Caracas, veintiocho ( 28 ) de  abril  de 2011

201° y 152°

 

En fecha 17 de agosto de 2010, se dio entrada al expediente relativo a la solicitud de aclaratoria presentada por el ciudadano acusado RAFAEL JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad Nro. E-11.250.081, asistido por el Defensor Público Tercero, abogado WILMER E. MORA CONTRERAS, adscrito a la Defensoría Pública del Estado Táchira, mediante la cual solicitó aclaratoria del fallo dictado por esta Sala, de fecha 26 de mayo de 2010, bajo el Nro. 183, donde se DESESTIMÓ, POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por el referido Defensor Público, contra la decisión dictada en fecha 7 de abril de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

Dicho fallo dictado por esta Sala de Casación Penal dejo sentado lo siguiente:

 

“…La Sala, para decidir, observa:

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la defensa del acusado Rafael de Jesús Gómez Gómez…”.

 

Como fundamento de la aclaratoria presentada el solicitante realiza una serie de consideraciones, y como primer punto señala lo siguiente:

 

“…en relación a la Primera Denuncia:…

solicito aclaratoria sobre el por qué no tuvo en cuenta su decisión el precepto del segundo aparte del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal que sobre el particular estipula…

De manera tal, que atenidos a lo acabado de transcribir, fue que ilustramos a esa honorable Sala de Casación Penal, sobre las reclamaciones oportunas hechas sobre las violaciones de derechos fundamentales de orden constitucional por parte de los órganos de investigaciones policiales, a lo largo del proceso penal…

primero, en la Audiencia de Presentación y Calificación de Flagrancia…

segundo, en la Audiencia Preliminar, como excepciones…

tercero, en el debate oral y público, siendo declarada sin lugar…

"Por lo que muy respetuosamente me permito concluir, que yerro la Respetable Corte de Apelaciones del Estado Táchira en su apreciación, pues es un acto correspondiente a la Audiencia de Juicio Oral y Público, lo impugnado,"…decisión que fue impugnada en Apelación de Sentencia Definitiva y por ser la decisión de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira violatoria de los mismos derechos constitucionales, impugnada en Recurso Extraordinario de Casación con la ayuda del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal arriba transcrito; que con la decisión de esa Sala, que omite las transcripciones hechas de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Táchlra, considera lo impugnado como si fuera un acto de la Audiencia Preliminar y no la decisión de la Corte de Apelaciones, que es lo que realmente denunciamos en el Recurso de Casación…”. (Sic).

 

Posteriormente el solicitante, hace referencia a jurisprudencia de la Sala Constitucional, en relación a las Nulidades absolutas, para continuar señalando:

 

“…De otro lado, y es lo que obliga la presente petición de aclaratoria, esa Sala de Casación Penal, con ponencia también de Magistrado Héctor Manuel Coronado Flórez, en fecha 7 de mayo de 2009, para un caso similar sentenció y sentó doctrina…”.

 

En este punto el solicitante hace referencia a jurisprudencia referida al acto de imputación, y señala una serie de pruebas, para continuar expresando:

 

“…De ahí, la necesidad de aclaratoria, pues es precisamente lo expuesto por el Magistrado…, en la doctrina acabada de transcribir, lo recurrido en escrito de casación, debidamente probado con las pruebas incorporadas al debate y registradas en la videograbación de las audiencias de Juicio Oral y Público, promocionadas en escrito de Apelación de Sentencia definitiva ante la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, como también, en escrito de Recurso de Casación, ante Esa Honorable Sala de Casación Penal; por eso la imperiosa necesidad de que se aclare si es que el escrito del recurso de casación resuelto, no contenía el ítem:…

…Siendo los actos arriba referenciados propios de las audiencias del Juicio Oral y Público, los mismos que por los errores de derecho cometidos por el Tribunal de Juicio al apreciar y condenar con fundamento en esas pruebas, se recurrió en Apelación de Sentencia Definitiva; y luego, por los errores de derecho cometidos por la Corte de Apelaciones del Estado Táchira en cuanto a la apreciación de esas mismas pruebas, las cuales, la Corte de Apelaciones del Estado Táchira referenció para la comprobación de las denuncias, que fue lo recurrido en Recurso de Casación, como aparece en lo motivado por esa Honorable Sala de Casación Penal en su decisión para la Quinta Denuncia. Por eso, cumpliendo el precepto del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, que incluye:"con la indicación de los motivos que la hacen procedente, fundándolos separadamente si san varios…

