Caracas,        24       de       marzo   de 2009

198° y  150°

 

Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por el Fiscal  del Ministerio Público  para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada por la Sala No. 10 de la  Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituida por los Jueces Carmen Amelia Chacín Materán, Angélica Rivero Bermúdez y Alegría Belilty, que REVOCÓ la sentencia dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial, que CONDENÓ  a los acusados JOSÉ ARGENIS MOLINA MORA y JUAN JOSÉ CARREÑO CASTELLANOS, venezolanos, Cédulas de Identidad números  11.218.077 y 8.990.676 respectivamente, a cumplir la pena de SEIS (6)  AÑOS DE PRESIDIO, por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 407 en relación con los artículos  426, 74 ordinal 4°  y 37° del  Código Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de JONATHAN MANUEL HERRERA OJEDA; y en su lugar DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA  POR HABER OPERADO LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA de la acción penal, la cual ha generado la extinción de la acción penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 512 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 108 y 110 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, ORDENANDO la libertad plena de los nombrados acusados.

 

El recurso fue contestado por la defensa de los acusados.

 

Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, correspondió la elaboración de la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales, se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:  

 

HECHOS

 

El Juzgador de Juicio estableció:

 

            “…Ahora bien, analizados y comparados los medios de prueba producidos en el juicio oral y público, tenemos que el día 31-10-1995, en el sector La Ceiba, Barrio El Onoto, parte alta, Parroquia Caricuao, Caracas, se produjo la muerte del ciudadano JONATHAN MANUEL HERRERA OJEDA, cuando entrándose (sic) cerca de su casa dos funcionarios de la Policía Metropolitana, identificados como JOSÉ ARGENIS MOLINA MORA y JUAN JOSÉ CARREÑO, quienes portaban dos revólveres calibre 38 y una sub-ametralladora calibre 9mm, lo detuvieron, esposaron y luego en el plan de desnivel de un terreno adyacente (barranco) dispararon en contra de su humanidad, sin razón aparente alguna, y le causaron heridas mortales, que perforaron órganos vitales como el corazón, hígado, páncreas y lóbulo pulmonar, produciéndose hemorragia interna, que conllevó a la muerte casi inmediata del referido ciudadano.

Por lo que las conductas tenidas o puestas en acción por los acusados, encuadran el supuesto de hecho y la previsión especial, contenidos en los artículos 407 y 426, respectivamente, del Código Penal vigente para el momento de los hechos.  En consecuencia la acción o conducta de los acusados es típica…”.

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

PRIMERA DENUNCIA:

 

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el recurrente la errónea interpretación de los artículos 407 y 426 del Código Penal.

 

En tal sentido expresa:

“…Es de resaltar, en el caso que nos ocupa que la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su respectivo fallo de fecha 14-08-2008, si bien es cierto, subsumió la conducta desplegada por los ciudadanos JOSÉ ARGENIS MOLINA y JUAN JOSÉ CARREÑO, Funcionarios (activos) adscritos a la Policía Metropolitana de Caracas, en los hechos acaecidos en fecha 31 de octubre de 1995, en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE EN GRADO DE COMPLICIDAD  CORRESPECTIVA, no es menos cierto, que la Sala al momento de entrar a resolver la Séptima Denuncia presentada por el abogado defensor de los condenados en su escrito de apelación, vale traer a colación:

“…SEPTIMA DENUNCIA: Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación de la ley por inobservancia  de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 108 del Código Penal, en relación con los artículos 110, 407 y 426, eiusdem, esto es, por no haber la recurrida declarado de oficio la prescripción de la correspondiente acción penal según lo preceptuado en las referidas disposiciones sustantivas…”.

La Sala para resolver dicha denuncia, tomó en consideración a los fines de prescribir la acción penal de dicha causa tal como se desprende de su fallo, la sentencia emanada de la Sala de Casación Penal No. 720, de fecha 26 de Enero de 2000, con Ponencia del Magistrado Doctor JORGE L. ROSELL SENHENN:

“…esta Sala observa que la acción penal para perseguir el delito de Homicidio en Grado de Complicidad Correspectiva, prescribe ordinalmente a los diez (10) años y que la prescripción extraordinaria o judicial es de quince (15) años…”.

