PONENCIA DEL MAGISTRADO DOCTOR ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.

Vistos

 

El proceso se inició con motivo de la acusación interpuesta  por los abogados MARÍA MERCEDES VERNET ANTONETTI y JOSÉ SAÚL LÓPEZ PERICANA, apoderados judiciales de los ciudadanos KEYLA GÓMEZ DE ANTONETTI, JOSÉ SILVA CALDERÓN y MARÍA CARMELA AZPÚRUA SUELS, contra los ciudadanos MARTÍN HARITON SCHMOSS, SUSANA GOLDBERG DE HARITON, RICHARD EDWIN BORDEN ÁVILA, SAMMY BRONFENMAJER, ANTONIO PRÍNCIPE, LEÓN TAUREL, HENRY KLEINER, DAVID COHEN GUENOUN y FREDDY BRICEÑO RODRÍGUEZ, por la comisión del delito de ESTAFA previsto en el artículo 464 del Código Penal. La acusación se relaciona con la venta que realizó el grupo HARITON EL PEÑON C.A., a los agraviados de unos apartamentos que conforman el Conjunto Residencial Estancia El Peñón, a sabiendas de que el inmueble construido por ellos (a pesar de haber obtenido de la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Autónomo Baruta del Estado Miranda, el 12 de noviembre de 1991, la constancia de cumplimiento de las Variables Urbanas) no se ajustó a los planos aprobados por la referida Dirección de Ingeniería. Esta situación trajo como consecuencia el deterioro del conjunto, porque colapsó el sistema de aguas (blancas y negras),  se desplazó el terreno y debido a dicho desplazamiento quedó descubierta gran parte de la estructura del edificio. Así mismo se señaló la falta de construcción de algunos muros de contención necesarios para la estabilidad del terreno.

 

El Juzgado Superior Decimocuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez abogada CARMEN DÁVILA UZCÁTEGUI, el 30 de abril de 1999 declaró que no había lugar a la formación del sumario, según lo dispuesto en el artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal, debido a que la acción para perseguir el delito de estafa se encontraba evidentemente prescrita,  de acuerdo con lo establecido en el ordinal 4° del artículo 108 del Código Penal.

 

Contra dicho fallo anunció recurso de casación el abogado ABELARDO IZAGUIRRE, en su carácter de Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público y el 10 de mayo de 1999, se remitió el expediente a la extinta Corte Suprema de Justicia.

 

Mediante auto dictado el 30 de julio de 1999, la Sala de Casación Penal, según  lo previsto en los artículos 455 y el ordinal 1° del artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 44 de la Constitución vigente para esa fecha, remitió el expediente a la Corte de Apelaciones para la interposición del recurso.

           

El Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, interpuso recurso de casación mediante escrito fundado ante la Sala N° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial .

 

La abogada MARÍA COMPAGNONE, en su carácter de Defensora de los acusados ciudadanos MARTÍN HARITON SHOMOSS, SAMMY BRONFENMAJER, ANTONIO PRÍNCIPE, LEÓN TAUREL, HENRY KLEINER y SUSANA GOLDBERG DE HARITON, presentó escrito de  contestación al recurso de casación según lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 17 de febrero del año 2000 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS y el 27de diciembre del año 2000 se constituyó la Sala de Casación Penal.

 

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, se pasa a dictar sentencia de acuerdo con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

FUNDAMENTACIÓN DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL FISCAL VIGÉSIMO CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

 

            Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 330 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el recurrente denunció la infracción del artículo 42 “eiusdem” porque la recurrida declaró que no había lugar a la formación del sumario debido a que la acción penal prescribió, prescindiendo de la labor de análisis del escrito acusatorio y de los documentos que lo acompañan.

 

Señaló el recurrente que el juzgador no declaró el carácter punible de los hechos expresados por los acusadores en su escrito, por lo que mal podía determinar que la acción penal para perseguir el delito de estafa había prescrito.

 

Luego de insistir en la falta de motivación del fallo recurrido, el recurrente indicó que de haberse realizado el análisis, el juzgador de alzada hubiese llegado a la conclusión de que los hechos narrados por los acusadores constituían el delito de ESTAFA CONTINUADA previsto en el artículo 464 del Código Penal en relación con el artículo 99 “eiusdem” y que la acción penal para perseguirlo no había prescrito.

 

Posteriormente el recurrente narró los hechos y dejó  constancia en el escrito de las actuaciones cursantes en el expediente N° 20010, contentivo  de  la  demanda  por  retardo  perjudicial, presentada  por   los  co-propietarios de Residencias Estancia El Peñón contra la empresa Grupo Hariton El Peñón C.A., ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial  del Área Metropolitana de Caracas.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

En el caso sometido a consideración, el juzgador decidió que no había lugar a la formación del sumario, porque la acción penal para perseguir el delito señalado por los acusadores había prescrito.

 

El juzgador estableció que la citada prescripción operó por las razones siguientes:

       “...los hechos a que se refiere la acusación tuvieron su inicio a partir del año 1991 y en caso tal de haberse producido algún delito contra la propiedad, la acción para perseguirlo se encuentra prescrita ya que según lo dispuesto en el artículo 108, ordinal 4° del Código Penal la acción penal prescribe por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años...por lo que no cabe la menor duda que para el momento de la interposición de la acusación el 17 de marzo de 1998, ya la acción para perseguir el delito de ESTAFA y el de Conformación Falsa de Planos a que hace referencia la parte acusadora se encontraba evidentemente prescrito...”.

 

 

Observa la Sala que para llegar a tal determinación, el juzgador se limitó a expresar que “había revisado detenidamente el escrito de acusación presentado por los abogados MARÍA MERCEDES VERNET y JOSÉ SAÚL LÓPEZ, apoderados de los co-propietarios de las Residencias Estancia El Peñón y los soportes acompañados a la misma”. Sin embargo, tal revisión no consta en el texto de la sentencia, por lo que esta afirmación resulta insuficiente a los efectos de la motivación del fallo.

 

La Sala estima que el juzgador debió analizar el escrito acusatorio y los documentos que se presentaron conjuntamente y señalar si los hechos narrados por los acusadores tenían o no carácter punible y qué delito podían constituir, para después pasar a establecer si la acción penal para perseguirlo se había extinguido por el transcurso del tiempo que prevé la ley: ello constituía la parte motiva de su decisión. Dicha labor fue absolutamente omitida y por ello la sentencia está inmotivada. La anterior afirmación implica el quebrantamiento del artículo 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal, lo que conduce a declarar con lugar el recurso interpuesto.   

 

En virtud de que la anterior declaratoria produce la nulidad de la sentencia recurrida, la Sala se abstiene de conocer la denuncia por infracción de fondo.

 

Asimismo, la Sala deja constancia de haber revisado el escrito de contestación del recurso presentado por los Defensores de los acusados y al observar que versa sobre los mismos puntos impugnados, se abstiene de pronunciarse.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expresadas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación por motivos de forma interpuesto por el Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público; anula el fallo impugnado y ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 4 de la Resolución Nº 284 del 4 de abril del año 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, para que aquél lo remita, previa distribución, a una de las Salas Accidentales de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de dos mil uno. Años 190º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

El Vice-Presidente,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

Ponente 

La Magistrada,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

La Secretaria,

 

 

LINDA MONROY DE DÍA

 

C-00-144

AAF/lp