Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

El 20 de julio de 2011, la Defensora Pública Sexta Penal Ordinario, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, en su condición de defensora del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número 13.047.839, residenciado en la Urbanización el Trigal Sur, Segunda Avenida, Casa N° 132-31, Valencia, estado Carabobo, interpuso Recurso de Casación contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2011, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, constituida por los jueces Gabriel España Guillén, Luis Raúl Salazar (ponente)  y Samer Richani Selman, la cual DECLARÓ SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la Defensa del acusado, contra el fallo dictado en fecha 18 de abril de 2011, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial, por el cual CONDENÓ al mencionado ciudadano a sufrir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado venezolano.

El Recurso de Casación fue interpuesto en tiempo hábil y no contestado por la parte Fiscal.

Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, correspondió la elaboración de la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

En fecha 9 de diciembre de 2011, la Sala declaró admisible el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa del acusado.

En fecha 24 de abril de 2012, se realizó la audiencia pública en presencia de las partes, quienes expresaron sus alegatos.

Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales, la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

LOS HECHOS

 El Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, estableció lo siguiente:

Que el día 4 de marzo de 2007 a las 9:00 a.m. se practicó la incautación de un arma de fuego al ciudadano Acosta Heiroun.

Que la detención se realizó en el punto de control fijo la Fe Municipio Pao estado Cojedes.

Que sólo se encontraban de guardias dos funcionarios.

Que incautaron un armamento calibre 22 rifle con mira telescópica y 6 cartuchos sin percutir que se encontraban en una funda negra dentro de un vehículo tipo Blazer marca chevrolet. En la parte trasera.

Que el vehículo era conducido por el ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA.

Que el ciudadano al momento de la detención no poseía porte de arma ni documento de propiedad.

Que al momento de la revisión del vehículo no hubo testigo al momento (sic) de porque ha (sic) esas hora no había nadie y en el establecimiento comercial siempre abren en la tarde.

Que el lugar de la detención era imposible la localización de testigo dado la lejanía del mismo y que solo se contaba con sus funcionarios actuantes.

(Omissis)

Que la acción del sujeto era la de ocultar, ello se acredita con la declaración de los funcionarios actuantes, donde señalan que el arma estaba dentro de una funda negra y detrás del asiento del copiloto en el piso en forma oculta.”.

 

 

PLANTEAMIENTO  Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

PRIMERA DENUNCIA:

Con base en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denuncia la violación de ley por falta de aplicación del artículo 441 del eiusdem.

En tal sentido expresó:

“…se adujo una serie de elementos (tal como consta en el recurso de apelación), entre los cuales se indicó que el único motivo por el cual la Juzgadora de Primera Instancia en Funciones de Juicio condenó al precitado ciudadano fue el dicho de los funcionarios de la Guardia Nacional, quienes realizaron el procedimiento de aprehensión, razón por la cual y tomando en consideración la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19/01/2000, N° 03, con ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS…, se solicitó la NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA dictada contra el acusado, ello de conformidad con los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que se le otorgó pleno valor probatorio a los dichos de los funcionarios, por lo que esta Representación de la Defensa consideró y considera violatorio al Debido Proceso, al Derecho a la Defensa y a la Tutela Judicial Efectiva, previsto en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que el dicho de los Funcionarios no debe tomarse como un total, sino que en todo caso como un indicio que, concatenado a la declaración de testigos y otros elementos, pueden sin duda alguna verificar la comisión del delito por el cual mi defendido fue imputado y acusado por el Representante Fiscal.