De igual forma, observa esta Sala que la acción penal para perseguir el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, prescribe ordinariamente a los diez (10) años; en el presente caso, los hechos acontecieron en fecha 31 de octubre de 1995 y el proceso se mantuvo sin interrupción de la prescripción ordinaria hasta la fecha 4 de julio de 2006, fecha en que se materializó la correspondiente imputación de los hechos a los ciudadanos JOSÉ ARGENIS MOLINA y JUAN JOSÉ CARREÑO, transcurrieron más de los diez años requeridos para que opere la prescripción ordinaria de la acción penal y, dado su carácter de orden público, debe la misma decretarse de inmediato, generándose el Sobreseimiento de la presente causa.  Y ASI DECLARA…”.

“…De lo cual esta representación fiscal, no se explica, como la Sala dejó a un lado el criterio doctrinal y más aún el criterio jurisprudencial actual (subrayado por quien suscribe) de nuestro Tribunal Supremo de Justicia observando con gran asombro, que dicha Sala no tomó en cuenta el criterio doctrinal y jurisprudencial en relación a la prescripción de la acción penal, toda vez, que sólo se limitó a realizar una simple operación matemática, vale decir, fecha de la ocurrencia de los hechos a la presente fecha, sin argumentar el porqué de su criterio, aunado a la utilización de un criterio jurisprudencial en desuso, aun a sabiendas que, a los efectos de computar la prescripción de estos tipos de delitos hay que tomar en consideración la pena abstracta prevista en el tipo penal y no la pena concreta que corresponda criterio doctrinal, este que es sustentado por nuestro Tribunal Supremo de Justicia que ha dejado establecido en constante, pacífica y reiterada jurisprudencia, en dejar claro que a los fines de computar la prescripción de la acción penal, la misma debe atenerse partiendo del cálculo del término medio de la pena del delito tipo, sin tomar en cuenta las circunstancias que la modifiquen, a tal efecto me permito citar…”.

(…)

“…En este sentido, tenemos que  la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no se paseó en ningún momento por algunas de estas sentencias anteriormente señaladas, realizando en este sentido una errónea interpretación del artículo 407 en concatenación con el artículo 426 del Código Penal, ya que la Sala una vez realizado el cómputo del término medio de la pena aplicable al delito tipo, vale decir HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, cuya pena es de doce (12) a dieciocho (18) años presidio, siendo su término medio el de conformidad con el artículo 37 eiusdem, de quince (15) años de presidio, fue aun más allá, ya que realizó la disminución de la pena prevista en el artículo 426 de nuestra Ley Sustantiva Penal, que prevé una rebaja de una tercera parte a la mitad, teniendo como resultado la disminución de cinco años a la pena, realizándole posteriormente esta rebaja al término medio de la pena a aplicar quedando entonces en Diez (10) años de presidio, haciendo la Sala caso omiso como se señaló arriba  del criterio doctrinal  y jurisprudencia y ubicó dicha pena en el artículo 108 en su ordinal 2° del Código Penal, que señala:

“…salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:

2.- Por diez años, si el delito mereciere pena de presidio mayor de siete años, sin exceder de diez…”.

Pasando por alto como bien sabe quien juzga que lo ajustado a derecho para el cómputo de la prescripción es tomar como base el término medio de la pena aplicable al delito tipo, vale decir, homicidio intencional simple (Quince años de presidio), sin tomar en consideración las circunstancias que la modifiquen.

En tal sentido esta representación Fiscal del Ministerio Público, solicita se declare CON LUGAR la presente denuncia y en consecuencia se decrete la NULIDAD ABSOLUTA del fallo dictado en fecha en fecha 14 de agosto de 2008…”.

