Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

El 19 de marzo de 2010, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, a cargo de la ciudadana Jueza Suplente Marisol Quiroz Rey, DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida a los ciudadanos FRANCESCO PILEGGI CONACE y HUMBERTO RUÍZ RODRÍGUEZ, en los términos siguientes: (…) PUNTO PREVIO

DE LA COMPETENCIA

En fecha 04 de febrero de 2010, se llevó a cabo la audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del acto conclusivo presentado por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en el cual solicita el sobreseimiento de la causa en la cual son investigados los ciudadanos Francesco Pileggi Conace y Humberto Ruíz Rodríguez (…)

CAPÍTULO I

DE LA SOLICITUD PRESENTADA

En fecha 14 de octubre de 2008, el Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, presenta ante este Tribunal solicitud de sobreseimiento de la causa, de conformidad con el artículo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la denuncia en los siguientes términos:

Refiere la Fiscalía que se dio inicio a la investigación en fecha 07 de noviembre de 2006, en virtud de denuncia presentada por el ciudadano William José Salazar Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-5.479.8849 ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Nueva Esparta, debidamente asistido por el abogado Pedro Medina Boadas.

En su escrito contentivo del acto conclusivo, se lee: ‘Una vez analizadas las actas y demás recaudos que conforman el expediente signado bajo el N° 17F3-1636-06, nomenclatura de esta Fiscalía, se observa que ciertamente consta en acta denuncia realizada por el ciudadano WILLIAM JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ (…)

El órgano de investigaciones penales designado para la sustanciación de la fase preparatoria del presente proceso realizó las diligencias necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos (…) Esta Representación Fiscal observa lo siguiente: Acta de Recepción de prueba manuscrita de fecha 19/12/06, realizada al ciudadano WILLIAM JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ (…)ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, acta de entrevista de fecha 19/12/06 realizada al ciudadano JESÚS NICOLÁS GUERRA FERRER (…) Acta de entrevista de fecha 22/12/06 realizada al ciudadano William Rafael Eurresta Reyes (…) Acta de Experticia Grafotécnica N° 160 de fecha 10/05/07 realizada por el Funcionario CARLOS ALBERTO GARCÍA adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los fines de dejar constancia si la firma que suscriben los documentos, han sido o no realizadas por la fuente escritual distinta y no contienen homología de clases. Acta de experticia Grafotécnica N° 04 de fecha 22/10/08, realizada por el Funcionario CARLOS ALBERTO GARCÍA adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los fines de dejar constancia si las firmas señaladas, presentes en los documentos objeto del presente estudio, han sido o no realizados por la misma homología de clases; Acta de experticia Grafotécnica N° 3 de fecha 22/01/08, realizada por el funcionario CARLOS ALBERTO GARCÍA adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los fines de dejar constancia si las firmas señaladas, presentes en los documentos objeto del presente estudio, han sido o no realizados por la misma persona, siendo determinado que tienen fuente escritual distinta y no contienen homología de clases (…)

Concluye el Fiscal Tercero, que analizados los elementos de convicción recabados (…) es posible inferir que estamos en presencia del delito de Falsificación y Alteración de Documento Privado, previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, pero que según de la experticia grafotécnica realizadas por el funcionario CARLOS ALBERTO GARCÍA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, éste concluye en que ‘(…) las peculiaridades de individualización gráfica, presentes en las firmas homologadas, presentes en el material que nos ocupa, exhiben discrepancia entre sí, resto (sic) que tiene fuentes de escritura DISTINTAS’, y que por lo tanto no existe otro elemento de interés procesal que sirva de fundamentos para formalizar acusación por ende atribuir responsabilidad directa a los imputados.

Concluye la Fiscalía Tercera en solicitar ‘sea decretado el sobreseimiento de la causa (…)

CAPÍTULO II

DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

En base a las experticias señaladas, y por cuanto examinados suficientemente los recaudos consignados por el ciudadano Fiscal Tercero del Ministerio Público, es evidente que no existe otro elemento de interés procesal que sirva de fundamento para atribuir responsabilidad directa a los imputados por la comisión de un ilícito penal, y en razón a ello es por lo que se procede a decretar el Sobreseimiento de la presente causa de conformidad con el artículo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal (…).

 

Contra esa decisión, ejerció recurso de apelación, el apoderado judicial de la víctima abogado Jhonnathan Salazar Guilarte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, con el N° 94.323.

 

El 13 de octubre de 2011 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, integrada por los ciudadanos Jueces Richard José González (Ponente), Yolanda Cardona Marín y Emilia Urbáez Silva, declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto y ANULA la sentencia de sobreseimiento publicada el 19 de marzo de 2010, así como la audiencia especial que precede celebrada el 4 de febrero de 2010.

 

El 17 de noviembre de 2011, el ciudadano abogado Alejandro Quintero Polanco, defensor privado de los ciudadanos imputados FRANCESCO PILEGGI y HUMBERTO RUÍZ RODRÍGUEZ interpuso recurso de casación contra la anterior decisión.

 

El 17 de enero de 2012, se recibió el expediente en Sala de Casación Penal, y en esa misma fecha se dio cuenta de ello, designándose ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala de Casación Penal, procede a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación propuesto y a tal efecto observa:

 

El artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.

 

De la referida norma se evidencia que el derecho a recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.

 

Asimismo, el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que serán recurribles en casación las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o que la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el acusador particular o acusador privado haya pedido la aplicación de penas inferiores a las señaladas.

 

De igual manera son impugnables en casación, las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que haya anulado la sentencia anterior.

 

En el presente caso, la Sala constató que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, no se encuentra estipulada como recurrible en casación, pues la misma no le pone fin al proceso ni hace imposible su continuación, toda vez que, declaró CON LUGAR en recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la víctima y ANULÓ la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en la cual decretó el sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos FRANCESCO PILEGGI y HUMBERTO RUÍZ RODRÍGUEZ, dando una nueva oportunidad a las partes para que expresen sus alegatos ante el Tribunal de Primera Instancia.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Alejandro Quintero Polanco, defensor privado de los ciudadanos imputados FRANCESCO PILEGGI y HUMBERTO RUÍZ RODRÍGUEZ. Así se declara.

 

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Alejandro Quintero Polanco, defensor privado de los ciudadanos imputados FRANCESCO PILEGGI y HUMBERTO RUÍZ RODRÍGUEZ, conforme a lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2012. Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

Los Magistrados,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

DNB/

Exp. Nro. RC12-00012.

 

             LA MAGISTRADA DOCTORA BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN NO FIRMÓ LA SENTENCIA POR AUSENCIA JUSTIFICADA.

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