Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

El 23 de julio de 2010, los ciudadanos abogados ELIÉZER GUACUTO RÍOS y CARLOS AZAF RUMIERK, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 76.387 y 55.114, respectivamente,  actuando en su carácter de Defensores Privados de los ciudadanos RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS y LIU FUNG JIN TAO, presentaron una SOLICITUD DE AVOCAMIENTO y solicitud subsidiaria de RADICACIÓN DE LA CAUSA ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con la causa penal N° 2M-415-10 seguida contra sus defendidos por los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y SICARIATO, bajo la participación de AUTORES INTELECTUALES, tipificados en los artículos 6 y 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, la cual cursa ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.

 

El 27 de julio de 20010, se dio cuenta en Sala del recibo de la presente solicitud y se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

DE LOS HECHOS

 

Del Acta de Audiencia Preliminar celebrada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, el 31 de mayo de 2010, recibida por esta Sala anexa a la solicitud en copia certificada, la Secretaria del Tribunal de Control dejó constancia de los hechos imputados contenidos en el escrito acusatorio, de la forma siguiente:

“… en fecha 12 de marzo del 2008, siendo aproximadamente las siete horas de la mañana el ciudadano WOLFHANG LEWIN INFANTE ZUÑIGA, en el momento que se disponía salir de la residencia de su madre Zúñiga María Policena (…) con destino a la ciudad de Acarigua es abordado por un ciudadano quien posteriormente quedó identificado como FREBER RODRÍGUEZ, para que se subiera a su camioneta tipo Pick Up, la cual se encontraba aparcada en las afueras de la residencia, lo cual sin oponer resistencia y con el cuidado de que su señora madre no se angustiara o no se fijara de lo que estaba sucediendo, accedió a ello, y es así como ambos ciudadanos abordan el vehículo tipo camioneta propiedad de Wolfhang Infante siendo sometido sin saber cual era su rumbo, siendo conducido dicho vehículo por el imputado FREBER JOSÉ RODRÍGUEZ RIVAS. Ya en la marcha, FREDDY PERAZA, conducía muy de cerca un vehículo hiundai (…) quien iba adelante guiando el trayecto del vehículo conducido por el imputado FREBER JOSÉ RODRÍGUEZ RIVAS, siendo que en el trayecto específicamente en la vía hacia el central río Guanare, el ciudadano NIEVES MONTILLA, se cruza y ve en el camino el vehículo de Wolfhang Infante Zúñiga, quien era conocido por este imputado, ya en el sitio el ciudadano hoy imputado FREBER RODRÍGUEZ, baja del vehículo a Wolfhang Infante y le efectúa dos (2) disparos en la cabeza para luego huir de allí con rumbo hacia la carretera negra Guanare-Gato Negro, en compañía de FREDDY ALEXANDER PERAZA quien lo esperaba muy de cerca, siendo esta situación observada por los ciudadanos de nombre LA CRUZ NARVÁEZ JOSÉ ADRIANO y OSAL FERNÁNDEZ NILSIO ANTONIO, quienes se encontraban cortando paja para el momento del hecho.

Horas más tarde funcionarios adscritos a la Policía del estado Portuguesa (…) encontrándose de recorrido hallan el cuerpo sin vida del conocido dirigente social Wolfhang Lewin Infante Zúñiga, al lado de su vehículo camioneta, marca Ford, tipo Pick up, color verde, placas 819 PAO, el cual se encontraba aparcado en la zona rural del Central Río Guanare, caserío Gato Negro, hecho que no solamente conmocionó al colectivo Guanareño, sino que trascendió las fronteras del Estado Portuguesa, pues su condición de líder y dirigente aparte de su condición humana y la empatía por el proletariado lo habían convertido en un líder social.

Precisamente por esas luchas, Wolfhang Infante, adelantaba investigaciones sobre acciones directas en una lucha sin cuartel contra especuladores y acaparadores, es así como su muerte estaba rodeada bajo esta arista que el daba un alto sentido a la determinación del móvil del hecho, pues cualquier afectado de esas luchas y actividades que llevaba a cabo podría haber ordenado su muerte.

