Magistrado Ponente Doctor RAFAEL PÉREZ PERDOMO

 

En relación con la radicación solicitada, en fecha 16 de marzo de 2004, por el Fiscal Vigésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, abogado José Antonio Guerrero Angulo, del juicio seguido a los ciudadanos Judith Coromoto Rey Méndez, José Felipe Montoro Coffil, Alexis Morales Aviles, Virgen Milagros Préstamo Morales, Marcos Miguel Farrera Alfonso, Chisthopher Yerges Jiménez Méndez, Marina Mabel Quintero Maestre, Daniel Eduardo Pérez, Theddert Villamizar Castillo, Jacobo Rogelio Montes Montoro, Pedro Alejandro Barrios Barrios, Roger Vidal Ríos Medina, Valmore Andrade Gamboa, Francis Medina, Alexander Herrera Peña, Julio Enrique Ortega Quiroz, Félix Acuña Cermeño y Orlando Torres Molina, a quienes se les sigue juicio ante Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, legitimación de capitales, agavillamiento, peculado, peculado culposo y obtención ilegal de utilidad en actos de administración y corrupción de funcionarios, previstos en los artículos 34 y 37, ordinal 1, de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 287 del Código Penal, 58, 59, 64 y 65 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, esta Sala observa:

 

Dicha solicitud se fundamenta en la sensación, alarma y escándalo público producidos en el Estado Aragua, por la cobertura dada por los diarios “El Siglo”, “El Periodiquinto” “El Mundo”, “Últimas Noticias” y “El Aragueño”, a los hechos atribuidos a los imputados. Resaltan dichos diarios, el decomiso de la droga incautada (4,5 kilogramos de heroína) y la detención de los cabecillas de la banda denominada “Los Mayameros”, dedicada al tráfico de estupefacientes. Según el solicitante, lo que ha sido de mayor impacto en la comunidad es la detención de varios funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, que cambiaron la sustancia incautada, una vez que ésta se encontraba en los depósitos de dicho cuerpo policial, por harina. Además, también fue propuesta acusación contra el abogado Félix José Acuña Cermeño, defensor de los acusados por los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, agavillamiento y obtención ilegal de utilidad en actos de administración. Agrega que la alarma producida por todos estos hechos ha sido de tal magnitud que muchos de los jueces, a quienes ha correspondido conocer del caso, se han inhibido o han sido recusados y, como consecuencia, de ello, a un año de la detención de los acusados, aún no se ha podido realizar la audiencia preliminar.

 

De las copias anexas a la solicitud de radicación, puede constatarse que en la causa seguida a los nombrados ciudadanos se presentaron las siguientes incidencias de inhibición:

 

1.- En fecha 18 de mayo de 2003, se inhibió la Juez Décimo de Control (suplente) del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, ciudadana Ledis Silva de Morales, por amistad íntima con el imputado Félix José Acuña Cermeño (artículo 86, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal). En fecha 10 de junio de 2003, fue declarada con lugar dicha inhibición.

 

2.- El día 05 de junio de 2003, se inhibió la Juez Tercero de Control, abogada Carina Gimón Uzcátegui, por haber propuesto el abogado Luis Loreto, defensor del imputado Juan Carlos Mendoza Correa, recurso de amparo en su contra, siendo éste admitido por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal. Posteriormente, dicha Corte de Apelaciones, declaró con lugar la inhibición presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, numeral 8, en concordancia con el 87, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

3.- El 11 de junio de 2003, se inhibió la Juez Cuarto de Control, abogada Verónica Castro Osorio, por haber declarado, en fecha 18 de febrero del mismo año, el defensor Luis Loreto a un medio de comunicación que ella era enemiga de la justicia. Dicha inhibición también fue declara con lugar por la Corte de Apelaciones.

 

4.- El 16 de Junio de 2003, se inhibió la Juez Primero de Control, abogada Mariela Jiménez, por enemistad manifiesta con el imputado Valmore Martín Andrade Gamboa (artículo 86, numerales 4 y 8 del citado Código). En fecha 1º de julio de 2003, la Corte de Apelaciones declaró con lugar la inhibición.

 

5.- El 19 de Junio de 203, se inhibió la Juez Segunda de Control, abogada Nirian Coromoto Mendoza Urdaneta, por estar conociendo de una querella interpuesta por los abogado Luis Loreto y Bartolomé Lara Díaz, la cual guarda relación con la presente causa (artículo 86, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal). En fecha 1º de julio de 2003, la Corte de Apelaciones declara con lugar la inhibición planteada.

