MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, integrada por los Jueces Joel Antonio Rivero, Moraima Look Romer (ponente) y Clemencia Palencia García, en fecha 17 de abril de 2006, declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto por la Fiscal Sexta del Ministerio Público, abogada Sandra Girón Luces, contra el fallo dictado por el Juzgado Tercero de Juicio del mismo Circuito Judicial, Extensión Acarigua, que en fecha 16 de septiembre de 2005, absolvió a los acusados Rengar Fermín Jiménez Valera, José Gregorio Rodríguez Amaya, Jorge Luis Cabeza, venezolanos, funcionarios policiales y con cédulas de identidad N° 14.000.775, 12.859.706, 10.726.128,  por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado (con alevosía) y uso indebido de arma de fuego, previstos y sancionados en los artículos 408, ordinal 1° y 282 del Código Penal; Luis Alberto Guanda Suárez, José Miguel Bescanza Argüello, Dolibis Gregorio Carrillo Mendoza, Nobeida María Bastidas Rodríguez y Mary Coromoto Reina Azuaje , venezolanos, funcionarios policiales y con cédulas de identidad N° 13.959.510, 10.725.289, 13.530.568, 12.010.8 16 y 12.510.175, como cómplices, por la presunta comisión de los mencionados delitos, previstos y sancionados en los artículos 408, ordinal 1° y 282 en relación al 84, ordinal 3°, eiusdem, en perjuicio de los ciudadanos Jonathan Jesús Sierralta Pérez, Marquis Omar Jiménez  Molina y Alis Omar Sánchez Piña.

 

Contra la decisión de la Corte de Apelaciones propuso recurso de casación la Fiscal Sexta del Ministerio Público, abogada Sandra Girón Luces.

 

Vencido el lapso para la contestación del recurso sin que la misma hubiera tenido lugar, fue remitido el expediente al Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 02 de agosto de 2006, se recibieron las actuaciones en este Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor Héctor Manuel Coronado Flores, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

En fecha catorce (14) de noviembre de 2006, se declaró admisible el recurso de casación propuesto y se  convocó a las partes a la audiencia oral y pública, teniendo lugar este acto el día  seis (06)( de diciembre del mismo año, con la asistencia de las partes, las cuales expusieron sus alegatos en forma oral y escrita.

 

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

 

DE LOS HECHOS

 

Los hechos acreditados por el Juzgado Primero de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, son los siguientes:

 

“…a) Que el día 12 de noviembre de 2003 en la vía a Río Acarigua, específicamente a la altura de la hacienda Palo Gordo, ocurrió la muerte de tres personas; b) Que esas personas fueron identificadas como: Jonathan Sierralta; Alis Sánchez y Marquis Jiménez; c) Que la muerte fue como consecuencia de disparo por armas de fuego; d) Que una de las armas utilizadas en el homicidio quedó identificada de la siguiente forma: MAGNUN, CALIBRE 357, SERIAL CEM: 3750; …”. (sic) (folio 149, pieza 9)

 

DEL RECURSO

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, en el Capítulo l, del recurso de casación, la impugnante relata los hechos materia de la acusación fiscal, expresando que los ciudadanos Jonahan Jesús Sierralta Pérez, Marquis Omar Jiménez  Molina y Alis Omar Sánchez Piña, acompañados de los ciudadanos Gustavo Suárez y Wilmer José Escalona Caballos “… transitaban por las adyacencias del Estadio de Baseball de la ciudad de Araure, Estado Portuguesa cuando de pronto son detenidos por una comisión de la Brigada Especial de la Policía del Estado Portuguesa, dicha Brigada se transportaba en la unidad patrullera signada bajo el número 552 del ciudadano Rodríguez Amaya José; y cuyos demás integrantes son los funcionarios policiales: Cabeza Jorge Luís, Carrillo Dolibis, Bescanza Juan, Guanda José, Jiménez Valera Rengar, Reina Mary y Bastidas Noleyda. Ahora bien, los cuatro jóvenes son constreñidos a abordar la unidad, ya que el ciudadano Ceballos Wilmer José, logró salir corriendo antes de abordar la unidad. Una vez dentro de la unidad, Gustavo Suárez manifiesta ser familiar cercano de un agente policial y lo dejan ir. Posteriormente, la unidad policial emprende la marcha hacia el sector de Río Acarigua, específicamente frente a la entrada de la Finca Palo Gordo, en el Municipio Araure, del Estado Portuguesa; donde seguidamente son encontrados sin signos vitales, por una unidad policial que hacía labores de patrullaje por las adyacencias del lugar antes mencionados…”(sic).