En una síntesis de la investigación llevada a cabo por el equipo de investigadores, se determinó que esas aristas tuvo su origen en las acciones que había arreciado en los últimos días el hoy occiso conjuntamente con la Coordinación Regional del INDECU, en contra de acaparadores y especuladores, donde en varias oportunidades habían intervenido establecimientos comerciales en la ciudad de Guanare que incurrían en estos ilícitos, en los que algunos eran sancionados con medias de cierre mientras que a otros les retenían los productos los cuales eran vendidos en el acto directamente por el pueblo, esas actividades de lucha que también llevaba el hoy occiso contra especuladores y acaparadores comenzó a tomarse como norte en la investigación, sobre todo los duros golpes que últimamente había dado a los comerciantes de origen asiático y muy en particular al dueño del ‘Central Mayorista Edgar Liu’ imputado LUI FUNG JIN TAO y su concubina RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS, toda vez que en fecha 15 de febrero de 2008, es decir, días antes de la muerte de Wolfhang Infante, éste había observado en el establecimiento del Chino Liu Centra Mayorista Edgar Liu, sobreprecio en algunos productos alimenticios por lo que participó de inmediato a la Coordinadora Regional del Indecu (Indepabis), ciudadana Sosa De León Miriam Josefina, para que se apersonara al local comercial del chino hoy imputado, a fin de implementar las sanciones y multas dadas por ley; es el caso que dicha acción causó molestias al ciudadano comerciante LIU FUNG JIN TAO y a su concubina RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS, quienes de inmediato proceden a maquinar el como quitar del camino la molestia que le causaba Wolfhang Infante en su afán de evitar los sobreprecios de los alimentos y la especulación.

Es de esta forma como comienza la planificación y de inmediato la búsqueda de los contactos que se dedicaran a la tarea de cobrar a cambio de asesinar gente sin importar raza, ni sexo, estatus social, y fue a través de una empleada y asidua amiga de la autora intelectual imputada WILMELY GRISFEDER PÉREZ SÁNCHEZ, quien posteriormente se convirtió en amante del Chino Gámez (intermediario hoy occiso), que dicha ciudadana logra el contacto con este individuo, a quien le contrata por la cantidad de veinte mil bolívares fuertes (20.000) para ejecutar el asesinato por encargo, y así busca la ayuda idónea de los integrantes de su grupo delictivo, identificados como FREBER JOSÉ RODRÍGUEZ RIVAS y PERAZA GONZÁLEZ FREDDY ALEXANDER…”. (Anexo D, del expediente).    

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

La facultad del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar y avocarse al conocimiento de un expediente está expresada en el numeral 48 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone lo siguiente:

 

“Artículo 5. “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...)

48. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente...”.

 

Y, en los apartes 10, 11, 12 y 13 del artículo 18 “eiusdem”, de la manera siguiente:

“...Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal.

Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.

La Sala requerida examinará las condiciones concurrentes de procedencia del avocamiento, en cuanto que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independiente de su jerarquía y de especialidad, que la materia vinculada sea de la competencia de la Sala, sin importar la etapa o fase procesal en que éste se encuentre, así como las irregularidades que se alegan hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los recursos ordinarios. Al admitir la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requiriendo el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacuerdo por el mandamiento de prohibición.

La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tiene pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente por la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para restablecer el orden jurídico infringido....

 

De conformidad con los artículos citados de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse acerca de la solicitud de avocamiento propuesta por la Defensa Privada de los ciudadanos RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS y LIU FUNG JIN TAO. Así se declara.

 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

Los ciudadanos abogados ELIÉZER GUACUTO RÍOS y CARLOS AZAF RUMIERK, con fundamento en los artículos 5 (numeral 48) y 18 (apartes décimo, undécimo y duodécimo) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia solicitó a esta Sala de Casación Penal avocarse a la causa seguida contra sus defendidos ciudadanos RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS y LIU FUNG JIN TAO,  la cual se encuentra –según afirmó– en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.