 

6.- El 20 de junio de 2003, se inhibió la Juez Novena de Control, abogada Maria Alejandra Silva, en virtud de que el Fiscal Sexto del Ministerio Público, Oscar Balsa, en fecha 23 de octubre de 2002, presentó incidencia de recusación en su contra mediante escrito temerario e infundado, creando en ella animadversión y afectando su imparcialidad (artículo 86, numeral 8, ejusdem). En fecha 09 de julio la Corte de Apelaciones, declaró con lugar dicha inhibición.

 

7.- El 1º de julio de 2003, se inhibió la Juez Sexto de Control, abogada Carmen Cecilia Cortés Rivero, por considerar temeraria la diligencia interpuesta por el abogado Santos Cardozo, quien la consideró parcializada, lo cual causó en su persona gran molestia (artículo 86, numeral 8, del Código Orgánico Procesal Penal). Esta inhibición fue declarada con lugar en fecha 30 de Julio de 2003, por la Corte de Apelaciones.

 

8.- El 29 de agosto de 2003, se inhibió la Juez Quinto de Control, abogada Janeth Rojas Alcalá, por cuanto el abogado William Herrera, defensor del acusado Roger Vidal Ríos Medina, y el mismo que en anteriores oportunidades ha proferido ofensas contra ella (artículo 86, numeral 8, del Código Orgánico Procesal Penal). La Corte de Apelaciones declaró con lugar la inhibición planteada.

 

9.- El 10 de julio de 2003, se inhibió la presidenta de la Corte de Apelaciones, abogada Fabiola Colmenarez, al considerar que su imparcialidad se vio afectada por las críticas negativas que, en su contra, ha expresado el abogado Santos Cardozo (artículo 86, numeral 8, ejusdem). El día 10 de julio del mismo año, la Corte de Apelaciones, declaró con lugar la inhibición planteada.

 

10.- En fecha 11 de septiembre de 2003, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar la recusación interpuesta por el abogado Eduardo Petricone (defensor del acusado Alexander Herrera Peña), contra la Juez Noveno de Control, abogada Yolanda Martínez de Moral, por haberle expresado ante la Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público, que él (Eduardo Petricone) la estaba presionando y por haberse reunido, según dicho abogado, en fecha 18-08-03, en el estacionamiento del Palacio de Justicia, con la Juez Noveno de Control, María Alejandra Silva, para que la asesorara en la presente causa.

 

11.- El 23 de Septiembre de 2003, la Juez Sexto de Control, abogada Carmen Cecilia Cortés, se inhibió de conocer de la causa por considerar que, en otra oportunidad, siendo Juez Noveno de Control, se había inhibido de conocer una causa en la cual el abogado Fernando Sánchez era parte, por cuanto éste, mostrándose molesto, le gritó en uno de los pasillos de la vieja sede de los Tribunales Penales, de las acciones a tomar en contra de una decisión dictada por ella (artículo 86, numerales 8, del Código Orgánico Procesal Penal). Dicha inhibición fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones, en fecha 14 de octubre del mismo año.

 

12.- El 07 de noviembre de 2003, la Juez Noveno de Control, abogada Maria Alejandra Silva, se inhibió de conocer de la presente causa, por cuanto el Fiscal encargado de la investigación, abogado Oscar Balsa, en fecha 23 de octubre de 2002, la recusó mediante escrito infundado y ofensivo (articulo 86, ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal). Dicha inhibición fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones del referido Circuito.

 

13.- El 11 de noviembre de 2003, se inhibió la Juez Octavo de Control, abogada Miriam Pacheco Morales, por amistad íntima con el imputado Félix José Acuña (artículo 86, ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal ). En fecha 03 de diciembre de 2003, la Corte de Apelaciones declaró con lugar la inhibición planteada.

 

14.- El 25 de noviembre de 2003, se inhibió el Juez Séptimo de Control, abogado Francisco Ramón Motta, por amistad íntima con el imputado Félix José Acuña (artículo 86, ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal). Dicha inhibición fue declarada con lugar por la Corte de Apelaciones.

