden Park C.A. promovió pruebas posteriormente sin solicitar las posiciones juradas.

1.3.      Que, el 25 de febrero de 2000, el Tribunal admitió las pruebas promovidas y ordenó la citación de los codemandados para que absolvieran las posiciones juradas de “Universidad Interamericana y del Caribe C.A.”, tal como prescribe el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil.

1.4.      Que los codemandados se dieron por citados expresamente para el acto de posiciones juradas, con la excepción de Promotora Eden Park C.A.

1.5.      Que, para efectuar la citación, se comisionó al Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Tribunal que no pudo llevar a cabo la citación personal de Promotora Eden Park C.A. y, por tal motivo, remitió lo actuado al Tribunal de la causa.

1.6.      Que el Tribunal confundió a Promotora Eden Park C.A. con la promovente, ya que, en el auto del 9 de agosto de 2000, dispuso que ésta debería absolver las posiciones recíprocas, de conformidad con el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil, caso en el cual no era necesaria la citación y bastaba con la simple notificación del absolvente.

1.7.      Que, por esa confusión, a pesar de no haber citado a la hoy demandante, se evacuaron las posiciones juradas el 10 de octubre de 2001.

1.8.      Que, en dicho acto, los apoderados de la hoy demandante se opusieron a tal evacuación, por considerar que el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, ordena la citación al absolvente de las posiciones juradas y que esto sólo puede obviarse cuando deben absolverse las recíprocas (artículo 406 eiusdem), supuesto que no debió aplicarse a PROMOTORA EDEN PARK C.A. pues no promovió las posiciones juradas.

1.9.       Que, a pesar de la oposición y de intentar en ese acto un amparo sobrevenido, el Tribunal ordenó continuar con el acto.

2.           Denunció:

2.1.      Que, en el presente caso, no se respetó el derecho a la defensa y al debido proceso de PROMOTORA EDEN PARK C.A., ya que era necesaria, de conformidad con el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, la citación personal de la hoy demandante para el acto de posiciones juradas.

2.2.      Que la insistencia del Juez en la realización de un acto contrario a las normas de procedimiento, complaciendo a la contraparte, denotó una actitud parcializada, inicua e irresponsable, violatoria de lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

3.           Pidió:

3.1.      “Se deje sin efecto el acto de posiciones juradas llevado a cabo el día 10 de Octubre del año 2000 y se declaren inexistentes.”

3.2.      “Se dejen sin efecto todas las demás actuaciones subsecuentes al acto de posiciones juradas del 10 de Octubre del año 2000, y que son consecuencia del  mismo, especialmente el acto de posiciones juradas de la parte actora del día 16 de Octubre del año 2000.”

3.3.      Indistintamente de la declaratoria de inexistencia se acuerde la nulidad de la prueba de posiciones juradas de PROMOTORA EDEN PARK, C.A. de fecha 10 de Octubre del año 2000 de conformidad con lo dispuesto en el ordinal Primero del artículo 49 de la Constitución Nacional (sic).”

3.4.      “Se acuerde sancionar al Juez de Instancia, FREDDY ALVAREZ BERNEE por haber incumplido con la obligación impuesta por el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y por haber violentado el artículo 26 de la Constitución nacional (sic) al haber otorgado a las partes trato desigual en el proceso, ordenándose abrir el procedimiento administrativo correspondiente por encontrarse incurso en el supuesto de ERROR INEXCUSABLE.”

 

II

de la competencia

Visto que, con fundamento en los artículos 266, numeral 1 y 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de las apelaciones y consultas en relación con las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para conocer del recurso en referencia. Así se decide.

 

iii

de la sentencia apelada

Declaró inadmisible el amparo por considerar que la acción de amparo “no es el medio para revisar criterios de estricto orden jurisdiccional que corresponde a los jueces de mérito respecto a la interpretación de normas de rango legal.” Apoyó su decisión en el criterio de esta Sala (s. SC. nº 1210, 19.10.00), según el cual “... los jueces gozan de autonomía e independencia al decidir por lo que si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes para resolver la controversia, éstos disponen de un amplio margen de valoración de (sic) derecho aplicable a cada caso por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento como actividad propia de su función de juzgar, por lo que ello escapa a la revisión que podría hacerse por vía de Amparo Constitucional contra sentencia. El margen de la apreciación del Juez no puede ser objeto de acción de amparo contra sentencia...”. 

