Caracas,  diez (10) de mayo  de 2007

197° y 148°

 

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

El Juzgado Mixto Décimo Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Iván Darío Bastardo y los ciudadanos escabinos Cruz María Prieto Morillo y Claudia Garmendia, en fecha 22 de septiembre de 2003, hizo los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: En lo que respecta al procedimiento practicado el día 12 de mayo de 1999, absuelve a los ciudadanos Edgar Santiago Lozano González, de nacionalidad venezolana, nacido en Bogotá, Colombia, con cédula de identidad Nº 9564703; Jairo Eduardo Alandete, de nacionalidad colombiana, con cédula de identidad Nº 15.021.718; José Nicolás Flores Guerra, de nacionalidad colombiana, con cédula de identidad Nº 81.646.071, de la comisión del delito de transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

SEGUNDO: En relación al procedimiento practicado el día 11 de septiembre de 2002, condena a Edgar Santiago Lozano González, venezolano, nacido en Bogotá, Colombia, con cédula de identidad Nº 9.564.703; a cumplir la pena de quince años de prisión por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la citada Ley Orgánica.

TERCERO: condena a Edgar Santiago Lozano González a cumplir las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal.

CUARTO: acuerda desaplicar el contenido del artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

QUINTO: Respecto al procedimiento realizado el 11 de septiembre de 2002, absuelve a los ciudadanos José Nicolás Flores Guerra, de nacionalidad colombiana, con cédula de identidad 81.646.071, Gabriel Olivo Molina, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad Nº 20.492.208, Julio César Lozano González, de nacionalidad venezolana, natural de Bogotá, con cédula de identidad Nº 10.140.832, Julian David Lozano Corredor, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad Nº 13.071.866, Rafael Camilo Lozano Corredor, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad Nº 16.294.148 y José Libardo Echeverri Santana, de nacionalidad colombiana, con cédula de identidad Nº 14.446.922, de la comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y ocultamiento de arma de fuego, tipificado en el artículo 3 de la Ley de Reforma del Código Penal.

SEXTO: acuerda el cese de las medidas cautelares sustitutivas otorgadas por este tribunal el 13 de agosto de 2003 a los ciudadanos Julián David Lozano Corredor y Rafael Camilo Lozano Corredor.

SÉPTIMO: acuerda la devolución de los bienes incautados en ambos procedimientos los cuales serán delimitados por auto separado.

OCTAVO: acuerda la incineración de la sustancia incautada en el procedimiento acaecido el 11 de septiembre de 2002 en la ciudad de Puerto Ordáz, Estado Bolívar, de conformidad con el artículo 146 de la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

 

Contra ésta decisión la defensa del acusado Edgar Santiago Lozano González interpuso recurso de apelación.

 

La Sala Quinta Accidental de la Corte de Apelaciones del citado Circuito Judicial Penal, en fecha 02 de marzo de 2006, integrada por las Juezas María Teresa Gómez Nieves (ponente), Jesús Ollarves Irazabal y Mario Popoli Rademaker, declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto.

 

Contra esa decisión, el abogado Rafael De Jesús Pacheco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.325, en su carácter de co-defensor del ciudadano Edgar Santiago Lozano González, interpuso recurso de casación.

 