Para lo que indicamos en el escrito de casación:

"Consideramos que debió tenerse en cuenta lo siguiente:

Al tiempo de la detención en la empresa M R W al examen científico del supuesto ilícito (pruebas de narco tex) no se confirmó sustancia alguna (resultado negativo). Por lo que mi defendido debió ser llevado ante el Fiscal del Ministerio Público para ser instruido de los cargos y declarar ante él (art. 130 del C. o. P. P. en adelante entiéndase la sigla de Código Orgánico Procesal Penal)

Aún así, fue trasladado el acusado al laboratorio del Comando Regional Anti-Drogas de San Antonio del Táchira, donde se le practicaron otras pruebas, también con resultado negativo, según declaraciones que aparecen en la video grabación del juicio, por todos quienes participaron en los actos, incluso el mismo funcionario actuante Dtg. Edward Osmey Sánchez Sánchez, quien en el Acta de Investigación omitió este detalle, pretendiendo sanear el irregular procedimiento. Lo anterior desvirtúa la APREHENSIÓN POR FLAGRANCIA, pues no se puede encuadrar en el marco de la definición del artículo 248 del C. o. P. P., antes bien, marca la violación flagrante del artículo 44.1 de la Norma Suprema .

Al no calificarse la flagrancia, el Fiscal del Ministerio Público, debió solicitar al Juez de Control la autorización de retener a mi defendido y la orden de las respectivas experticias, con la presencia de las partes para ejercer el principio de control y contradicción de las mismas, como para formular objeciones y aclaraciones (Sentencia 2720 de fecha 25 de septiembre de 2001, Sala Constitucional, M P. Antonio Garda); obviándose el respeto por la dignidad humana (art. 10 C. o. P. P) y la prueba anticipada que ordena la vinculante doctrina de la Sentencia 2720 (art. 307 C. o. P. P.)

Se alteró también la cadena de custodia, pues el funcionario actuante en su afán de sanear el equÍVoco procedimiento, afirma en actas y en su declaración inicial durante su declaración en la audiencia de juicio oral, haber precintado lo incautado en la misma oficina de la empresa M. R W; cuando en realidad como consta en autos y en el registro de las audiencias, lo hizo en el Comando Anti-Drogas de la Guardia Nacional en San Antonio, como él mismo rectificó…

Además, esa Sala de Casación Penal, en sentencia de fecha 10 de enero de 2002, con Ponencia de Magistrado Julio Elías Mayaudón, decidió y sentó doctrina en materia de nulidades…

"De otro lado, en su momento, en la Audiencia preliminar se solicitaron las mismas nulidades, siendo la respuesta del Tribunal de Control, que según el artículo 257 de la Carta Magna, no se sacrificaría la Ley por formalidades no esenciales, relegando a ese rango el derecho a la defensa. Lo que oportunamente se recurrió en Apelación ante esa misma Corte de Apelaciones, luego equívocamente se recurrió ante Ésta Sala de Casación Penal y por último, se amparó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siendo su decisión similar a la de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, incluyendo voto salvado así: "Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento con el fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto…

Donde quien lea su decisión, Honorables Magistrados, no entenderá de que se habla, pues no hay elementos comparativos que permitan dilucidar. No se sabrá que dice la recurrida ni cuál es el argumento del recurrente, y los puntos suspensivos marcados para cortar la idea general expresada en el escrito de la casación, hace parecer que lo recurrido no sea lo contestado en apelación por la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, sino lo peticionado inicialmente en la Audiencia Preliminar. El hecho de Transcribir la sentencia es para marcar los errores de derecho cometidos por la recurrida y denunciados en Casación, ya que por ser tan obvios, el error se nota con la simple lectura de la norma transcrita enseguida (la violada), para permitir la claridad en cuanto a lo que se pretende demostrar, y que quedó probado en el registro de las audiencias de juicio oral y público y las respectivas actas leídas en audiencia.

