Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, a cargo de las jueces ELSY LEONOR CAÑIZALEZ LOMELLI (ponente), MIRIAN ODE DE CASTILLO y JUDITH YEPEZ GONZALEZ  el 21 de Septiembre del año 2000 DECLARO CON LUGAR  la apelación interpuesta por el imputado JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, venezolano, portador  de la   cédula   de identidad V.- 6.867.640, de acuerdo con el artículo 34 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada el día 16 de Agosto del año 2000 por el Juzgado de Control Número Tres que había negado la homologación del acuerdo reparatorio celebrado con la víctima RICHARD JOSE VARELA FIGUEROA. Y en consecuencia HOMOLOGO el acuerdo reparatorio por la cantidad de cuatro millones de bolívares, celebrado el 24 de Agosto del año 2000 ante la Notaría Pública de San Felipe y DECLARO EXTINGUIDA LA ACCION PENAL  derivada del delito de LESIONES CULPOSAS ocurridas en accidente de tránsito, previsto en el ordinal 2° del artículo 422 del Código Penal en relación con el artículo 417  ejusdem.

 

Contra   dicho   fallo   interpuso   recurso   de   casación  el  2 de octubre  de 2001 el Fiscal Segundo del Ministerio Público abogado ARGEN RODRIGUEZ DE YANEZ.  Emplazado  el  defensor del imputado, abogado CARLOS RAFAEL ABREU GRANADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 18.934  según lo prevé el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal para que diera contestación al recurso interpuesto, éste procedió  a contestarlo el 7 de noviembre de 2001. Efectuado el cómputo correspondiente, la Corte de Apelaciones remitió el expediente a la Sala de Casación Penal.

 

Recibido el expediente en este Tribunal Supremo de Justicia se dio cuenta en Sala de Casación Penal. Se reasignó la ponencia, el  2 de  Mayo de 2001 y le correspondió a la Magistrada quien con tal carácter la suscribe.

 

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto a la admisibilidad del recurso de acuerdo con lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

La sentencia contra la cual se recurre fue dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Yaracuy y resuelve la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado de Control Número Tres que se había negado a homologar el acuerdo reparatorio por la cantidad de cuatro millones de bolívares, suscrito entre el imputado JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA y la víctima RICHARD JOSE VARELA FIGUEROA por el delito de LESIONES CULPOSAS ocurridas en accidente de tránsito, el cual fue celebrado el 24 de Agosto del año 2000 ante la Notaría Pública de San Felipe.

 

El artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal se refiere a la IMPUGNABILIDAD OBJETIVA es decir, de que toda decisión será recurrible por los medios y en los casos expresamente previstos en el texto procesal, a su vez el artículo 451 ejusdem, establece cuáles son las sentencias recurribles en casación.

 

En el caso de autos la decisión que se impugna homologa un acuerdo reparatorio, -en razón del principio de economía procesal- en la fase intermedia del proceso, ya que el pronunciamiento del Juzgado de Control Número Tres fue dictado antes de haberse propuesto la acusación, es decir, antes de la apertura del juicio.

Esta Sala considera que las sentencias recurribles en casación son aquellas dictadas por las Cortes de Apelaciones en el transcurso del procedimiento ordinario, es decir una vez se hayan cumplido las distintas fases del proceso y no aquellas que se han dictado, como en el presente caso, antes de haber comenzado el juicio y con el consenso de las partes a los fines de economizar dinero y tiempo a la Administración de Justicia.  Admitir el recurso sería conceder el último recurso procesal a una institución que precisamente persigue evitar juicios innecesarios.   De lo antes expuesto se concluye sobre la base del artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente es declarar inadmisible el presente recurso de casación, como en efecto se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expresadas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto  por el representante del Ministerio Público.     

 

 Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en  Caracas a los SEIS días del mes de JUNIO de 2001. Años: 191° de la Independencia  y 142° de la Federación.

 

El Presidente,

 

Rafael Pérez Perdomo

El Vicepresidente,                        

 

Alejandro Angulo Fontiveros      

La Magistrada Ponente,

 

Blanca Rosa Mármol de León

La Secretaria,

 

Linda Monroy de Díaz

 

BRMdL/gmg.-

Exp. No. RC-00-1450

 

 

 

VOTO SALVADO

 

El Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS lamenta disentir de sus honorables colegas, Magistrados Doctores RAFAEL PÉREZ PERDOMO y BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN, en relación con la opinión sostenida por ellos en la decisión que antecede, en la que se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, que homologó el acuerdo reparatorio suscrito entre el imputado ciudadano JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA y la víctima RICHARD JOSÉ VARELA FIGUEROA y en consecuencia declaró la extinción de la acción penal derivada del delito de lesiones culposas en accidente de tránsito, previsto en el ordinal 2º del artículo 422 del Código Penal en relación con el artículo 417 “eiusdem”.

 

            En el caso concreto, las alegaciones de la Sala Penal fueron las siguientes:

 

“...El artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal se refiere a la impugnabilidad objetiva es decir, de que toda decisión será recurrible por los medios y en los casos expresamente previstos en el texto procesal, a su vez el artículo 451 ejusdem, establece cuáles son las sentencias recurribles en casación.

En el caso de autos la decisión que se impugna homologa un acuerdo reparatorio,-en razón del principio de economía procesal- en la fase intermedia del proceso, ya que el pronunciamiento del Juzgado de Control Número Tres fue dictado antes de haberse propuesto la acusación, es decir, antes de la apertura del juicio.