 

Igualmente señalaron, las supuestas graves violaciones que justifican -según sus dichos- la intervención del máximo Tribunal. En efecto, expresaron:

 

“... Durante la fase de investigación la defensa consignó al menos cuatro escritos, con un aproximado de treinta y seis útiles, en los que se propusieron unas sesenta (60) actuaciones, por la IRREGULAR forma en que se manejaron las INVESTIGACIONES Y LAS ACTUACIONES por el Ministerio Público, a pesar de que en varis oportunidades se revisaron las mismas, dejando constancia escrita de actas que nunca pudimos observar, de diligencias realizadas supuestamente  por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y fundamentalmente en ninguna de dichas oportunidades, cursaba a los autos pronunciamiento alguno sobre la práctica de estas diligencias (…). El Ministerio Público culminó la investigación e incluso solicitó prórroga de quince días para prolongar la detención de los imputados, alegando que requería investigar y, sin embargo, al momento de pronunciarse no se constaba en el expediente la práctica de ninguna otra diligencia de investigación (…) el Tribunal de la causa, no ejerció el debido control judicial y excluyó la tutela judicial efectiva de la justicia, la mayoría de esas diligencias fueron solicitadas por la Defensa al Ministerio Público para su realización y fue NEGADA su práctica (…). Con esto se demuestra el interés insano de solucionar un caso, sin la verdad. Declaraciones con varias hipótesis de móvil para el asesinato del Dirigente Social Wolfhan Infante, con dimensiones diferentes y no se investigue nada en relación a esos supuestos. NADA DE ESTO SE INVESTIGÓ; fue OMITIDO por el C.I.C.P.C., y el Ministerio Público.

Igualmente, se observa que en el desarrollo de la Audiencia Preliminar, el Tribunal Primero de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Portuguesa, violentó normas de la Ley Adjetiva Penal, cuando el Ministerio Público pidió el diferimiento de la misma, por cuanto no habían trasladado a unos acusados para tal acto, y la Jueza de Control Primera de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare, en franca violación del artículo 327 en su quinto aparte, ordenó celebrar la misma aun cuando está claramente establecido que en los casos de pluralidad de imputados, si la audiencia se hubiere diferido por más de dos ocasiones por la incomparecencia de alguno de ello, puede el Juez realizar la audiencia con los comparecientes, separando la causa de quien no compareció. En el caso de autos no habían dos diferimientos y en eso estaba claro el Ministerio Público, por eso pidió que se fijara nueva facha para el acto, aunado al hecho de que los imputados que faltaron están privados de libertad y bien el Juez pudo haberlos hecho comparecer por la fuerza pública (…).

Vemos igualmente como en la audiencia preliminar y en el auto de apertura a juicio no fueron valoradas las pruebas ofrecidas para el juicio oral en cuanto  a su legalidad, pertinencia y necesidad, limitándose a señalar que se admiten todas las pruebas promovidas por el Ministerio Público. No existe relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que le son atribuidos a nuestros representados.

Ciudadanos MAGISTRADOS, con todo lo antes mencionado DEMOSTRAMOS, la manera como fue llevada esta investigación y que sin estar concluida se dio por terminada esta fase del proceso, al ser presentada la ACUSACIÓN por el Ministerio Público, lo cual es sumamente GRAVE, violatorio del ordenamiento jurídico y que se encamina a garantizar la IMPUNIDAD, lo que al final traería como consecuencia el perjuicio ostensible de la imagen del Poder Judicial, en este caso del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa; hasta la presente fecha ha avalado esta investigación NEFASTA, llena de VICIOS, PARCIALIZADA  hacia algunas personas que aparecen en las actas procesales y no fueron investigadas (…). Todo ello en anuencia con el Ministerio Público, que ocultadas sus identidades; atenta contra la decencia democrática del Estado Venezolano, al OMITIR LA VERDAD de esta GRAVE DELITO, dejando de cumplir con sus obligaciones y deberes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Ministerio Público…”.   

 

 

             La Defensa planteó la violación durante la fase investigativa por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Ministerio Público y el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa de los derechos constitucionales previstos en los artículos 2, 25, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También la infracción de las garantías previstas en los artículos 13, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 283, 300 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal.

           

En virtud de tales denuncias, subsidiariamente, la Defensa solicitó la RADICACIÓN DE LA CAUSA, por considerar que se está en presencia de un delito grave que ha causado conmoción, alarma y escándalo público en la población de Guanare del estado Portuguesa,  según el artículo 63 del citado Código Orgánico.

           

Señalaron en su petición radicatoria lo siguiente:

 

“… la víctima sostuvo como consecuencia de los que su criterio es una legítima lucha de reivindicación social para la defensa contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control y regulación de precios, así mismo, la víctima asumió un enfrentamiento con algunos entes públicos y privados del Estado Portuguesa.