"Ahora bien, estima quien disiente, que si bien el artículo 433 hoy 441- del Código Orgánico Procesal Penal le atribuye al tribunal que resuelva el recurso el conocimiento del proceso, "exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados ", ello no puede ser óbice para ignorar o tolerar la inobservancia o violaciones de derechos o garantías constitucionales…

Pero en el caso de autos, considera el concurrente, que la Sala Penal, pudiendo decretar nulidades de oficio, sin embargo se extralimitó al decretar la nulidad con base en una supuesta violación del debido proceso, sin señalar en cuál de los supuestos del artículo 49 constitucional había incluido el fallo impugnado; y sin que pueda precisarse en qué consistió la infracción que ameritó se declarara la nulidad de oficio.

De allí, por esta causa, quien suscribe considera que el presente fallo, necesariamente tenía que declarar con lugar el recurso de revisión, al existir una extralimitación de la Sala Penal, a su vez violatoria de derechos fundamentales, como se explican en la sentencia, y por tanto hace suyo esos razonamientos para fundar la revisión ordenada.

Queda así expuesto el criterio…

Con fundamento en la extensa doctrina transcrita arriba, reiterando el respeto, y con la intención de entender el procedimiento que permita hacer EFECTIVA LA TUTELA JUDICIAL de mis derechos constitucionales, que no riña con la doctrina de Ese Máximo Tribunal y el requisito estipulado por el articulo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, o, si definitivamente la declaratoria sin lugar de las nulidades absolutas solicitadas -inicialmente al Juez de Control- con la única motivación de que no se sacrificará la ley por formalidades innecesarias, baste para que el derecho a la defensa y el debido proceso se conviertan en formalidad innecesaria conforme establece la Constitución en su artículo 257 (Según criterio del Juez de Control). V, como quiera que las nulidades absolutas se hagan valer incluso más allá de la sentencia definitivamente firme, como quedo sentado en doctrina de la sentencia de fecha 11 de mayo de 2005 con ponencia de Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero…

HA tenor del artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal los actos, cumplidos en contradicción o inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley procesal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado…

Lo que quedo en el limbo jurídico con la decisión que esa Honorable Sala de Casación Penal dictó para resolver mi recurso de casación en lo referente la primera Denuncia que implica las nulidades absolutas demandadas en Casación y que por la omisión de lo antes expuesto obliga la presente solicitud de aclaratoria sobre esas mismas omisiones ampliamente descritas en lo acabado de demostrar y que se encuadran en el marco de la doctrina referida…”. (Sic).

 

Como segundo punto de la aclaratoria, el solicitante expone, luego de hacer algunas argumentaciones:

 

“…Con relación a la Segunda Denuncia…

…me permito solicitar la aclaratoria, sobre si el texto del escrito del recurso de casación intentado es el mismo que transcribo a continuación, pues como no hay referencia de su texto para lo nombrado en su decisión, pareciera que quizás el escrito hubiese llegado incompleto, pues la denuncia original transcribe de la recurrida:… Donde se aprecia claramente que la Corte de Apelaciones resuelve la denuncia hecha sobre la decisión del Tribunal de Juicio en relación a las pruebas y la prueba anticipada, con el muy notorio desacato de los Iineamientos de la vinculante doctrina de la mencionada sentencia que al respecto estipula:…

…que sí se dictó inicialmente por la acumulación de sustancias a la espera de ser destruidas luego de la conclusión de los juicios pendientes, para que los afectados pudieran ejercer sus derechos constitucionales en relación al control de la prueba, lo que resolvió la Sala Constitucional de Ese Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de septiembre de 2001, Sentencia 1776, en la cual se implementó, en virtud del principio de la supremacía constitucional, el procedimiento de destrucción por incineración de las sustancias estupefacientes v psicotrópicas; de la que se solicitó aclaratoria, que fue resuelta en sentencia 2464 de 2001 y luego, se resolvió con la sentencia en mención, la 2720, la ampliación solicitada por el ciudadano Fiscal General, donde esa Sala Constitucional implementa el procedimiento de destrucción, con la obligatoria salvaguarda de los derechos constitucionales de los justiciables, ampliamente descrito en los párrafos fielmente transcritos en el escrito del recurso de casación; que al ser reguladas por el artículo 119 de la ley especial que rige la materia de drogas para que se destruyan dentro de los treinta días seguidos a su comiso, conlleva tal como se estableció en la Sentencia denunciada de desacato, a la PRUEBA ANTICIPADA, para los juicios que se sigan por el procedimiento ordinario, pues los lapsos marcados para la destrucción de las sustancias (30 días) son inferiores en la mayoría de los casos a los de la celebración de las Audiencia Preliminar; así que se estarían destruyendo las sustancias sin el control y contradicción de dichas experticias, con la consecuente violación de Derechos Fundamentales y Constitucionales, que es lo que realmente pretende salvaguardar la doctrina vinculante de la sentencia desacatada. Es nuestra consideración al respecto y fue lo denunciado en casación en la segunda denuncia que implica el error de derecho cometido por la Corte de Apelaciones del Estado Táchira en su decisión, no la del Tribunal de Juicio, no, ni la del Tribunal de Control, la denuncia es clara y por eso la transcripción literal, "de verbo ad vérbum", para no propiciar malinterpretaciones….