 

iV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Para decidir la Sala observa:

Que el Tribunal, en el acta de evacuación de las posiciones juradas, después que escuchó los alegatos del apoderado de PROMOTORA EDEN PARK C.A., ordenó “...la continuación del acto y se [reservó] el lapso de tres (3) días de despacho para resolver en relación con los alegatos expuestos”.

Que, el 17 de octubre de 2000, se pronunció sobre el particular y declaró:

“Vistas las exposiciones contenidas en el acta del 10 de octubre de 2000 de los abogados LUIS GERARDO ASCANIO ESTEVEZ y GABRIEL JIMENEZ ARAY, aún cuando éste último se retiró del acto sin firmar el acta, el Tribunal a fin de no adelantar opinión sobre el punto debatido, resolverá el mismo en la definitiva. En cuanto a la pretendida acción de amparo sobrevenido, es de significar que conforme al procedimiento sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el mismo solo puede intentarse por ante el Juzgado Superior, por lo que a mayor abundamiento, dicho amparo resulta inadmisible y así se declara”. (destacado de la Sala)

 

De lo anterior se concluye que el Juez de la causa no prejuzgó sobre la legalidad del acto de posiciones juradas, ni sobre las alegadas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y decidió resolver el punto en la sentencia definitiva.

Por tanto, si bien se le estamparon las posiciones juradas a PROMOTORA EDEN PARK C.A. no se ha decidido en definitiva sobre su validez.

En este sentido, el artículo 412 de Código de Procedimiento Civil establece:

 

“Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del Tribunal: a la que se negare a contestarlas, a menos que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posición por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el Tribunal en la sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a que se refiere el perjurio. Si la parte llamada a absolver las posiciones no concurre al acto, se dejarán transcurrir sesenta minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia, ya se refiera ésta al primer acto de posiciones o a la continuación del mismo después de alguna suspensión de aquel o de haberse acordado proseguirlo ante un Juez comisionado al efecto. Pasado este tiempo sin que hubiese comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso en todas las posiciones que le estampe la contraparte, sin excederse de las veinte indicadas en el artículo 411.”

(Negrillas de la Sala.)

De lo dispuesto en este artículo, se desprende que, en la oportunidad de dictar sentencia definitiva, el Juez deberá valorar las posiciones juradas, y dicha valoración deberá hacer pronunciamiento sobre la legalidad y constitucionalidad de su evacuación, además de su pertinencia.

Por lo antes expuesto es que no se ha podido producir la alegada violación de derechos constitucionales, ya que el Juez de la causa no se ha pronunciado sobre la validez de las posiciones juradas.

La actitud asumida por el juez en el acto de posiciones juradas, no constituye una amenaza inmediata de violación constitucional, ni con ella cometió error inexcusable en el ejercicio de su función; el Juez resolvió decidir el asunto en la definitiva, en legítimo ejercicio de su potestad jurisdiccional, ejercicio que le impone a los jueces el deber de “asegurar la integridad de la Constitución mediante el control difuso de la misma, en la forma establecida en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (s. S.C. nº 1, 20/01/2000). Por tanto, el sentenciador debe pronunciarse en la definitiva, sobre la validez de las posiciones juradas, según los alegatos de PROMOTORA EDEN PARK C.A, entre ellos el de inconstitucionalidad.

En consecuencia, esta Sala difiere del juicio expuesto por la recurrida, pues considera que el Tribunal presuntamente agraviante no expresó criterio alguno sobre la validez del acto de posiciones juradas. De allí que la jurisprudencia invocada no es pertinente en este caso.

Por tanto, la pretensión de amparo resulta inadmisible de conformidad con el artículo 6, cardinal 2, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

IV

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el amparo interpuesto por PROMOTORA EDEN PARK C.A. contra el acto de posiciones juradas celebrado el 10 de octubre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por la presunta violación de sus  derechos establecidos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia CONFIRMA, pero por diferentes motivos, la sentencia del 25 de abril de 2001 dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y declara SIN LUGAR la apelación interpuesta.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

     El Vicepresidente,

 

 

                            JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO            

              Magistrado

 

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

         Magistrado                                                                   

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

El Secretario,

 

     

     JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

PRRH.fs.sn.-

Exp. 01-1147