Ciudadanos Magistrados, considera esta Defensa, que para una prueba sea contundente en un juicio debe estar acompañado de otros elementos, como lo son los testigos instrumentos y hasta cualquier otro indicio, pero no podemos olvidar que los policías son órganos de seguridad del Estado, son parte interesada, y es por unas de las tantas razones que existen que ese dicho policial, debe estar reforzado con otros elementos informativos para adminicular sus testimonios que efectivamente acrediten esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, entonces, continuar con un debate en el que es posible que se tenga certeza del hecho histórico, por cuanto se hace necesario un elemento objetivo distinto al dicho de los funcionarios policiales y así obtener la plena prueba. De modo que la plena prueba la señala la ley adjetiva y en este caso en el debate no se podría arribar a ella con el solo dicho policial. En tal sentido la prueba de cargo, es aquélla que va revestida de ese elemento objetivo y este no es el caso; por cuanto no se contó con una parte de ella que fue el dicho de los funcionarios policiales, pudiéndose concluir que es una prueba notoriamente insuficiente para demostrar la responsabilidad penal de mi defendido, ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA. Ratifica esta Defensa que las declaraciones de los funcionarios actuantes no son suficientes para poder inculpar a una persona que se encuentre involucrada en un hecho punible, como bien lo indica la ponencia del Dr. ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, de fecha 19-01-2000, expediente N° 99-0465: “…Es evidente que la declaración del ciudadano… es una prueba relevante del proceso puesto que es el único testigo presencial; y ha sido indicado en jurisprudencia reiterada que el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar a los procesados, pues solo constituye un indicio de culpabilidad…”  infiriéndose de lo expuesto que en el presente caso no se efectuó el procedimiento contemplado en la Ley Adjetiva, que es la presencia de por lo menos dos testigos presenciales que no sean los funcionarios policiales, porque éstos sólo constituyen un indicio, una sospecha de la presunta culpabilidad de mi defendido

Así pues, esta Representación de la Defensa reitera que el único elemento que llevó a la convicción del Juez de Primera Instancia de condenar a mi defendido, se obtuvo mediante la declaración de dos funcionarios de la Guardia Nacional, las cuales fueron por demás contradictorias e inverosímiles en virtud que resaltan que a la hora en que se llevó a cabo el procedimiento (horas de la tarde y en plan vía pública no existía ninguna persona circulando en su vehículo que pudiera haber dado fe del procedimiento realizado, siendo que sobre dicha violación denunciada debidamente en el Recurso de Apelación, no existió un pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, razón por la cual considera quien aquí suscribe que violó la norma establecida en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal por falta de aplicación.  

  

SEGUNDA DENUNCIA:   

Con base en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la Defensa denuncia la violación de ley por falta de aplicación del artículo 457 eiusdem, al considerar que la Corte de Apelaciones incurrió en “la falta de motivación, vicio que acarrea la nulidad de la…sentencia”.

Al fundamentar su escrito señaló:

“esta Defensa Pública considera que la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, al explicar qué aspectos comprenden la motivación del fallo cumple con una labor informativa y formativa pero no suple la función de constatar si existían suficientes elementos que permitieran al Juez de Juicio arribar a la decisión impugnada mediante el recurso de apelación, siendo entonces que el Tribunal de alzada no verificó los razonamientos dados por la Juez de Juicio para el establecimiento de la culpabilidad que básicamente consistieron en la buena fe que le merecieron los dichos de los funcionarios y en que la defensa no propuso testigos para probar la inocencia de su defendido, como si la carga de la prueba correspondiera al procesado y no al Estado.

Es necesario destacar que en el caso de marras, la Jueza de Primera Instancia en Funciones de Juicio argumenta en su decisión, ante la reiterada observación de la defensa sobre la inexistencia de medios de convicción veraces y objetivos, que:  

“…independientemente de la no asistencia de los testigos, debe aceptarse como válidos tal procedimiento porque ellos (los funcionarios militares) aun cuando no hayan realizado la acción de llevar testigos al momento del hecho, debe suponerse la buena fe de ellos en la actuación que refuerza sus dichos en esta etapa de juicio, que si bien es cierto no existieron testigos que concurrieran al debate, no puede soslayarse la verdad de la aprehensión en ocultamiento de arma de fuego acreditado para esta juzgadora con las declaraciones de los funcionarios militares por estimarles veraces y relacionados con la declaración del experto.