…Por tal razón y con fundamento en lo acabado de exponer, reiterando el debido respeto, solicito aclaratoria en cuanto a: Si la doctrina vinculante que incluye a TODOS los operadores de justicia, excluye a las Corte de Apelaciones; siendo nuestra modesta opinión -que fue lo denunciado como error de derecho cometido por la Corte de Apelaciones del Estado Táchira- que el desacato conlleva a la violación de los artículos constitucionales denunciados como no aplicados (334 y 335 de la Norma Suprema)…” (Sic).

 

Como tercer punto de la aclaratoria, el solicitante expone:

“…Con relación a la Tercera denuncia

Siendo el caso Honorables Magistrados, que no hay transcripciones que ilustren el criterio de la Sala en relación a la decisión recurrida ni a lo demandado en casación. Reiterando el respeto, debo hacer notar, que Ese Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, para casos como la presente solicitud de aclaración:…

…De ahí, que si quien leyera su decisión tuviera acceso a la decisión recurrida, de la que solicito aclaración: Si es que no llegó en el escrito del recurso intentado; obligatoriamente notará qué es lo que se impugna, que a nuestro criterio, es la decisión de la Corte de Apelaciones la que indiscutiblemente contraría a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución para Toda persona: …

…Como se aprecia de la transcripción fiel del párrafo completo que contiene la decisión recurrida, es esa decisión la que adolece de los vicios demandados; y es muy obvia la errónea interpretación de los preceptos invocados y la violación de los derechos fundamentales, al sanear esa Corte de Apelaciones el equívoco procedimiento V justificar la violación de la cadena de custodia, lo que nos permitió la denuncia formulada en recurso de casación, no de las actuaciones fiscales y de los órganos de investigación, no, eso lo hicimos en el debate oral y público durante las audiencias de juicio, sino, de la respuesta de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira para resolver la apelación acabada de transcribir, cometiendo el error de Derecho denunciado en casación en TERCERA DENUNCIA así: …

Con fundamento en lo acabado de exponer, solicitamos aclaratoria en cuanto a si el escrito de casación remitido: Concuerda o no, con el texto transcrito arriba, en función de lo que permite entender su decisión; además, la respectiva salvedad de omisiones…”. (Sic).

 

Como cuarto punto el solicitante señala:

“…Con relación a la Cuarta denuncia:

Respetados ciudadanos Magistrados, los vicios de procedimiento que causen indefensión, producen como consecuencia de los mismos, las nulidades, de las cuales algunas son saneables o convalidables unas, y absolutas o inconvalidables las otras. Es por lo que el Código Orgánico Procesal penal establece en su artículo 460.- Motivos.- en su segundo aparte, que cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación, con la excepción de los casos en los que se alegue infracción de garantías constitucionales. Es entonces cuando nos vemos obligados a ilustrar en casación, que se objetó al Juez de Control, quién al no resolver el fondo del asunto sino simplemente declararlo inadmisible, permite, conforme al artículo 31.Excepciones oponibles durante la fase de juicio oral, volverlas a tramitar; las que al no ser resueltas por el Juez de Juicio y declararse sin lugar, permite el último aparte del citado artículo 31 de la norma adjetiva penal:

"El recurso de apelación contra la decisión que declare sin lugar las excepciones sólo podrá interponerse junto con la sentencia definitiva. "

Lo que nos obliga entonces a solicitar la aclaratoria sobre por qué si se cumple con el procedimiento de ley, que obliga a recurrir desde el inicio, o mejor, desde que se cometió la irregularidad, con la imperiosa necesidad de nombrarla, no porque se objete la decisión inicial, sino la decisión de la Corte de Apelaciones con relación a la decisión del Juez de Juicio sobre la irregularidad denunciada ante el Juez de Control y declarada por él sin lugar.

