MAGISTRADO PONENTE Dr. RAFAEL PÉREZ PERDOMO

 

 

En fecha 21 de septiembre de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, integrada por los Jueces María Rangel de Medina (ponente), José Eduardo Padrón Marcano y Darío Farfán Álvarez, declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los acusados Orlando Edgardo Olivares Muñoz y Ánderson Michael Sánchez Sevilla, con cédulas de identidad números E-81.609.816 y V-16.021.191, contra el fallo del Juzgado Segundo de Juicio del mismo Circuito Judicial, que los condenó a la pena de veintiún años, nueve meses, seis días, catorce horas de presidio, al primero, y a veinticinco años, nueve meses, seis días, catorce horas de presidio, al segundo e igualmente a las accesorias legales correspondientes, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, en grado de frustración, robo agravado (continuado, en el caso del segundo nombrado), porte ilícito de arma de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes de delito (artículos 408, ordinal 1°, en relación con los artículos 82, 460, en concordancia con el 99, 278 y 472 del Código Penal), perpetrados en perjuicio de los ciudadanos José Domingo Gómez, Miguel Eduardo Salazar Araujo, Raúl Manuel Llorente Castro, Henry José Marín Michelangelly, Luis Alberto Maestre Ojeda y Horacio de Jesús Ramírez.

 

Los hechos, por los cuales se sigue el presente juicio, son los siguientes: 1) El día 20 de noviembre de 1.998, en horas de la tarde, el ciudadano José Domingo Gómez, quien se desplazaba en su vehículo marca Dodge, modelo Ram, color vino tinto, placas 26E-MAH, por el Paseo Orinoco de la ciudad de Ciudad Bolívar, fue interceptado por los ciudadanos Orlando Edgardo Olivares Muñoz (apodado el chileno) y Ánderson Michael Sevilla Sánchez, quienes, apuntándolos con armas de fuego, se bajaron de un vehículo marca Toyota, modelo Corolla, color blanco, placas XFX-377 y se apoderaron de un bolso contentivo de quince millones de bolívares (Bs 15.000.000,oo), que Gómez había retirado del Banco Provincial. Estos sujetos le efectuaron varios disparos, causándole a Gómez lesiones en la región inguinal, huyendo del lugar. 2) En fecha 3 de septiembre de 1999, los ciudadanos Henry José Marín Michelangelly, Luis Alberto Maestre Ojeda y Horacio de Jesús Ramírez, se encontraban en las adyacencias de la Clínica La Milagrosa en Ciudad Bolívar, cuando fueron interceptados por un vehículo Fiat Premio, color gris, del cual se bajaron Ánderson Michael Sevilla Sánchez y otro sujeto, quienes encañonándolos con armas de fuego se apoderaron de una cadena de oro de Henry Marín y de tres millones setecientos mil bolívares (Bs 3.700.000,oo) que éste había retirado del Banco Mercantil, situado en la Avenida 17 de diciembre de la misma ciudad y, 3) El día 10 de septiembre de 1.999, en horas de la tarde, el ciudadano Miguel Eduardo Salazar Araujo, cuando se desplazaba en su camioneta marca Jeep, modelo Grand Cherokke, color plata, placas GAZ-99E, por el sector del Casco Histórico de la ciudad de Ciudad Bolívar, fue interceptado por un vehículo marca Nissan, modelo Sentra, color blanco, conducido por Orlando Edgardo Olivares Muñoz, acompañado de Ánderson Michael Sevilla Sánchez y de otros dos sujetos armados, se bajaron del vehículo y lo apuntaron en la cabeza, despojándolo de dos millones de bolívares (Bs 2.000.000,oo), que había retirado del Banco Provincial. Los sujetos huyeron en otro vehículo marca Toyota, modelo Corolla, color rojo, placas YBB-534, el cual había sido denunciado como robado por su propietario Raúl Manuel Llorente Castro y estaba solicitado por la Delegación Guayana del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

 