 

 

            “…la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su fallo a todas luces dejó de aplicar el artículo 108 en su ordinal 1° del Código Penal, toda vez que al realizar esa operación matemática sin ningún asidero jurídico, empleó de forma errónea el ordinal 2° del artículo 108, ya que por criterio de nuestro máximo tribunal, para realizar el cómputo de la prescripción de la acción penal y en el caso que nos ocupa es necesario aplicar el término medio de conformidad con el artículo 37 eiusdem del delito tipo, vale decir Homicidio Intencional Simple (15 años), sin tomar en consideración las circunstancias que la modifiquen y por ende circunscribirnos a la aplicación del artículo 108 en su ordinal 1° que prevé: “…Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así: 1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de presidio que exceda de diez años…” y en el presente caso existe interrupción de la prescripción de la acción penal toda vez que en fecha 4 de julio de 2006, existió el primer acto de interrupción de la prescripción de la acción, materializada por la imputación Fiscal a los ciudadanos JOSÉ ARGENIS MOLINA MORA y JUAN JOSÉ CARREÑO CASTELLANOS, es decir, que desde el 31 de octubre de 1995 hasta el 4 de julio de 2006, transcurrieron diez (10) años, ocho (8) meses y cuatro (4) días, y tomando en consideración lo previsto en el artículo 108 en su ordinal 1° del Código Penal, el tiempo de prescripción es de Quince (15) años, vale decir que la acción penal del caso que nos ocupa prescribiría ordinariamente, de no haber existido ningún impulso procesal, en fecha 31 de octubre de 2010, cuestión ésta que evidencia por demás, que la acción penal en relación al delito imputado a los ciudadanos ut supra señalados no se encuentra evidencia prescrita, y no como equivocadamente la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su fallo de fecha 14-08-2008…”.

 

SEGUNDA DENUNCIA:

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el recurrente la falta de aplicación del artículo 108 en su ordinal 1º del Código Penal.

En tal sentido expresa:

            “…la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su fallo a todas luces dejo de aplicar el artículo 108 en su ordinal 1° del Código Penal, toda vez que al realizar esa operación matemática sin ningún asidero jurídico, empleó de forma errónea el ordinal 2° del artículo 108, ya que por criterio de nuestro máximo tribunal, para realizar el computó de la prescripción de la acción penal y en el caso que nos ocupa es necesario aplicar el término medio de conformidad con el artículo 37 eiusdem del delito tipo, vale decir Homicidio Intencional Simple (15 años), sin tomar en consideración las circunstancias que la modifiquen y por ende circunscribirnos a la aplicación del artículo 108 en su ordinal 1° que prevé: “…Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así: 1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de presidio que exceda de diez años…” y en el presente caso existe interrupción de la prescripción de la acción penal toda vez que en fecha 4 de julio de 2006, existió el primer acto de interrupción de la prescripción de la acción, materializada por la imputación Fiscal a los ciudadanos JOSÉ ARGENIS MOLINA MORA y JUAN JOSÉ CARREÑO CASTELLANOS, es decir, que desde el 31 de octubre de 1995 hasta el 4 de julio de 2006, transcurrieron diez (10) años, ocho (8) meses y cuatro (4) días, y tomando en consideración lo previsto en el artículo 108 en su ordinal 1° del Código Penal, el tiempo de prescripción es de Quince (15) años, vale decir que la acción penal del caso que nos ocupa prescribiría ordinariamente, de no haber existido ningún impulso procesal, en fecha 31 de octubre de 2010, cuestión ésta que evidencia por demás, que la acción penal en relación al delito imputado a los ciudadanos ut supra señalados no se encuentra evidentemente prescrita, y no como equivocadamente la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su fallo de fecha 14-08-2008…”.

 

Vistas las denuncias presentadas, la Sala las declara admisibles y de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal  Penal, convoca la correspondiente audiencia pública la cual deberá realizarse en un lapso no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,           La Magistrada Ponente,

 

Deyanira Nieves Bastidas                  Blanca Rosa Mármol de León

 

 

El Magistrado,                                  La Magistrada,

 

Héctor Coronado Flores                     Miriam Morandy Mijares

 

 

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

El Magistrado Doctor Héctor Coronado  Flores no firmó por motivo justificado.

 

 

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