¿Qué hacer entonces, si estamos ciñéndonos a la ley Procesal Penal?

Tan así es, ciudadanos Magistrados, que la norma prevé en su artículo 467:

" ...0 repondrá el proceso al estado en que se cometió el vicio de procedimiento que dio lugar al recurso,"

Nos apoyamos en la doctrina sobre materia de nulidades transcrita en la solicitud de aclaratoria de PRIMERA DENUNCIA, para solicitar la salvedad de omisiones…”. (Sic).

 

Como quinto punto en la solicitud de aclaratoria, el solicitante expone:

“…Con relación a la quinta denuncia: …

…Donde Esa Honorable Sala de Casación Penal, hace una transcripción tan pobre de nuestro alegato, que no ilustra el sentido de la denuncia en cuestión: …

…Decisión ésta, que obliga la solicitud de aclaración, sobre todo en el sentido de que quizás no llegara a Esa Sala de Casación Penal el escrito de casación completo, donde incluso se promovieron pruebas con la videograbación de las audiencias de Juicio Oral y Público y las actas leídas en audiencia, mismas que se promovieron en el escrito de Apelación ante la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, y de las cuales, en su decisión esa misma Corte de Apelaciones, referencia haber comprobado una sola de las denuncias formuladas para desestimar lo denunciado, con la equívoca apreciación de la misma Que ilustramos ampliamente en QUINTA DENUNCIA, de la que Esa Sala de Casación Penal decide lo acabado de transcribir:…

…Esa Sala de Casación Penal lo impugnado, tampoco da luz para entender la desestimación de la denuncia. Para este caso concreto, según su respuesta transcrita íntegra arriba, se nos solicita: "el cual no puede ser infringido por la recurrida. a menos que se demuestren pruebas ante ella en el recurso de apelación. ..

A los fines de verificar la presente denuncia, la Sala procedió a revisar el contenido del video casete signado con el número dos…

Por eso nuestra inquietud y la solicitud de aclaración sobre la integridad del escrito de Casación resuelto, que promocionaba como prueba de lo demandado la videograbación de las Audiencias del Juicio Oral y Público objeto de la apelación, que por la equívoca interpretación y apreciación de esas pruebas por parte de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, crearon los vicios denunciados en Casación, pero que infortunadamente esa Sala de Casación Penal no tuvo en cuenta para fundar su decisión.

Noten en relación a la decisión sobre la confirmación de la prueba promocionada -dictada por la Corte de Apelaciones del Estado Táchira- arriba transcrita como indica la doctrina de esa Sala, y que en función de nuestra denuncia original, que reproduzco a continuación, permitió nuestra

Así las cosas, reiterando el respeto, solicito aclaratoria en cuanto a: Si el escrito de Casación resuelto por esa Sala de Casación Penal, es contentivo de los apartes fielmente copiados del original y que acabamos de transcribir; pues, su decisión no los tuvo en cuenta; decisión ésta, también estampada fielmente en su totalidad en los párrafos que anteceden; al punto de afirmar que no promocionamos pruebas en apelación y que por ese motivo el vicio denunciado no podría darse.

Honorables Magistrados, soy consciente de que su decisión no podrá ser revocada ni reformada (artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal) y no es la intención de éste escrito de solicitud de aclaratoria; la respeto y entiendo la figura de la cosa juzgada. Pero, sí es para mí una necesidad imperativa, saber cómo se me condena, y sobre todo, que esa decisión sea entendida y asimilada dentro del marco legal que permite el Estado Social de Derecho y de Justicia que proclama la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, donde como Código de Ética, La sentencia será una consecuencia necesaria del debido proceso en las pruebas, los alegatos y defensas de las partes; ella reflejará el contenido del proceso y las razones del acto de juzgar, permitiendo con ello, tanto a las partes como a la comunidad, comprender el sentido de la justicia en cada caso, como un acto producto de la razón y contrario a la arbitrariedad….