Contra dicho fallo propuso recurso de casación el abogado Jhonny Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 45.572, apoderado judicial del acusado Orlando Edgardo Olivares Muñoz y, al amparo de los artículos 451, único aparte, y 452 del Código Orgánico Procesal Penal, para entonces vigente, denunció: 1) Infracción, por inobservancia y errónea aplicación, de un precepto legal que no señala. Alega incongruencia entre la acusación fiscal y la decisión dictada por el Tribunal de Juicio, señalando que el Tribunal condenó a su defendido por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, el cual fue desestimado por el Juez Tercero de Control, que dictó el sobreseimiento; 2) Infracción del artículo 369, eiusdem, por falta, contradicción o manifiesta ilogicidad en la motivación, señalando que el sentenciador no estableció los hechos dados por probados, ni indicó los elementos configurativos de los delitos de homicidio frustrado, robo agravado y porte ilícito de arma de fuego, imputados a su defendido y, 3) Infracción de un precepto constitucional (que tampoco señala) y de los artículos 22, 245 y 246 del citado Código Orgánico. Según expresa, los funcionarios policiales, que aprehendieron a su defendido, lo expusieron ante la víctima José Domingo Gómez, quien luego lo identificó en el juicio oral.

 

Igualmente la Defensora Pública Cuarta Penal, adscrita a la Unidad de Defensoría Pública Penal del referido Circuito Judicial Penal, abogada Dina Giunta de Caridad, en su carácter de defensora del acusado Ánderson Michael Sánchez Sevilla propuso recurso de casación y, con fundamento en los artículos 451 y 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunció: 1) Infracción del artículo 365, numeral 3, eiusdem, por inobservancia. Según expresa la decisión dictada por el Tribunal de Juicio, no determinó los hechos que estimó probados, no precisó los elementos calificativos del delito de homicidio, ni las circunstancias agravantes del delito de robo, imputados a su representado; 2) Infracción del artículo 364 ibídem, por errónea aplicación. Alega la falta de congruencia entre la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y la acusación fiscal, señalando que el Tribunal, no debió condenar a su defendido por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito, por cuanto el Ministerio Público no le formuló acusación por ese hecho punible y, 3) Infracción de una norma constitucional. Señala que la prueba de reconocimiento practicada a su defendido y ofrecida en el juicio oral, es nula, por incumplimiento de lo establecido en los artículos 245 y 246 del citado Código Orgánico, pues los funcionarios policiales que lo aprehendieron, lo expusieron ante la víctima Henry Marín.

 

En la oportunidad de dar contestación a los recursos propuestos, el Fiscal Primero del Ministerio Público solicitó a esta Sala dicte una decisión propia. Alega que la acusación fiscal fue admitida parcialmente por el Juez Tercero de Control del referido Circuito Judicial, el cual desestimó la imputación fiscal por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito. Señala en este sentido que, al contestar los recursos de apelación propuestos por la defensa, denunció a la Corte de Apelaciones el error de derecho en que incurrió el Juez de Juicio, al condenar a los acusados por el referido delito.

 

En fecha 06 de noviembre de 2001, se dio cuenta de haberse recibido el expediente en la Sala de Casación Penal y correspondió la ponencia al Magistrado Doctor Rafael Pérez Perdomo quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala dentro de la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto, pasa a hacerlo en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO ORLANDO EDGARDO OLIVARES MUÑOZ

 

En la primera denuncia, el impugnante no indica la disposición legal que dice fue infringida, “por inobservancia y errónea aplicación”. Además, se trata de un planteamiento excluyente, el indicar que se inobservó una norma y al mismo tiempo señalar que fue aplicada erróneamente. En la segunda denuncia se atribuye a la recurrida varios vicios de manera conjunta: falta, contradicción o manifiesta ilogicidad en la motivación, constituyendo cada uno de ellos, distintos motivos de procedencia del recurso, que, en atención a lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, para entonces vigente, debieron ser planteados separadamente. En la tercera, el vicio es atribuido a los funcionarios policiales que aprehendieron al acusado Orlando Edgardo Olivares Muñoz, defecto que, de conformidad con el artículo 451 eiusdem, no podía ser materia del recurso extraordinario de casación. El recurso carece, pues, de la debida fundamentación y, por consiguiente, esta Sala considera procedente desestimarlo, por manifiestamente infundado, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Así se declara.

 

RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO ANDERSON MISAEL SÁNCHEZ SEVILLA

 

La impugnante, en sus tres denuncias, atribuye los vicios denunciados al juzgador de la primera instancia, cuando de conformidad con el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para entonces, como antes se dijo, sólo podrá recurrirse en casación contra las decisiones dictadas por las Cortes de Apelaciones

 

En atención a lo expuesto, la Sala estima procedente, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal desestimar, por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto por la defensa del acusado Ánderson Misael Sánchez Sevilla. Así se declara.