 

15.- El 12 de marzo de 2004, el Juez Sexto de Control, abogado Rafael Enrique Ojeda, fue recusado por el Fiscal Vigésimo Séptimo del Ministerio Público, con Competencia a Nivel Nacional, por haberse pronunciado sobre el fondo del asunto en diversos autos.

 

El artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la procedencia de la radicación del juicio en los casos siguientes: a) delitos graves cuya perpetración hubiere causado alarma, sensación o escándalo público; b) paralización indefinida de la causa, después de presentada la acusación fiscal y c) recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares, suplentes o conjueces.

 

De los recaudos acompañados a la solicitud si bien no aparece demostrada la alarma, sensación y escándalo público que, según el solicitante, han producido los hechos materia del proceso, éste ha registrado una desmesurada paralización al punto de que, por tal cúmulo de incidencias de inhibiciones y recusaciones, a veces temerarias e infundadas, ha transcurrido más de un año y aún no se ha realizado la audiencia preliminar. Ello, a parte de la gravedad que implica que, en la misma oficina de investigación la cantidad de droga incautada haya sido materia de otro delito, esta vez cometido por funcionarios que la tenían bajo su custodia.

 

            En consecuencia, se considera conveniente acordar la radicación del juicio en otro Circuito Judicial. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, radica el juicio seguido contra los acusados Judith Coromoto Rey Méndez, José Felipe Montoro Coffil, Alexis Morales Aviles, Virgen Milagros Préstamo Morales, Marcos Miguel Farrera Alfonso, Chisthopher Yerges Jiménez Méndez, Marina Mabel Quintero Maestre, Daniel Eduardo Pérez, Theddert Villamizar Castillo, Jacobo Rogelio Montes Montoro, Pedro Alejandro Barrios Barrios, Roger Vidal Ríos Medina, Valmore Andrade Gamboa, Francis Medina, Alexander Herrera Peña, Julio Enrique Ortega Quiroz, Félix Acuña Cermeño y Orlando Torres Molina, por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, legitimación de capitales, agavillamiento, peculado, peculado culposo y obtención ilegal de utilidad en actos de administración y corrupción de funcionarios, previstos en los artículos 34 y 37, ordinal 1, de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 287 del Código Penal, 58, 59, 64 y 65 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en un Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. En consecuencia, se ordena remitir el expediente y sus anexos al Presidente del citado Circuito, para su correspondiente distribución.

 

            Comuníquese esta decisión al Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo   de  Justicia, en  Sala  de  Casación Penal, en Caracas, a los seis (6) días del mes de mayo del año 2004. Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

El Vicepresidente,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

PONENTE

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

La Secretaria,

 

LINDA MONROY de DÍAZ

 

RPP/mj

Exp. N° 2004-0110

 

VOTO SALVADO

 

El Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS salva su voto por las razones siguientes:

           

La mayoría de la Sala acordó radicar el presente juicio porque se “...ha registrado una desmesurada paralización al punto de que,  por tal cúmulo de incidencias de inhibiciones y recusaciones, a veces temerarias e infundadas, ha transcurrido más de un año y aún no se ha realizado la audiencia preliminar...”.

 

El artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

 

 

“En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces  respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguiente al recibo de la solicitud”.

 

 Sin embargo, quien aquí disiente considera que en el presente caso no se debió radicar el juicio sino ordenar la remisión del expediente al Presidente  del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua para que lo enviara a otro Tribunal de Control de ese circuito, en razón del retardo procesal habido para celebrar la audiencia preliminar y causado por continuas incidencias.

           

La radicación es ciertamente una facultad del Tribunal Supremo de Justicia atribuida de forma indudable por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que implica una clara excepción a los principios generales de juzgamiento por la competencia territorial que están previstos en la norma adjetiva.

 

Lo anterior significa que aquella competencia que tiene atribuida un tribunal por el principio de la territorialidad, determinado como regla principal según el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone que será competente para conocer de un hecho punible consumado aquel tribunal de la jurisdicción en el cual se cometió, sería suplido por el uso de las facultades mencionadas, entrando el Tribunal Supremo de Justicia a determinar, por una clara vía de excepción, que el Juez Natural (principio esencial del debido proceso constitucional) sea distinto.

 

La posibilidad de aceptar una solicitud de radicación implica, por parte de quienes están facultados para decidirla, una exhaustiva valoración de los elementos en los cuales ésta se sustenta, pues se corre el grave riesgo de que sean solicitadas radicaciones por meras pretensiones procesales de las partes y no por motivos reales que ameriten efectivamente separar el caso de la jurisdicción a la que por ley corresponde.