…Lo expuesto, es lo que me permite con la ayuda del precepto del artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, último aparte, la solicitud de aclaración en cuanto a lo acabado de exponer, sobre el contenido del escrito de casación radicado por mi Defensa Técnica, abogado WILMER MORA, Defensor Público N° 3; en relación a la promoción de las pruebas que permitían la verificación objetiva de lo demandado, y la omisión que esa Sala de Casación penal hace en relación al texto de las denuncias, todas, que no permite apreciar lo razonable y ajustado a derecho de su decisión.

que por mandato del mismo artículo acabado de invocar, no podrá ser reformada ni revocada, pero sí, suplida en las omisiones que hago notar en este escrito, y aclarar los puntos dudosos como el acabado de exponer. Como esencialmente lo expresa Magistrada Blanca Rosa Mármol de León al salvar su voto: "En virtud de lo anterior y por no compartir la argumentación acogida por la mayoría de. la Sala, en defensa de la correcta aplicación de las Leyes, salvo mi voto en la presente ~" decisión. Fecha ut-supra. ". (Sic).

 

Y para finalizar, como sexto punto en la solicitud de aclaratoria, el solicitante señala:

 

“…Con relación a la sexta denuncia

…Para lo que reiterando el respeto debido a su investidura, solicito aclaratoria en cuanto a si el escrito de casación resuelto, para la presente denuncia, donde se nombra la violación del artículo 339 en la decisión fiel y completa acabada de transcribir, no incluía lo siguiente:

"Durante la fase de conclusiones del debate, se objetó a la juzgadora, como debe aparecer en el registro video grabado, acerca de la prueba de la que se pudieran aseverar detalles tales como que: las hojas de los libros del presunto delito emanaban "olor fuerte y penetrante ", porque todo el tiempo se habló de eso, en actas y en las declaraciones testimoniales dadas en las audiencias de juicio oral y público, pero aún no nos convencíamos del tal olor fuerte y penetrante, solicitándole la exhibición de la muestra certificada por el Fiscal del Ministerio Público de que habla los artículos J 16 v 118 de la Respectiva Ley Especial que rige la materia de drogas. denunciados de violar en cuarta denuncia de este libelo; v que podrán ser exhibidos en la audiencia por el Fiscal del Ministerio Público con fines probatorios. lo que no se dio. Se Objetó también, que al tiempo de elaborar las actas se prescindió de formalidades esenciales como las que marca el artículo 303 del Código Orgánico Procesal Penal. pues de habérseme dado a firmar un acta, en la que apareciera regjstrado lo afirmado luego por funcionarios y testigos, hubiera hecho (mi defendido) la respectiva aclaración sobre el olor y las supuestas irregularidades del papel, como que estuviera grasoso y maloliente. Además de solicitar por lo difícil de creer. que se pudiera comprobar que al narco tex no reaccionara. v sí a las otras pruebas hechas en ausencia de mi defendido V los testigos presenciales. " (Subrayado de éste escrito, no del original)

Y más adelante, sobre lo decidido por esa Sala de Casación en relación al artículo 339 de la norma adjetiva penal…

Porque -y reitero el respeto- Honorables Magistrados, su decisión deja ver con claridad meridiana, que lo inmediatamente arriba transcrito, no apareciera en la denuncia por nosotros formulada y por Ustedes resuelta, y reitero la inquietud de la que solicito aclaratoria: ¿No contenía mi escrito estos planteamientos que suplen las deficiencias que le permiten a esa Honorable Sala desestimar la denuncia por manifiestamente infundada como consecuencia de tal omisión? Y de ser así, ¿cómo podría lograr que se resolviera el recurso intentado originalmente?

Ya que la Respetable Corte de Apelaciones del Estado Táchira, primero decide:

"De manera que, el hecho según el cual el imputado o su defensor, no intervino durante la realización de la experticia, ello, per se, no origina nulidad de la misma, pues, durante el debate oral, una vez incorporados tales medios y sus órganos de prueba. tanto la defensa como el acusado tienen la oportunidad de ejercer el debido control y contradicción de los mismos. (subrayado mío) lo cual despeja cualquier duda acerca de su licitud, tanto en la obtención como en su incorporación durante el debate. "

