Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

LOS HECHOS

           

            La presente averiguación tiene su génesis en virtud de denuncia que interpusiera por ante la Superintendencia de Seguros el ciudadano JOSE LUIS FALCON GUZMÁN, en la que manifestó que la  “LA PREVISORA”  dio en venta a una de sus filiales “C.A. Imobiliaria Palafito”,  un inmueble de su propiedad constituido por un edificio denominado “Torre del Estacionamiento Mecánico La Previsora” en fecha 30 de diciembre de 1993, y que el importe del inmueble fue cancelado en su totalidad, pero que no obstante a ello, en el balance del ejercicio de 1.993, la contabilidad de La Previsora,  asienta que el pago no se verificó. Por lo que es notorio o que se mintió en el documento público de venta del 30 de diciembre de 1993 o en el Balance del ejercicio de 1993.

 

            Abierta como fue la averiguación e instruido el expediente a los fines del esclarecimiento de los hechos, fueron acumulados a la causa, denuncia presentada por LUIS ARMANDO GARCIA SAN JUAN, en representación de C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, por la presunta comisión de un delito Contra la Fe Pública, en que se denuncian a los ciudadanos JOSE LUIS FALCON y MANOLO DOMÍNGUEZ MENDA y, asimismo expediente que cursaba por ante el suprimido Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, que había sido abierto por NOTITIA CRIMINIS.

 

En fecha 19 de marzo de 1998, el extinto Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, luego de haber sustanciado la causa, dictó decisión mediante la cual DECLARO TERMINADA LA AVERIGUACIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 206 ordinal 1º del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, y ORDENÓ proseguir la averiguación en lo que respecta a la falsificación de firmas en que pudiera estar incurso el ciudadano HARRY HILDERGARD GUTIERREZ BENAVIDES.

 

Contra dicha decisión apeló el acusador y el conocimiento de la causa correspondió al entonces Juzgado Superior Vigésimo en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, quien  en fecha 14 de agosto de 1998, REVOCÓ la decisión y en consecuencia dictó sometimiento a juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5 de la Ley de Beneficios sobre el Proceso Penal, a los ciudadanos IVAN JAVIER DURAN RANGEL, ALVARO DARIO MALDONADO BLAUBACH, IVAN DARIO MALDONADO BELLO y JUAN CARLOS MALDONADO BERMÚDEZ, por la comisión del delito de SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DOLOSA DE BALANCES FINANCIEROS,  previsto en el artículo 182 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

 

Seguido el proceso, en fecha 01 de marzo de 1999 la Fiscal Cuadragésima Sexta del Ministerio Público se abstuvo de formular cargos, conforme al entonces vigente artículo 219 del Código de Enjuiciamiento Criminal; por lo que posteriormente en fecha 04 de marzo de 1999 el Juzgado de la Causa -46º Penal-, dictó decisión mediante la cual DECRETO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a los ciudadanos IVAN JAVIER DURAN RANGEL, JUAN CARLOS MALDONADO BERMÚDEZ, IVAN DARIO MALDONADO BELLO y ALVARO DARIO MALDONADO BLAUBACH de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 313 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogado, por no haber mérito para formular cargos, acogiendo así el criterio presentado por el Ministerio Público.

 

Posteriormente se ordenó la remisión del expediente al Superior a los fines de la consulta obligatoria, a que se encontraba sometida dicha decisión, y la cual fue apelada por la parte acusadora; correspondiéndole resolver tanto la impugnación y consulta al entonces Juzgado Superior Tercero en lo Penal de esa Circunscripción Judicial.

 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en 1999 le correspondió decidir la presente causa a la Sala Uno de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, y en fecha 20 de febrero de 2002 dictó decisión, contra la cual la parte acusadora ha ejercido recurso de casación.

 

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 459 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto en fecha 14 de marzo del presente año, por los ciudadanos JOSE GARCIA GUEVARA, ARTURO LOPEZ MASSÓ y NILZA GARCIA MORALES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 583.470, 11.739.637 y 10.337.960, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano JOSE LUIS FALCON GUZMAN, accionista minoritario de la empresa C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, contra la decisión dictada en fecha 20 de febrero de 2002 por la Sala  Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, integrada por los jueces BEATRIZ MARIN DE ODREMAN, OSWALDO REYES CAMACHO (Ponente) y EVELINDA ARRAIZ HERNÁNDEZ que DECLARO SIN LUGAR el  recurso de apelación por él interpuesto, SOBRESEYENDO en consecuencia la  causa seguida a los ciudadanos  IVAN JAVIER DURAN RANGEL, IVAN DARIO MALDONADO BELLO, JUAN CARLOS MALDONADO BERMÚDEZ y ALVARO DARIO MALDONADO BLAUBACH,  por la comisión del delito de SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DOLOSA DE BALANCES FINANCIEROS,  previsto y sancionado en el artículo 182 de la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros, todo conforme al artículo 318, ordinal 3º, del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 108, ordinal 4° del Código Penal, confirmando así la decisión que emitiera en su oportunidad  el extinto Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

 Interpuesto el recurso en tiempo hábil, y contestado el mismo conforme a la ley, el expediente fue remitido a este Tribunal Supremo. Y recibido se dio cuenta en Sala, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros; reasignándose posteriormente la ponencia en fecha 12 junio de 2002, correspondiéndole a  la Magistrada  quien con  tal carácter suscribe la presente decisión.