En primer lugar, mantuvo una lucha con propietarios de varios establecimientos comerciales, dada su pretensión de denunciar ante el INDEPABIS a quienes vendan bienes declarados de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente (lucha contra la especulación). Tal empresa conllevó que se enfrentara con los comerciantes de la zona de Guanare, a quienes denunciaba como especuladores. Así mismo, la víctima se enfrentó a funcionarios del INAGER, por haber cometido éstos, hechos de corrupción en su gestión, a quienes denunció ante las autoridades competentes y en los medios de comunicación, por no tramitar su denuncia por los hechos de corrupción. No menos importante, su participación directa como miembro activo de los Círculos Bolivarianos de Guanare-Estado Portuguesa, lo cual hace que dicha organización social esté haciendo presión dentro de los miembros del Sistema de Justicia Local, lo cual afecta una justicia equilibrada.

Todos estos elementos han generado en la región una importante sensación de alarma y escándalo público, ampliamente reseñado en los medios de comunicación, en los que la comunidad ha fijado posiciones encontradas al respecto. Todas estas circunstancias han enrarecido el ambiente jurídico regional, a tal punto que consideramos, que existe un inminente peligro para la marcha de la causa en esta circunscripción judicial (…) se trata del enfrentamiento de intereses antagónicos muy regionales, que intentan, e intentarán incidir en la sana, transparente y correcta administración de justicia (…).

Con ocasión de la connotación pública de tales hechos en la referida región del país. Difícilmente, sería imposible ubicar algún habitante de la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, que de alguna manera no haya fijado alguna posición en relación con tales hechos (…). Qué sucederá a la hora de poder establecer la escogencia para la constitución de un Tribunal Mixto para la realización de un Juicio Justo (…).

El escándalo público está determinado por la empatía que la sociedad del Estado Portuguesa, han llegado a asentir y ha manifestado respecto a los familiares de la víctima WOLFHANG LEWIN INFANTE ZUÑIGA, quienes además han recibido el apoyo del Gobernador del Estado portuguesa y de los Círculos Bolivarianos de Guanare…”. (Folio 13 del escrito).  

 

Consignaron a la presente solicitud los originales de los siguientes diarios:

 

a)                          Diario: EL Regional, Guanare, sábado 6 de febrero de 2010, página 31.Titular: “Ayer en horas de la noche. DETIENEN A PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL DEL ASESINATO DE DIRIGENTE CAMPESINO”.

b)                         Diario: Última Hora, Guanare, martes 9 de febrero de 2010, páginas 43 y 44. Titular: “Gobernador ofreció detalles sobre el esclarecimiento del homicidio del dirigente social guareño. INVESTIGACIÓN EN CASO INFANTE REVELA UNA TRAMA DE HORROR”.

c)                          Diario: El Regional, Guanare, martes 9 de febrero de 2010, páginas 31 y 32. Titular: “El anuncio fue ofrecido por el Gobernador. CICPC CAPTURÓ A PRESUNTOS ASESINOS DEL DIRIGENTE WOLFANG INFANTE”.

d)                         Diario: Última Hora, Guanare, miércoles 10 de febrero de 2010, página 45. Titular: “Red de Círculos Bolivarianos. TRIBUNALES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD EN JUICO CONTRA HOMICIDAS DE INFANTE”.

e)                          Diario: El Regional, Guanare, miércoles 10 de febrero de 2010, página 30. Titular: “A esclarecimiento del asesinato de Wolfang Infante. CIRCULOS BOLIVARIANOS AGRADECEN GESTIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD”. 

f)                           Diario: El Regional, Guanare, martes 23 de febrero de 2010, página 31. Titular: “AUTORIA DEL ASESINATO DE WOLFANG INFANTE ESTARIA VINCULADA EN INTENTO DE HOMICIDIO”.

g)                          Diario: El Regional, Guanare, sábado 13 de marzo de 2010, página 31.  Titular: “FAMILIARES DE WOLFANG INFANTE EXIGEN CELERIDAD DEL JUICIO”.

h)                         Diario: Última Hora, Guanare, sábado 13 de marzo de 2010, página 46. Titular: “PROTESTA/castigo ejemplar, Círculos Bolivarianos protestaron frente al Palacio de Justicia. EXIGEN ELIMINAR PRIVILEGIOS A CHINO IMPLICADO EN CASO INFANTE”.