 

Continúa la formalizante expresando, que, “…se inicia el debate en el cual se narraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos (…) y en virtud de la inasistencia de los testigos presenciales ciudadanos Suárez Méndez Gustavo Miguel y Ceballos Escalona Wilmer José,  los cuales no fueron debidamente citados, así como al experto Gildardo Ramírez, a los fines de su comparecencia y en consecuencia dar su testimonio como testigo presencial de los hechos y al experto con la finalidad de que ratificara la experticia de Reconocimiento Técnico y Químico realizado a las armas de fuego que portaban los acusados; ya que, el tribunal de la causa no utilizó los medios idóneos y adecuados para que se materializara la asistencia; causando con ello un perjuicio al fin  del proceso penal que es la búsqueda de la verdad…” (sic).

 

Seguidamente, en los Capítulos II y III del recurso, la impugnante reproduce párrafos de sentencias dictadas por esta Sala y señala que la recurrida “…no resolvió la falta del Tribunal de Juicio, quien aun cuando ordenó la comparecencia por la fuerza pública de los testigos expertos no recibió la oportuna respuesta y las resultas del organismo designado para llevar a tal fin…”(sic). (folios 77 al 81, pieza 10).

 

La Sala, para decidir observa:

 

En la pieza 9 del expediente, constan actuaciones suscritas por el Juez Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, abogado Álvaro Rojas Rodríguez; y en las mismas se lee lo siguiente: 

 

1) Boletas de Citación, del 12 de julio de 2005, libradas a nombre de los testigos presenciales ciudadanos Gustavo Miguel Suárez Méndez, Wilmer José Ceballos Escalona y del experto Gildardo Ramírez, a los fines de comparecer ante el Tribunal, el día 29 de julio de 2005, al juicio oral, en la causa seguida contra los acusados de autos, y para el caso de no comparecer podrían ser conducidos por el uso de la fuerza pública (las Boletas no aparecen firmadas, sólo al reverso de los folios 93 y 96, el funcionario Alguacil del Tribunal, hace constar que las Boletas las depositó por debajo de la puerta de la casa de Suárez Méndez y Ceballos Escalona), folios 7, 8, 26, 93 y 96;  

 

2) Oficios N° PK11OFO2005002759 y  PK11OFO2005002758 del 12 de julio de 2005, con los cuales el Juez remite al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Acarigua, y al Comandante de la Comisaría General José Antonio Páez, Extensión Acarigua, respectivamente, “…boletas de citaciones, las cuales se explican por sí solas, a objeto de ser entregadas a funcionarios adscritos a ese Organismo a los fines de la celebración del Juicio Oral y Público con Tribunal Unipersonal, para el día 29-07-2005, a las 11:00 am, seguido a los acusados…” (folios 32 y 33);

 

3) Auto dictado por el Juez, el 29 de julio de 2005, acordando fijar para el día 08 de agosto del mismo año, continuar con la celebración del juicio oral, “… en virtud de que no comparecieron todos los testigos y expertos la Representación Fiscal solicitó la suspensión del mismo…” (folio 48);  

 

4) Oficio N° PK11OFO2005003218 del 29 de julio de 2005, con el cual el Juez solicita al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Guanare, Estado Portuguesa, se sirva hacer comparecer con carácter obligatorio, al Tribunal, al funcionario experto Gildardo Ramírez, adscrito a ese organismo policial, el día 08 de agosto de 2005 para la continuación de la celebración del juicio oral, (folio 49) y   

 

5) Oficio N° PK11OFO2005003216 del 29 de julio de 2005, con el cual el Juzgador solicita al Ciudadano Comandante de la Guardia Nacional, Destacamento 41, Tercera Compañía, se sirva hacer comparecer con carácter obligatorio, al Tribunal, a los testigos Gustavo Miguel Suárez Méndez y Wilmer José Ceballos Escalona, el día 08 de agosto de 2005, para continuar la celebración del juicio oral, (folio 52).    

 

En el acta de debate, luego que las partes expusieron sucintamente la esencia de sus pretensiones y que los acusados se negaron a rendir su declaración, el Juez procedió a la recepción de las pruebas, iniciando las mismas con la declaración rendida por los funcionarios expertos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ciudadanos Wilmer Betancourt, Freddy Mendoza, Luís Castillo, Edgar Colmenares, Deybi Mújica, y por los funcionarios policiales, ciudadanos José González y Alí Toro Silva. Seguidamente, ante la incomparecencia de los expertos y testigos, el Juez Tercero de Juicio procedió a suspender el acto para el día 08 de agosto de 2005, fecha en la cual rindieron testimonio los funcionarios expertos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ciudadanos Miguel Fama y Reina Zerpa, luego el Tribunal deja constancia de la inasistencia de los testigos presenciales Gustavo Miguel Suárez Méndez y Wilmer José Ceballos Escalona, del ciudadano Juan Durán Vidal y de los expertos ciudadanos Gildardo Ramírez,  José Rangel, Franco García, Ramón González y Juan Rodríguez, y declara cerrado el debate. 

