Magistrado Ponente Dr. HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

Por escrito presentado el día 18 de febrero de 2005, ante esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Hilario Valmore Guanipa Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 7617, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Juan García Fehr, en el proceso seguido en su contra para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios en virtud de sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de dos (2) años de prisión, por la comisión del delito de apropiación indebida calificada, solicitó la interpretación y el alcance del artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con el artículo 266, in fine, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En fecha 22 de febrero de 2005, se dio cuenta en Sala y fue designado Ponente el Magistrado Doctor Héctor Manuel Coronado Flores, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a decidir en los términos siguientes:

I

COMPETENCIA DE LA SALA PENAL

 

La disposición cuya interpretación se pide (artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal) es de naturaleza adjetiva penal y la Sala es competente para conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de las disposiciones legales de naturaleza penal en lo substantivo y adjetivo, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 52 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

II

ANTECEDENTES DEL PRESENTE RECURSO DE INTERPRETACIÓN

 

El 19 de febrero de 2001, el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, constituido con Escabinos, condenó al ciudadano Juan García Fehr, a cumplir la pena de dos años de prisión, por la comisión del delito de apropiación indebida calificada. Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación.

 

El 27 de febrero de 2002, la Corte de Apelaciones del citado Circuito Judicial declaró sin lugar la apelación y confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio. Por existir inconformidad con el contenido de la decisión, se anunció recurso de casación.

 

El 8 de noviembre de 2002, esta Sala de Casación Penal, desestimó, por manifiestamente infundado, el recurso de casación interpuesto y el 20 de diciembre de 2002, declaró improcedente una solicitud de aclaratoria de la sentencia.

 

El 30 de abril de 2003, la abogada Amenaida Bustillos Zabaleta, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Doménico Corvino Miele, intentó una acción civil de reparación del daño y la indemnización de perjuicios contra el ciudadano Juan García Fehr, ante el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

 

El 7 de mayo de 2003, el Tribunal Primero de Ejecución del referido Circuito Judicial procedió a realizar el cómputo de la pena que debería cumplir el ciudadano Juan García Fehr, por haber quedado definitivamente firme la sentencia que lo condenó.

 

El 8 de julio de 2003, el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua le concedió al demandante civil un plazo de siete días hábiles, para que reformase su libelo y subsanase la falta de cumplimiento de lo señalado en los numerales 6 y 7 del artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Una vez presentada la subsanación requerida, el referido Tribunal Sexto de Juicio declaró, el 1º de agosto de 2003, inadmisible la acción civil que intentó la apoderada judicial del ciudadano Doménico Corvino Miele.

 

El 13 de agosto de 2003, el Tribunal Sexto de Juicio, declaró definitivamente firme la decisión que inadmitió la reclamación civil.

 

El 15 de agosto de 2003, la representación judicial del ciudadano Doménico Corvino Miele interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada, el 1º de agosto de 2003, por el Tribunal Sexto de Juicio.

 

El 18 de agosto de 2003, el Tribunal Sexto de Juicio ordenó, en virtud de la apelación interpuesta, la remisión de la incidencia a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Aragua.

 

El 12 de septiembre de 2003, la referida Corte de Apelaciones declaró con lugar la apelación, admitió la reclamación civil y ordenó al Tribunal Sexto de Juicio que continuase con el procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios.

 

El 7 de noviembre de 2003, la Juez titular del Juzgado Sexto de Juicio se inhibió de conocer la causa, por lo cual el expediente fue remitido al Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

 