 

Por último, requirió que la Sala admita la solicitud de avocamiento, ordene recabar el expediente original, sea declarada con lugar y sea radicada la causa en otro Circuito Judicial Penal para su continuación, así mismo, sea acordada la libertad a favor de sus defendidos o  una medida cautelar.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter discrecional y excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en todas sus Salas, el derecho de solicitar un expediente a cualquier tribunal que esté conociéndolo y una vez que lo reciba, el derecho de resolver si se avoca o no al conocimiento del asunto.

 

Así mismo, si bien es cierto que por vía jurisprudencial se han establecido determinadas condiciones para la procedencia del avocamiento, éste sólo deberá efectuarse por excepción y cuando los eventuales recursos o soluciones puedan resultar ineficaces para hacer justicia, proteger el orden jurídico y los derechos colectivos e individuales.

 

En el presente caso, los solicitantes del avocamiento, entre otras consideraciones, informaron sobre presuntas violaciones procesales y constitucionales cometidas durante la fase de investigación (por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y, el Ministerio Público) que concluyeron en su criterio en la falta de control judicial del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa en cuanto a la acusación formulada por la Vindicta Pública contra sus defendidos. Además que propusieron diligencias de investigación al Ministerio Público, las cuales fueron negadas.

 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, el ejercicio oportuno del recurso de apelación contra la decisión dictada en la audiencia preliminar, la oposición de las excepciones, la solicitud de nulidad, la celebración del juicio oral y público (pendiente por realizarse) sin duda constituyen oportunidades durante el proceso penal donde los peticionantes pueden hacer efectivo el derecho a la defensa, mediante las alegaciones y los medios ordinarios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, lo cual en ningún caso podría ser sustituido por la institución restrictiva del Avocamiento.

Cabe acotar, además, que esta Sala en jurisprudencia reiterada ha dicho que constituye vicio de nulidad absoluta la ausencia de respuesta del Ministerio Público sobre solicitud de pruebas de la defensa, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, (Sentencia N° 425 del 2 de diciembre de 2003), no obstante, deben las partes agotar los trámites, incidencias y recursos existentes para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos de investigación o jurisdiccionales y no acudir a la vía del Avocamiento, subvirtiendo así las formas del proceso y separando momentáneamente la causa de su juez natural, quien tiene la facultad y el deber de dar respuesta oportuna a las peticiones y reclamos alegados por las partes. (Sentencia N° 231 del 22 de abril de 2008).

 

En consecuencia, la institución del avocamiento según jurisprudencia reiterada de la Sala, procede únicamente en casos graves, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, o que se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido, por tanto, los alegatos expuestos por la Defensa no crean en la Sala de Casación Penal la convicción fundada de que en el proceso penal seguido contra los ciudadanos RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS y LIU FUNG JIN TAO existan infracciones constitucionales de tal magnitud o actuaciones procesales que comporten la violación del ordenamiento jurídico que lleven a la Sala a declarar procedente el avocamiento.

 

A mayor abundamiento, la Sala de Casación Penal reitera el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en el sentido de: “que los hechos objeto de la causa penal -cuyo avocamiento se solicitó- están siendo examinados en un proceso ordinario donde se presume el respeto y apego a los derechos constitucionales –entre ellos, el derecho a la doble instancia- por lo que el empleo inmoderado de la institución del avocamiento alteraría el orden procesal venezolano…”. (Sentencia N° 133 del 2 de marzo de 2005).

 

Por los fundamentos expuestos, la Sala Penal concluye que la presente causa no posee el carácter excepcional necesario para la procedencia del avocamiento y por tal motivo se declara INADMISIBLE. Así se decide.

Por otro lado, la Defensa pidió subsidiariamente la RADICACIÓN DEL JUICIO, en otro Circuito Judicial Penal, por tratarse el presente caso de un delito grave según el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Según el citado artículo 63, la radicación de un juicio consiste en quitar el conocimiento del mismo al tribunal que le corresponde, según el principio del “forum delicti comissi”, estipulado en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuirlo a otro tribunal de igual categoría pero de otro Circuito Judicial Penal.

 

Además establece la procedencia de la radicación en los casos siguientes:

 

1) Delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2) Cuando el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Fiscal del Ministerio Público, bien sea por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos.