 

 La Sala para decidir, observa:

 

Que el Código Orgánico Procesal Penal en su libro final, contempla lo que se ha denominado EL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO,  en el que se contemplan las normas que han de seguirse cuando las causas se encontraban en curso para la entrada en vigencia de dicho Código.

 

El artículo 509 – hoy 524 - ejusdem, señalaba:

“Las sentencias definitivas o interlocutorias no serán objeto de consulta y sólo podrán ser apeladas dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El recurso deberá ser fundado. De la apelación conocerá la Corte de Apelaciones. Si se trata de un recurso contra el auto de detención o de sometimiento a juicio, la decisión debe dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del expediente. Si la apelación versare sobre la sentencia definitiva, el acto de informe se realizará el sexto día siguiente de la recepción del expediente, y la sentencia debe pronunciarse dentro de los diez días posteriores a la realización del acto de informes.

El auto de segunda instancia que declare o confirme la terminación de la averiguación no será recurrible en casación”.

 

En el presente caso tenemos que,    el Abogado JOSE GARCIA GUEVARA,  en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE LUIS FALCON GUZMÁN, en fecha 16 de marzo de 1999, ejerció recurso de apelación contra la decisión de fecha 04 de marzo de 1999, que emitiera en su oportunidad el Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El conocimiento de tal apelación le correspondió a la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, toda vez que para esa oportunidad ya había entrado en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, por ello el presente caso encuadra en uno de los supuestos previstos en el artículo 524 (antes 509) del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se trata de una resolución por parte de la Corte de Apelaciones  que resolvió un recurso de apelación contra un fallo que sobreseyó la causa confirmando dicha decisión.

 

Ahora bien, en virtud de que la decisión de la Corte de Apelaciones fue la de sobreseer la causa, la cual es de aquéllas que por su naturaleza le pone fin al juicio, tal decisión no es recurrible en casación, por mandato expreso del  último aparte  del artículo 524 – antes 509-  in comento.

 

Como consecuencia de lo anterior se tiene que el recurso de casación ejercido por el ciudadano JOSE GARCIA GUEVARA,  apoderado judicial del ciudadano JOSE LUIS FALCON GUZMÁN, contra la sentencia dictada por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones, el 20 de febrero de 2002, es inadmisible y así se decide.

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante el incumplimiento de las formalidades exigidas, la Sala ha revisado el fallo impugnado y encuentra que el mismo se ajusta a derecho.

 

DECISION

 

Por  las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA  INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano JOSE LUIS FALCON GUZMÁN, en contra de la sentencia dictada por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 20 de febrero de 2002, de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de  Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los CATORCE días del mes de AGOSTO de dos mil dos. Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

Alejandro Angulo Fontiveros

El Vicepresidente,                   

 

Rafael Pérez Perdomo              

La Magistrada Ponente,

 

Blanca Rosa Mármol de León

La Secretaria,

 

Linda Monroy de Díaz

 

BRMdeL/hnq

RC. Exp. N° 02.0154

 

VOTO SALVADO

 

El Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, salva su voto por las siguientes razones:

 

La Sala de Casación Penal, para declarar la inadmisibilidad del recurso, examinó la naturaleza de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (que declaró el sobreseimiento) y la opinión mayoritaria de la Sala de Casación Penal  fue que tal pronunciamiento no es recurrible en casación.

 

La figura del sobreseimiento implica la cesación del procedimiento penal que se sigue contra un imputado y trae como consecuencia los mismos efectos de una sentencia absolutoria.

 

Pienso que  haya sido el sobreseimiento dictado antes o después del juicio o bajo el régimen procesal transitorio, constituye siempre un pronunciamiento que pone fin al proceso e impide su continuación y (dados sus efectos) forzosamente tiene que estar sujeto al recurso de casación y de acuerdo con lo establecido en el único aparte del artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal que establece:

 

Asimismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior”. (subrayados míos).

 

Resulta oportuno reiterar que muchos de los criterios acogidos por la Sala atienden a la interpretación literal de las disposiciones relativas al recurso de casación y coartan el derecho a recurrir del fallo (consagrado en el literal “h” del numeral 2 del artículo 8 de la Convención o Pacto de San José)  que expresamente dispone:

 

Artículo 8. Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derechos a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(...) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (...)”. (Subrayados míos).

 

Para dar a cada uno lo que le corresponde (perfil clásico de la justicia) es ideal  e indefectible que el juicio penal -seguido precisamente para lograr ese altísimo fin- sea lo más escudriñado posible y con toda diligencia y cuidado: y en esto consiste justamente la idea de REVISIÓN. Contra tan noble idea de revisión, conspira todo lo que se oponga a que sea hecha esa ideal e imprescindible revisión.

 

En definitiva: las sentencias o autos que dejen firme el sobreseimiento de la causa, deben ser controlados por el Tribunal Supremo de Justicia.

 

Quedan así expresadas las razones de mi voto salvado.

 

Fecha “ut-supra”.

 

El Magistrado Presidente de la Sala,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

(Disidente)

El Magistrado Vicepresidente,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

La Secretaria,

 

LINDA MONROY DE DÍAZ

 

Exp. No. RC-02-0154

AAF/sd