EN SALA DE CASACIÓN PENAL

 

 

Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

             La  Sala Accidental Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, integrada por los ciudadanos jueces José Rafael Guillén Colmenares, Gabriel Ernesto España (Ponente), y Gladis Silva Torres, el 31 de enero de 2008, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana abogada Deudelis Pastora Benítez, Defensora Privada del ciudadano acusado William Antonio Fajardo Rodríguez, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad Nº 2.938.042, natural de Caracas, contra la sentencia dictada el 27 de febrero de 2007, por el Tribunal Décimo Itinerante en Funciones de Juicio del señalado Circuito Judicial Penal, que lo condenó a cumplir la pena de diez (10) años de prisión, mas las accesorias correspondientes por la comisión del delito de legitimación de capitales tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

 

Contra el fallo de la Corte de Apelaciones, fue interpuesto el recurso de casación por la defensa del ciudadano acusado.

 

 Transcurrido el lapso legal, sin que se diera contestación al mencionado recurso, se remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. El 6 de mayo de 2008, se dio cuenta del presente expediente y se designó Ponente al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala en la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto, lo hace en los términos siguientes: 

 

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE FUERON OBJETO DEL JUICIO, SEGÚN EL TRIBUNAL DÉCIMO ITINERANTE EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICAL PENAL DEL ESTADO LARA

 

“… En fecha 21 de noviembre de 1994, solicitaron investigación penal los ciudadanos Henbert Torrealba y Lenin Romero, el primero de ellos para entonces Diputado del Congreso Nacional de la República, asistidos por los Abogados: Luis Aldana Izea y Hetmold Suárez, por la posible conexión que tendía en el Estado Lara, Williams Fajardo y una red de narcotráfico llamada Cartel Pereira, ello en base a unas declaraciones de prensa, publicadas en fecha 12 de noviembre de 1992, en el Diario El Impulso, ofrecidas por el ciudadano Rubén Morales, Diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Lara, en infraestructuras de Williams Fajardo, quien estaba señalado de también estar relacionado con el narcotráfico, especialmente con la organización que se dedica a esta actividad conocida como ‘El Cartel de Cali’, toda vez que el 26 de septiembre de 1994, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal del estado Monagas, le decretó a Williams Fajardo, y a su cónyuge y otras personas, Detención Judicial, por los delitos de Tráfico de Estupefacientes y el artículo 78 del Código Penal, por la incautación de Cincuenta y Nueve Kilogramos con Setecientos Treinta y Siete gramos de Cocaína en una hacienda de su propiedad en el Estado Monagas … existiendo bienes enclavados en esta jurisdicción, específicamente oficinas en el edificio CAVENDES, ubicadas en la carrera 18 entre 23 y 24 de esta ciudad de Barquisimeto, sobre las que pesan medidas de aseguramiento dictada por el Tribunal de Primera Instancia Penal, al inicio de la investigación…” (SIC). (Folio 3277 P.10).

 

Los hechos acreditados por el Tribunal Décimo Itinerante en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, son los siguientes:

 