La referida Corte de Apelaciones emplazó al abogado Noel Antonio Pantoja Rodríguez, Fiscal Décimo Primero a Nivel Nacional del Ministerio Público para la contestación del recurso de casación interpuesto. En dicho acto el funcionario expresó: En relación a la infracción del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, considera que la sentencia recurrida está debidamente motivada y que los juzgadores concatenaron todos los elementos necesarios para fundamentar su decisión. En cuanto a la infracción del artículo 364, ordinales 3º y 4º, en concordancia con los artículos 173 y 456 eiusdem, advierte que las Cortes de Apelaciones no pueden infringir el ordinal 3 del citado artículo 364. Los vicios que se denuncian en casación deben ser sólo los que estén contenidos en la decisión de la segunda instancia, por lo cual no puede hacerse referencia a los que son imputables al Juez de Juicio. Además, continua argumentando el Ministerio Público, en la presente denuncia el impugnante no señala en qué consistió la irregularidad del fallo. Respecto a la infracción de los artículos 456, 457, en su primer aparte, ibídem, y los artículos 26 y 49, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por falta de aplicación, estima que la recurrida reproduce claramente los hechos por los cuales se condenó al ciudadano Edgar Santiago Lozano y, respecto a los cuales, no hay duda de que existe responsabilidad por parte de dicho ciudadano en la comisión de los mismos. En cuanto a la infracción del artículo 364, ordinal 4º, en relación con el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación, por considerar el impugnante que la recurrida decidió, de manera inmotivada, la denuncia de infracción del artículo 34 de la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el Ministerio Público estima ...“con relación a la sentencia, se observa que es conciliable con la fundamentación y el contenido de las pruebas que se apreciaron de manera lógica...que traen como resultado la aplicación de una pena y un tipo penal específico. Y la calificación jurídica dada a los hechos por el Tribunal de Juicio, haciendo un análisis de los elementos del delito aplicable a esos hechos...”.

 

          Recibido el expediente, en fecha 07 de junio de 2006, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor Héctor Manuel Coronado Flores, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso, esta Sala pasa a decidir en los siguientes términos:

 

ANTECEDENTES

 

En fecha 22 de septiembre de 2003, el Juzgado Mixto Décimo Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, absolvió al acusado Edgar Santiago Lozano González, de la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la derogada Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en relación a los hechos acaecidos en fecha 12 de mayo de 1999, y lo condenó a cumplir la pena de quince años de prisión por la comisión del mencionado delito por los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2002.

 

En fecha 1º de octubre de 2003, la abogada María Eva Chacón Mejías, actuando en su carácter de co-defensora del mencionado ciudadano, interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia.

 

En fecha 20 de noviembre de 2003, en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, integrada por los Jueces Rubén Darío Gutiérrez Rojas (ponente), Ángel Zerpa Aponte y Carlos Eduardo García Rodríguez, tuvo lugar el acto de audiencia oral según lo previsto en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En fecha 09 de diciembre de 2003, la referida Corte de Apelaciones, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2003 por el antes citado Juzgado Mixto Décimo Séptimo de Juicio.

 

En fecha 05 de febrero de 2004, el abogado Rafael De Jesús Pacheco, en su carácter de co-defensor del ciudadano Edgar Santiago Lozano González, interpuso recurso de casación.

 

En fecha 07 de junio de 2005, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, resolvió el recurso de casación anulando de oficio la sentencia dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y ordenando a dicha instancia judicial pronunciarse sobre el recurso de apelación propuesto por el defensor del acusado. Tal decisión en su fundamentación expresó lo siguiente:

 

“...La Corte de Apelaciones, en su fallo, tomó como circunstancias fácticas un hecho no probado en juicio por lo cual el Juzgado Mixto Décimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, absolvió al ciudadano EDGAR SANTIAGO LOZANO GONZÁLEZ, conjuntamente con otros ciudadanos. La señalada Corte de Apelaciones, pese a que no se realizó una mínima actividad probatoria respecto a ese hecho punible y sin un análisis riguroso del fallo recurrido, procedió a declararlo sin lugar. Esa situación atenta contra los derechos constitucionales del impugnante en cuanto a la tutela judicial efectiva y al debido proceso consagrados respectivamente en los artículos 26 y 49 de la Constitución...En consecuencia, lo procedente y ajustado a Derecho es remitir el expediente a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones..., para que resuelva el recurso de apelación en atención a las comprobaciones de hecho que hizo el tribunal de juicio y por las cuales fue condenado el ciudadano acusado...Por tal motivo se abstiene de resolver el recurso de casación propuesto por el denunciante...”.

 

En fecha 22 de septiembre de 2005, los Jueces titulares abogados, Rubén Darío Gutiérrez Rojas y Ángel Zerpa Aponte, integrantes de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se inhibieron de continuar conociendo de la presente causa, de conformidad con el artículo 86, numeral 7, del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 29 de sep