El 23 de diciembre de 2003, la mencionada Corte de Apelaciones declaró sin lugar la inhibición interpuesta por la Juez del ya referido Juzgado Sexto de Juicio, y ordenó remitir las actuaciones a ese mismo Tribunal de origen, a los fines de que siga conociendo de la causa, procediendo nuevamente a inhibirse la Juez titular de ese despacho, inhibición que fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Aragua. Finalmente, los autos fueron remitidos al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, para que continuara con el procedimiento de reparación del daño y la indemnización de perjuicios, de conformidad con el artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 10 de septiembre de 2004, el citado Juzgado Quinto de Juicio, visto el escrito interpuesto por el ciudadano Juan García Fehr, asistido de abogado, solicitando a ese Tribunal se declare incompetente para conocer de la reclamación civil incoada en su contra, y pase las actuaciones a la Corte de Apelaciones, dicho Juzgado señaló lo siguiente: “...En virtud que fue el Tribunal Sexto de Juicio quien dictó la sentencia condenatoria, es decir un Tribunal de primera instancia, corresponde a este Juzgado también de primera instancia conocer de la reclamación civil que se interpone...Este Tribunal se considera competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal...”.

 

El 30 de septiembre de 2004, el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda por reparación de daños e indemnización de perjuicios intentada por el ciudadano Domenico Corvino Miele en contra del ciudadano Juan García Fehr, con motivo de la sentencia condenatoria impuesta a este ciudadano y, en consecuencia, lo condenó a pagar la cantidad de noventa millones seiscientos mil bolívares (Bs. 90.600.000,oo), por concepto de restitución de los títulos valores (letras de cambio) a el ciudadano Domenico Corvino Miele.

 

El 8 de octubre de 2004, el ciudadano Juan García Fehr, asistido de abogado, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada por el citado Juzgado Quinto de Juicio, de fecha 30 de septiembre de 2004.

III

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN

 

El presente recurso de interpretación está referido a la solicitud ante esta Sala Penal, para que se aclare el contenido y alcance del artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:

 

ARTÍCULO 422.-PROCEDENCIA. Firme la sentencia condenatoria, quienes están legitimados para ejercer la acción civil podrán demandar, ante el Juez unipersonal o el Juez presidente del tribunal que dictó la sentencia, la reparación de los daños y la indemnización de perjuicios.”

 

En tal sentido, el abogado Hilario Valmore Guanipa Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 7617, apoderado judicial del ciudadano Juan García Fehr, expresa, como fundamento de su recurso, que:

 

“...En la decisión de conocer relacionada anteriormente de la ciudadana Juez del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en funciones de Quinto de Juicio infringe el artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo el artículo 332 ejusdem normativa legal basada en el principio de la inmediación, que prescribe que el Tribunal competente será aquél que conoció y dictó la decisión condenatoria en virtud de que quien dictó la sentencia condenatoria fue la Juez Dra. Rosa Del Valle Carreño titular del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en funciones de Sexto Mixto de Juicio. Y seria la Dra. Rosa Del Valle Carreño, Juez titular para ese momento, a quien le correspondería conforme a las previsiones del Art. 422 del COPP el conocimiento de la causa correspondiente a la reparación del daño y la indemnización de perjuicios... . De dichas normas se debería inferir que el Juez competente es aquel que dictó la sentencia, es decir aquel que conoció y dictó la decisión condenatoria, basándose el legislador en el principio de la inmediación previsto en el artículo 332 ejusdem que explica la razón por la cual el legislador determina en el Art. 422, cuya interpretación se solicita, que el Juez competente es aquel en cuya presencia ininterrumpida se presentó todo el material probatorio que sirvió de base para su decisión... .Es por ello que principios constitucionales como el derecho a ser juzgado por el Juez natural, el debido proceso y el derecho a la defensa son igualmente de obligatorio cumplimiento en el procedimiento de daño e indemnización de perjuicios, reclamados en el ámbito penal...”.

IV

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

Esta Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de interpretación propuesto, de conformidad con el artículo 266, parte in fine, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y numeral 5 del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a tal fin observa:

 

Los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación, según jurisprudencia reiterada de este Supremo Tribunal son los siguientes:

 

1.- La conexión con un caso concreto para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la aclaratoria de ésta. Quien intente un recurso de interpretación debe invocar un interés jurídico, actual, legítimo y fundado en una situación jurídica correcta y que requiera necesariamente, la interpretación de disposiciones legales aplicables al caso concreto para que cese la incertidumbre que motivó su solicitud.