Esta Sala considera que las sentencias recurribles en casación son aquellas dictadas por las Cortes de Apelaciones en el transcurso del procedimiento ordinario, es decir una vez se hayan cumplido las distintas fases del proceso y no aquellas que se han dictado, como en el presente caso, antes de haber comenzado el juicio y con el consenso de las partes a los fines de economizar dinero y tiempo a la Administración de Justicia. Admitir el recurso sería conceder el último recurso procesal a una institución que precisamente persigue evitar juicios innecesarios. De lo antes expuesto se concluye sobre la base del artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente es declarar inadmisible el presente recurso de casación, como en efecto se declara”.

 

            La Sala afirma que las decisiones recurribles en casación son aquellas que han sido dictadas en el transcurso de un procedimiento ordinario, que haya cumplido las debidas etapas o fases distintas del proceso y no las que se dictan antes de haber comenzado el juicio y con el consenso de las partes a fin de economizar tiempo y “evitar juicios innecesarios.

 

            En relación con esto último, es decir, con lo de la evitación de juicios, debo expresar que ésta, en principio, es una de las incoherencias del Código Orgánico Procesal Penal:  no se entiende cómo un código procesal, esto es, un conjunto de disposiciones que debe servir de cauce a los procedimientos, tenga como objetivo fundamental el evitarlos.  Y una de las figuras que propicia esta sinrazón es, precisamente, la de los acuerdos reparatorios.

 

            En mi voto concurrente del 20 de abril de 2001, en relación con el expediente Nº 00-1433, sostuve lo siguiente:

 

“...Si se parte de la estructura del proceso penal, se entiende que existen distintas etapas que deben ser cumplidas inexorablemente y que van desde la investigación hasta la sentencia: todos esos actos que han de transcurrir son procesales y al unísono forman un conjunto que constituye el proceso. Sin duda todo proceso nace de una proposición, bien sea por el sujeto afectado por una relación substancial, porque es necesario someter a consideración del órgano jurisdiccional un asunto que no tenga una solución viable de modo natural, o porque se alegue un pretendido derecho, lo cual no implica que al final sea declarado de modo tal que ratifique ese supuesto derecho. Por ello es obvio que el inicio del proceso no está condicionado a la presentación de la acusación, sino al solo hecho de ponerse en marcha los órganos judiciales ante la existencia de un hecho que tenga la característica de ser establecido como delito o que al menos haya sido denunciado como tal. En el momento de ser interpuesta la denuncia, debe ser considerado “ipso iure” iniciado el proceso pues se puso en movimiento el aparato judicial e investigativo del Estado y el juez habrá de pronunciarse”.

 

            Estimé necesario destacar las consideraciones que realicé en el voto concurrente que ha quedado transcrito, para reiterar ahora que el inicio del proceso no está condicionado a la presentación de la acusación, sino al solo hecho de ponerse en marcha los órganos judiciales ante la existencia de un hecho que tenga la característica de ser establecido como delito o que al menos haya sido denunciado como tal, como es el caso que motivó mi desacuerdo.

 

Para la procedencia de los acuerdos reparatorios se necesita el cumplimiento inexorable de algunos requisitos: no sería posible su celebración  en cualquier clase de delitos, sino sólo en aquellos que recaigan sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos culposos que no hayan ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas, porque cuando se trate de delitos dolosos o intencionales no puede permitirse su celebración. Si por ejemplo el delito cometido es el de robo agravado, no es posible que se celebren tales acuerdos, pues es pluriofensivo y por tanto atenta no sólo contra el derecho a la propiedad sino también contra la libertad individual.

 

Como puede observarse, todos esos extremos deben ser evaluados por el juez, quien deberá asegurarse además de que dichos convenimientos no se presten para desnaturalizar los fines de la justicia penal, que debe sancionar a los que pongan en grave peligro a la sociedad y no existe mejor manera de asegurarse de ello que permitiendo el revisar las decisiones que homologuen tales acuerdos y otorgándoles por tanto el último recurso procesal.

 

            Ahora bien: en el presente caso el proceso se inició con motivo de la comisión del delito de lesiones culposas en accidente de tránsito y se señaló como presunto responsable al ciudadano JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, en perjuicio del ciudadano RICHARD JOSÉ VARELA FIGUEROA: ambos decidieron suscribir un acuerdo reparatorio que ocasionó la extinción de la acción penal correspondiente al delito cometido.  Indudablemente tal pronunciamiento pone fin al juicio (que ya se inició) e impide la continuación del mismo respecto del imputado que intervino en él, por lo cual es recurrible en casación según lo dispuesto en el último aparte del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            El criterio acogido por la Sala de Casación Penal atiende a la interpretación literal de las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal relativas al recurso de casación y coarta el derecho a recurrir del fallo. Derecho consagrado en el literal “h” del numeral 2 del artículo 8 de la Convención o Pacto de San José, que expresamente dispone:

 

                                     Artículo 8. Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derechos a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(...)

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (...)”. (Subrayados míos).

 

En verdad, el derecho de apelar del fallo ante un juez o tribunal superior, es indiscutiblemente necesario y SIEMPRE que haya un tribunal superior habrá el derecho de recurrir o impugnar.

 

Para dar a cada uno lo que le corresponde (perfil clásico de la justicia) es ideal  e indefectible que el juicio penal -seguido precisamente para lograr ese altísimo fin- sea lo más escudriñado posible y con toda diligencia y cuidado: y en esto consiste justamente la idea de REVISIÓN, que impide además la arbitrariedad. Contra tan noble idea de JUSTICIA, conspira todo lo que se oponga a que sea hecha esa ideal e imprescindible revisión.

 

           

Quedan así expresadas las razones de mi voto salvado.

 

 

                                                                                                          Fecha “ut-supra”.

 

PRESIDENTE DE LA SALA,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

VICE-PRESIDENTE,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

(MAGISTRADO DISIDENTE)

MAGISTRADA,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

LA SECRETARIA,

 

LINDA MONROY DE DÍAZ

 
RC 00-1450

AAF/scc