La doctrina Venezolana hace referencia a la “parcialidad objetiva” que deriva exclusivamente del protagonismo de los agentes policiales en la práctica de la diligencia. Pero ocurre que, sería difícil justificar por qué se excluye el testimonio de los agentes en los registros propiamente, si nuestro ordenamiento jurídico procesal no invalida de antemano el testimonio de sujetos que puedan ser considerados “parciales” sino que procura que las circunstancias que pudieran determinar la “parcialidad” del testigo sean conocidas por el juez al momento de valorar, de allí que, a falta de precepto legal expreso, debe reconocerse de manera análoga que las declaraciones de los agentes de policía en el acto de juicio en un medio de prueba, limitada sólo a la referencia de los hechos propios, directos e indirectos percibidos por ellos, lo que lleva a concluir que la no comparecencia de los testigos instrumentales, no impide que se puedan valorar las declaraciones de los funcionarios actuantes, y así se decide.


Sobre la no oferta de los testigos instrumentales por parte de la Fiscalía, la defensa señala que con el dicho de dos funcionarios no es suficiente para condenar a una persona y mucho menos por un delito de ocultamiento de arma de fuego, sin embargo, esta juzgadora se pregunta lo siguientes: a) porqué la defensa ante la seguridad de que su representado es inocente no ofertó medios de pruebas que coadyuvara a demostrar la no participación o inocencia del acusado, no realizó ella, en el lapso que prevé el artículo 327 la oferta de testigos instrumentales, para así poder acreditar las posibles contradicciones que pudiese existir y así acreditarlo ante el tribunal; b) por qué la defensa, si sabía que su representado es inocente no pidió prácticas de investigación penal en su oportunidad legal, para efectivamente demostrar que su patrocinado no colocó el arma de fuego en el referido vehículo, bien solicitando la realización de experticias de barridos, para determinar que esa arma no fue manipulada por su representado, porque la defensa nunca hizo referencia que el vehículo que tripulaba el acusado no era de su propiedad por lo que mal podía tener conocimiento de la existencia de un arma; por lo que el planteamiento defensivo se limitó a señalar la falta de oferta al juicio de los testigos instrumentales, y señalar que el solo dicho de los funcionarios no era suficiente para condenar a una persona, obviando la defensa que en sala se contó con la testimonial del experto Carrasco Hixon, donde del mismo señala la existencia del arma de fuego y su vez de la existencia de un vehículo tipo Blazer lo que esta juzgadora adminiculó tanto la declaración de los funcionarios actuantes como la declaración del experto quedando así demostrado la comisión del hecho punible de Ocultamiento de arma de fuego lo que lleva a la conclusión que se deba desestimar la solicitud de la defensa en este sentido.”
(Resaltados por la Defensa)

 

 Así pues, la Corte de Apelaciones no consideró la forma como la Juez atribuyó veracidad a declaraciones contradictorias ni explicó por qué las consideraba motivadas, es decir, el Tribunal de Alzada no explicó por qué los argumentos explanados cumplían con las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia o de los conocimientos científicos (sana crítica).

 

De manera pues, que considera esta Defensa Pública Penal, que ante los planteamientos y denuncias realizadas ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Cojedes, no existió por parte de ésta una respuesta válida y oportuna, por lo que Denuncio la violación de la norma jurídica establecida en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación, ello de conformidad con el artículo 460 del ejusdem.”.

 

                La Sala para decidir observa:

 

                En vista de la relación existente entre las denuncias planteadas, esta Sala pasa a resolverlas de manera conjunta:

 

                En efecto, la Defensa en la primera denuncia expresó que la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio de falta de motivación, toda vez que no resolvió lo relacionado con la insuficiencia de los medios probatorios valorados por el tribunal juicio, para condenar a su defendido por el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal vigente, pues a su decir sólo valoró “…el dicho de los funcionarios de la Guardia Nacional, quienes realizaron el procedimiento de aprehensión…”; y en la segunda denuncia, igualmente adujo el vicio de falta de motivación, al considerar que “…el Tribunal de Alzada no explicó por qué los argumentos explanados cumplían con las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia o de los conocimientos científicos (sana crítica)”, infringiendo de esta manera garantías fundamentales a su defendido, tales como el Principio de la Presunción de Inocencia y el Principio al Debido Proceso.  