2.- La solicitud de la interpretación debe expresar con toda precisión en qué consiste la oscuridad, ambigüedad o la contradicción de las disposiciones cuya interpretación se solicita.

3.- Que la Sala no haya resuelto el punto y no sea necesario modificarlo.

4.- Que el recurso de interpretación no sustituya los recursos procésales existentes pues si existieren medios de impugnación la interpretación solicitada deberá declararse inadmisible.

5.- Que la disposición cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal.

 

Estas exigencias deben ser cumplidas concurrentemente, lo cual ha sido recogido en diversos fallos dictados en distintas Salas, tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia, como de este Tribunal Supremo de Justicia (Sentencias de fechas 5 de agosto de 1992, 21 de abril de 1993, 19, 26, 28 de enero y 3 de junio de 1999, 22 de junio de 2000, y 8 de mayo de 2001 de la Sala Político Administrativa y 17 de octubre y 22 de noviembre de 2000, 22 de marzo y 14 de junio de 2001, 22 de enero de 2003 de la Sala Constitucional).

 

Ahora bien, al analizar la Sala la presente solicitud, se verifica que el recurrente interpone el presente recurso de interpretación, en sustitución de otros recursos procesales existentes en nuestro sistema jurídico. Es decir, en el presente caso, el impugnante al no estar conforme con la decisión de fecha 30 de septiembre de 2004 del Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que declaró parcialmente con lugar la demanda por reparación de daños e indemnización de perjuicios intentada en contra de su representado, interpuso, en fecha 8 de octubre de 2004, el recurso ordinario de apelación.

 

No consta en autos si dicho recurso de apelación ha sido resuelto para la fecha por el Tribunal de alzada, no obstante, esta Sala advierte, que una vez resuelta la apelación propuesta, el recurrente tiene otro medio de impugnación como lo es el recurso de casación, por cuanto la sentencia que se dicta en el procedimiento ejecutivo para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, es una sentencia definitiva que pone fin al juicio.

 

Es de resaltar que si bien es cierto que el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla la no recurribilidad de la sentencia definitiva dictada con motivo del procedimiento para la reparación del daño e indemnización de perjuicios, al establecer que: “...Concluida la audiencia el Juez dictará sentencia admitiendo o rechazando la demanda y, en su caso, ordenando la reparación e indemnización adecuada e imponiendo las costas. Contra esta sentencia no cabe recurso alguno (subrayado nuestro). La Sala considera que el derecho al debido proceso no se ve satisfecho por la sola emisión de la sentencia indemnizatoria, sino que su ámbito debe ir más allá, de manera de garantizar que la misma sea revisada por un Tribunal de alzada con el fin de controlar el error judicial.

 

Dentro de este marco, resulta oportuno señalar, que la Sala Constitucional en sentencia Nº 2599, dictada en fecha 21 de abril de 2004, enfatizó lo siguiente:

 

“...El derecho a recurrir del fallo se configura cuando una persona es declarada culpable, pues ese derecho se recoge a plenitud en los casos en que dicte sentencia definitiva, lo que interpretándose de manera sistemática y teleológica es extensible, al proceso de acción civil derivada de delito, previsto en los artículos 422 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que el principio de la doble instancia se sustenta en el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 Constitucional..., y al carácter irrenunciable de los derechos fundamentales del justiciable...permitiéndose la subsanación siempre que no dañe la regularidad del procedimiento...La Sala juzga que la sentencia definitiva pronunciada por el Juez de Primera Instancia de Juicio que admita o rechace la demanda y, en su caso, ordene la reparación o indemnización adecuada e imponga costas, debe revisarse por el Tribunal de Alzada, en este caso la Corte de Apelaciones, a fin de verificar si se ajusta a derecho...Siendo ello así, en ejercicio de la potestad atribuida a todos los jueces por el artículo 334 de la Norma Fundamental, es menester la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del último aparte del artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, que contempla la no recurribilidad de la sentencia dictada en el procedimiento de acción civil derivada de delito, en sede penal, en virtud de que tal previsión es contraria a los artículos 26, 49, numeral 1 de la Constitución..., 2.3.a) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 25.1 y 8.2.h de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos...En consecuencia como la ley adjetiva penal no establece procedimiento para el trámite en alzada de las decisiones civiles definitivas dictadas en sede penal, la Sala en ejercicio de la interpretación integradora entre el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la doble instancia impone que el proceso de acción civil derivada de delito, constituye un juicio autónomo, por intimación en virtud de daños y perjuicios causados por el hecho punible. Dicho procedimiento ejecutivo finaliza con sentencia definitiva sobre el punto planteado, y como bien lo ha señalado, en reiteradas oportunidades, este Tribunal