 

Esa exhaustividad debe valorar dos circunstancias de gran trascendencia en el proceso penal venezolano de tipo acusatorio, como el que se ha fijado desde 1999 y que responden ambas a una previsión de rango constitucional según el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Primero la celebración de un juicio oportuno, breve, eficaz, sin dilaciones indebidas e imparcial para que se traduzca en una pronta y correcta administración de justicia; y  segundo, en contraposición con lo anterior, el retardo y el costo para la justicia de trasladar un caso de un estado a otro, con todo lo que ello supone y a lo que me referiré a continuación.

 

El proceso acusatorio venezolano exige cierta rigurosidad en la celebración de los actos, lo cual se traduce fundamentalmente en la obligatoriedad de la concentración, continuidad e inmediación para la celebración de los actos procesales, en la que  las partes, el acusado, la víctima (si así lo quiere), el juez y los escabinos (en los casos de juicios mixtos) deben estar presentes para poder ejecutar cualquier actuación jurisdiccional inherente a aquellos actos que son eminentemente de audiencia.

 

La práctica ha demostrado que los actos son diferidos en diversas oportunidades por la imposibilidad de que desde un primer momento todos los mencionados sujetos se encuentren presentes, lo que conlleva retardos procesales desmedidos que culminan favoreciendo al detenido con libertades anticipadas, bajo la sujeción a medidas cautelares substitutivas de la privación de la libertad y en otras ocasiones con hasta la libertad plena en casos cuya  pena máxima constitucional es lo que debería haberse impuesto.  Uno de estos característicos retardos ha estado determinado por la incomparecencia oportuna del traslado del detenido por las limitaciones que se le atribuyen al Poder Ejecutivo. Aunado a esto el Fiscal del Ministerio Público y hasta la Defensa oponen diversas solicitudes de diferimiento de audiencias por la cantidad de actos procesales a los que son convocados. Y en otras oportunidades es el mismo juez quien difiere el acto.

 

Asunto aparte es el tema de la incomparecencia de testigos y expertos, lo que provoca no sólo la interrupción del debate oral y público en la Fase de Juicio sino que desencadena en definitiva la absolución del acusado por la insuficiencia probatoria y se origina una desmedida impunidad.

 

Así que, sin duda, una justicia retardada es una justicia negada, según el famoso aforismo jurídico y eso estando dentro del mismo estado al que corresponde conocer del caso por el principio de la competencia territorial: ahora imagínese el costo que para la administración de justicia implica la constante radicación de un juicio sin una razón que lo justifique, como sería una clara obstrucción del proceso en el estado al que corresponde, pues si se trata del motivo causado por el escándalo público, hay casos que en cualquier estado en donde se efectúe el proceso va a seguir causando el estupor en el público y de allí lo delicado de otorgar en cualquier tiempo y en cualquier caso las radicaciones.

 

Radicar un juicio a otro estado implica en primer lugar, la necesidad de convocar a jueces escabinos pertenecientes a listas distintas a las del lugar de origen, pues la radicación implicará de por sí que se constituya un tribunal mixto con los jueces naturales de la jurisdicción a los que ha sido enviado el caso, lo cual resulta siempre complicado y sobre ello ya ha habido varios pronunciamientos.

 

En segundo lugar, hay el inconveniente de que el detenido o acusado debe ser trasladado a un establecimiento carcelario distinto al que se encuentra en la jurisdicción de competencia original, pues si el traslado de un centro penitenciario dentro del mismo estado causa problemas, más aún lo ocasionaría el traslado diario o sucesivo de un establecimiento carcelario alejado del lugar donde se celebrará el juicio: Esto, por lo demás, es muy probable que no se produzca e interrumpirá así el curso adecuado del debate.  El trasladar al acusado a un establecimiento distinto también provocará la necesidad del traslado de sus familiares y un elevado costo para su convivencia intra muros, en zonas con costumbres distintas a aquellas habidas donde originariamente ha permanecido recluido a lo largo del proceso, con lo cual se afectaría la premisa fundamental de que el detenido debería estar recluido en un lugar cercano a la residencia de sus familiares para recibir el apoyo de éstos.