   

Con el objeto de verificar lo denunciado, la Sala transcribe parte del Recurso de Apelación ejercido por la Defensa, cuyo tenor es el siguiente:

DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA APELADA Y LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDAMENTAN.

Denuncio la violación del artículo 452 N° 2, del Código Orgánico Procesal Penal, esto es Falta de Motivación manifiesta en la sentencia. De igual manera denuncio la violación del Derecho a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva, previstos en el artículo 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En la sentencia recurrida se observa que, el tribunal a quo con inobservancia clara a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y como consecuencia del ordinal 2° del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, no fundamentó la decisión de fecha 18 de abril, mediante la cual condena a mi defendido por la presunta comisión del delito de ocultamiento de arma de fuego, dándole pleno valor probatorio a los testimoniales aportados por los funcionarios actuantes sin existir el testimonio de otra persona que pudiera corroborar tal versión, y siendo que, la SENTENCIA DEL JUICIO ORAL debe ser mandato expreso de la ley, cumplir con todos y cada uno de los REQUISITOS FORMALES previstos en el artículo 364 ejusdem, más sin embargo el Tribunal a quo dictó sentencia CONDENATORIA, sin que exista un elemento convincente que fuera mi defendido el autor de los hechos por los cuales se le enjuició.

Ciudadanos Magistrados el Tribunal de Primera Instancia consideró suficiente para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia y el principio al debido proceso al aceptar como plena prueba lo dicho por los funcionarios policiales, siendo que al valorar las pruebas hay que respetar el debido proceso, el cual estipula que además del testimonio de los funcionarios policiales en una inspección de vehículo es indispensables las declaraciones de otros testigos que hayan presenciado el mismo, lo cual era posible toda vez que los hechos objetos del proceso ocurrieron en plena vía pública en horas de la mañana.”.

 

            Seguidamente, la Defensa para apoyar su alegato transcribe parte de la sentencia N° 225, de fecha 23/06/2004, expediente     N° 04-123, dictada por esta Sala de Casación Penal, concluyendo de la siguiente manera:

“Así pues considera quien aquí suscribe que el ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA le fue violado el DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA contemplado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y comprende la obligación, por parte de los jueces, de justificar racionalmente las decisiones judiciales, observando las reglas de la lógica y la experiencia corroborando de su razonamiento no se evidencia arbitrariedad ni violación de las máximas de experiencia, de manera que cuando las pruebas no reúnan las condiciones necesarias para la obtención de la convicción judicial es por lo tanto insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, razón por la cual de conformidad con el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal y en virtud de que en la presente causa le fue vulnerado la tutela judicial efectiva y el debido proceso, previstos en el artículo 26 y 49 de la Carta Magna, toda vez que no existió en la causa que nos ocupa prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA, solicito la NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, toda vez que para condenar a un acusado se hace necesaria la certeza de la culpabilidad, sin ningún tipo de duda racional, obtenida en la valoración de la prueba de cargo con todas las garantías y conforme a la sana crítica. De manera que, cuando las pruebas no reúnan las condiciones necesarias para la obtención de la convicción judicial, ese convencimiento se tornaría irrelevante y por tanto insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.”.   

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, constituida por los jueces Gabriel España Guillén, Luis Raúl Salazar (ponente) y Samer Richani Selman, en fecha 20 de junio de 2011, dictó sentencia en la cual señaló doctrina y jurisprudencia relacionada con el vicio de falta de motivación de las sentencias; para seguidamente concluir lo siguiente:

“En tal sentido, siendo la argumentación y la fundamentación de la sentencia una operación fundada en la certeza judicial, como lo indicáramos anteriormente, el juez debe observar los Principios Lógicos que gobiernan la elaboración de los juicios dando base para determinar cuáles son los hechos valederos y cuáles no lo son, demostrando que la misma es suficientemente coherente como lo ha demostrado ser el fallo recurrido. Pues dicha resolución judicial está constituida por un conjunto de consideraciones armónicas entre sí, formuladas sin violar los principios de identidad, coherencia y las conclusiones a que se arribaron guardan adecuada correlación y concordancia entre sí y determinaron una sentencia condenatoria al ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA.