“…Apreciadas las pruebas, como se dijo en el capítulo anterior considera este Tribunal Mixto (…) vistas y oídas como han sido las manifestaciones de las partes a lo largo de todo el Debate Oral y Público, mediante la reproducción de las pruebas documentales, así como la observancia de las declaraciones del experto: Ainswordth Salomón Goldichit Arellano, (…) a quien (..) se le colocó a la vista la experticia contable a fin de que fuera reconocida en su contenido y firma y expuso: esa experticia se realizó en base a soportes contables, emanados de la entidad financiera de Caracas y como las empresas se encontraban cerradas para aquel entonces se buscó en Caracas, se solicitó a través del Banco Central, esta experticia está basada en el informe de estas entidades financieras ya que los libros no estaban al día para ese momento, en base a ello se hizo la experticia fue información emitida por los diferentes bancos, y los resultados obtenidos son en base a esa información y las auditorías realizadas por el Licenciado Emilio Araujo y que de la revisión no se pudo cotejar porque no había ningún soporte, en cuanto a la venta de divisas se obtuvo a través del Banco central de Venezuela, porque dichas transacciones no se encontraban en los libros, en cuanto a los ingresos no estaban acordes de acuerdo al análisis de los ingresos no eran suficientes para sufragar las divisas, osea es imposible que haya podido provenir de esas empresas, de acuerdo a las auditorías los ingresos no daban para esa compra y venta de divisas. De la declaración de los testigos Rubén Alirio Morales Lozada, (…) a lo que expuso: que el actuaba como Diputado de la Asamblea Legislativa del estado Lara y así lo hice saber al Doctor Danilo Monsalve, quien llevaba el caso en aquél momento, yo abrí la averiguación porque que ocupaba la presidencia de la comisión de droga del estado Lara y como cuerpo legislativo lo autorizaron para que aperturara la investigación, luego fue expulsado por la denuncia que coloqué, lo expuso Alfaro Usero, me refiero a la denuncia donde el ciudadano William Fajardo estaba involucrado con el narcotráfico, a mi me lo presentaron como una persona que nos iba a ayudar en la parte logística, si mal no recuerdo era un cartel, yo abrí fue una investigación en el seno político, desde el punto de vista ético, porque no era cónsona y manifiesta que fue engañado porque cuando vio la información le dijeron que era un empresario incluso Alfaro le dijo que no aperturara esa investigación. El testigo Heberth Ignacio Torrealba Sánchez (…) quien expuso que se desempeñaba como diputado Al Congreso de la República en ese que hacer tuve un documento en el cual aparecen William Fajardo, como propietario de unos inmuebles, oficinas dos o tres creo que eran Cavendes, días antes se había dicho en la prensa que dicho ciudadano había sido detenido en maturín con cocaína aunado a la declaración de que William tenía conexión en Lara con esa nota de prensa y la información que me llegó a la oficina, nos dirigimos al juez Mujica Monsalve, solicitando que se abriera una investigación, se le entregó al juez para que abrieran la averiguación y después me entero que el juez dictó sentencia en esa causa. Si bien no aporta elemento de culpabilidad, tampoco aportó elemento de culpabilidad, ni creó dudas razonables alguna que choque con el Interés Fiscal de desvirtuar la presunción de inocencia que arropaba al hoy sentenciado culpable al inicio del proceso, manteniéndose por ello incólume los demás medios de prueba que aportaron la culpabilidad. El testigo Franklin René Gutierrez Andrade (…) quien expuso que hubo una oferta de unas oficinas de una firma incaval ofertando una oficina y uno de los abogados Daniel Acosta le dijo y fue a ver las oficinas y convino en comprar dos oficinas y después el abogado Daniel Acosta, me dice que el propietario tenía problemas y que en el registro no quisieron Protocolizar el documento, sumado a esto la valoración de la experticia contable y la relación de casualidad entre la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo penal del estado Monagas contra William Fajardo tráfico ilícito de estupefacientes…” (SIC). (Folio 3293 P.10).

 

 RECURSO DE CASACIÓN

Primera Denuncia

 

Con fundamento en el artículo 452 (numeral 4), del Código Orgánico Procesal Penal, la defensa denunció la violación de ley por inobservancia del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 110 del Código Penal, y expuso:

 

“…la Corte de Apelaciones a juicio de la infrascrita hace una errónea aplicación del derecho por cuanto el artículo 69 de la Losep prohíbe la prescripción judicial sólo para los delitos comunes y militares y el delito que se le acusa a mi defendido no se encuentra dentro de esta clasificación los primeros están tipificados desde el artículo 34 al 49 y los militares desde el Art. 50 a 53 de la misma ley. Ahora bien, el delito por el cual  fue condenado mi defendido Legitimación de Capitales en su modalidad de Transferencia de Capitales se encuentra establecido en el artículo 209 de la misma ley vale decir no eso por una parte y por la otra la ley de Delincuencia organizada no dice nada sobre la prescripción judicial sobre los delitos que ella establece. En este orden de ideas la Corte de Apelaciones debió entonces examinar si concurría las circunstancias que prevé el artículo 110 del Código penal vigente como es el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso penal hasta su sentencia y que la prolongación no sea atribuible a la defensa, pero no fue así la corte consideró que por ser una prohibición legal mal puede la Alzada pasar a analizar la respectiva denuncia. Razón por la cual solicito SE DECLARE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCÓN JUDCIAL….”. (SIC).

 

La Sala pasa a decidir:

 

Por cuanto la Sala observa que la primera denuncia del escrito recursivo se encuentra debidamente fundamentada, lo ajustado a derecho es admitirla. Así se decide.

 

 Segunda Denuncia

           

            La defensa, en la segunda denuncia del escrito recursivo alegó la violación del artículo “…452 ORDINAL 4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO procesal penal ‘violación de la ley por inobservancia”, y manifestó lo siguiente:

 

“…En el escrito de apelación denuncié la atipicidad del delito juzgado y lo hice del modo siguiente:

(…)

            Se observa que esta denuncia fue declarada sin lugar porque según los jurisdicentes mi defendido a la fecha de la vigencia de la Ley, estaba en disposición, goce y disfrute de esos bienes, pero no me explica de que bienes tenía disposición, según la misma decisión recurrida se señala que el delito por la cual fue juzgado mi defendido es el ‘delito de transferencia de capitales’ que es un subtipo del delito de Legitimación de Capitales, (cf, folio 3244 última pieza del expediente) y está suficientemente demostrado que la transferencia de  dólares según la experticia se hicieron desde la fecha 10/09/1991 hasta la fecha 26/07/1993 y la Legitimación de Capitales nace por primera vez en el año 30/09/1993; quedando el saldo a la fecha de vigencia de la ley en cero (0) vale decir sin Dólares disponibles, Mal puede decirse que mi defendido estaba en disposición goce y disfrute de los bienes si a la fecha no existían dólares. Y con respecto a la adquisición de las oficinas no explica la Corte como quedó demostrado en el juicio oral y público, el disfrute, la disposición de los bienes inmuebles. De modo pues que denuncio como infringido el 452 ORDINAL 4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO procesal penal ‘violación de la ley por inobservancia’ por cuanto la Corte de Apelaciones debió aplicar las normas vigentes para la fecha en que se consumó el delito, es decir para las fechas 19901 hasta 26/07/1993, y no aplicar el artículo 37 de la derogada ley sobre estupefacientes como lo hizo y así pido que sea declarada…”. (SIC)