 

En la sentencia publicada el 16 de septiembre de 2005, en relación a las testimoniales de los funcionarios Alí Toro y Miguel Fama, el Juez Tercero de Juicio se limitó a expresar que las mismas se refieren a las armas entregadas a los acusados, y que dichas declaraciones no se pudieron concatenar con otra prueba, a fin de determinar la culpabilidad o inculpabilidad de los acusados.

 

Ahora bien, el artículo 171 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

 

“Artículo 171. Comparecencia obligatoria. El testigo, experto o intérprete regularmente citado, que omita, sin legítimo impedimento, comparecer en el lugar, día y hora establecidos, podrá, por decreto del Juez, ser conducido por la fuerza pública a su presencia, quien podrá imponerle una multa del equivalente en bolívares de hasta veinte unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que haya lugar según el Código Penal u otras leyes. De ser necesario, el Juez ordenará lo conducente a los fines de garantizar la integridad física del citado”.

 

El Juzgador de Juicio inobservó lo dispuesto en la transcrita disposición, pues ante la falta de comparecencia de los testigos presenciales Gustavo Miguel Suárez Méndez y Wilmer José Ceballos Escalona y del experto Gildardo Ramírez, quienes no pudieron ser localizados a los fines de su notificación, debió decretar su conducción por la fuerza pública y así lograr que los mismos rindieran su declaración. La omisión en la cual incurrió el Juez de Juicio no fue advertida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa.  

 

En virtud de lo expuesto la Sala declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, anula la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, en fecha 16 de septiembre de 2005, así como la de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial, de fecha 17 de abril de 2006, y repone la causa al estado de que se celebre un nuevo juicio contra los acusados Rengar Fermín Jiménez Valera, José Gregorio Rodríguez Amaya, Jorge Luis Cabeza, Luis Alberto Guanda Suárez, José Miguel Bescanza Argüello, Dolibis Gregorio Carrillo Mendoza, Nobeida María Bastidas Rodríguez y Mary Coromoto Reina Azuaje, en el cual se cumpla con los principios del debate probatorio indicados en el Código Orgánico Procesal Penal y se dicte una sentencia motivada, en la que se establezca la culpabilidad, participación o inculpabilidad de los nombrados acusados en los delitos de homicidio calificado (con alevosía) y uso indebido de arma de fuego, imputados por el Ministerio Público. Así se declara.

 

Dada la reposición de la causa dictada por esta Sala de Casación Penal, se mantiene vigente la medida privativa de libertad decretada por la Juez Segunda de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, abogada Nélida Iris Contreras Araujo, en fecha 02 de abril de 2004, contra los acusados Rengar Fermín Jiménez Valera, José Gregorio Rodríguez Amaya, Jorge Luis Cabeza, Luis Alberto Guanda Suárez, José Miguel Bescanza Argüello, Dolibis Gregorio Carrillo Mendoza, Nobeida María Bastidas Rodríguez y Mary Coromoto Reina Azuaje. Así se decide.  

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la  Fiscal Sexta del Ministerio Público, anula la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, el 16 de septiembre de 2005, así como la decisión de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial de fecha 17 de abril de 2006 y repone la causa al estado de que se celebre un nuevo juicio contra los acusados Rengar Fermín Jiménez Valera, José Gregorio Rodríguez Amaya, Jorge Luis Cabeza, Luis Alberto Guanda Suárez, José Miguel Bescanza Argüello, Dolibis Gregorio Carrillo Mendoza, Nobeida María Bastidas Rodríguez y Mary Coromoto Reina Azuaje. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, para su distribución a otro Juzgado de Juicio y se mantiene vigente la medida privativa de libertad decretada por la Juez Segunda de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, abogada Nélida Iris Contreras Araujo, en fecha 02 de abril de 2004, contra los acusados Rengar Fermín Jiménez Valera, José Gregorio Rodríguez Amaya, Jorge Luís Cabeza, Luís Alberto Guanda Suárez, José Miguel Bescanza Argüello, Dolibis Gregorio Carrillo Mendoza, Nobeida María Bastidas Rodríguez y Mary Coromoto Reina Azuaje.

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Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los seis ( 06.) días del mes de diciembre del año 2006. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

Eladio Ramón Aponte Aponte

 

El Magistrado Vicepresidente,                               La Magistrada,

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                  Blanca Rosa Mármol de León

                 Ponente

La Magistrada,                                                                      La Magistrada,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas                                                            Miriam Morandy Mijares

 

 

 

La Secretaria de la Sala,

 

 

Gladys Hernández González

 

HMCF/ mj

Exp. Nº 2006-0366