 

La Sala de Casación Penal en la decisión 611 del 17 de noviembre de 2008 definió las circunstancias que deben observarse para considerar la gravedad del delito y la radicación de las causas. En este sentido, indicó lo siguiente:

 

 “…Respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con penas mas severas. No obstante, esto es que la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho (…) Por consiguiente, las diversas repercusiones del delito son lo que en definitiva incide (…) en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia…”. (Subrayado y resaltado de la Sala de Casación Penal).

 

Precisamente, en el caso bajo estudio, se evidencia que el propio Ministerio Público en su escrito acusatorio señaló la gravedad del delito considerando la condición de la víctima:

“(…) hallan el cuerpo sin vida del conocido dirigente social Wolfhang Lewin Infante Zúñiga, al lado de su vehículo camioneta, marca Ford, tipo Pick up, color verde, placas 819 PAO, el cual se encontraba aparcado en la zona rural del Central Río Guanare, caserío Gato Negro, hecho que no solamente conmocionó al colectivo Guanareño, sino que trascendió las fronteras del Estado Portuguesa, pues su condición de líder y dirigente aparte de su condición humana y la empatía por el proletariado lo habían convertido en un líder social.

Precisamente por esas luchas, Wolfhang Infante, adelantaba investigaciones sobre acciones directas en una lucha sin cuartel contra especuladores y acaparadores, es así como su muerte estaba rodeada bajo esta arista que el daba un alto sentido a la determinación del móvil del hecho, pues cualquier afectado de esas luchas y actividades que llevaba a cabo podría haber ordenado su muerte…”. 

 

En el presente caso, se juzga la comisión de delitos graves determinado no solo por su entidad (SICARIATO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR) sino por las personas involucradas en los hechos, la víctima WOLFHANG LEWIN INFANTE ZÚÑIGA, era un conocido dirigente social y, los presuntos autores intelectuales, entre los que se señala el comerciante LIU FUNG JIN TAO, también, muy conocido en la población de Guanare del estado Portuguesa.

 

Así mismo, Sala Penal constató que en las reseñas periodísticas que se anexan a la solicitud de radicación,  publicadas en diferentes diarios de circulación regional (El Regional y Última Hora), reflejan una circunstancia de gravedad tal, como lo es el asesinato de un dirigente social, que creó alarma, conmoción en la población de Guanare del estado Portuguesa, pudiendo redundar ello en el curso normal del proceso, desequilibrando la administración de justicia, más aún cuando el hecho ocurrió, según lo reflejan los diferentes medios de comunicación, de forma tan violenta.

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, si bien no se encuentra paralizado el proceso, la Sala de Casación Penal considera que hechos de tanta trascendencia deben ser juzgados con especial celeridad procesal, lo que se traduce en el amparo de una tutela judicial efectiva y oportuna.

 

Por las consideraciones precedentes y con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de todas las partes involucradas, la tutela judicial efectiva como máxima garantía constitucional, la transparencia judicial, la imparcialidad de los jueces y el respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala de Casación Penal considera procedente declarar  HA LUGAR la petición subsidiaria de  RADICACIÓN DE LA CAUSA propuesta, al Circuito Judicial Penal del Estado Lara  a los fines de su pronta distribución y continuación del proceso. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 

1)  INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por los ciudadanos abogados  ELIÉZER GUACUTO RÍOS y CARLOS AZAF RUMIERK, actuando en su carácter de Defensores Privados de los ciudadanos RAIZA BEATRIZ RAMOS RAMOS y LIU FUNG JIN TAO.

2) HA LUGAR la solicitud subsidiaria de RADICACIÓN DE LA CAUSA,  ejercida por la Defensa Privada, al Circuito Judicial Penal del Estado Lara a los fines de su pronta distribución y continuación del proceso.

 3)  Ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del Estado Lara, donde se radicó la presente causa, a los fines de que un tribunal de juicio, del referido Circuito Judicial Penal, a quien corresponda su distribución le dé continuidad a la misma.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   CUATRO días del mes de  AGOSTO de dos mil diez. Años 200° de la Independencia y 151º de la Federación.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

La Magistrada,

 

 

 

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

                                                                                                Ponente

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 
Exp. 10-234.

MMM.

 

La Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN no firmó por motivo justificado.