Para desestimar la nulidad solicitada por las irregularidades denunciadas y demostradas con las pruebas promocionadas por nosotros, en relación a la obtención de las pruebas incorporadas al Juicio Oral y Público; violando flagrantemente el precepto del artículo 25 de la Constitución demandado en Tercera Denuncia del escrito de Casación, para luego, al solicitar la aplicación del principio de inmediación y oralidad en la denuncia que nos ocupa (Sexta Denuncia), motive así:

"En este mismo sentido, denuncia la parte recurrente el no haberse realizado la experticia química durante el desarrollo del debate oral, lo cual denota, a juicio de la Sala, abierta ignorancia en cuanto a la naturaleza y eficacia jurídica del dictamen pericial establecido y regulado en el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal, así como de la razón subyacente de su existencia, toda vez que, la práctica de la experticia, además de requerir conocimiento periciales, exige el suministro de recursos materiales, equipos técnicos y sustancias- propios de un laboratorio y no de las Salas de Juicio de los Tribunales de la República, razón por la cual. (subrayado mío) igualmente debe desestimarse tal denuncia por inconsistente, y asi se decide. "

Motivación ésta, que pareciera no estar incluida en el escrito de Casación, de acuerdo a lo motivado para decidir por Esa Honorable Sala de Casación, pues los principios procesales denunciados como violados: oralidad e inmediación, parecieran no existir a la luz de lo motivado por la Corte de Apelaciones del Estado Táchira, al pretender definir al Tribunal como la Sala de Audiencias, y no como: El Juez con su Secretario y el Alguacil de Sala, El querellante con su Acusador Técnico o El Fiscal del Ministerio Público y el acusado con su Defensa Técnica, quienes para hacer efectivo el principio de inmediación se trasladarán por orden del Juez -en auto motivado- al sitio correspondiente para la realización de la diligencia a reconocer, experticiar, reconstruir, exhumar, etcétera... (Como quedó definido en la vinculante doctrina de la sentencia 2720 denunciada de desacato).

Vale preguntar, ¿qué contestaría entonces en caso de una exhumación para cualquier comprobación forense?

Es en función de lo transcrito, como motivación de sentencia dictada por esa Corte de Apelaciones del Estado Táchira, que denunciamos los errores de derecho cometidos, a todas luces violatoria de los derechos constitucionales que contempla el debido proceso y que contiene el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mismos que traduce el Código Orgánico Procesal Penal en los artículos denunciados de violación en Sexta Denuncia del escrito de casación decidido infundado por Esa Sala de Casación Penal, y que son imputables a la Corte de Apelaciones del Estado Táchira por lo motivado para contestar el Recurso de Apelación de Sentencia Definitiva intentado.

Esta es la razón suficiente para solicitar, con el debido respeto, la aclaración sobre la integridad del escrito de Casación Radicado y la salvedad de omisiones sobre lo razonable y objetivamente acabado de exponer.

Ruego a su autoridad, por favor, se me dé aclaratoria sobre lo solicitado, como consecuencia de lo expuesto y por el derecho consagrado en la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, ordinal 8…

…Ofrezco excusas por el pésimo protocolo que desconozco, y donde al ser directo e incisivo en mis apreciaciones podría generar incomodidad, que no es la intención de la presente solicitud de aclaratoria, pero que, convencido de su buen juicio espero sepan entender…”. (Sic).

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse en relación con la solicitud de aclaratoria del fallo que recayó en este caso, para lo cual se observa lo siguiente:

 

Esta Sala ha sostenido que la posibilidad de aclarar la sentencia, tiene como propósito rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia que la facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste sino a corregir las imperfecciones que le resten claridad a sus declaraciones.

 

La figura procesal de la aclaratoria se encuentra prevista en los artículos 176 del Código Orgánico Procesal Penal y 252 del Código de Procedimiento Civil, esta última disposición de aplicación supletoria a las causas que se siguen ante esta Sala, los cuales establecen lo siguiente:

 

 

Artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal:

 

Prohibición de reforma. Excepción.

Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación.

Dentro de los tres días siguientes de pronunciada una decisión, el juez podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial.

Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la notificación…”.

 

Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil:

 

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.”.

 

Con relación a lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional, en diversas decisiones, ha sostenido, (sentencia de fecha 9 de marzo de 2001, Caso: Luis Morales Bance):

 

“De la transcrita norma procesal se extrae, en primer lugar, la imposibilidad del tribunal de revocar o reformar su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación-, lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones.