Pues como se aprecia de la sentencia recurrida, el juzgador A quo explicó cuáles son los criterios jurídicos esenciales de su resolución judicial; en pocas palabras, este Juzgado A quem, denota un fallo razonado en derecho como garantía máxima del enjuiciamiento penal. El fallo en referencia, evidencia de modo incuestionable, que su razón de ser es una aplicación inferida en las normas que se consideran adecuadas al caso en concreto. Por demás está decir, que si bien es cierto que en el sistema de la sana crítica, el juzgador no está sometido a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que es libre para apreciarlas en su eficacia, la legitimidad de esa apreciación dependerá de que su juicio sea razonable. Es decir, que al apreciar las probanzas incorporados al juicio, éste debe observar las reglas fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia común que deben siempre informar el desenvolvimiento de la sentencia. Tal como lo exige el Legislador Patrio, a través del artículo 22,…
Dicha apreciación, no debe ser arbitraria ni violar las máximas de la experiencia; lo cual coadyuvara a mantener una congruente relación entre las premisas que establece y las conclusiones a que arriba el sentenciador; y esto es precisamente lo que determina esta Alzada en el fallo recurrido, ya que la recurrida expresó detalladamente y coherentemente su pensamiento, enunciando las razones que lo condujeron a su decisión. En tal sentido, consideramos como acertada la sentencia reexaminada por esta Instancia Judicial Superior, pues la recurrida cumplió cabalmente con su deber de motivar su decisión posibilitando el control de la actividad jurisdiccional. Siendo a claras luces, un fallo razonado en derecho, evidenciándose del mismo consideraciones armónicas entre sí, las cuales fueron formuladas por el Tribunal A quo sin violar los principios de identidad, coherencia y las conclusiones a que se arribaron guardan adecuada correlación y concordancia entre ellas; razones por las cuales debe declararse SIN LUGAR LA ÚNICA DENUNCIA planteada en el Recurso de Apelación, relativa al vicio de INMOTIVACIÓN en la MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA.”

 

La Sala para decidir observa:

De la transcripción anterior se evidencia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del estado Cojedes carece de la debida motivación denunciada, pues en principio sólo se limitó a explicar a través de conceptos doctrinarios y de criterios jurisprudenciales, en qué consiste el vicio de la falta de motivación de las sentencias y luego de manera lacónica e imprecisa señaló, que la sentencia recurrida, “está constituida por un conjunto de consideraciones armónicas entre sí, formuladas sin violar los principios de identidad, coherencia y las conclusiones a que se arribaron guardan adecuada correlación y concordancia entre si ”,sin pronunciarse en lo absoluto sobre lo advertido por la recurrente en el recurso de apelación, relacionado con la insuficiencia de medios probatorios, toda vez que el tribunal “a quo” para desvirtuar la inocencia de su defendido dio pleno valor probatorio a las testimoniales de los funcionarios de la Guardia Nacional, sin la existencia de otro medio de prueba para crear suficiente certeza.

En relación a este último planteamiento esta Sala observa, que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en la sentencia dictada el 18 de abril de 2011, estableció que el ciudadano Heiroun Germán Acosta Herrera, incurrió en el delito de Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, y que ello fue plenamente demostrado en el debate oral y púbico, únicamente mediante las declaraciones de los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional, Urriera Molina Ángel y Quintero Muñoz Reynaldo, quienes manifestaron que el día 4 de marzo de 2007, a las 9:00 am, encontrándose de guardia en el Punto de Control la Fe Municipio Pao, estado Cojedes, practicaron la incautación de un arma de fuego, calibre 22 rifle con mira telescópica y 6 cartuchos sin percutir; que dicha arma se encontraba en una funda negra dentro de un vehículo tipo Blazer, marca Chevrolet, que era conducido por el ciudadano Heiroun Germán Acosta Herrera; que el ciudadano no poseía porte de arma ni documento de propiedad alguno y que al momento de practicar la revisión del vehículo “no hubo testigo porque a esa hora no había nadie y en el establecimiento comercial siempre abren en la tarde” y el funcionario Carrasco Hixón, adscrito al Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual practicó las experticias al objeto incautado en el procedimiento (arma de fuego) y al vehículo tipo Blazer, marca Chevrolet que conducía el acusado.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, apoyó su decisión en el sólo dicho de los funcionarios aprehensores y lo concatenó con la declaración del funcionario que realizó la experticia a la presunta arma incautada y al vehículo que conducía el acusado.