 

            La Sala pasa a decidir:

 

La Sala observa, que la recurrente denunció la violación del artículo 452 (numeral 4) del Código Orgánico Procesal Penal, el cual versa sobre los motivos en que podrá fundarse el recurso de apelación en contra de sentencias definitivas, no pudiendo ser infringida esta norma por la Corte de Apelaciones y por ende su violación no puede ser planteada en casación.

 

 Al respecto, la Sala de Casación Penal, ha expresado lo siguiente:

 

“…el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal es una norma dirigida a las partes que contiene los motivos que hacen procedente el recurso de apelación, razón por la cual, no puede ser infringida por las Cortes de Apelaciones…”. (Sentencia Nº 461, del 15 de noviembre de 2006).

 

 

Conforme con lo expuesto, lo ajustado a derecho es desestimar, por manifiestamente infundada, esta denuncia de acuerdo con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.

           

Tercera Denuncia

 

            Sobre la base del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la impugnante alegó la infracción del “…artículo 364 en sus numerales 2 y 3 eiusdem, que establece el deber que tienen los jueces de motivar sus fallos. POR TANTO DENUNCIO FORMALMENTE QUE LA CORTE DE APELACIONES:

1)        NO DECIDE EL PUNTO PREVIO DEL ESCRITO DE APELACIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITÉ MEDIDA CAUTELAR

2)        SÓLO SE LIMITA A ESTABLECER QUE EL JUEZ DE JUICIO SÍ EXPRESÓ los hechos, el derecho y sí valoró las pruebas, sin motivar SU DECISIÓN.

(…)

La Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación en el vicio relacionado a la inmotivación de la sentencia dictada por el Juzgador de Juicio, se limitó a expresar que la recurrida sí indicó cuales fueron los hechos que se le atribuyen a mi defendido y cual fue su participación en el mismo, sin explicar cuáles fueron las razones los motivos que lo conllevaron a tomar esa decisión, razón por la cual la Corte de Apelaciones incurrió en inmotivación de la sentencia y de conformidad con el artículo 460 en concordancia con el artículo 364, en numerales 2 y 3 eisudem del Código Orgánico Procesal Penal.

 

La Sala pasa a decidir:

 

La Sala observa, que el recurrente denunció la violación del artículo 364 (numerales 2 y 3) del Código Orgánico Procesal Penal, referido a los requisitos de la sentencia (la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio y la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estimó acreditados). Tales motivos no pueden ser vulnerados por la alzada, ya que a la misma no le corresponde establecer o acreditar hechos, por cuanto ello es propio del Tribunal de Juicio.

 

En relación con este punto, la Sala de Casación Penal, ha señalado lo siguiente:

 

“…la impugnante alegó la falta de aplicación del artículo 364 (numeral 3) del Código Orgánico Procesal Penal. Necesario es ratificar el criterio de la Sala, que la mencionada disposición no puede ser infringida por la Corte de Apelaciones, pues esta no está obligada a establecer hechos, ni a valorarlos, pues violaría el principio de inmediación…”. (Sentencia Nº A-128, del 11 de octubre de 2007).

   

No obstante lo anterior, de los argumentos expuestos por la impugnante en el fundamento de su denuncia, se desprende suficientemente la pretensión de esta, en cuanto a la denuncia por inmotivación de la sentencia recurrida y, siendo la inmotivación un vicio de orden público, lo procedente y ajustado a derecho es admitirla.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, admite las denuncias primera y tercera y desestima, por manifiestamente infundada, la segunda denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano acusado William Antonio Fajardo Rodríguez, y en consecuencia, se convoca a una audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días, convóquese a las partes y líbrense las correspondientes boletas.     

 

 

Publíquese, regístrese y notifíquese.

 

 

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencia del Tribunal Supremo   de  Justicia,  en  Sala de Casación Penal,  en Caracas, al primer día del mes de  julio del año 2008. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

 

 

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 El Magistrado Vicepresidente,

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

                       Ponente

 

                                      La Magistrada,

 

                                                 BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

 

             El Magistrado,

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

                                               La Magistrada,

 

 

                                                     MIRIAM MORANDY MIJARES

 

La Secretaria,

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 Exp. Nº AA30- P-2008-00187

ERAA