 

En tercer lugar, la víctima también estaría obligada a trasladarse de su estado y esto le ocasionaría no sólo gastos e inconvenientes materiales sino también personales, ya que un estado quizá desconocido para ella le provocará hasta la angustia psicológica de ir a litigar o esperar en un territorio que le es desconocido, aumentando en consecuencia su sufrimiento y más aún si se trata de casos en los que  niños y adolescentes son víctimas y debe privar el derecho superior de éstos en cuanto a su integridad psíquica y física.

 

En cuarto lugar, la única forma en que un proceso penal acusatorio se desarrolle conforme al debido proceso, es que las pruebas se evacuen en el tiempo oportuno y de la forma que establece el Código Orgánico Procesal Penal y está también demostrado que las pruebas más comunes en el proceso penal de nuestro país son aquellas relativas a los testimonios.  El testigo de por sí tiene inconvenientes para presentarse en el juicio: los patronos no los autorizan, pierden su jornada de trabajo y, en la mayoría de los casos, sienten un muy comprensible temor ante las consecuencias que su testimonio pueda tener en el proceso. Normalmente es para ellos una dificultad presentarse al juicio, lo que implica la necesaria intervención del juez para hacerlo conducir con la fuerza pública, utilizando el recurso policial de la jurisdicción en la que es competente.

 

Si se otorga una radicación, lo cual, insisto, debe ser una excepción, la lógica y la experiencia práctica demuestran que será casi imposible que los testigos comparezcan: no podría el Estado someterlos a cargas más allá de las debidas, como por ejemplo costear pasajes, alojamiento en hoteles durante el tiempo que dure el juicio, alimentación y la separación de su trabajo por un tiempo también indefinido.  Tampoco cuenta el Estado con un servicio efectivo que permita correr con los gastos mencionados, ni con la seguridad que implica trasladar un testigo a otro sitio diferente al que habita. Con ello, la prueba esencial sería casi imposible de evacuar pues la facultad del Juez de hacerlos conducir con la fuerza pública obligaría al mismo juez a hacer esfuerzos adicionales (a su carga diaria) al dirigirse a fuerzas públicas distintas a aquellas donde él imparte justicia.

 

En quinto y último término, los expertos a quienes le corresponde en el juicio la ratificación de las pruebas técnicas que elaboraron a lo largo de la investigación, pertenecen en su mayoría al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas o a los cuerpos policiales del estado en donde se practicó la pesquisa o la detención. En la praxis tampoco acuden oportunamente a la citación, dificultándose la concentración del debate ya que son llamados al unísono en diversos juicios. Pensemos lo que ocurriría al tener que trasladarse sin viáticos ni pago de sus gastos a otra jurisdicción  y paralizando al mismo tiempo todos los demás casos que investigan así con todos los demás procesos en que deben intervenir en la misma calidad, lo cual una vez más entorpecería la administración de justicia eficaz y oportuna.

 

Todas las razones anteriores llevan al absoluto convencimiento de que el debate podría verse sometido a un inicio indeterminado, con la consecuencia de la liberación del acusado por el tiempo máximo de la detención que establece el Código Orgánico Procesal Penal, sometiendo su comparecencia al llamado del Tribunal a un futuro incierto y por ende a la obstaculización del proceso.  Y si acaso el proceso pudiera establecerse, la incomparecencia de los testigos permitiría una única suspensión del debate para una próxima reanudación y si allí no se encuentran presentes el juez deberá a entrar a valorar sólo las pruebas evacuadas y en consecuencia podría existir insuficiencia probatoria.  La incomparecencia del experto invalidaría la prueba documental en la cual consta su dictamen ya que no fue ratificada en juicio y por consiguiente violaría el principio de contradicción y el derecho a la defensa del acusado.

 

En definitiva, serían inconveniencias que se traducirían en cargas adicionales para la administración de la justicia exigida constitucionalmente y que favorecerían ampliamente la impunidad, sometiendo y sacrificando la justicia y dejando a la víctima y a la sociedad en un absoluto estado de indefensión.

 

Quedan así expresadas las razones de mi voto salvado en la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal.

 

Fecha “ut-supra”.

 

El Magistrado Presidente de la Sala,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

Disidente

El Magistrado Vicepresidente de la Sala,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

La Secretaria de la Sala,

 

LINDA MONROY DE DÍAZ

 

Exp. Nº 04-110

AAF.