Ahora bien, esta Sala ha establecido claramente en jurisprudencia reiterada que “…el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad…”. Este criterio ha sido sustentado, entre otras, en las sentencias  No. 225 de fecha 23 de junio de 2004 y No. 345 del 28 de septiembre de 2004, ponente Magistrada Blanca Rosa Mármol de León. 

Así mismo, esta Sala considera  impretermitible advertir que para la práctica de inspecciones realizadas por funcionarios policiales es necesaria la presencia de testigos en el lugar, para disipar o suprimir la duda que implican ciertos hechos, en los que cabe pensar que, a cualquier ciudadano se le atribuya el ocultamiento de objetos o cosas, que no portaba realmente. Es por ello indispensable que los testigos declaren sobre lo percibido, y su testimonio aportará convicción de certeza, para mantener o desvirtuar la condición de inocencia del procesado.  

Es el caso, que el sentenciador estableció la culpabilidad del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA, con insuficiencia de medios probatorios y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, erróneamente convalidó tal vicio al declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la Defensa del procesado.

Al respecto, el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la garantía de presunción de inocencia, que textualmente reza lo siguiente: “ Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.” .

Por ello, el Juez debe observar, en el momento de tomar decisiones que afecten la libertad de la persona, los derechos fundamentales del procesado, como lo es el principio legal “in dubio pro reo” , el cual se concreta cuando le faltan pruebas para condenar, y en el presente caso se evidencia que en el juicio no existieron pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, ya que fundamentó su decisión sólo en la declaración de los funcionarios aprehensores, concatenada con la del funcionario que practicó la experticia a la supuesta arma incautada y al vehículo que conducía el imputado.

Afirma Zaffaroni (Derecho Penal, Parte General, EDIAR, Buenos Aires, 2006, p. 507) que la culpabilidad es “…un juicio necesario que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y, de este modo, operar como principal indicador que, desde la teoría del delito, condiciona el peso y la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre éste, es decir, si puede reprocharse el injusto al autor y, por ende, si puede imponerse pena y hasta qué medida según el grado de ese reproche…”.

De modo que, el Juez de juicio debió observar el principio “in dubio pro reo”, pues de la sentencia se evidencia que no existieron suficientes medios de pruebas que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, razón por la cual el sentenciador ante la duda ha debido decidir a favor del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA.

Respecto a este principio señala el autor Enrique Bacigalupo en su obra, “La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios” , (págs. 69 y 70) lo siguiente:

“…el principio “in dubio pro reo” tiene dos dimensiones que se deberían distinguir una dimensión normativa y otra dimensión fáctica…

(…)

…En esta última el principio hace referencia al estado individual de duda de los jueces, y por lo tanto debe quedar fuera de la casación pues el Tribunal de casación no puede obligar al Tribunal a quo a dudar cuando éste está realmente convencido respecto del sentido de una prueba que ha percibido directamente.

Por el contrario la dimensión normativa se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo. Esta norma, por otra parte, es vulnerada cuando se condena sin haber alcanzado tal convicción. Así, por ejemplo, vulnerará la norma que surge del principio in dubio pro reo un Tribunal que condene únicamente sobre la base de declaraciones testificales que no expresan sino dudas o invoque exclusivamente confidencias policiales que sugieren sospechas no verificadas. Es claro que en tales casos el Tribunal no puede fundamentar su certeza en la duda o la mera sospecha de los testigos o de los policías, y si en estas condiciones ha condenado habrá infringido el principio in dubio pro reo, en tanto norma sustantiva que debe observar en la aplicación de la ley penal. En tales casos parece claro que la infracción del principio in dubio pro reo debe dar lugar a la casación, pues lo contrario sólo sería posible negándole su carácter de norma sustantiva…” (Negrillas de la Sala).