 

Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal (vid.Sent.núms..459/2000, y 137/2003, del 10.04), la misma es susceptible del recurso ordinario de apelación y hasta el extraordinario de casación, por cuanto la sentencia pone fin al juicio...La Sala considera que el recurso de apelación...será admisible y tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 452 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente, para el recurso de casación regirán las normas previstas en el artículo 459 y siguientes del citado Código Orgánico...”.

 

Es así como, al interponer el recurrente el recurso de interpretación, en sustitución de recursos procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, esta Sala estima que lo procedente es la declaratoria de inadmisibilidad del recurso propuesto, como en efecto se declara.

 

DECISIÓN

           

            Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la inadmisibilidad del recurso de interpretación sobre el artículo 422 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por el abogado Hilario Valmore Guanipa Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 7617, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Juan García Fehr.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

          Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los 12 días del mes de julio de 2005.  Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente de la Sala,

 

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

Ponente

 

 

 

Los  Magistrados,

 

 

 
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
 
 
 
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

HMCF/vp.

R de Interp. N° 2005-0085

 

 

 

                                               VOTO SALVADO

 

Quien suscribe, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en la presente decisión, con base en las consideraciones siguientes:

 

Se evidencia de las actuaciones que cursan en el expediente contentivo del Recurso de Interpretación del artículo 422 del Código Penal, que el recurrente interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, de fecha 30 de septiembre de 2004, que declaró parcialmente con lugar la demanda por reparación de daños e indemnización de perjuicios incoada por el ciudadano DomÉnico Corvino Miele en contra del ciudadano Juan García Fehr, con ocasión a la sentencia condenatoria a dos años de prisión, por la comisión del delito de apropiación indebida calificada,  impuesta al referido ciudadano por el Juzgado Sexto de Juicio del referido Circuito Judicial Penal.

 

El recurso de interpretación para ser admitido y resuelto debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en jurisprudencia reiterada de esta Sala, y uno de ellos es que dicho recurso no sustituya los recursos procesales existentes, pues de existir estos, la interpretación solicitada debe ser declarada inadmisible.

 

En el presente caso, la decisión recurrida en apelación no está sujeta a recurso alguno, tal como lo establece el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, y es que esa decisión es irrecurrible por que se trata de un procedimiento ejecutivo, breve, que tiene como fin declarar la certeza y la titularidad del derecho a ejecutar el cobro por daños o perjuicios, y por cuanto el único medio que tiene el demandado para oponerse a la decisión prevista en el artículo 426, es la objeción prevista en el artículo 427, que da lugar a una audiencia de conciliación.

 

Por ello, estimo que el recurso de interpretación debió ser resuelto por la Sala, pues no existe recurso de apelación ni de casación para el procedimiento especial previsto en los artículos 422 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Queda en estos términos planteado mi desacuerdo con la decisión que antecede. Fecha ut-supra.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

El Magistrado Vicepresidente,                                          El Magistrado,

 

Héctor Coronado Flores                                         Alejandro Angulo Fontiveros

 

La Magistrada Disidente,                                                    La Magistrada,

 

Blanca Rosa Mármol de León                                Deyanira Nieves Bastidas

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

BRMdeL/hnq.

VS. Exp. N° 05-0085 (HCF)