 

En atención a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República y 13 del Código Orgánico Procesal Penal y, no obstante la indebida fundamentación del recurso, la Sala ha revisado el fallo impugnado y considera que el mismo contiene una infracción de ley que amerita su nulidad. En consecuencia, pasa a emitir el pronunciamiento al respecto, en los términos siguientes:

 

El Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, desestimó la acusación del Ministerio Público, en relación al delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito (artículo 472 del Código Penal), imputado a los ciudadanos Orlando Edgardo Olivares Muñoz y Ánderson Michael Sánchez Sevilla. Según expresó, tal hecho ya está comprendido dentro del delito de robo agravado y, en tal sentido, sobreseyó la causa respecto a este delito.

 

El Juez Segundo de Juicio del referido Circuito Judicial, advirtió, en el juicio oral y público, que a los hechos probados podía darles una calificación jurídica distinta a la atribuida por el Ministerio Público, condenando posteriormente a los acusados por los delitos de homicidio calificado, en grado de frustración, robo agravado, (continuado en el caso de Ánderson Michael Sánchez Sevilla) y porte ilícito de arma de fuego, materia de la acusación fiscal y, además, por el delito aprovechamiento de cosas provenientes de delito, por el cual el Tribunal de Control les había sobreseído la causa.

 

Por su parte, la Corte de Apelaciones declaró sin lugar los recursos de apelación propuestos por la defensa, porque consideró que los hechos investigados en este proceso demuestran que los acusados cometieron el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito.

 

El artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y en el auto de apertura a juicio. En el presente caso, si bien es cierto el juzgador de juicio podía darle a los hechos una calificación jurídica distinta a la atribuida por el Ministerio Público, no podía condenar a los acusados por un delito por el cual el Juez de Control había sobreseído la causa. 

 

En virtud de lo expuesto, considera la Sala que tanto el juez de la primera instancia como los de la Corte de Apelaciones infringieron el citado artículo 363 y, en atención a lo dispuesto en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a enmendar el vicio anotado, siendo procedente declarar la nulidad de la pena impuesta a los acusados por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes de delito. 

 

La pena impuesta a los acusados Orlando Edgardo Olivares Muñoz y Ánderson Michael Sánchez Sevilla, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, en grado de frustración, robo agravado (continuado, en el caso del segundo nombrado) y porte ilícito de arma de fuego, es de veintiún años, nueve meses, seis días, catorce horas de presidio, al primero y a veinticinco años, nueve meses, seis días, catorce horas de presidio, al segundo. Pena ésta a la cual deberá rebajársele la asignada por la comisión del último de los delitos mencionados, o sea, dos meses y quince días de presidio, quedando en definitiva la pena a imponer a los acusados en veintiún (21) años, seis (6) meses, veintiún (21) días, catorce (14) horas de presidio, al primero y a veinticinco (25) años, seis (6) meses, veintiún (21) días, catorce (14) horas de presidio, al segundo. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, desestima, por manifiestamente infundados, los recurso de casación propuestos, anula, de oficio, el fallo recurrido en cuanto a la pena impuesta a los acusados. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, condena a Orlando Edgardo Olivares Muñoz y Ánderson Michael Sánchez Sevilla, a la pena de veintiún (21) años, seis (6) meses, veintiún (21) días, catorce (14) horas de presidio, al primero, y a veinticinco (25) años, seis (6) meses, veintiún (21) días, catorce (14) horas de presidio, al segundo e igualmente a las accesorias legales correspondientes, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, en grado de frustración, robo agravado (continuado, en el caso del segundo nombrado) y porte ilícito de arma de fuego, previstos en los artículos 408, ordinal 1°, en relación con los artículos 82, 460, en concordancia con el 99 y 278 del Código Penal.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, en  Sala  de  Casación Penal, en  Caracas, a los 15 días del mes de noviembre del año 2002. Años 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS

El Vicepresidente,

 

RAFAEL PÉREZ PERDOMO

PONENTE

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

La Secretaria,

 

LINDA MONROY de DÍAZ

 

RPP/eld.

Exp. N° C01-0796