Sin embargo, valoró el legislador que ciertas correcciones en relación con el fallo dictado sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una efectiva ejecución de lo decidido. Estas correcciones al fallo, conforme al único aparte del citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones.

Además, la posibilidad de salvar omisiones, rectificar errores manifiestos o dictar ampliaciones, no corresponde de oficio al tribunal que dictó el fallo sino que debe operar a solicitud de parte, en el breve lapso previsto en el transcrito artículo 252: el día en que se publica el fallo o al día siguiente.

De lo anterior se colige que la solicitud de rectificación del fallo, en los términos previstos en el único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, es un medio otorgado por dicha ley procesal a las partes en juicio cuyo fin no es otro que lograr que el tribunal aclare los puntos dudosos, salve las omisiones y rectifique los errores manifiestos de copia, de referencia o de cálculo numérico o dicte ampliaciones.

(…)

Por lo que respecta al caso concreto de la solicitud de ampliación de sentencia, se puede señalar que la misma se trata -como ya se dijo- de un medio dado a las partes en juicio para que expresen al tribunal las razones que consideren pertinentes en relación con algún pedimento o asunto no resuelto por el sentenciador, pero sin que ello implique alterar la sentencia ya dictada, pretendiendo la revocatoria o modificación del fallo, por diferir del criterio allí expuesto por el tribunal. Es decir, subsiste la prohibición contenida en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se imposibilita al tribunal revocar o/ modificar la sentencia pronunciada.

En tal sentido, la solicitud de ampliación de sentencia, tiene una doble función: correctiva y preventiva, toda vez que mediante la misma se corrige la falta de congruencia de la sentencia con lo pretendido por la parte actora y lo alegado por el legitimado pasivo en su defensa, en el punto o cuestión objeto de la ampliación, y previene la declaratoria de nulidad de la sentencia, por haber solucionado la decisión ampliatoria -la cual forma parte integrante de la sentencia definitiva o de la interlocutoria sujeta a apelación- el requisito intrínseco de forma cuya omisión afecta de nulidad la sentencia...”.

 

Conforme a lo expuesto, de una lectura atenta de la decisión cuya aclaratoria se requiere, se advierte que la solicitud del ciudadano RAFAEL JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, asistido por el referido Defensor Público Tercero, aprecia la Sala que existe una evidente intención del solicitante de utilizar la vía de aclaratoria con una orientación distinta a la que la misma persigue (rectificar los errores materiales, dudas u omisiones que se hayan podido cometer en el fallo, pero con la advertencia, de que dicha facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma del fallo).

 

Asimismo, advierte la Sala de Casación Penal, que la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer, con mayor precisión, algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos). Asi lo ha señalado la Sala Constitucional en Sentencias Nros. 2916-071005-04-0204; 2601-161104-03-0656; 3150-141103-01-2362; 1026-260505-04-2620, entre otras.

 

A juicio de la Sala, en el presente caso, no se dan los supuestos establecidos en los artículos 176 del Código Orgánico Procesal Penal y 252 del Código de Procedimiento Civil, antes transcritos, que hagan procedente la aclaratoria solicitada, toda vez que el fallo es claro en sus pronunciamientos, no existiendo ambigüedad, oscuridad, puntos dudosos, omisiones, errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, razón por la cual se impone a esta Sala declarar improcedente la presente solicitud de aclaratoria. Así se decide.

 

Queda en estos términos, resuelta la aclaratoria presentada por el ciudadano RAFAEL JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, asistido por el Defensor Público Tercero abogado WILMER E. MORA CONTRERAS, adscrito a la Defensoría Pública del Estado Táchira.

 

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

Ninoska Beatriz Queipo Briceño

 

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                                                                                                                                            La Magistrada,

 

 

           

Deyanira Nieves Bastidas                                                                                                                                                                                                       Blanca Rosa Mármol de León 

 

 

El Magistrado,                                                                                                                                                                                                                                         El Magistrado Ponente,

 

 

 

Eladio Ramón Aponte Aponte                                                                                                                                                                                                 Héctor Manuel Coronado Flores                     

 

La Secretaria,

 

 

 

Gladys Hernández González

 

 

HMCF/vp

Exp. Nº 2009-0243