 

Es sabido que el Recurso de Casación tiene carácter excepcional y que no le es dable a la Sala de Casación Penal establecer los hechos, ni siquiera cuando le corresponde dictar una decisión propia sobre el caso, ya que en esa ocasión debe sujetarse a los hechos que han quedado establecidos por el tribunal de instancia. Sin embargo, en el presente caso no se trataba de establecer nuevos hechos, sino de revisar el proceso racional efectuado por el juez y plasmado en la sentencia que lo llevó a considerar probada la culpabilidad del acusado y la subsunción.

En efecto, esa infraestructura racional del juicio es perfectamente revisable, bien por vía de apelación o de casación, pero si se observa que el tribunal “a quo”  incumple con la obligación de absolver, en el caso de que no se haya demostrado la culpabilidad del acusado, sería notoria la violación de los principios de presunción de inocencia y de “in dubio pro reo”.

 Por todo lo antes expuesto, esta Sala de Casación Penal DECLARA CON LUGAR las denuncias interpuestas por  la Defensa del acusado, ANULA las decisiones dictadas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en fecha 18 de abril de 2011, que condenó al ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA, a sufrir la pena de  TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado venezolano y la dictada por la Corte de Apelaciones del referido Circuito, en fecha 20 de junio de 2011, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación ejercido por la Defensa del acusado y  de conformidad con lo establecido en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, ABSUELVE al ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA, por el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y ORDENA el cese inmediato de toda medida de coerción personal que pese contra el mencionado ciudadano.

 

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:

1.        DECLARA CON LUGAR las denuncias interpuestas por  la abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, en su condición de defensora del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA.

2.        ANULA las decisiones dictadas por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en fecha 18 de abril de de 2011, por medio de la cual se condenó al ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA, a sufrir la pena de  TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado venezolano y la dictada por la Corte de Apelaciones del referido Circuito en fecha 20 de junio de 2011, que le confirmó.

3.        ABSUELVE al ciudadano HEIROUN GERMAN ACOSTA HERRERA, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado venezolano.

4.        ORDENA el CESE de toda medida de coerción personal que pese contra el ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a            los 21 días del mes  mayo de dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Magistrada Presidente,

 

Ninoska Beatriz Queipo Briceño

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                                                                                                                     La Magistrada Ponente,

 

Deyanira Nieves Bastidas                                                                                                                                                                                              Blanca Rosa Mármol de León

 

 El Magistrado,                                                                                                                                                                                                                 El Magistrado,

 

Héctor Coronado Flores                                                                                                                                                                                                                                                                                    Paúl José Aponte Rueda    

 

 

                                                                                                                                             La Secretaria,

 

Gladys Hernández González       

BRMdL/mau.-                                             

Exp. 11 -0330

La Magistrada Dra. Ninoska Beatriz Queipo Briceño no firmó por motivo justificado.

 

 

VOTO SALVADO

 

Quien suscribe, Doctor PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA, Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dejo constancia de mi voto salvado por disentir de la decisión aprobada por la mayoría de los integrantes de la Sala de Casación Penal, mediante la cual se declaró CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la abogada ANAVITH GISELA MORENO JIMÉNEZ, en su condición de defensora del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA; ANULÓ la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes el dieciocho (18) de abril de 2011, conforme a la cual se condenó al acusado a cumplir la pena de tres (3) años de prisión por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal, así como la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal del veinte (20) de junio de 2011; ABSOLVIÓ al acusado de la comisión del referido delito y ORDENÓ el cese de toda medida de coerción personal. 

 

Sentencia de la cual discrepo, donde la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, indicó lo siguiente:

 

“El Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, apoyó su decisión en el sólo dicho de los funcionarios aprehensores y lo concatenó con la declaración del funcionario que realizó la experticia a la presunta arma incautada y al vehículo que conducía el acusado…esta Sala considera impretermitible advertir que para la práctica de inspecciones realizadas por funcionarios policiales es necesaria la presencia de testigos en el lugar, para disipar o suprimir la duda que implican ciertos hechos, en los que cabe pensar que, a cualquier ciudadano se le atribuya el ocultamiento de objetos o cosas, que no portaba realmente. Es por ello indispensable que los testigos declaren sobre lo percibido, y su testimonio aportará convicción de certeza, para mantener o desvirtuar la condición de inocencia del procesado… Es el caso, que el sentenciador estableció la culpabilidad del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA, con insuficiencia de medios probatorios y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, erróneamente convalidó tal vicio al declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la Defensa del procesado…el Juez debe observar, en el momento de tomar decisiones que afecten la libertad de la persona, los derechos fundamentales del procesado, como lo es el principio legal “in dubio pro reo”, el cual se concreta cuando le faltan pruebas para condenar, y en el presente caso se evidencia que en el juicio no existieron pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, ya que fundamentó su decisión sólo en la declaración de los funcionarios aprehensores, concatenada con la del funcionario que practicó la experticia a la supuesta arma incautada y al vehículo que conducía el imputado”. 

 

De la lectura del pronunciamiento dictado por esta Sala de Casación Penal y lo parcialmente transcrito, se observa que los argumentos que sustentan la sentencia absolutoria  se circunscriben a la insuficiencia de medios probatorios, alegándose que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, apoyó su decisión en el sólo dicho de los funcionarios aprehensores, en las experticias realizadas al arma incautada y al vehículo que conducía el acusado,  y así fue  convalidado por la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal.

 

Ahora bien, en el caso particular, es de advertir que el Tribunal de Alzada efectuó un análisis del razonamiento utilizado por el sentenciador de primera instancia y determinó que conforme a los principios generales de la sana crítica, la motivación del fallo se ajustaba a los criterios de la lógica y de la experiencia, específicamente con relación a la actividad probatoria, con la cual se acreditó la corporeidad delictual y responsabilidad penal del acusado en el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal.

 

En efecto, el texto adjetivo penal establece respecto a la valoración de la prueba, el sistema de la libre convicción razonada, de manera que el juez sólo puede formar su convicción con las pruebas aportadas al proceso, y es precisamente en la prueba judicial sobre la que descansa toda la experiencia jurídica dirigida a ratificar o desvirtuar la inocencia del justiciable.

 

De modo que, el juez de instancia es soberano en la apreciación del contenido de cada prueba, así respecto a las deposiciones de funcionarios o testigos debe determinar si existe concordancia o discordancia cuando son varios, o si existen contradicciones en los mismos, corroborando la sinceridad, veracidad y credibilidad que merezcan para luego confrontarlas con las demás pruebas aportadas al proceso, y otorgarle así eficacia probatoria.

 

En este orden de ideas, la valoración de la prueba es el resultado de una actividad dirigida a determinar la eficacia de los elementos probatorios, reunidos en el proceso y tomados en conjunto para poder obtener una conclusión con trascendencia jurídica. En tal virtud no puede negársele valor probatorio a las declaraciones de los funcionarios policiales quienes han tenido una inseparable percepción directa del hecho cometido y objetiva respecto a la aprehensión e incautación de efectos o instrumentos del delito.

 

Más aún, cuando en el presente caso las declaraciones de los funcionarios policiales no resultan insuficientes, ya que existen otras pruebas que fueron valoradas en su conjunto y producidas con todas las garantías procesales en el juicio oral, y así fue observado por el Tribunal de Alzada al conocer el recurso de apelación; caso contrario sería asumir un sistema de valoración de prueba tarifado.

 

En razón de lo expuesto, la Sala de Casación Penal ha debido DECLARAR SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la abogada ANAVITH GISELA MORENO JIMÉNEZ, en su condición de defensora del ciudadano HEIROUN GERMÁN ACOSTA HERRERA y CONFIRMAR la decisión dictada el veinte (20) de junio de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes.

 

Quedan así expresadas las razones de mi voto salvado.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                           

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

La Magistrada,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

                                                                                                                                                                                                                                Ponente

 

           

                        El Magistrado,

 

                                              

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        El Magistrado,

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

                                                                                                                                                                                                                                                                  Disidente

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

 

 

Exp. No 2011-330

BRML/PJAR/